La guerra híbrida, una corte destituyente y una esperanza federal

El peronismo y el conjunto del movimiento nacional popular se encuentran ante una profunda crisis, pero los ataques al federalismo, a la convivencia democrática y a la institucionalidad constitucional llevados adelante por una parte del aparato judicial, el neoliberalismo y la ultraderecha, abren una oportunidad de recuperar la iniciativa y subsanar algunos de las deficiencias que pusieron a nuestra fuerza política en una situación de debilidad.

Guerra híbrida

En los últimos meses, la guerra híbrida que llevan adelante los EEUU y Gran Bretaña en alianza con las oligarquías locales contra los movimientos nacional-populares latinoamericanos ha puesto su foco en la Argentina.

Cuando hablamos de guerra híbrida, o de quinta y sexta generación,  nos referimos a una vasta serie de acciones bélicas no convencionales a través de la manipulación del poder judicial y político, los medios, las redes sociales, la economía, la salud pública, los servicios de inteligencia, etc[i].

Una sucesión de hechos gravísimos hacen evidente una ofensiva que tiene como objetivos la desestabilización, el deterioro del orden democrático – republicano y la destrucción de la principal expresión política del pueblo argentino: el movimiento nacional-popular que encabeza el peronismo.

La condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa vialidad, el atentado terrorista contra su vida, la negativa judicial a investigar ese crimen y el accionar anticonstitucional de la Corte Suprema de Justicia que invade esferas de competencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo; son algunas de las maniobras que tienen entre sus objetivos la proscripción de la principal dirigente política de nuestro país, la paralización del Congreso de la Nación y la creación de un clima de caos y violencia que haga posible la concreción de un golpe blando. Esta maniobra incluiría la destitución del presidente y la vicepresidenta y, eventualmente, saltear eslabones en la cadena de sucesión determinada en la Ley de Acefalía —los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados—  para llevar a la Primera Magistratura al presidente de la Corte Suprema de Justicia,  Horacio Rosatti.

Algunas suposiciones previas acerca de esta guerra híbrida se transformaron en certezas al ser revelados ante la opinión pública los chats entre los participantes de la reunión de coordinación táctico-estratégica llevada en la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido. En ese cónclave participaron dos directivos del grupo Clarín, cuatro jueces, un ex agente de inteligencia, un consultor especializado en redes sociales, el fiscal general porteño y el ministro de seguridad de Caba, perteneciente al Pro. Es lógico preguntarse qué otras personas habrán estado presentes en eseencuentro. No es necesario tener una imaginación desbordada para suponer que pueden haber participado integrantes de los servicios de inteligencia de los EEUU y Gran Bretaña. Vale recordar que en las tierras de Lewis en Lago Escondido hay una pista de aterrizaje que no es controlada ni por las Fuerzas de Seguridad ni por las Fuerzas Armadas, y que el radar instalado recientemente por las FFAA en el sur de la Argentina ha detectado numerosos vuelos ilegales, según refiere el historiador y analista internacional Guillermo Caviasca[i]. Por otra parte queda claro que Joe Lewis no sólo hace negocios y posee tierras obtenidas de manera ilegal, sino que actúa como parte de la agresiva política de ocupación británica sobre nuestro territorio.

La Corte Suprema Destituyente

La participación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la maniobra destituyente se hace evidente en su avance sobre competencias de los poderes Legislativo y Ejecutivo determinadas en la Constitución.

Respecto al Congreso, luego de declarar inconstitucional la Ley 26.080 que determinaba la integración del Consejo de la Magistratura, la Corte legisló al poner en  vigencia la norma anterior, derogada en 2006. Obviamente, la función del Poder Judicial no es la de legislar. Luego de esta maniobra, que puso al frente del Consejo al presidente de la Corte Suprema, volvió a invadir las competencias parlamentarias al anular la  designación por parte del Senado de Martín Doñate como representante en dicho organismo.

La intervención  en las competencias del Poder Ejecutivo se concretó con el fallo en favor de la medida cautelar que dispone la restitución del 2.95 por ciento de los impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Durante su presidencia Mauricio Macri había aumentado por decreto simple esos fondos sin recurrir a la aprobación del Congreso, con la excusa de financiar el traslado de servicios de la Policía Federal a la fuerza de seguridad del municipio. Así, la Ciudad de Buenos Aires pasó de recibir el 1,4% de los impuestos recaudados al 3,5%. Esa decisión fue modificada por el presidente Alberto Fernández al considerar que esos fondos excedían por mucho los fines proclamados. La modificación que el actual presidente realizó tuvo ratificación parlamentaria en la Ley 27.606. La decisión de la Corte obligaría al presidente a violar la legislación vigente, ya que el destino de los fondos recaudados por impuestos está determinado por la Ley de Presupuesto 2023, aprobada el 1 de diciembre del año pasado. De esta manera la Corte vuelve a generar un gravísimo conflicto de poderes y arrasa con el sistema federal, al avanzar sobre los derechos de las provincias.

Numerosas voces han destacado que esos fondos tendrían como destino el financiamiento de la campaña electoral de Horacio Rodríguez Larreta, pero es posible que quede a la sombra un hecho más grave: el fortalecimiento del aparato represivo contra el movimiento popular que se encarna en la Policía de la Ciudad. El periodista Ricardo Ragendorfer destaca que se trata de una fuerza de disciplinamiento social al servicio del Pro[i].

Hay un aspecto que permanece oculto: la probable expansión del aparato de inteligencia de la Policia de la Ciudad. A partir de la intervención de Cristina Caamaño en la Agencia Federal de Inteligencia, el lawfare sufrió el cercenamiento de una de sus herramientas más valiosas que hacía posible el espionaje ilegal, los “carpetazos” y otras maniobras turbias. La interventora destacó en una entrevista que, al asumir en el organismo, encontró numerosos integrantes de la Policía de la Ciudad que cumplían funciones en la AFI. y que ella los devolvió a la fuerza de seguridad municipal[ii]. Conociendo el accionar del macrismo es fácil inferir que buena parte de los fondos otorgados por la Corte Suprema tendrán como destino el agrandamiento del aparato de espionaje ilegal.

El peronismo en crisis

El movimiento nacional y popular que encabeza el peronismo sufre una crisis profunda que tiene varias razones: el incumplimiento de las promesas electorales por parte de Alberto Fernández, el deterioro de los salarios de los trabajadores que alcanza inclusive a vastos sectores de los que tienen empleo formal, la no conformación de instancias de conducción donde estén representadas, al menos, las principales agrupaciones políticas y movimientos sociales que forman parte del espacio; la inexistencia de estrategias; la fragmentación: el predominio de intereses sectoriales o personales sobre las aspiraciones comunes; la falta de coherencia en la defensa de los intereses de los trabajadores por una parte de la conducción de la CGT; la proliferación de dirigentes de palacio alejados de los territorios;entre otros factores.

La unidad es una virtud que se ha preservado, pero atravesada por un enorme equívoco. Mientras que Alberto Fernández cede ante las presiones del poder económico, buena parte de nuestra dirigencia renunció a la movilización popular como instrumento para impulsar al gobierno a cumplir con sus compromisos y atender a las necesidades populares.

Guardar silencio ante las inconsecuencias de un gobierno propio, cuya preocupación central parece ser no irritar al poder económico-mediático concentrado, posibilita la desnaturalización de lo que debería ser una gestión basada en los principios del peronismo. Marcar errores y reclamar que se restablezca el rumbo correcto no es desestabilizar, por el contrario, es una manera de fortalecer el vínculo entre el gobierno y el pueblo.

Cristina, la líder más importante que tiene el movimiento nacional y popular, ha señalado algunas de estas cuestiones, pero sus palabras no alcanzan si sus reclamos no están acompañados por la presencia del pueblo en las calles.

Salvo contadas excepciones, la dirigencia no parece estar a la altura de los hechos. La militancia está dispuesta a movilizarse y lo demostró en la movilización de la CGT el 17 de agosto, en la concurrencia a la casa de Cristina luego del pedido de condena del fiscal Luciani y en la masiva presencia en la Plaza de Mayo luego del atentado terrorista contra la vicepresidenta.

La decisión de no movilizar el día del anuncio de la proscripción de Cristina tuvo un doble efecto. Para la militancia fue desmoralizador, provocó una sensación de impotencia ante la injusticia, pero además, reforzó la idea de impunidad de los jueces del lawfare y les dejó vía libre para seguir avanzando en sus planes destituyentes. Trascendió que la decisión fue de la propia Cristina, pero los dirigentes que están cercanos a ella, en un momento tan crítico, deberían haber asumido la responsabilidad de evitar que la líder cometiera un error político cuyas consecuencias eran evidentes.

La misma Cristina, en Avellaneda, citando a Perón, les señaló a los dirigentes que «tienen su bastón de mariscal en la mochila. Sáquenlo. No le pidan permiso a nadie».

La salida federal frente a la Ciudad Autónoma Unitaria

La decisión de la Corte Suprema acerca de la coparticipación repercutió de manera muy fuerte en las provincias. La reacción de 18 gobernadores y el reclamo al presidente de impulsar el juicio político a la Corte Suprema no tiene precedentes en los últimos 100 años, aunque abreva en las raíces de la creación misma de nuestra Nación, renovando la vigencia de un conflicto latente, unitarios contra federales, que fue central en la política del siglo XIX.

La evidente desigualdad entre una metrópoli opulenta frente a las provincias empobrecidas pone en vigencia ese conflicto y renueva una sensación de injusticia que padecen la mayoría de los habitantes de nuestra Patria. Se redireccionan 181,000 millones de pesos anuales a un distrito donde viven 3 millones de habitantes y se los quitan a los 44 millones de argentinos que pueblan el resto del territorio nacional.

Es tiempo de transformar esa desigualdad, que genera una sensación de profunda injusticia, en fuerza. Por una parte es necesario un amplio pronunciamiento institucional que se sume al de los gobernadores. Numerosos sectores del Poder Judicial, incluidos los tribunales supremos provinciales que han manifestado su disconformidad, deberían ser convocados a participar del reclamo. También las y los integrantes de los poderes legislativos nacionales y provinciales. Las y los intendentes, los consejos deliberantes. Todos deben aunarse en el pedido de juicio político o, si no dan los votos en el Congreso, en el de renuncia de todos los integrantes de la Corte Suprema.

A este reclamo se debería sumar una amplia convocatoria de la sociedad civil: sindicatos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, agrupaciones políticas, centros de estudiantes, el movimiento de mujeres, asociaciones civiles, Pymes, ciudadanos y ciudadanas de a pie, manifestándose en contra de quienes convalidan la injusticia en favor del distrito porteño, quienes violan la Constitución y desnaturalizan al Poder Judicial. Inclusive es posible impulsar la realización de un plebiscito no vinculante para que el debate se extienda a todo el país.

La convocatoria debe tener carácter federal, exceder cualquier marco partidario e ideológico y defender la convivencia pacífica de todos los argentinos.

Parece un sueño, pero no es imposible. Puede ser realidad si hay una decisión política valiente y generosa. Ese movimiento federal y multitudinario debería ser el magma del que emerja nuevamente, renovado, como en otras disyuntivas de nuestra historia, el subsuelo sublevado de la Patria. Y ahí, en ese magma poderoso que está en la base de nuestra identidad nacional, en la memoria y experiencia de nuestro pueblo, debería encontrar el peronismo el camino para reencontrarse con su esencia fundante, con su raíz, con esa fortaleza indestructible que, nuevamente, sea el basamento para la construcción de una Nación libre, justa y soberana.


[i]     https://radiografica.org.ar/2021/12/03/ricardo-ragendorfer-la-policia-de-la-ciudad-es-una-suerte-de-mazorca-partidaria-del-pro/

[ii]    https://www.youtube.com/watch?v=mgSZRA1Rkyg


[i]     https://revistazoom.com.ar/la-septima-marcha-por-la-soberania/


[i]     https://www.tiempoar.com.ar/politica/en-que-consiste-la-guerra-de-quinta-generacion/

COMPARTÍ ESTE ARTÍCULO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Recibí nuestras novedades

Puede darse de baja en cualquier momento. Al registrarse, acepta nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.

Últimos artículos

Ponemos en eje la situación actual de Peru, qué está sucediendo y cómo los medios hegemónicos del país tapan los sucesos.
A propósito de las conmemoraciones de la guerra de la independencia en Jujuy.
La revolución feminista avanza, conquista lugares y estamentos del poder antes impensados.