Nadie esperaba otra cosa del gobierno actual, que había anunciado en campaña su reversión de las relaciones carnales de los 90 con EEUU. Sólo que esto se está dando “más rápido y más furioso” de lo pensado. Lo estamos viendo en diferentes ámbitos de las relaciones internacionales argentinas, con diversos hechos que concentran el crecimiento de esta influencia en el principal activo económico del país: el complejo agroexportador asentado en el Paraná.
Tampoco sorprende que los recursos naturales –de países dependientes como el nuestro— sean el campo de batalla de los grandes imperios que disputan su abastecimiento, algo que había dejado claro Laura Richardson (jefa del Comando Sur de los Estados Unidos) al hablar de cuestión de “seguridad nacional de EEUU” al referirse a la disputa con China por esos recursos.
En un mundo donde resuenan los tambores de guerra, y las proyecciones son de endurecimiento de esos conflictos, tanto los recursos naturales como –y sobre todo— el alimento pasan a ser un arma central en la disputa.
Y, si bien, la influencia de EEUU no se da solo en esa área (la de los commodities agrícolas), ni es el único imperialismo que rapiña nuestros recursos, es llamativo cómo en los tres meses el gobierno de Milei avanzó en puntos clave: el ingreso formal del ejército norteamericano al Paraná, el control del comercio exterior de granos y derivados con sus empresas volviendo a la cima del ranking local, y el avance en el monopolio portuario con el reciente fallo del caso Vicentin que les entrega las instalaciones de la empresa nacional.
El río suena
La Administración General de Puertos (AGP), organismo oficial que quedó a cargo de la administración de la vía Troncal del Río Paraná (la mal llamada Hidrovía), luego del fin de su concesión privada anunció la firma de un memorándum de entendimiento que habilita la llegada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense para “asesorar” al organismo local.
«El convenio permitirá profundizar el intercambio de información entre ambas gestiones, con el eje puesto en la eficiencia y la concreción de nuevas capacitaciones en aspectos de gestión de puertos y vías navegables, mantenimiento de la navegación y equilibrio ambiental, así como desarrollo de infraestructura, entre otras áreas», se enunció en un comunicado.
Del acto de firma del convenio participaron el Secretario de Empresas del Estado, Mauricio González Botto, el interventor en la AGP, Gastón Benvenuto, el Embajador de los EEUU, Marc Stanley, y el representante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU, Adriel McConnel (quien viene encabezando otros acuerdos similares en toda América Latina, como en Ecuador y Paraguay)
Al día siguiente del anuncio del convenio, la AGP comunicó desde su cuenta en X (ex Twitter) la realización de la primera reunión entre ambos organismos para “avanzar con el intercambio de información de nuestras respectivas vías navegables, y la profesionalización de nuestros cuadros técnicos a través de capacitaciones”.
El tema alertó a quienes ven una intromisión directa de una fuerza militar extranjera en una zona sensible para la soberanía nacional como nuestro Paraná, por donde circula el 80% de la agroproducción argentina, pero también para la de Brasil (producciones de metal de hierro), o la de Bolivia y Paraguay. Es el embudo por donde entra y sale casi todo lo que compra y vende América del Sur.
El diputado nacional peronista Eduardo Toniolli presentó un proyecto en el que pide que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, asista al Congreso para explicar las implicancias del acuerdo. En el documento pregunta: ¿Cuáles son los fundamentos por parte de la AGP para realizar el convenio? ¿Cuál es la justificación para que no hayan sido parte del convenio las provincias que forman parte de la Hidrovía, como tampoco el Ministerio de Seguridad, la Cancillería y el Ministerio de Defensa? ¿Cuál es el alcance de dicho convenio? ¿Qué actividades va a realizar el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos en la Hidrovía?
Algunas pistas podemos tener si miramos unos años atrás al Paraguay que intentó avanzar en dos acuerdos similares (en 2015 y en 2022) con el mismo fin y con el mismo Cuerpo de Ingenieros de EEUU, pero en el tramo del Río Paraguay de la Hidrovía. Intentos que quedaron truncos por el reclamo de países vecinos usuarios también de la Hidrovía como la Argentina.
En el preacuerdo presentado en Paraguay en la primera ocasión se explicaba las tareas a realizar por el organismo militar estadounidense:
“El convenio prevé un plazo de cuatro años, a un valor de U$S 16.500.000, cuyo proyecto incluye: planificación e ingeniería para apoyar el desarrollo del río Paraguay para la navegación sostenible y el crecimiento de su capacidad; diseño del Plan Maestro de Navegación; informe para seleccionar los proyectos para la toma de decisiones; preparación de todos los documentos de los proyectos, entre ellos: el diseño, especificaciones técnicas, memoria de cálculo, así como todos los estudios ambientales, económicos, culturales y de ingeniería que sean necesarios; desarrollar y publicar cartas hidrográficas de navegación fluvial en formato electrónico; entrenamiento y transferencia de conocimiento; trabajos de fiscalización, control y seguimiento de las tareas ejecutivas a realizar; y, dictámenes técnicos”
En otras palabras el ejército de EEUU tendrá información privilegiada sobre el flujo comercial y el comercio exterior nacional, pudiendo además “aconsejar” y orientar las políticas de administración de la vía troncal. Algo inaudito en el mundo, que no sucede en ningún país desarrollado sobre sus palancas soberanas. ¿Se imaginan al ejército chino controlando u opinando sobre la administración del Mississippi?
En ese proyecto paraguayo, de hace casi una década, también figura el costo de ese asesoramiento. Con esa referencia la pregunta es ¿cómo será en el caso del convenio argentino? ¿Argentina pagará 16 mil millones de dólares al Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos? ¿Tiene disponible ese capital? ¿Lo pondrá el Estado o los privados? Una incógnita que todavía nos es imposible develar porque no se ha dado más información que un comunicado por redes sociales por parte de la AGP, algo también inaudito en un tema tan sensible.
En un anexo del acuerdo presentado en Paraguay en 2015, en su artículo 7 se afirma que: “El Gobierno de la República del Paraguay debería proveer los medios de seguridad adecuados para el desempeño de las actividades del personal y los equipos y materiales proveídos para el desarrollo del Proyecto. Para dicho propósito, se podrá disponer la utilización de unidades militares, instalaciones u otras áreas de trabajo específicamente designadas para el efecto”
Esto transforma el tema casi en un trabajo conjunto de las fuerzas armadas de ambos países. De mantenerse las condiciones exigidas en Paraguay, no solo estaríamos entregando el control y la información de nuestro comercio exterior, sino que le daríamos acceso a instalaciones y unidades militares a uno de los países más agresivos y en disputa con otras potencias por nuestros recursos. Una claudicación total.
El proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación para citar a Posse, se exige que el acuerdo debería pasar por el Congreso, por lo establecido en la Ley 25.880 actualmente vigente, que legisla sobre el Art.75 Inc.28 de la Constitución Nacional, definiendo en su artículo tercero como “tropas extranjeras” a todos los elementos de fuerzas armadas extranjeras. El texto del proyecto lleva la firma de un gran número de legisladores.
De hecho fue en el Congreso que en octubre de 2022 el tema fue abordado en un proyecto de resolución presentado por el diputado Juan Manuel Pedrini, en el que expresó “preocupación y rechazo ante la posible presencia militar de los Estados Unidos en el sector paraguayo de la Hidrovía Paraná-Paraguay, por amenazar la Seguridad Nacional y desequilibrar las relaciones de Defensa entre los países integrantes del Mercosur”, y señaló que “la presencia militar del gobierno de Estados Unidos en nuestra Hidrovía Paraná-Paraguay compromete la seguridad de los estados ribereños y convierten a la región en escenario de conflictos ajenos”.
De avanzar, el convenio seguramente sería un influjo para concretar lo que no pudieron en Paraguay, en dos oportunidades, por la protesta argentina. Ese avance implicaría que su influencia sea aún más grande (que la que se planteaba para Paraguay), ya que hablamos de la mayor cuenca de Sudamérica, que significa un punto estratégico para el control de los negocios legales y también de los ilegales que utilizan esta vía para, por ejemplo, exportar drogas a Europa y dejar en Rosario y la región un reguero de sangre.
Un fallo a favor de la estafa y mayor extranjerización del comercio de granos
Los aires de la justicia nunca están ajenos a los tiempos políticos. Quizás por eso, los directivos de Vicentin respiraron con tranquilidad cuando Javier Milei llegó a la presidencia. Sin duda, avizoraron que su propuesta rechazada por el juez del concurso iba a terminar siendo aceptada como sucedió en estos días con el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista, Santa Fe, que revocó la sentencia del juez de primera instancia Fabián Lorenzini, que rechazaba la propuesta de la cerealera, y homologó el acuerdo preventivo obtenido con las mayorías.
Mientras todavía resisten las causas penales contra sus directivos por fugarse la plata al exterior, la estafa comercial parece camino a consumarse. Y, de los 1.400 millones de dólares de la deuda verificada a 1.700 acreedores en un concurso iniciado a principios de 2020, éstos se irán cobrando de a puchos y durante décadas.
Por si alguna duda quedaba sobre cómo los aires políticos empañan la visión judicial, este párrafo de la resolución que parece sacado de una proclama libertaria lo aclara: “En efecto, los que la han consentido (a la propuesta) han dispuesto libremente de su patrimonio y no corresponde que el Estado (a través del Poder Judicial) se inmiscuya en su esfera de libertad patrimonial”.
¿Qué tiene que ver esto con los intereses estadounidenses en la región? Que la propuesta consta de la entrega de los principales activos de Vicentin a un consorcio de empresas en las que participa la nacional ACA pero que tiene como actor principal al meganopolio exportador Bunge/Viterra, transformado en el mayor exportador de commodities del país a partir de la fusión de ambas empresas a nivel global.
El 13 de junio de 2023 la empresa Bunge Limited anunció un acuerdo con Viterra Limited, junto con ciertas filiales de (Glencore), Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments) y British Columbia Investment Management Corporation (BCI), para fusionarse con Viterra en una transacción de acciones y efectivo.
Glencore, la compañía madre de Viterra, posee en Argentina la propiedad de Renova, la mayor procesadora de cereales del mundo, que compartía con Vicentin. Sus capitales son principalmente ingleses y suizos, pero desde hace tiempo tiene participación accionaria el fondo buitre yanqui más grande del mundo: Black Rock.
“La fusión aumenta significativamente la capacidad de manejo de granos y oleaginosas, al mismo tiempo que expande la capacidad de operación en regiones y cultivos clave en los que Bunge no estaba tan presente hasta ahora. La empresa resultante de la fusión se diversificará en los principales destinos de exportación, así como en los principales mercados de consumo” aseguraba el comunicado oficial de la empresa estadounidense el día del anuncio de la fusión.
Las dos empresas unidas crearon un exportador dominante en Brasil y una trituradora de soja líder del mercado en Argentina, Bunge fue el año pasado el mayor exportador de maíz y soja de Brasil, Viterra fue el tercer exportador de maíz y el séptimo de soja.
En conjunto, las empresas representaron alrededor del 23,7% de las exportaciones brasileñas de maíz en 2022 y el 20,9% de las exportaciones brasileñas de soja.
En Argentina en 2023, Viterra ocupo el primer lugar entre los agroexportadores con el 18,8% de las exportaciones, y Bunge el séptimo con el 7,1%. Un cuarto de las exportaciones agropecuarias en manos del megamonopolio yanqui. A eso habría que sumarle las otras empresas estadounidenses que lideran el sector: Cargill (12,81%), ADM (10,13%) y CHS (1,71%).
El 50,55% de las exportaciones de granos y subproductos agropecuarios en Argentina están en manos de empresas estadounidenses dejando muy atrás a la estatal china COFCO que exporta el 5,5% o la europea Dryfus o las nacionales ACA, AGD o Vicentin.
De hecho, las tres empresas nacionales que participaban del top ten de la exportación y el comercio exterior de granos en Argentina hoy están asociadas a capitales yanquis, mediante joint ventures, en el caso de ACA y AGD, o absorciones en el caso de Vicentin.
Van por más
Pero esto recién parece comenzar, y se puede verificar con el férreo apoyo que los empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AMCHAM) dieron al rumbo económico del gobierno de Milei en la su edición 2024, que se desarrolló en estos días y nucleó a representantes de 720 compañías de 42 sectores económicos.
Y no es para menos, la ley ómnibus, que después de su rechazo legislativo el gobierno intenta retomar bajo el Pacto de Mayo, incluye un capítulo denominado Régimen de Grandes Inversiones que está claramente destinado a darle negocios a las multinacionales en sectores como Agroindustria, Infraestructura, Forestal, Minería, Gas y Petróleo, Energía y Tecnología.
Por otro lado el ministro de economía promete la reducción de impuesto y la libre disponibilidad de divisas para fugarlas a sus casas matrices. Una oferta irrechazable.
La cámara aporta el 24% del PBI nacional, el 39% de la recaudación fiscal, el 45% de las exportaciones y 35% de las importaciones del país, según sus propios datos, y ve con buenos ojos el rumbo del gobierno aunque duda de que pueda llevarlo adelante. De eso, dicen, dependen las grandes inversiones que podrían venir.
Sin embargo, algunas empresas como las del sector de commodities que mencionábamos antes no tienen dudas que pase lo que pase van a seguir facturando millones. La prueba de esto es el anuncio de Terminal 6 (Bunge/AGD) de la construcción de un mega silo para acopiar 360 mil toneladas en su planta de Puerto San Martín, que se suman a 1,6 millones de toneladas que ya poseía ese puerto.
Con cuatro muelles y nueve plataformas de carga, con una capacidad máxima de descarga de 80.000 toneladas diarias, es el puerto con mayor capacidad de carga y descarga en simultáneo de Argentina. Posee una capacidad de embarque de 12 millones de toneladas anuales.
Si bien el bombardeo de noticias y medidas suele ocultar estos trazos gruesos de la política nacional que implican la entrega de la soberanía y las palancas claves de la economía, está claro que el plan motosierra y el plan licuadora venían acompañados del plan águila imperial que van tan rápido y tan profundo como aquellos.
