La insoportable sostenibilidad de la deuda

Las estimaciones proyectadas para el semestre de 2023 insisten con la reducción del gasto público buscando cumplir con los compromisos externos. Con una suba fenomenal de los precios y los salarios en sus niveles mínimos de reproducción, el gobierno consolida el rumbo de los últimos años.
cristina, alberto y masa


Los prestidigitadores y los posibilistas

Durante la gestión de Cambiemos el monto de la deuda externa creció a niveles inéditos. El préstamo “stand by” que el Fondo Monetario le cedió al oficialismo buscaba apuntalar una economía con inflación alta y bajos niveles de crecimiento para facilitar la reelección del gobierno.

Macri perdió en las urnas, pero el endeudamiento profundizó el deterioro de las arcas del estado aquejado por la suba en los precios y tres años seguidos de recesión económica. Con los 44 millones que Argentina recibió en 2018, el gobierno terminó su mandato con una deuda bruta cercana a los 323 millones de dólares.
Si bien Cambiemos pagó una parte de ese “pasivo” a fondos de inversión extranjeros, otra parte fue vendida por el Tesoro al Banco Central para afrontar sus gastos en pesos. El BCRA, abasteciendo la demanda en el mercado oficial de cambios, transfirió la deuda a bancos privados que retuvieron los dólares o los vendieron a sus clientes. Como un acto de prestidigitación, la deuda que tomó el estado, pasó del Tesoro Nacional al BCRA para luego recalar en los bancos e inversores privados, engrosando la ganancia de los capitales especulativos (según el Balance Cambiario del Banco Central la formación de activos externos del sector privado acumuló U$S 88.371 millones) El juego de manos se aceleró a partir de abril del 2018 durante los días previos a la aplicación del impuesto a la renta financiera. Para evitar tributar, los inversores cambiaron sus activos por la moneda extranjera precipitando la sangría.

El gobierno favoreció la evasión dejando al BCRA sin divisas, pero cuando las posibilidades de financiarse con crédito externo se cerraron, aplicó un cepo cambiario y una devaluación buscando recomponer el valor de las reservas que antes, por convicción ideológica, había dejado escapar.

El camino que recorrió la deuda explica como la carga gravosa de las decisiones recayó sobre los sectores que viven del trabajo y el consumo del mercado interno.  El salario, con la desvalorización de la moneda, la inflación creciente y el atraso paritario, rodó barranca abajo cerrando el 2019 con una pérdida sustancial de su poder de compra. Macri, devoto de las analogías futboleras, tituló a este descalabro “Primer tiempo”.

El gobierno de Alberto Fernández recibió el ejecutivo con un endeudamiento sideral. Ello representó un verdadero condicionamiento para la gestión ya que las decisiones quedaron atadas a la negociación de la deuda. Sobre todo si se tiene en cuenta que una parte de la base de apoyo del Frente de Todos estaba entre trabajadores de bajos ingresos, jubilados y movimientos sociales.

El oficialismo, con Martín Guzmán a cargo, se dedicó a pregonar las bondades del nuevo FMI. Kristalina Georgieva reemplazó a Christine Lagarde prometiendo no avanzar en reformas laborales, previsionales o impositivas a la vez que ofreció facilidades fiscales para no agobiar las magras cuentas del estado.
En el Palacio de Hacienda no se quedaron atrás. Aseguraban que se investigaría a los responsables del endeudamiento, además de dar por hecho la quita de intereses y una reducción en el monto total del pago.
También afirmaban que no era necesario volver a tomar préstamos del organismo para financiar gastos internos mientras se pagaban vencimientos con el pretexto de mejorar las condiciones de la negociación en curso.

Sobre la investigación de la deuda, Betina Stein, integrante del directorio del Banco Central,  y la Coordinadora de Abogados de Interés Público (CAIP) realizaron importantes aportes.
En su trabajo sobre el préstamo “stand by”, Stein concluyó que el acuerdo no pasó por el Congreso ni fue incluido en la ley de presupuesto. Tampoco tuvo dictamen jurídico ni análisis de impacto, estimación cuya elaboración corre por cuenta del Banco Central. Es decir, una decisión unilateral sin legalidad jurídica ni legislativa.

La CAIP construyó una base de datos con todos los documentos que formaron parte de la negociación y las decisiones que tomó el gobierno de Macri durante el proceso. En su portal web puede leerse: “Construimos esta base de datos para poner a disposición de la ciudadanía toda la información pública que demuestran la ilegal e inconstitucional forma en que la República Argentina contrajo el crédito “stand-by” con el Fondo Monetario Internacional”.

Pero en el terreno de las acciones, sólo organizaciones civiles motorizaron el rechazo denunciando las consecuencias que traía aparejado avalar el endeudamiento dado el volumen del pasivo, el estado calamitoso de las cuentas públicas y, sobre todo, el crecimiento de la pobreza.
En febrero, con el acuerdo encima, se conocieron detalles que Guzmán hasta entonces no había revelado. El FMI resolvió ceder nuevamente un préstamo para que Argentina pudiera hacer frente a los vencimientos de deuda y una misión del organismo  verificará cada tres meses el cumplimiento de las metas fiscales.

Para los voceros del gobierno urgía firmar con el FMI si se quería moderar la inflación y evitar un virtual default. Finalmente hubo acuerdo, pero seguimos conviviendo con un suba en los precios que amenaza con llegar a tres dígitos en diciembre y una aceleración solapada mes a mes de la devaluación del peso.  

Con Massa administrando la botonera institucional, la cesión de privilegios al poder económico se justifica con la encerrona a la que lo sometió su predecesor. El complejo agroexportador saca el mayor de los provechos a la disparada internacional de los commodities y las empresas formadoras de precios en artículos de primera necesidad, como dijo el responsable macroeconómico del gobierno, Gabriel Rubinstein, están entre tres y cuatro puntos por encima de sus de por sí abultadas ganancias.

El oficialismo gira sobre su propio eje. Antes, preanunciando avances hacia políticas expansivas de corte redistributivo, retrocedió hacia más niveles de desigualdad y pobreza. Ahora concede privilegios a cambio de sostener la gobernabilidad mientras tramita los alineamientos de cara al 2023.

En casi tres años de mandato parece haberse atado a una suerte de “posibilismo”, es decir,  siguiendo la ruta de lo posible, carece de iniciativa para empujar los límites de la realidad allí dónde pueda satisfacer las demandas sociales del contrato electoral del 2019.

“Comportarse como adultos”

Con la reducción del gasto público, el presupuesto aprobado por la cámara baja exhibe una clara subordinación a las históricas recetas del Fondo Monetario. Ajuste fiscal, desaceleración de la actividad y austeridad social.
El presupuesto para el 2023 prevé una reducción del gasto del 19,7 % respecto de la proyección trazada en 2022 (20,68 % del PBI). Su objetivo es achicar un déficit total 3,9% del Producto Bruto.
Una parte menor de ese déficit corresponde a la diferencia entre lo que gasta el estado y lo que recauda a través de impuestos y una parte mayor corresponde a los intereses totales de la deuda pública nacional.

En un trabajo de CIFRA-CTA sobre el crecimiento del Producto Bruto, los investigadores describen la estrategia que el presupuesto 2023 plantea. Estará impulsado por la expansión del saldo agropecuario de las exportaciones y, en menor medida, las inversiones, los servicios, la industria y el comercio. En todos esos rubros el crecimiento será inferior al nivel general.

Con este esquema de mayor exportación y una disminución sensible de las importaciones, el gobierno espera recuperar el superávit comercial. Los autores del informe advierten que el rumbo no es distinto al que el oficialismo emprendió en los primeros dos años de gestión cuando las reservas por el excedente comercial fueron absorbidas para cubrir vencimientos de deuda de las empresas privadas.

Su complemento será el crédito externo. Debido a que en el acuerdo de “Facilidades Extendidas” quedó establecido que la Administración Central no podrá recibir demasiado financiamiento del BCRA, el gobierno se verá obligada a tomar más deuda. Por ello recibió 700 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y destrabó las negociaciones con el Club de París.

Dada las cosas, el detalle del gasto se ordena del siguiente modo: las partidas que más crecen son las del Ministerio del Interior, un 40% en términos reales. Ello se debe al gasto que le insumirá al erario público la realización de las elecciones nacionales.
En segundo lugar aparecen los servicios de deuda (24%) junto a las obligaciones del Tesoro. Cabe recordar que estas partidas también son para el pago de deudas financieras (10,5%) como bonos y letras de estado con sus respectivos vencimientos.

Otro de los análisis sobre el presupuesto que vale la pena relevar es el informe elaborado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). Según el trabajo, la propuesta “implica una violenta caída del nivel de actividad para finales del año en el marco de una caída fenomenal del gasto público”.  
Los autores puntualizan que entre varios problemas, al país se le agrega el creciente endeudamiento en la plaza financiera local. La dependencia del endeudamiento en moneda local “se ha transformado en un problema que también ahoga a las finanzas públicas y eleva la subordinación de la gestión gubernamental al financiamiento que los principales agentes del mercado doméstico decidan darle”.

En el año 2019 el director de cine griego Konstantino Gavras estrenó la película “Adults in the rooms”. El film basado en el libro del ex ministro griego de Economía, Yanis Varoufakis recrea los entretelones de la negociación que emprendió el gobierno de Alexis Tsipras tratando de conseguir acreedores para reestructurar la deuda griega.

En el periplo recorrido por el ministro, intentaba convencer a las entidades de la Troika (Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo) que Grecia no podía resolver su endeudamiento externo aplicando programas de ajuste debido a que la austeridad impuesta durante los cinco años anteriores no había agravado la situación social.

El tono de la ficción está marcado por la ironía y el cinismo de los diplomáticos europeos que puertas adentro dicen querer colaborar con los problemas griegos, mientras que al momento de tomar decisiones no hacen más que profundizarlos.

El gobierno de Syriza era una coalición que había llegado al poder con la adhesión popular y un programa de centro izquierda. Pero ante la infranqueable oposición puesta por los organismos internacionales a las negociaciones sobre la deuda externa fue virando hacia políticas de contracción del gasto.

La disyuntiva que enfrenta el Frente de Todos no se aleja demasiado de aquella experiencia. Tampoco la distancia que existe hoy entre el contrato electoral que lo consagró en las elecciones del 2019 y la administración actual de los asuntos económicos.

Sólo se trata de (sobre) vivir

El 25 de Mayo en Florencio Varela, Alberto Fernández celebró la fecha patria junto a movimientos sociales y no perdió oportunidad para sacar a relucir su conocimiento del cancionero popular argentino. En su presentación improvisada entonó la canción de Litto Nebbia, “Sólo se trata de vivir”.

Con un presupuesto tallado a la medida de los intereses del Fondo Monetario, los que viven del salario y las prestaciones sociales difícilmente puedan tener la suerte de aquella paloma que, según Nebbia, al retomar vuelo, se inventa una nueva esperanza.

Un examen atento a los números del presupuesto demuestra la dificultad de proyectar un horizonte esperanzador. Las partidas de jubilaciones y salarios exhiben un franco retroceso entre el presupuesto del año anterior y el que aprobó la cámara de diputados la semana pasada. Mientras que la suerte de los consumidores no es muy distinta.

Sí el aumento efectivo es de apenas el 37% con una pauta de inflación calculada en un 60%, la masa salarial registrará un retroceso real del 14%. Para el caso de las jubilaciones, la pendiente se achica, pero el aumento es inferior a la evolución de los precios. Al comparar los haberes alcanzados en diciembre de 2022 con las partidas asignadas en el presupuesto, la caída es del 20%.

La suerte de los ingresos está atada a la precisión con la que se calcule la inflación, hecho que para el gobierno será todo un logro teniendo en cuenta que las mediciones pasadas no tuvieron mucho éxito.

Otro capítulo del ajuste regresivo se evidencia en el aumento del IVA aplicado al consumidor final. Alimentos y productos de panadería registran aumentos drásticos. Con las cifras de indigencia cercanas al 8%, la suba resulta un despropósito que empuja al precipicio a los que ya vienen cayendo en casi cuatro años desde que arrancó la pandemia.

En una Argentina con 36% de pobreza, el salario promedio cayendo desde el 2015, precios subiendo mes a mes con índices de entre 6 y 7 puntos, proliferación del empleo informal y la dificultad de cubrir la canasta básica incluso teniendo trabajo, las condiciones de asalariados, jubilados, monotributistas y sectores precarizados está en el límite de la supervivencia.

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