El escribano y traficante de futbolistas Gustavo Arribas había sido designado “en comisión” al frente de la AFI el 10 de diciembre de 2015. Pero el Senado recién le aprobó el cargo en agosto del año siguiente. Y su juramento, tomado por Mauricio Macri el 29 de noviembre en el Salón Blanco de la Casa Rosada, tuvo una emotividad acorde al vínculo afectivo entre ellos.
Ese martes allí no cabía un alfiler. Desde la primera fila, la subjefa de los espías, Silvia Cristina Majdalani, aplaudía a rabiar.
Y el “Señor 5” –así como el personal de la AFI llama a sus cabecillas de turno– le dispensó una sonrisa gélida.
Los roles entre ambos ya estaban bien delimitados. “Gustavo es el más vivo de mis amigos”, solía decir el Presidente. De modo que él controlaba los gastos reservados (alrededor de dos mil millones de pesos por año), mientras la “Turca” –tal como le dicen a ella– sujetaba la rienda estratégica del lugar.
Una gran responsabilidad para alguien con una formación que se limita a estudios incompletos de Relaciones Públicas y Administración de Empresas en universidades privadas, y cuya única experiencia en la materia fue forjada durante su mandato de diputada nacional al integrar la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia. Pero aquello bastó para convertirse en la “Señora 8”.
Bendecida por el DNU del Poder Ejecutivo que establecía traspasar la potestad de las escuchas telefónicas desde la Procuración a la Corte Suprema (lo que posibilitó el acoso judicial a Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios), Majdalani lanzaba a la AFI macrista hacia su primera gesta: la entrega negociada en Paraguay del narco Estaban Ibar Pérez Corradi. El pacto: una breve y confortable temporada carcelaria a cambio de enlodar en su indagatoria al ex ministro Aníbal Fernández. No obstante, el asunto derivó en el bochorno fundacional de su gestión. Porque en vez de cumplir lo acordado, el preso acusó por una dádiva al socio radical de la alianza oficialista, Ernesto Sanz. Ella tuvo que deshacerse en explicaciones ante el propio Macri.
Desde entonces transcurrieron más de cuatro años. Su fecunda etapa en la AFI ya es cosa del pasado. Y si algo hay que reconocerle a esa mujer es su intuición para adecuarse a las vicisitudes de la vida.
Tanto es así que el 28 de agosto de 2019, tras la catástrofe electoral de Juntos por el Cambio (JxC) en las primarias –y cuando el ocaso político de Macri era ya una desgracia irremontable– la Señora 8 se apresuró en abrir –tal como reveló una investigación del portal El Disenso– dos cuentas offshore en Miami mediante sociedades de fantasía. La primera, llamada “Chimba’s Face ILL”, fue constituida por su hijo Francisco José Olivero Majdalani; su marido, Jorge Norberto Olivero y ella. La segunda, “Tribe of LLC”, fue constituida por su hija Valeria Olivero Majdalani y el esposo, Julián Giménez, a su vez socio de don Jorge Norberto. Las empresas fueron registradas por el agente “Andrés Abadi” y sus direcciones corresponden a un corralón de materiales emplazado en un inhóspito arrabal de Miami.
Lo cierto es que esa familia está habituada a los negocios de riesgo.
La emprendedora
El 17 de diciembre de 1999 el diario La Nación publicó una noticia titulada: “Menem redujo la condena de un estafador”.
Se refería a un tipo que fue encontrado culpable de falsedad ideológica, utilización de documentos públicos apócrifos y tentativa de estafa, en uno de los casos más estrafalarios de la historia policial argentina: las maniobras en torno a la herencia de Juan Manubens Calvet, un hacendado muerto en 1981. Había en juego 500 millones de dólares.
El asunto comenzó con la aparición de una tal Dolores Manubens, quien decía ser su hija natural y reclamaba dicha fortuna. En realidad se trataba de la ciudadana paraguaya Juana González Cibilis. Ella urdió aquella impostura en complicidad con el abogado Juan Carlos Cora, el obispo de Trenque Lauquen, Mario Pichi, y un martillero público.
El cuarteto terminó tras las rejas, con sentencias oscilantes entre cuatro y seis años de prisión. El martillero estaba alojado en el penal de Villa Devoto cuando Menem le firmó el indulto. Fue el último decreto de su presidencia. El beneficiado no era otro que Jorge Norberto Olivero, el esposo de Majdalani.
En compensación, ellos soltaron unos pesos para financiar la agrupación El Aguante, que apoyaba la declinante carrera política del riojano. Y luego, en ocasión de su arresto por el desliz con las cuentas suizas, ellos soltaron otros pesos para su fianza.
Pero en 2000, cuando aún festejaban la excarcelación del martillero, les explotó un nuevo temita con el Código Penal. Esta vez fue Silvia la atascada en el ojo de la tormenta.
Es que durante la última etapa del menemato ella se había desempeñado como interventora en la Obra Social de Encotesa (Correos y Telégrafos). Y su reemplazante designado por Fernando de la Rúa, el abogado Leandro Illia, no tardó en acusarla por “serias irregularidades en el manejo de fondos”, algo que incluía presuntos sobreprecios y contrataciones directas poco claras. El asunto experimentó un rebote en 2004, impulsado por la Oficina Anticorrupción con una nueva denuncia judicial. El expediente al final se licuó en la nada.
Hasta entonces su carrera política había tenido escalas poco relevantes: en 1992 fue funcionaria municipal en la gestión del intendente porteño Saúl Bouer, hasta que Menem la nombró interventora del Sindicato de Panaderos. Y alternaba esos magros mojones de poder con la actividad privada.
En dicho campo integró con Jorge Norberto el directorio de la empresa hotelera Acuífera Ocean Park. También supo regentear una financiera. Pero su dedicación se concentraba en la firma de seguros Paraná SA, donde ejercía la presidencia. Allí tuvo otro disgusto judicial.
Fue también en 2004, al ser acusada de estafa por su participación –a través de Paraná SA– en una maniobra para vaciar compañías de seguros.
La metodología consistía en transferir la masa de clientes con cuentas por cobrar hacia una serie de empresas ad hoc, sin activos ni intenciones de pago. Entonces se las liquidaba sin que los acreedores vean una moneda. Las sucesivas denuncias se apolillaron en los armarios del Poder Judicial.
Su prontuario también exhibe un delito de acción pública, cuya causa se inició en 2006 por el robo y usurpación de un terreno estatal en la localidad catamarqueña de Andagalá. Ese predio era de Fabricaciones Militares, pero lo ocupaba de modo indebido la empresa Minera Andina SA –de la cual la futura Señora 8 integraba su órgano ejecutivo–, hasta su desalojo en ese año.
En 2010, la Sala II de la Cámara Federal le revocó un sobreseimiento en primera instancia suscripto por el juez Norberto Oyarbide. Y el expediente fue a un juzgado de Catamarca donde aún permanece.
Y desde abril de 2016 –ya estando en la AFI– empezó a ser investigada por el fiscal federal Federico Delgado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a partir de una denuncia del ex legislador porteño, Gustavo Vera. Las maniobras en cuestión habrían sido efectuadas a través de su propia financiera, CFC Holding. La causa todavía está en curso.
Es asombroso que en medio de tamañas turbulencias tribunalicias, ella haya tenido una trayectoria política ascendente.
En parte, eso se debió a su oportuno salto hacia Propuesta Republicana, el recién estrenado espacio del ingeniero Macri.
En 2003 obtuvo una banca en la Legislatura porteña. La revalidó para un segundo período. Y seis años después llegó a la Cámara de Diputados.
Allí hizo buenas migas con Patricia Bullrich, por entonces embanderada en la Coalición Cívica.
Ésta presidía la Comisión de Legislación Penal, mientras Majdalani se encontraba muy atareada con la Bicameral de Inteligencia.
Su único roce con el tema era que su hija Agustina estaba casada con José Anzorreguy, un vástago de don Hugo, el legendario director de la SIDE menemista. Dicho sea de paso, Jorge Norberto –por consejo de Silvia– asoció al yerno en un nuevo emprendimiento, la empresa constructora Viviendas SA.
En tanto, cada vez más interesada en la temática del espionaje, la Turca –acompañada por “Pato”– asistía a los cursillos para diputados y jueces que se impartían en la Escuela Nacional de Inteligencia. Allí quedó deslumbrada por uno de los profesores
Aquella atracción sería provechosa para él, aunque haría añicos su bajo perfil. El 3 de enero de 2016 la revista Noticias publicó un artículo titulado: “Diego Dalmau Pereyra, el nuevo Stiuso”.
Fue la presentación del flamante jefe de Contrainteligencia de la AFI.
Majdalani ya había saltado desde el Palacio del Congreso al edificio con ventanas polarizadas de la calle 25 de Mayo.
Ojos y oídos del macrismo
Ella lucía exultante. Los primeros días de gestión se la pasó dando notas en su despacho del octavo piso. Los reporteros gráficos le pedían que posara como si fuera una Chica Bond. Y esa mujer ya sexagenaria les obedecía sin chistar. La Turca tocaba el cielo con las manos.
En los pasillos del poder era un secreto a voces que la recomendación a Macri para su nombramiento había salido de los labios del influyente Daniel Angelici, cuyo predicamento sobre jueces y espías fue proverbial.
Ella armó su mesa chica con un criterio algo errático. Dalmau Pereyra frunció la nariz al saber de la incorporación del ex fiscal Eduardo Miragaya como director de Delincuencia Económica y Financiera. Aquel individuo duró apenas unos meses en la AFI. Pero en dicho lapso intervino en el caso Pérez Corradi, apretó al abogado del hijo de Lázaro Báez para incriminar a CFK y no fue ajeno a la celada tendida al director de Aduanas, Juan José Gómez Centurión. También fue parte de su dream team Juan Sebastián De Stefano (a) “El Enano”, en la dirección de Asuntos Jurídicos. Éste, junto al titular de Finanzas, Fernando Di Pasquale, adquirió renombre público por el apriete al juez Juan Carzoglio en la causa contra Pablo y Hugo Moyano. El jefe de Gabinete de la Señora 8 fue su propio cuñado, Darío Biorsi (no es un apodo).
Esta era la plana mayor del Estado vigilante.
Ahora saltan a la luz ciertas epopeyas de la AFI que dan fe de su calidad operativa. Como la colocación de una bomba desactivada en el domicilio del subsecretario de Defensa, José Luis Vila, para disciplinarlo con un susto, pero sin reparar en un pequeño detalle: hacía seis meses que el tipo ya no vivía allí. O como la embestida intencional en la autopista Dellepiane de una camioneta con agentes de la AFI al vehículo del extravagante diputado salteño Alfredo Olmedo (por robarle votantes derechistas a Macri) con el siguiente saldo: un sicario muerto, otros tres con heridas gravísimas y la víctima ilesa. O como la “capacha” en la sede del Instituto Patria para vigilar los movimientos de CFK, cuando en las inmediaciones fue identificado el mismo Volkswagen Voyage que en su momento se denunció por merodear el Hospital Posadas con fines de espionaje sobre los trabajadores.
También eran notables sus protocolos de seguridad interna. Y más en tiempos de repliegue. Porque –a modo de ejemplo– las pruebas de la causa por el espionaje a correos electrónicos de casi 80 personas –entre las que hasta hay ex funcionarios, dirigentes políticos y periodistas del antiguo régimen– fueron halladas en una computadora cuyo disco rígido fue mal borrado en medio del apuro de la transición. Otra desidia dio pie a la causa sobre el fisgoneo a unos 400 periodistas acreditados a las cumbres en Buenos Aires de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del G-20, puesto que alguien había olvidado los dossiers correspondientes en una caja fuerte.
En este punto cabe destacar la señera figura del ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruíz. Era el alma de tales trapisondas. El titiritero que desde las sombras diseminaba micrófonos y cámaras en salones, alcobas y calabozos. La Gran Oreja del poder. Pero el destino lo puso ante una paradoja que él jamás imaginó para sí: ser en estos días el agente secreto más famoso del país. De hecho, toda una delicada serie de confidencias suyas, grabadas a hurtadillas por sus más dilectos subordinados, se están emitiendo con enorme éxito por TV. Pobre animalito de Dios.
Con tales recursos humanos nada podía salir bien.
Silvia Majdalani acaba de designar como representante legal al abogado Mariano Di Meglio. Sabe que sobre ella caerá un aluvión de causas penales. Y que ni siquiera en el macrismo hay voces que la defiendan. La temible Señora 8 ha quedado a la intemperie.
