Brasil: Los hechos y los antecedentes
El pasado martes 28 de octubre, un operativo conjunto de la Policía Civil y el Batallón de Operaciones Especiales de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, que sumó cerca de 2500 efectivos, irrumpió en el Complexo do Alemão y el Complexo da Penha, dos de las favelas más populosas de la ciudad. El gobernador Claudio Castro, bolsonarista, declaró que el objetivo del ataque era golpear a la organización criminal Comando Vermelho, ejecutar órdenes de arresto contra sus líderes y recuperar el control territorial. Como resultado de la maniobra fueron abatidas cerca de 130 personas (121, según certificó el Instituto Médico Forense de Río, aunque vecinos de la favela denuncian muertes que no están incluidas en el listado oficial). De esa cifra, cuatro fueron policías y el resto, civiles. El líder de la organización, Edgar “Doca” de Andrade, logró escapar y se encuentra prófugo.
El Comando Vermelho es la mayor y más antigua organización criminal de Brasil, fundada en 1979 en la prisión de Ilha Grande durante la dictadura militar. Surgió como una alianza entre presos comunes y presos políticos para protegerse en prisión, aunque con el tiempo se transformó en un grupo dedicado principalmente al narcotráfico, el secuestro y el sicariato. Controla extensas áreas de favelas en Río de Janeiro y tiene una estructura de miles de combatientes. Compite con otros grupos criminales como las milicias (paramilitares autonomizados del control estatal) y el Primeiro Comando da Capital (PCC), con base en São Paulo, con el que rompió relaciones en 2016 tras una alianza de casi 20 años.
La del pasado martes fue la incursión estatal más letal de la historia de Brasil. Los antecedentes remiten a una serie de hechos, como el operativo policial en Río del año 2017, que dejó más de 30 muertos; la ocupación militar de la favela de Alemão en 2010, con 19 muertos; la Operação Sufoco en 2007, con 24 muertos; y la masacre de Carandiru, en 1992, donde la Policía Militar provocó 111 muertes en la Penitenciaría de São Paulo. Sin embargo, desde entonces la presencia de los grupos criminales no hizo más que crecer y consolidarse.
En esta ocasión, las fuerzas militarizadas registraron en video parte de su accionar, y el contenido fue difundido en medios y redes sociales. Vehículos blindados, helicópteros y drones fueron parte de una puesta en escena tendiente a sobredimensionar el poderío estatal y sintonizar con la épica represiva fijada en el imaginario social por películas como Tropa de Élite (2007) o Alemão (2014).
América Latina. El contexto y lo que vendrá
La espectacularización de esta última ofensiva represiva tiene un profundo sentido político e ideológico que, en esta ocasión, a diferencia de las veces anteriores, empalma con un clima de época marcado por el crecimiento de las ultraderechas mundiales de alcances y consecuencias aún impredecibles.
Hay un hilo que une esta masacre ordenada por un gobernador derechista en el país gobernado por Lula da Silva, con los ataques a embarcaciones en el Caribe por parte de los EE. UU., las amenazas sobre Venezuela y Colombia en boca del propio Donald Trump, la doctrina carcelaria de violación sistemática de DD. HH. en El Salvador de Bukele y los discursos punitivistas de Patricia Bullrich en Argentina, por mencionar solo algunas de las aristas más evidentes del contexto regional. Ese hilo es evidente, aun cuando los analistas de los principales medios se empecinen en desconocerlo. Veamos:
Cuatro días antes del ataque a las favelas, el senador Flávio Bolsonaro –hijo del expresidente– comentó una publicación del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en la que sugería el bombardeo de la Bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. «Escuché que hay barcos como ese aquí, inundando Brasil con drogas”, manifestó Bolsonaro hijo, en respuesta a la noticia sobre el ataque por parte de los EE. UU. a una embarcación en el Caribe con el saldo de tres personas asesinadas. “¿No les gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a combatir a estas organizaciones terroristas?», concluyó.
Con los cuerpos de los favelados masacrados aún calientes, la derecha brasilera no tardó ni un día en reactivar el proyecto de ley 13.260, conocido como Ley Antiterrorista; el texto, presentado originalmente en marzo pasado, amplía la definición de terrorismo en Brasil y refuerza las atribuciones de los Estados en la investigación y el enjuiciamiento de los delitos que, bajo esta nueva denominación, permitan detenciones y procesos judiciales de manera más discrecional.
Se trata de la misma doctrina en la que se basa Donald Trump al anunciar la posibilidad de intervención estadounidense en Venezuela bajo la acusación de que el gobierno de Nicolás Maduro estaría detrás de maniobras de tráfico de drogas en el Caribe, o del reciente señalamiento contra Gustavo Petro, de Colombia, a quien sindicó como “líder del narcotráfico” en su país. No se trata solo de declaraciones: el gobierno de los EE. UU. se encargó de difundir la autorización para que la CIA realice “acciones encubiertas” en suelo venezolano, y la militarización del Gran Caribe ya se cobró al menos 43 vidas por medio de ejecuciones extrajudiciales como resultado de los hundimientos de embarcaciones sindicadas de traficar drogas, sin pruebas ni procesos legales.
Otra conexión entre el megaoperativo en Río y las dinámicas derechistas continentales puede establecerse con El Salvador de Bukele. En uno y otro caso, el avance sobre derechos elementales parece quedar legitimado por el apoyo social a medidas represivas. Mientras sectores de las favelas y organismos de derechos humanos denunciaron desapariciones, torturas y decapitaciones de personas como resultado del operativo, los principales medios de comunicación de Brasil difundieron encuestas que dan cuenta de un apoyo mayoritario a la acción: según la consultora Atlas Intel, durante los días posteriores al operativo el 62,2 % de los habitantes de Río avalaban la operación, y en las favelas de esa ciudad la aprobación alcanzaba un 87,6 %. A nivel nacional, la validación fue del 55,2 %, con un 80,9 % de aprobación entre habitantes de favelas en todo Brasil. Sobre el uso de la violencia policial durante la operación, el 62,3 % de las personas encuestadas a nivel nacional consideraba que fue adecuado.
Argentina tiene en marcha su propio experimento ultraderechista. La ministra Bullrich no se demoró en capitalizar políticamente la masacre carioca, al anunciar mayores controles en la frontera con Brasil y detener a tres ciudadanos de ese país en Misiones, “sospechados” de vínculos con el Comando Vermelho. En otras ocasiones, hechos similares se demostraron, con el tiempo, sin sustento, pero el golpe de efecto sedimenta un sentido común que naturaliza el accionar “antiterrorista”. En rigor, el terrorismo más letal en nuestro país fue ejercido por el Estado, y hoy es defendido por esta misma derecha en el poder. En otra escala, sin necesidad de irnos a décadas pasadas, lo que sucedió en las recientes elecciones por parte de la injerencia de los EE. UU. bien puede considerarse “terrorismo económico”, en tanto se buscó causar pánico en la población con un hecho violento, como es la entrega de la economía del país a manos del Tesoro norteamericano. Si bien la violencia política promovida por estas nuevas ultraderechas aún no está a la orden del día en Argentina, no hay que descartar posibles montajes en ese sentido. Bullrich tiene aspiraciones presidenciales para 2027, cuando, se sabe, la ilusión económica ya no será argumento suficiente para sembrar el temor en la sociedad.
La reunión que precedió al ataque
El presidente Lula se reunió con Donald Trump el domingo anterior a la masacre de Río. Allí negoció la suspensión de los aranceles sobre Brasil que EE. UU. había impuesto en respaldo a su aliado Jair Bolsonaro, condenado por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado de enero de 2023. Las fotografías del encuentro mostraron a los dos mandatarios en igualdad de condiciones, situación excepcional tratándose de Trump, quien sobreactúa con frecuencia gestualidades de destrato hacia sus colegas, en especial los latinoamericanos. Incluso hubo palabras de elogio hacia el brasilero: “parece un hombre agradable, tuvimos una excelente química, alcanzamos buenos acuerdos”, manifestó el presidente de cabellera naranja. Esa cordialidad, fundada en intereses económicos de ambas partes, resulta una amenaza para la derecha brasileña: al igual que las demás derechas cipayas de nuestro continente, quedan reducidas a poca cosa si pierden la consideración de la potencia del norte.
El ataque en Río, sucedido dos días después de la reunión, requiere de una planificación que excede ese plazo, por lo que no puede leerse como una respuesta puntual. Pero el “celo” de los derechistas a las posiciones de fuerza que logra Lula a nivel global no es de ahora; la masacre de las favelas aparece como un golpe directo a la legitimidad de un gobierno progresista al que necesitan debilitar si quieren tener posibilidades electorales en las presidenciales, que tendrán su primera vuelta en menos de un año, el 4 de octubre de 2026.
Si las cárceles de El Salvador, los hundimientos ilegales de embarcaciones en el Gran Caribe y los ataques a Venezuela o Colombia en nombre del “combate al narcoterrorismo” sirven de contexto para entender lo que sucedió en Brasil días atrás, la deriva política que tendrá esta masacre enciende una señal de alarma ante las estrategias “antiterroristas” que pondrán en marcha las derechas continentales cada vez que necesiten debilitar procesos populares o simplemente reforzar sus posiciones atemorizando a la sociedad.