La guerra de los precios

Las discrepancias entre el macaneo sobre la necesidad de que el Estado profundice su papel de intervención en la economía, y la actividad real de instancias estatales como el INDEC, la ONCCA, la AFIP y la Aduana, decisivas en la declamada redistribución del ingreso.

Se diga lo que se diga, alimentar el fuego de los precios para que, por vía de una inflación bordeando el descontrol se minara el núcleo del modelo económico con las consecuencias que ello supone, fue uno de los objetivos básicos de la ofensiva patronal agropecuaria. Entre bambalinas, personajes archiconocidos del poder asesoraron a los coroneles de la Mesa de Enlace –vía Biolcatti, que lo reconoció, o Llambías, que lo disimuló citando a Perón–, probando que el enfrentamiento no se limitó al pijoteo por unos puntitos. No será la primera vez: el rodrigazo del ‘75 anticipó a Martínez de Hoz, el golpe de mercado del ‘89 a Cavallo, y el corralito a los muertos de diciembre del 2001 y la devaluación.

Mientras tanto, y ya a principios de este año, antes que la 125 desatara la guerra, varios economistas cercanos al gobierno (Frenkel, Curia) habían alertado sobre la necesidad de retocar el modelo, porque si bien se mantenía el círculo supuestamente virtuoso de alto superávit fiscal y solidez de reservas, el valor real del peso se estaba acercando peligrosamente al 1 a 1 por la suba crónica de precios, la puja por el salario, el peso de los subsidios (que ascenderán a 32 mil millones en 2008), el aumento de importaciones y consumo interno, y un nivel de gasto público incompatible con precios inmóviles.

En este contexto, el mercado libre por el que pujan los campesinos liderados por la Sociedad Rural sería mortífero para la propia viabilidad del país y no se justifica de ninguna manera, pero se sienten más fuertes que nunca y están cebados. Los industriales exportadores, por otra parte, se sentirían más cómodos con un dólar a $3,70. De allí que nuevamente adquiera relieve la discrepancia entre el macaneo sobre la necesidad de que el Estado profundice su papel de intervención en la economía, y la actividad real de distintas instancias estatales como el INDEC, la ONCCA, la AFIP y la Aduana, decisivas en la declamada redistribución del ingreso.

Es inconcebible que la inflación real casi duplique a la oficial en un gobierno que ha insistido en la necesidad de hablar claro. La presidenta Cristina Fernández, en su primera conferencia de prensa, subestimó las críticas unánimes contra las cifras del INDEC, afirmando que dificultades semejantes se ven en todo el mundo. Si se entiende la respuesta como la descripción de la universalizada colonización privada sobre las políticas estatales, estaría bien sintonizada. Sin embargo, no fue elegida para narrar la realidad sino para transformarla, y son millones los compatriotas que han jugado sus esperanzas en su capacidad para lograrlo.

Es sumamente desagradable coincidir con la oposición en este como en otros temas, pero pretender ocultarlo es peor. Ellos tendrán otras razones, pero no es honesto ocultar la realidad a los amigos.

Reconstruir el Estado

La desconfianza sobre los índices oficiales de precios, pobreza y desocupación genera descreimiento sobre el discurso oficial, lo que relativiza cada festejado logro real incluso para quienes creemos que, a pesar de todo, el país está mucho mejor. Y eso tiene sus consecuencias. Si las cifras son inferiores a las reales, habría menos pobres, y luego, menos fondos estatales para combatir la pobreza, y así hasta el infinito, cuando lo cierto es que los aumentos en la canasta básica de alimentos han arrojado a varios cientos de miles de pobres a la indigencia. La manipulación de los datos de inflación, además, deforma las del PBI porque el crecimiento se mide deflacionado.

El gobierno se defiende con argumentos lamentables que presenta como geniales razones de Estado: planchando los datos del INDEC, se reduce el peso de la deuda externa; construyendo el tren-bala, se puentea la auditoria del FMI para acordar con el Club de París, etc.

Lo cierto es que la deuda externa ya está a niveles similares a los del 2001 antes de la refinanciación, con pagos exigibles de unos 32 mil millones de dólares entre hoy y el 2011; y en lugar de un corredor ferroviario de alta velocidad para público selecto se pudo convocar a los mismos empresarios europeos para la reconstrucción integral de todo el sistema de FFCC en una suerte de Gran Epopeya Nacional que todos compartiríamos sin medir esfuerzos.

Es lamentable cuando se hace casi imposible viajar hasta Tapiales, es muy caro llevar soja desde Catamarca hasta los puertos del Paraná, y hay atascamientos de 3.000 camiones estacionados en Mendoza cuando nieva.

Si a la ONCCA se le “escapó” una cifra equivalente a la que hubiera ingresado al Estado por retenciones móviles, se está dando letra a la crítica infantil, según la cual este gobierno trabajaría para las grandes exportadoras multinacionales. La Ley de Granos vigente, firmada por Martínez de Hoz, permite que se reserven cupos de exportación a futuro, y nadie, ni el Ejecutivo ni el Congreso, la ha tocado. No importa cuan irresistible parezca la idea actual de que los Estados Nacionales ya no tienen razón de ser, Argentina necesita reconstruirlo para revertir este proceso histórico de decadencia y disgregación. Es que aquella idea, generada en los países centrales, hoy es sólo para consumo externo. Los países sudamericanos no son herederos de la Modernidad europea sino de procesos independentistas inconclusos.

Se equivocan especialistas como Ricardo Sidicaro, quien opinó que el peronismo es un cadáver porque no cuenta hoy con sus dos sustentos básicos, el Estado y la clase obrera. En realidad, el peronismo creó al Estado que conducía al conjunto de la sociedad; y en gran medida también a la clase obrera argentina, al organizarla e integrarla a la Nación. Y a este país, no hay vueltas, lo conduce el Estado o las corporaciones privadas, como la Mesa de Enlace o las exportadoras multinacionales.

Dicho esto, y aunque orientado para ese lado, este gobierno no está haciendo todo lo necesario para reconstruir una instancia en cuya destrucción el justicialismo estuvo implicado centralmente.

¿Sobran empleados públicos?

Una nota del economista Roberto Navarro (Página 12) aporta algunos datos interesantes proporcionados por la CEPAL, que muestran hasta dónde llegó esa desarticulación.
Entre 1991 y 1999, con despidos y retiros voluntarios, la planta de empleados estatales nacionales, provinciales y municipales perdió 200 mil trabajadores, un 10,2 por ciento del total, habiendo sido Chile el país que mas empleados públicos eliminó. En el mismo período, Brasil, duplicó su plantilla estatal, pasando de 2,7 millones a 5,4 millones de empleados.

Desde 2002 en Argentina se incorporaron 448.000 nuevos empleos públicos, pero solo 21.000 fueron a la administración central y el resto se repartió entre los municipios, lo que indicaría que se elimina desocupación mediante empleo estatal. Y la mayor parte de ellos son contratados sin estabilidad laboral, jubilación, aguinaldo ni indemnización. De los 21 mil nuevos en la administración central, 14.500 están bajo contrato, y en la misma situación se encuentra el 92% de los municipales.

En Francia, el gasto salarial es el 22% del gasto total del Estado; en Italia, el 16 %; en Inglaterra, el 14%; en Estados Unidos, el 13 %. En Argentina, sólo representa el 10% del total.

En Brasil las remuneraciones a los empleados públicos representan el 4,5 por ciento del PBI; en Uruguay, el 4,4 por ciento; en Argentina, apenas el 1,8 por ciento.

El 17 por ciento de la población de EEUU trabaja en el Estado; en Inglaterra, el 11,7%; en Noruega, el 16,7%; en Canadá el 9%; en Francia el 8,7%. En Argentina sólo el 5,7%.

Y además está la cuestión de la calidad. Al bajar el ingreso real de los empleados públicos y aceptar mayor precarización, pasaron a la actividad privada los más calificados, lo que también habilitó que se generalizaran mecanismos de corrupción. Por ejemplo, áreas del INDEC que funcionan como consultoras privadas que venden sus datos a empresas.

El economista Tomás Raffo (CTA) opinó sobre la calidad: “La destrucción estatal realizada por las sucesivas reformas del Estado de la década del noventa han impreso sus efectos que aún perduran en nuestros días. Estructuras enteras que se han creado por simple resolución que llevan adelante tareas estratégicas, como la ONCCA; una carrera administrativa que desjerarquiza el empleo, como el SINAPA; modalidades de contratación precarias (contratados registrados en la seguridad social pero sin estabilidad) y encubiertas (becarios de organismos internacionales; pasantes de universidades y fundaciones); ausencia absoluta de concursos para renovar los cargos críticos, como la segunda línea de dirección; notorias deficiencias en el sistema de formación y capacitación, donde las ofertas de cursos nada tienen que ver con las necesidades de los organismos, sumadas a un irracional sistema de evaluación de desempeño que depende de la voluntad del superior y no de las metas que deben cumplir los organismos son muestras elocuentes de las tareas de fondo que aún están pendientes al interior del Estado”.

En este contexto, no es casual que la Mesa de Enlace pretenda capturar la política oficial. Esa es la cuestión.