La negociación con el FMI

La última semana de junio, una misión más del Fondo Monetario Internacional (FMI) terminó de auditar las cuentas de la economía argentina. Como pocas veces lo había hecho, Argentina cumplió en apenas 5 meses con la meta fiscal acordados con el organismo financiero para todo el 2004.
La aprobación del acuerdo parecía inminente. Sin embargo el 9 de agosto el Fondo entra en su período oficial de vacaciones y la tercera revisión del acuerdo se aleja cada vez más a septiembre, cuando vence el plazo para el pago de 580 millones. Las presiones por parte del organismo financiero apuntan a las metas cualitativas incumplidas, acordadas en la carta de intención firmada en septiembre del 2003. Los límites de las exigencias del FMI para avanzar en una política de desarrollo nacional.

Por Causa Popular

Cuando finalizaron las negociaciones de septiembre pasado en Dubai, el gobierno nacional resalto la fortaleza inédita con la que se habían encarado las conversaciones. El logro que se resaltó con mayor énfasis en su momento fue lograr mantener un porcentaje del 3 por ciento del superávit fiscal destinado al pago de la deuda en default, cuando el fondo llegó a pedir hasta un 4,5 por ciento. Poco se habló que junto a este acuerdo, el gobierno nacional se comprometió con el organismo a establecer para todo el 2004 un superávit de 10.800 millones y a realizar varías reformas estructurales en áreas claves de la economía.

Mientras que sólo 5 meses alcanzaron para cumplir con la meta fiscal acordada, las llamadas metas cualitativas aún no se alcanzaron, razón por la cual todos los analistas coinciden en que la aprobación de la tercera revisión se extenderá hasta septiembre. El Fondo le exige al Gobierno Nacional que defina la renegociación de los contratos con las privatizadas, la aprobación de una nueva ley de coparticipación federal, la redefinición de los roles de los bancos Provincia y Nación y la restructuración de la deuda con los acreedores privados.

Argentina no está pidiendo nuevos desembolsos al Fondo, sino que cumple con los mecanismos establecidos por el organismo por los cuales ante cada nuevo vencimiento primero debe pagar para que después le devuelvan el dinero. Éste es uno de los problemas con los que se encuentra el gobierno. No sólo el país seguirá haciendo pagos sin recibir los desembolsos correspondientes, sino que se encuentran pendientes reintegros de pagos ya realizados. En agosto vencen 140 millones de dólares que se suman a otros 140 millones que se pagaron a mediados de este mes. A esto se le agregan 609 millones que no se reintegran desde septiembre del año pasado, 145 que no giró el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 114 del Banco Mundial (BM). Se encuentra pendiente además un crédito aprobado por el BM por 700 millones cuyo desembolso efectivo está condicionado a la aprobación de esta tercera revisión que se encuentra estancada.

El rol del G7

Los siete países más industrializados (G7), principales financistas tanto del FMI como del Banco Mundial, son quienes tienen la última palabra a la hora de aprobar cualquier acuerdo. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia y Japón son quienes, algunos con mayor fuerza que otros, retrasan la aprobación de la tercera revisión por la que exigen a cambio una serie de reformas estructurales que los beneficiarían directa o indirectamente.

El G7 a través del FMI y el Banco Mundial, son los que más insisten en reestructuración de la deuda en default, renegociación de los contratos con las privatizadas, una nueva Ley de coparticipación federal y la redefinición de los bancos Nación y Provincia.

Funcionarios argentinos en el fondo nombran a Italia como uno de los países más inflexibles. De esta nacionalidad son gran parte de los acreedores privados con los que Argentina aun no pudo llegar a un acuerdo para refinanciar la deuda en default. En cuanto a las privatizadas los aumentos anunciados en la luz y el gas parecen insuficientes y Francia -accionista de Edenor- y Gran Bretaña de Metrogas, se muestran entre los más disconformes con el país.

A su vez, las presiones de los Bancos privados aumenta sobre los bancos públicos sobrevivientes para que sean privatizados, y para que se mejore la propuesta hecha en torno a compensación por la indexación asimétrica realizada luego de la crisis política y financiera de diciembre de 2001. Una vieja receta. Los bancos extranjeros piden que el Estado aumente el superávit fiscal y destine una mayor parte de éste al pago de la deuda y la compensación bancaria .

La encrucijada del gobierno

Cada uno de los intereses afectados, implicados en las reformas exigidas, son infranqueables obstáculos para la posibilidad de establecer un desarrollo sostenido de la economía nacional. Por más duro que el gobierno se muestre en las negociaciones, tarde o temprano deberá afectar intereses defendidos con uñas y dientes por el fondo si pretende desarrollar la Industria Nacional y el mercado interno.

Ante la imposibilidad inmediata de aprobar una nueva ley de coparticipación federal, el Ministerio de Economía negoció con las provincias una ley intermedia pero con consecuencias similares. La ley de “responsabilidad fiscal” establece que las provincias deberán mantener el equilibrio fiscal respetando un tope inmodificable en el gasto público.

Al mejor estilo de las escuelas monetaristas que tiraron toda su artillería durante toda la década del 90 sobre el equilibrio fiscal -solo basta recordar las consecuencias de la ley de “déficit cero” implementada por Domingo Cavallo-, Roberto Lavagna pretende ajustar las cuentas de las provincias ahogando la posibilidad de mantener el crecimiento de sus mercados internos.

En la misma sintonía se encuentran el resto de las medidas. A los ya depreciados salarios, la implementación de las reformas exigidas aumentará el valor de la canasta familiar.

Cualquier incremento de la tarifa de los servicios públicos privatizados repercute sobre ella, tanto en el consumo de servicios elementales como en el aumento del valor de los factores de la producción de los alimentos básicos.

Por otro lado, el gobierno ya anunció, en el último encuentro que mantuvo con la Unión Industrial Argentina, que esta trabajando en la conformación de un Banco de Desarrollo.

Hasta que éste exista, la única capaz de financiar el desarrollo de la industria nacional es la banca pública, amenazada una vez más por los bancos extranjeros que pretenden quedarse con ella.

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