La moral en camiseta

En una misma semana confluyeron tres hechos lamentables, cuya virtud fue la de brindar una mejor perspectiva no sólo sobre la despenalización de aborto y la procreación responsable, sino sobre la incidencia que la verdad y la moral deberían tener en cualquier discusión sobre cualquier tema, pero muy especialmente sobre éste.

La concurrencia -y posterior muerte- de la señora Norma Ponce, madre de 6 hijos y de 35 años de edad, a un hospital público de la provincia de Buenos Aires a raíz de la hemorragia provocada por un aborto autoinfligido, otorgó la imprescindible cuota de realidad al debate mediático sobre dos niñas embarazadas tras un acto de abuso sexual.

Un debate, por otra parte, descarriado y absurdo, en tanto se pusieron en pie de igualdad las opiniones y monsergas de quienes nada tenían que ver en el asunto pero se creen naturalmente habilitados para dar filípicas, con las necesidades objetivas y urgentes de las personas verdaderamente afectadas.

Lo más incoherente del debate era que versó sobre el derecho que asistiría a cualquier tarambana a sostener abiertamente la violación de la ley, a crápulas judiciales directamente a violarla y a canallas de la medicina a no cumplirla, lo cual en cualquier otra circunstancia habría implicado el procesamiento de los malhechores, en algún caso por apología del delito, y en otros por perpetrarlo.

Si hay algo que a cualquiera le quedó claro de entre tanto palabrerío fue que la interrupción del embarazo de las dos niñas -o si se lo prefiere, discapacitadas mentales- es una opción a la que sus parientes a cargo tienen derecho. Como derecho, es de cumplimiento voluntario.

Pero lo que parece no haber quedado suficientemente claro es que el Estado está obligado a garantizar ese derecho, como cualquier otro, facilitando los medios para su eventual cumplimiento.

El Estado, además de abstracta entidad jurídica, existe en forma concreta: son sus funcionarios y agentes, del director de un hospital hasta las enfermeras, o de un ministro de salud a los ordenanzas.

A diferencia de los derechos, las obligaciones siempre son de cumplimiento forzoso, independientemente de los “códigos de ética” en los que hipócrita -mas no hipocráticamente- llegaron a excusarse los médicos del hospital San Martín de la ciudad de La Plata.

La llamada “ética” es una creación colectiva, un código de comportamiento que fija los límites de una actividad, un grupo, una sociedad. No es un papelito o una declaración de principios que pueda tener existencia independiente de la existencia de una moral, que es individual, que rige la conducta y establece los límites de un individuo particular.

En otras palabras, que sin moral, no hay ética.

Si una persona, por las razones que fuese, se siente moralmente incapacitada para cumplir con su trabajo, le es moralmente obligatorio que renuncie a él, pues no es razonable exigirle que vulnere sus normas morales. Pero ninguna norma moral puede establecer que es lícito no realizar el trabajo por el que se cobra.

La “ética” de los médicos del hospital San Martín no es nada -y casi ninguna ética profesional lo es desde que pasó a volverse una materia de la curricula universitaria- sin la moral individual de cada médico en particular.

¿Qué moral es esa que le permite a un médico seguir desempeñándose en un trabajo para el que se encuentra moralmente incapacitado?

¿Y por qué las autoridades de la provincia de Buenos Aires no han iniciado un sumario a esos empleados públicos que, no amparándose en un derecho consagrado como el de huelga, sino en un prurito individual, se negaron a realizar el trabajo por el que se les paga?

El rostro de tanta hipocresía quedó al descubierto, en su tenebrosa crueldad, cuando ese embarazo, al que “éticamente” los facultativos del hospital consideraron “riesgoso” interrumpir, fue realizado sin riesgo alguno y con un post operatorio de no más de media hora… en una clínica privada. En otras palabras: pagando.

¿A quiénes? A médicos que sólo por casualidad no serían los mismos que revistan en el hospital San Martín.

Se trata, la Abeldaño, de una familia de muy escasos recursos que en esta oportunidad fue asistida económica por una ONG. Norma Ponce -y las 30 mil Norma Ponce que, por impedimentos económicos, mueren por año a raíz de abortos mal practicados o autoinfligidos- no tuvo esa suerte. No existen suficientes Ong para reemplazar a esa Ong llamada “Estado”, y de haberlas, merecerían entonces llevar tal nombre.

De alguna manera esto recuerda la amarga polémica que dividió a los legisladores -entre Elisa Carrió y todos los demás- con motivo de la votación de la ley que asegura -a quien lo requiera- el atado de trompas de Falopio o una vasectomía, en forma gratuita y en las instituciones públicas.

Debe recordarse que éstas NO son prácticas ilegales, y cualquiera puede hacérselas… si tiene con qué pagarlas.

Ampararse en la moral para objetar esa ley revela una profunda inmoralidad, la que surgiría de consagrar jurídicamente, legislativamente, las profundas diferencias sociales que desgarran nuestra sociedad y que son el origen de muchos males que nos aquejan.

Por ejemplo, el que lleva a algunos energúmenos a exigir el incremento de penas para los delincuentes, de los que, por supuesto, estarían excluidos los delincuentes de estetoscopio porque, ya se sabe, son “gente como uno”.

La consolidación jurídica y legislativa de las diferencias sociales no es otra cosa que su convalidación, el establecimiento de derecho de una situación de hecho: la coexistencia de dos sociedades, de casi dos especies humanas, con diferentes derechos y distintas obligaciones, ya sea en materia de asuntos reproductivos como de condiciones sociales y expectativas de vida, dos sociedades diferentes y aun antagónicas habitando un mismo espacio físico.

La sociedad, no la mediática, sino la sociedad real, la de las personas de carne y hueso, entiende la naturaleza de los males que la aquejan, los desgarros y contradicciones que las víctimas sufren, porque ellas mismas las sufren.

Están muy lejos de ese conocimiento quienes pretenden representarla o interpretarla -tanto política como callejera o televisivamente-, que anteponen a la realidad sus propios sistemas de prejuicios y de conveniencias.

Como en tantas otras, en materia de despenalización del aborto, es urgente, necesario y conveniente tomar el tema con seriedad y honestidad, a sabiendas de que la moral es asunto de cada uno, mientras que los derechos y la igualdad son asuntos de la sociedad. Y que los religiosos, del credo que sean, legislen para sus creyentes, y los creyentes se limiten a serlo, y no a imponerlo.

Toda sociedad, para serlo, se basa en una moral. La creencia en un dios, cualquiera sea, no es prueba alguna de moralidad, sino de fe.

Y la moral es básicamente el apego a la justicia y a la verdad.

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