Por Causa Popular.- Que él único medio de prensa que la difundió fuera La Nación, despierta algunas sospechas. Pero no es la única detrás de la aprobación de la controvertida Ley 25.990. En la última semana la opinión pública comenzó un retrasado debate sobre la Reforma al artículo 67 del Código Penal, que a futuro acelera los procesos contra los acusados, pero prevé la prescripción de varías de las causas judiciales emblemas de la corrupción política de la década pasada. Para el gobierno las modificaciones permitiría un mayor control de loS jueces que archivan las causas y las dejan prescribir, los que se oponen, por su parte, sospechan no sólo por las consecuencias inmediatas que la nueva norma traerá aparejadas, sino también por el procedimiento utilizado, propio de los ya conocidos acuerdos a espaldas de la población de una corporación política que se alimenta de la corrupción estructural. En el medio del debate, las lecturas más conspirativas se encontraron con una sorpresiva candidatura de Carlos Menem por afuera del Partido Justicialista para acceder a una banca en el Senado por la provincia de La Rioja. Tanto unos como otros coinciden en algo: en política las casualidades no existen.
La iniciativa se aprobó sobre tablas en Diputados el 18 de agosto de 2004, con el dictamen favorable de la Comisión de Legislación Penal, sin debate de por medio y se convirtió en ley el 16 de diciembre pasado, en una sesión en la que se aprobaron otros 19 proyectos de ley. La ley 25.990 podría determinar que importantes causas relacionadas con actos de corrupción prescriban sin más, evitando así que se encuentre un responsable.
Por ejemplo, quedarían en la nada la causa que investiga al ex presidente Carlos Menem por la presunta omisión maliciosa de una cuenta en Suiza en su declaración de bienes, el escándalo que involucró a la firma estadounidense IBM por una controvertida informatización del estatal Banco Nación, o la causa que investiga el giro al exterior de 500 millones de dólares de la provincia de Santa Cruz, mientras el actual jefe de Estado, Néstor Kirchner, era su gobernador.
Ante el pedido de Juan Carlos Blumberg, que visitó la casa rosada días después de hacerse pública la Ley, el gobierno expresó que evitaría la prescripción de las causas por corrupción. Nada dijo sobre el carácter reservado de su aprobación, ni sobre posibles pactos para garantizar impunidad.
El Congreso de la Nación ya había modificado el Código Penal durante el 2004, luego de que Blumberg marchara junto a 100 mil personas para exigir un endurecimiento de las penas. El Código Penal argentino entró en vigor el 29 de abril de 1922, pero desde entonces sufrió 879 cambios, 137 en su Parte General y 742 en su Parte Especial, pero jamás fue reformado de manera completa.
El abogado Ricardo Monner Sans, conocido luego de que una denuncia presentada por él en la causa de la venta de armas a Ecuador y Croacia, llevara a Carlos Menem a prisión domiciliaria, criticó la manera en que se «gestó» la ley, algo que a su criterio se hizo «en tropel, de manera inconsulta y sin debate en el recinto», a lo que se le suma la postura del presidente Néstor Kirchner «quien pudo vetar y no vetó».
«Si se la confeccionó (a la ley) por picardía, es grave, y si se lo hizo por ignorancia también. Porque la preocupación por la morosidad judicial, que se argumenta, se hubiera salvado con una suerte de comienzo de vigencia el 1 de febrero de 2007, lo que hubiera sido una ‘ley amenaza'», expresó Monner Sans a la prensa.
Los delitos por corrupción, que afectan en general a la administración pública, prevén penas que llegan como máximo a los seis años de prisión, por cuanto la prescripción podría darse en forma inmediata en algunos casos que llevan ese lapso de instrucción o les falta poco para cumplirlo. Para el constitucionalista Jorge Sabsay, «Si a esto se le suma que están demoradas gran cantidad de causas que involucran los escándalos más serios de corrupción de los últimos lustros y que la reforma del Código Penal se la hace por parte y de manera inconsulta, es evidentemente un evento bochornoso».
Sabsay fue más allá y señaló que esta ley, «con sus efectos», es «violatoria de la Convención Internacional contra la Corrupción», de la cual Argentina es parte, de acuerdo con la reforma constitucional de 1994.
Paola Spátola, del Centro de Estudios para Convergencia Ciudadana y asesora de Menem en temas de seguridad, le dio la derecha al gobierno al expresar que la idea de la ley sancionada fue «ordenar la discrecionalidad en la cual incurrieron los magistrados», y reconoció que a «la lentitud de la Justicia argentina y esta suerte de especulación con respecto a la interrupción de la prescripción, había que darle un fin».
No obstante, Spátola criticó el hecho de no haberse «debatido» en la sociedad. Cuando se le consultó si la ley se sancionó pensando en las causas que iban a prescribir o bien esto fue una consecuencia no prevista, comentó que le parecería «doloroso que se haya pensado en base a causas en particular».
«Me llaman la atención incluso las causas que prescriben, hablo de todo el espectro político involucrado en las mismas, ya que no hay, en definitiva, nadie que se haya quedado fuera de este beneficio. Hay que distinguir lo que significa la ley, que es bueno, y cuáles son las causas que a partir de su promulgación prescriben, que no lo es tanto», expresó la especialista a la prensa.
De todas formas, la mayoría de los especialistas consultados se mostraron de acuerdo con la sanción de la Ley 25.990 para casos futuros, puesto que protege a los procesados para que sean juzgados «en un plazo razonable».
La historia de la política argentina ofrece suficientes pruebas para que el pueblo argentino presienta que esta ley modificatoria fue consensuada «entre bambalinas». El más estricto de los silencios en que llegó a ser promulgada, despertó serías sospechas de que detrás pudieron haber existido acuerdos políticos que pactaron el cierre de varías causas penales por casos de corrupción.
Las sospechas aumentan ante las desprolijidades del gobierno que además de promover el secreto, reaccionó tres días más tarde de hacerse público y por pedido de Juan Carlos Blumberg.
Sabsay señaló que «el daño ya está hecho», dado que ahora una corrección a la ley, como pretende introducir el gobierno de Kirchner -a pedido de Blumberg- tardaría un largo tiempo, mientras el Código Penal sigue funcionando de esta manera y varios abogados ya se aprestan a pedir las prescripciones de causas contra sus defendidos.
Lo cierto es que más allá de algunos discursos de Kirchner en contra de la corrupción y de gobiernos anteriores, la modificación del Código Penal -y la forma en que se la concretó- es por demás suspicaz. Carlos Meném, uno de los más beneficiados por la sanción de la Ley, lanzó su candidatura a senador por afuera del partido justicialista, algo que beneficia al gobierno que había seguido con detenimiento los últimos pasos dados por el ex presidente en su alianza con Rodríguez Saa para ganar posiciones dentro del partido justicialista.
«Hay una serie de concatenación de hechos que me obligan a decir, que la suspicacia que en el pueblo se instaló es más que legítima», concluyó Monner Sans.
