¿Pueden plataformas como YouTube o Instagram ser responsables de los problemas de salud mental de quienes las utilizan? En Estados Unidos, un jurado tiene que responder a esta pregunta que, a primera vista, parece sencilla pero no lo es, porque obliga a decidir hasta qué punto el malestar que hoy se asocia a las redes sociales es producto del diseño de las plataformas o parte de transformaciones más profundas en la forma en que las sociedades contemporáneas organizan la vida social.
Se ha vuelto habitual hablar de “adicción a internet” o “adicción a las redes sociales”. En esos términos, la adicción aparece como la incapacidad de una persona para limitar el uso de una herramienta, produciendo malestar significativo o interfiriendo en su vida cotidiana. El scroll infinito, las notificaciones permanentes y los sistemas de recomendación basados en algoritmos producen dinámicas de consumo sostenidas en gratificaciones breves e inmediatas; pequeñas dosis de estímulo que se renuevan de manera constante y organizan una temporalidad dominada por el instante.
Las plataformas no son neutrales, están diseñadas para maximizar la atención, porque este es el recurso económico que sostiene su funcionamiento. Cada segundo de permanencia frente a la pantalla se convierte en datos, segmentación publicitaria y valor económico. Sería ingenuo negar que el diseño de estas tecnologías busca capturar tiempo, emociones y hábitos. Sin embargo, reducir el problema de la salud mental a una cuestión tecnológica es insuficiente. Las plataformas no aparecieron en el vacío, se expandieron en sociedades donde la vida cotidiana ya se encontraba organizada por lógicas de aceleración, fragmentación y presente continuo.
Hace décadas que las instituciones que estructuraban la vida social comenzaron a transformarse. La escuela, el trabajo estable, los sindicatos, los partidos políticos e incluso las formas tradicionales de comunidad perdieron capacidad de organizar trayectorias colectivas. Así, el individuo se convirtió en la unidad central de la vida social: cada persona debe gestionar su propio futuro, su propio bienestar y su propia identidad. En ese proceso se insertan las plataformas digitales y lo amplifican: ofreciendo entretenimiento o información y, también, funcionando como infraestructuras de la vida social. Se conversa, se estudia, se trabaja, se compra, se milita, se flirtea y se participa de debates públicos en las plataformas, lo que llevó a que estar conectado deje de ser una opción tecnológica y se convierta, en muchos casos, en una condición básica de participación social.
Ciertos usos sí pueden generar problemas reales. El consumo compulsivo, la exposición permanente a estímulos, la comparación constante o la circulación de violencias digitales, pueden afectar la salud mental, pero concentrar la discusión únicamente en el tiempo de uso o en la “adicción” termina simplificando un fenómeno mucho más complejo y una de las razones es que el problema suele enfocarse sobre sujetos sociales específicos: las juventudes.
La sociedad mantiene con las juventudes una relación ambivalente. Por un lado, se las presenta como promesa de futuro y se proyectan expectativas de progreso: se espera que estudien más que sus padres, que trabajen mejor, que sean más responsables, más saludables, más conscientes y más productivos. Las juventudes aparecen como el lugar en donde se deposita la esperanza de que el mundo pueda mejorar. Al mismo tiempo, sobre ellas recae una mirada profundamente desconfiada porque se la considera una etapa problemática: una edad de crisis, de inmadurez, de riesgo o de desviación. Los jóvenes aparecen una y otra vez como una población que debe ser vigilada, corregida o encauzada.
Como puede verse, la preocupación cambia de objeto y no de lógica. Antes eran la televisión, los videojuegos o la música que escuchaban. Hoy son las redes sociales y el celular. Pero lo que se mantiene constante es la tendencia a interpretar las prácticas juveniles como señales de deterioro social.
Pero la tensión también aparece en las formas de sociabilidad. Para muchos adultos “dejar el celular” se volvió una condición para experimentar la presencia y esto no necesariamente produce encuentros más intensos, solo significa que el dispositivo no está en la mano. Para quienes crecieron con estas tecnologías, en cambio, la sociabilidad ya está reconfigurada. Los jóvenes pueden estar juntos en una casa, tirados en la misma cama, cada uno con su teléfono, jugando en línea, conversando con otros o riéndose de lo que ocurre en la pantalla. Si se observa con atención, la presencia no desaparece, se reorganiza.
Esto debería obligarnos a preguntar si estamos preparados para comprender las nuevas formas de vínculo que el mundo digital produce o si, en realidad, lo que nos incomoda es que esas formas ya no responden a las reglas de sociabilidad que venían organizando nuestra propia experiencia.
Cuando se mira el sistema de salud mental aparece otra escena que dialoga con este debate. En los últimos años aumentaron las urgencias y también los equipos destinados a recibirlas. Los servicios están cada vez más preparados para intervenir en el momento crítico: descompensaciones, crisis subjetivas o episodios vinculados al consumo problemático. El sistema logra atender la urgencia sin necesariamente incorporar a esas personas a un circuito sostenido de atención. La intervención se resuelve en el instante, pero rara vez se transforma en un proceso continuo de cuidado y el resultado es una dinámica que muchos profesionales describen como una puerta giratoria. Los mismos pacientes vuelven una y otra vez por episodios agudos que se repiten. Son atendidos, estabilizados y, luego, regresan al mismo contexto del que habían salido, sin dispositivos suficientes que acompañen la continuidad del tratamiento. Esto se vuelve especialmente visible en los casos de consumo problemático porque la urgencia médica aparece como la escena más visible del problema, aunque el sistema suele intervenir solo en ese momento crítico. Sin redes de seguimiento, sin dispositivos comunitarios suficientes y sin trayectorias de atención sostenidas, las personas quedan atrapadas entre la emergencia y la expulsión.
En ese punto aparece una conexión incómoda con el debate sobre las redes y los adolescentes. Mientras el discurso público busca identificar responsables —las plataformas, los consumos digitales o las conductas juveniles— las instituciones muchas veces funcionan solo en modo reactivo. Se interviene cuando la crisis ya ocurrió, pero cuesta construir estructuras capaces de sostener procesos largos de cuidado, acompañamiento y comunidad. Tal vez por eso el debate termina desplazándose hacia soluciones cada vez más simples. En Argentina, por ejemplo, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal. La paradoja es evidente.[1] Los mismos jóvenes que son descritos como frágiles frente a los efectos de las redes sociales pasan a ser considerados lo suficientemente responsables como para responder penalmente como adultos. En un discurso aparecen como víctimas incapaces de gestionar su vida digital; en el otro, como sujetos plenamente responsables de sus actos. Entre la protección y el castigo, la sociedad adulta parece oscilar sin resolver el problema de fondo. Y así, si las respuestas públicas quedan reducidas a apagar incendios, lo que se repite no es solo la crisis individual. Se repite también la dificultad de pensar qué hacer con el mundo que ya estamos habitando.
[1] Por supuesto que no se nos escapa que la avalancha de discursos que reclamaron (y reclaman) por la “mano dura”, la “tolerancia cero” y la reducción de la edad de punibilidad, ocultan un dato oficial contundente y deliberadamente silenciado: apenas el 0,06 % de los adolescentes de entre 16 y 17 años fue procesado penalmente durante 2024. El ruido y las nueces, ¿no? Esa cifra revela que no hay ningún colapso del sistema ni escalada delictiva, sino la criminalización de la pobreza y las desigualdades estructurales. Se trata de un debate que no guarda el más mínimo sentido de las proporciones y que se monta (como sabemos) para ocultar la pobreza, la exclusión, la violencia institucional y el abandono estatal.