Para asegurar el derecho a la información de los ciudadanos, hay que quitárselo a quienes ejercen sobre él un control monopólico, y para eso hay que derogar la prórroga de licencias otorgada por el Decreto 527 del ex presidente Néstor Kirchner. Porque si uno deja de decirlo, deja de pensarlo y entonces deja de pelear, ya que la lucha por una nueva ley de comunicación es una batalla antimonopólica. El Decreto 527 permitió a los grandes medios de radio y televisión, el uso de las licencias por diez años más.
En el Foro de Participación Ciudadana, que se realizó el miércoles pasado en las baterías del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, se analizó el proyecto presidencial para una nueva ley que deberá reemplazar a la vigente desde 1980, pero creo que también hay una falta de seriedad del Estado frente al incumplimiento de las leyes laborales en las empresas de medios cuyo poder se pretende acotar con la nueva ley.
Aunque para evitar que esta movilización social termine en una nueva frustración, no hay que perder de vista contra quién se pelea. Esta debe ser una ley antimonopólica porque somos víctimas de esos monopolios, ya que somos sobrevivientes del discurso único.
Es destacable la lucha de la Coalición para una Radiodifusión Democrática, que junto a un centenar de organizaciones populares integra el Cispren, y de la que surgieron los 21 puntos incorporados ahora al preproyecto presidencial. Pero Mario Pereyra no está preocupado por este proyecto, ya que tiene la tranquilidad de usufructuar la licencia de Cadena 3 durante muchos años.
Y para terminar con esa disponibilidad injusta del espacio, pido, en nombre del gremio de prensa y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la inmediata derogación del decreto 527.
¿Contra quién peleamos? ¿No vamos a molestar a nadie con este proyecto? Ese debiera ser el eje principal de este debate convocado por el Gobierno nacional a través del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER). Pero estoy muy contento, muy congratulado por el proyecto presidencial al cual el Cispren y la CTA brindan su apoyo.
El Gobierno debe reclamar a Clarín —al que pertenecen La Voz del Interior, Canal 12 y Radio Mitre de Córdoba— el cumplimiento de las leyes laborales. Por ejemplo, blanquear a sus trabajadores en negro, y que sus patotas no le peguen a los delegados gremiales. Medidas como éstas, que se pueden poner en marcha mientras se discute la ley, contribuirán a mejorar las condiciones de vida. Porque la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mejorará la vida de los argentinos.
Esta instancia en la lucha de veinticinco años por una comunicación democrática, no debe terminar en una nueva derrota. Para darle algo a alguien que no lo tiene, hay que sacárselo a quien lo tiene. Como ocurre ahora con los monopolios, los dueños del derecho a la información.
El autor es Secretario general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA).
