El lunes previo a fin de año, el gobernador de Córdoba recibió un cariño de parte de Casa Rosada. El presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, habían firmado el Decreto 925, que aprueba un doble contrato para contraer un préstamo de 75 millones de dólares por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para refuncionalizar un sistema de potabilización de agua en la ciudad de Córdoba.
Publicado al día siguiente en el Boletín Oficial, la norma consta de dos anexos que especifican que el gobierno nacional será el garante de llevar a cabo este financiamiento e incluye como contragarantía que, si la provincia no se compromete con sus pagos, la Nación podrá recurrir a los fondos de coparticipación.
La obra pública fue el rubro más afectado en estos dos años de motosierra. En la época de Guillermo Francos, antecesor de Adorni, su pragmatismo le habilitaba mantener acuerdos con Martín Llaryora para conceder caminos viales que estaban en la órbita nacional. Desde el año pasado, el Toto Caputo, que pone el ojo en la circulación de dólares, es quien viene firmando los permisos para que las provincias puedan endeudarse con el extranjero, a cambio de algunos votos en el Congreso. Estas maniobras permiten que regiones como las cordobesas puedan avanzar en el desarrollo de infraestructura sin tocar los números de Excel de la banda de Anker.
Caricias significativas desde Nación. No así desde las calles cordobesas.
¿Tercerizando el ajuste?
El gobierno provincial había recibido un garrotazo por parte de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, donde el 42% de los votos lo ganó un candidato violeta que muy pocos recuerdan su nombre, dejando mal parado al principal competidor Juan Schiaretti. Para colmo, el “gringo” fue operado hace más de un mes para la implantación de un catéter como reemplazo a una válvula aórtica. Su reposo le impidió asumir su banca en la Cámara de Diputados, por lo que no participó del espinoso debate sobre el Presupuesto 2026, propuesto por el Poder Ejecutivo nacional. Cuando le tocó debatir a su esposa, la senadora Alejandra Vigo, fue la única que se abstuvo. Las voces que provienen del Poder Ejecutivo provincial prometen que el único exgobernador de Córdoba con vida, y con 76 años de edad, tendrá una fuerte presencia en la Cámara Baja a partir de febrero.
Frente a esa tibieza que promete energizarse, Llaryora no perdona que la inmensa mayoría de los barrios de la capital se hayan pintado del color leonino. Por ende, tomó un mazo y golpeó el organigrama de su gabinete, lo que implicó la desaparición de dos ministerios: Ambiente y Desarrollo Humano. Casualmente, dos áreas manejadas por mujeres y cuya trayectoria fue por fuera de la militancia orgánica del PJ. Ambos espacios se convirtieron en secretarías que, respectivamente, pasarán a la órbita de Educación y Salud.
A la vez, optó por otorgar mayor protagonismo a figuras capitalinas, desconocidas en los ámbitos del interior. Uno de ellos es Miguel Siciliano, flamante ministro de Vinculación y Gestión Institucional, que absorbe varias funciones ligadas a la incidencia de trabajos barriales y de diálogo con sectores comunitarios, incluyendo las iglesias evangélicas; y el otro es Marcelo Rodio, quien pasó de ser secretario de Transporte a titular de la Agencia Córdoba Cultura.
Los sectores opositores más fiscalistas, concentrados en la figura de Luis Juez y algunos radicales desparramados por ahí, no se quedan conformes con el achicamiento estatal, al señalar la reciente creación de la Procuración Penitenciaria, una respuesta al oficialismo ante las denuncias sobre la vulneración de derechos humanos en las cárceles. Las críticas apuntan a una suerte de sumisión del control judicial al Ejecutivo, con altas remuneraciones y todo, para proteger a personas con mala imagen en la opinión pública.
Enemigos perfectos
Como contraprestación, y casi como inspirado en el raid de Nación contra la AFA, la gestión de Llaryora pareciera buscar enemigos perfectos, acorde a lo que dictan las encuestas. En particular: contra los pobres y los sindicalistas.
Por un lado, al cierre de diciembre se había anunciado el interés por reformar el Código de Convivencia para restringir a los “naranjitas” (el equivalente a los “trapitos” en Buenos Aires) y prohibir a los limpiavidrios. Ambos oficios vienen teniendo mal prestigio por los casos policiales referidos a hechos de violencia contra quienes estacionan sus autos.
La insólita e inesperada propuesta desencadenó rechazos en distintos ámbitos. Uno de ellos provino de parte de quienes organizan la Marcha de la Gorra, la concentración que lleva casi dos décadas denunciando los abusos policiales. Señalan que las reformas del Código “profundizan los mecanismos punitivos” y que permitirían a la policía decidir “por encima de las garantías constitucionales y el derecho penal”. También la Iglesia Católica consideró que la propuesta fue hecha “entre gallos y medianoche”, que se realizó sin “diálogo” ni “participación de todos los sectores involucrados”, y que “muchísimas personas” ven peligrar “su única forma de subsistencia”.
La respuesta eclesiástica desató el enojo de la legisladora oficialista Nadia Fernández, que acusó a la Arquidiócesis de dejarse llevar por lo que le dictan los opositores. Un par de horas después se anunció que ese espinoso tema se iba a postergar para febrero y Fernández fue trasladada de su banca legislativa a un nuevo cargo en el Ministerio de Justicia, donde aparentemente trabajará en la Procuración Penitenciaria. Los presos están en sus buenas manos.
Y pocas horas después de que el equipo de Llaryora leyera los condicionamientos para recibir el crédito de la CAF, también se encargaron de difundir en las redes sociales un audio del sindicalista Rubén Daniele, líder de los empleados municipales, quienes son uno de los sectores que encabezaron las protestas contra la reforma jubilatoria provincial.
El nuevo régimen apunta a una suba del aporte de los trabajadores para sanear los fondos de la Caja de Jubilaciones, ante la poca llegada de fondos desde las arcas nacionales. Ahí, un rabioso Daniele, en plena movilización, le gritó al mandatario “pendejo de mierda”. “Y si tenemos que buscarte debajo de la cama, te vamos a ir a buscar bajo la cama”, continuó.
El fragmento del audio fue utilizado tanto por Llaryora como por sus súbditos para subirlo desde sus cuentas personales de X y que sea señalado como incitación a la violencia, a pesar de que también se exigió no presentar ninguna denuncia penal al respecto. Sí se exigió que esas palabras sean comparadas con los crímenes del narcotráfico.
La “macrización”
Como 2026 es un año número par, la gestión cordobesista tendrá más apego a los intereses de La Libertad Avanza sin lidiar con los intereses electorales cortoplacistas. En ese sentido, la maniobra de poder mantener en marcha la obra pública, en desintonía con la parafernalia mileísta, compatibiliza a la vez con la búsqueda de chivos expiatorios para poder justificar los ajustes que anda necesitando, sin generar resquemores desde adentro de su estructura de poder. En ese sentido, la valorización de la política, apuntada a facilitar al ciudadano de clase media promedio que recorre la zona céntrica capitalina, emana una suerte de “macrización” de la política, que pretende consolar a la geografía más cosmopolita de la provincia, más que advertir de su realidad diversificada.