La mala reputación. Primer año del gobierno del Frente Amplio en Uruguay

Por Ivonne Trías, gentileza Semanario Brecha, especial para Causa Popular.- Para no caer en la tentación de declararse políticamente agnóstico conviene buscar explicaciones a las derrotas y a las victorias históricas. Ambas son parte de un patrimonio colectivo, de una herencia internacional de principios y metas que en algunos lugares llega a tomar la forma de programa. Por ejemplo en Uruguay.

El programa del Frente Amplio es un largo proceso de síntesis que recoge aportes de varias generaciones. Por ese programa se convocó, se peleó, se convenció hasta lograr las mayorías que lo llevaran al gobierno.

Como sucedió en este país aquella gloriosa noche del 1 de marzo de 2005, cuando el flamante presidente dijo: “¡Y esta noche les pido, uruguayos y uruguayas, en esta tarea, por favor, no nos dejen solos!”.

¿Cómo se hace para no dejar solo al gobierno?, pensó la multitud de votantes y dentro de ella la multitud de militantes. Tal vez porque demoró mucho la respuesta -todo es lento en Uruguay- el gobierno no reiteró el pedido y decidió hacer en solitario.

Un anno È troppo poco. Un balance del primer año de gobierno será inevitablemente provisorio. Aun así se puede determinar algo de primera importancia: si se pusieron en marcha los cambios definidos como prioridades.

– Primera anotación: sí, el nuevo gobierno inició una serie de procesos de cambio que (ya) modificaron relaciones de fuerza en importantes sectores de la sociedad. Es una valoración provisoria positiva. Positiva porque se habilitaron varios puentes hacia los cambios comprometidos, y provisoria porque los procesos inconclusos son aún reversibles o redirigibles.

Cambio en derechos humanos. Se habilitó la entrada a los cuarteles y no hubo levantamiento armado. Se vino al suelo la prédica, impuesta a lo largo de todos los gobiernos anteriores, de que era imposible exigir la verdad sobre los desaparecidos sin despertar a las fieras.

Los antropólogos excavaron hasta encontrar huesos de desaparecidos, haciendo añicos 20 años de negativa sin que se produjeran desbordes institucionales. Se decretó la emergencia humanitaria en las cárceles de todo el país y se diseñó un proyecto de ley para hacer frente al problema.

A pesar de la campaña alarmista en materia de seguridad pública, el índice de reincidencia de los liberados por esta ley es ínfimo. Por primera vez se dio trámite parlamentario a un proyecto de ley jubilatoria para los miles de uruguayos perseguidos por la dictadura.
Cambio en las relaciones laborales.

A lo largo de este año los grandes temas del trabajo y el salario se discuten, con corcovos más o menos fuertes, en un marco de negociación colectiva que no existía desde 1991. Hubo Consejos de Salarios y ley de fuero sindical.

Este es uno de los planos más visibles del cambio: crecimiento de la sindicalización -más afiliación y nuevos sindicatos-; posicionamiento del movimiento sindical en defensa de su autonomía y nuevos desafíos a su capacidad de autorregulación. Cambios que habilitan a nuevos sectores sociales a realizar sus intereses o a negociarlos en mejores condiciones.

Cambio en la concepción de la salud pública. El sistema nacional de salud es un proyecto de larga data -acordado en el congreso Héctor Rodríguez del Frente Amplio (2003)- que incluye un criterio de redistribución del presupuesto, de progresividad en el financiamiento y universalidad en el acceso.

Es un cambio fuerte que despertará resistencias corporativas también fuertes. En un país desbaratado por una crisis (2002) que multiplicó dramáticamente la cantidad de pobres e indigentes (sobre todo entre la población infantil), esto tenía que articularse con una política social de acción inmediata, un Plan Nacional de Emergencia.
Cambio en la política tributaria.

Se volvió a pronunciar el temible concepto de que pague más el que tiene más, que produjo tan nefasto efecto en las elecciones anteriores. Una política tributaria que sea instrumento de redistribución del ingreso y sirva de estímulo al desarrollo productivo y a la financiación de políticas sociales. Que sea progresivo y que sirva también para definir la asignación de recursos entre los distintos sectores productivos (menos impuestos a las fábricas de vidrio, por ejemplo, y más impuestos a la forestación).

Ves llorar la Biblia

Según el ministro de Economía Danilo Astori, hay nueve proyectos de reformas estructurales en marcha: reforma del sistema financiero, reforma tributaria, reforma del sistema previsional, del proceso y la estructura del presupuesto, de la administración de la deuda pública, entre otros.
Pero, ¿cuántas opiniones se admiten sobre estos enormes asuntos?

Si el ministro de Economía o su equipo decidió que había que honrar los compromisos internacionales y volcar el esfuerzo a refinanciar la deuda pública (superior al 100 por ciento del producto bruto interno), llevándola a un 60 por ciento al final del quinquenio, si para hacerlo es necesario recurrir a crédito internacional, ¿no era de rigor una discusión entre los frenteamplistas -o al menos una explicación franca- a quienes se anunció que no se pagaría la deuda a costa de políticas sociales?

La democratización de la política es también una reforma imprescindible, pero no está en la lista de prioridades.
La ausencia del proyecto democratizador no se debe a la inexperiencia, ya que durante la primera intendencia frenteamplista, precisamente la que encabezara Tabaré Vázquez, hubo varios ensayos y correcciones en materia de descentralización y desconcentración de las políticas municipales.

Era de esperar que esos intentos volvieran hoy al tapete, esta vez a nivel nacional. No ha sido así.

El gabinete del presidente se traslada fuera de Montevideo, pero el gesto democratizador se agota en el traslado y la oportunidad de discusión pública de los asuntos tratados en esas sesiones no llega.

Es de esperar que haya, al menos, una agenda de discusión interna lo suficientemente rica y ágil como para suplir en parte la falta de intercambio con la masa frenteamplista.
Porque cuando aparecen aspectos conflictivos, como el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el envío de tropas a Haití, la participación en maniobras de la Unitas, la construcción de plantas de celulosa o la ley de derechos reproductivos y sexuales, queda en evidencia la gravedad de este déficit democrático.

Como no hay ámbitos para la discusión la izquierda parece reducida a dos bandos: los que critican y los que critican a los que critican. En ese contexto, la política gubernamental de comunicaciones parece dirigida por los sentimientos de los funcionarios y, a menudo, por los del presidente.

La prensa escrita no encuentra ámbito para plantear una sola medida que le permita bajar el precio por procedimientos transparentes y llegar así a más gente; la televisión se embobece cada vez más y la radio se “apoya” demasiado en los medios escritos.

La prensa partidaria sale cuando puede y la cultura política del país cae en picada. En ese marco, mientras se trata como enemigo a todo el que pregunta y opina (a BRECHA, por ejemplo), los medios de comunicación verdaderamente hostiles al cambio mantienen la hegemonía.

Los gobernantes no explican ni aceptan ser interpelados; los militantes no preguntan o se enojan con los que sí lo hacen; el niño que diga que el rey está desnudo recibirá un cachetazo. He ahí un problema serio en la democratización de la política.

Esto sí y esto no

Los complejos procesos y mecanismos activados en estos doce meses merecen un análisis sereno que no cabe en la confianza ciega. Se puede apoyar el objetivo de una medida y discrepar con su implementación. Se puede compartir el carácter de buque insignia otorgado al panes pero considerar que no basta con la intención, que las demandas superarán las cifras definidas para la cobertura.

Que el fuerte énfasis puesto en el ingreso ciudadano lo acerca peligrosamente al asistencialismo, sobre todo cuando falla la articulación con políticas de empleo o productivas. ¿Cuál es el riesgo? Darle la razón, por la vía de los hechos, a quienes sostienen que las políticas redistributivas son obsoletas o inaplicables.

Se puede, compartiendo la decisión de investigar qué pasó con los desaparecidos, discrepar frontalmente con la aceptación de los restos de impunidad que perviven.
Una controversia sobre la instalación de plantas de producción de celulosa, no debatida a tiempo por un rasgo de soberbia gubernamental, se convierte en confrontación internacional.

No se dio trámite a la discusión pero, una vez instalado el conflicto, se llama a la unidad nacional en defensa de la posición que el gobierno adoptó en solitario. Si los llamados a la unidad nacional contienen siempre una semilla temible, en este caso el llamado -sazonado con el planteo de enseñar manejo de armas y nociones de defensa en los liceos- es, además, bochornoso.

Y a pesar de tanta crítica, a modo de resumen y para ahuyentar simplismos, digo a título personal que si hoy hubiera elecciones, volvería a votar al Frente Amplio. Y seguiría reclamando un espacio público y transparente para la política.

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