Opinión / Por Juliana Marino *, especial para Causa Popular.-
Hubo una época de la Argentina en la que “los únicos privilegiados” eran los niños. Junto con los derechos de la ancianidad, aquella consigna puso en el centro de la vida nacional, con toda elocuencia, la escala de valores, el marco ideológico y político y el sistema económico y social que el pueblo argentino tomaría como primordial. A cinco décadas de aquel extraordinario nivel de conciencia, en nuestro país viven 12,5 millones de menores de 18 años, de los cuales 8.600.000 son pobres y más de la mitad de esos niños (4.400.000) son indigentes, consecuencia de la larga noche neoliberal que comprometió la responsabilidad de otro Justicialismo (el menemista) y de la Alianza radical – frepasista.
Es hora de que los adultos dirigentes de este país comprometamos nuestra moral y nuestra ética en una urgente y ciclópea tarea para salvar a nuestros niños de la catástrofe social argentina.
Es en este marco en el que se viene desarrollando en el Congreso Nacional el debate sobre la derogación de la Ley 10.903 de 1919, conocida como ley de Patronato y mediante la cual se autoriza al Poder Judicial a “disponer” de la vida de los niños, niñas y jóvenes, a judicializar la pobreza, a medir el “riesgo social” y decidir en muchos casos su institucionalización (encierro en institutos y hogares), con la colaboración de otras leyes también inconstitucionales como la 22.278 que basada en la doctrina de la “situación irregular” convierte al “encierro” en la
mejor “protección”.
Dos intentos de derogación en años anteriores fracasaron en el Senado. Hoy ambas cámaras están coincidiendo en obedecer el mandato constitucional que, al incorporar los tratados internacionales, entre otros la Convención sobre los Derechos del Niño (persona de 0 a 18 años), convierte la sanción de esta ley de Protección Integral de los Derechos de los niños en una obligación impostergable.
El dictamen emitido por Diputados, aún con controversias, deja expreso con claridad que frente a la situación de protección especial siempre debe actuar primero el poder administrador, que no puede separarse a los niños de su familia por carencias materiales, que los niños deben ser escuchados, que siempre tienen derecho a contar con asistencia letrada.
Se fija asimismo la “asignación privilegiada e intangible” de los recursos destinados a las políticas de infancia, entre las que se cuentan las vinculadas al fortalecimiento familiar, educación, salud, etc.
Otorga al Ministerio Público de la Defensa legitimidad para exigir el cumplimiento de los derechos económicos y sociales y propone una sustancial reforma del Consejo Nacional del Menor a fin de descentralizar la asistencia en las provincias y municipios para evitar el desarraigo y lograr que el niño, niña o adolescente encuentren solución en su propia familia, en la familia ampliada o en dispositivos que constituyan un ámbito familiar a cargo de una persona idónea.
Es de esperar que a fines del 2004 esta ley sea sancionada a fin de abrir una etapa de profundas transformaciones en las políticas sociales destinadas a la infancia, desde la cobertura universal para todos nuestros niños y jóvenes, al cambio de paradigma: del desamor al cuidado, de la culpabilidad a su atención como víctimas de una sociedad injusta y cruel.
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* Juliana Marino es Diputada Nacional por el Bloque Encuentro (Fuerza Porteña-Capital Federal) y esta columna fue publicada por el periódico 14 Bis dirigido por Athos Mariani y gentilmente cedida a Causa Popular por la autora y la publicación.
