A comienzos de 2019, el arresto del falso abogado Marcelo D’Alessio –por orden del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla– puso al descubierto una red de espionaje y extorsión integrada por jerarcas judiciales, periodistas y agentes secretos del régimen macrista. Ahora todo parece indicar que aquella estructura fue en realidad el primer signo visible de una organización criminal enquistada dentro del propio Estado, en cuyo pináculo se adivina la figura de Mauricio Macri. De hecho, el ex presidente acaba de ser imputado –junto a los ex cabecillas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani– por el fisgoneo ilegal sobre los correos electrónicos de casi cien personas, entre los que hasta hubo ex funcionarios, dirigentes políticos y periodistas de su máxima confianza. El asunto es instruido por el juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi tras una denuncia efectuada por la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño. Paralelamente trascendían los pormenores de una tercera causa contra la AFI –instruida a su vez por el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena– en base al testimonio de un narco conchabado por la central de espías para hacer tareas de sicario, como la colocación de una bomba en el hogar de un alto funcionario del Ministerio de Defensa al que se debía disciplinar. Una trama con insólitas derivaciones que desnudan el alma institucional de una época. Bien vale explorar sus detalles.
El susto
La banda del tal “Verdura” –así como se lo conocía al traficante de cocaína Sergio Mario Rodríguez– llegó a poseer una movilidad comercial de tres kilos diarios en los kioscos de Monte Grande y Almirante Brown. Pero ese tiempo de bonanza tuvo un final abrupto en diciembre de 2018, al llegar al despacho de Villena una carta anónima que daba cuenta de su actividad. El dealer creía saber la procedencia del soplo. Y rápidamente puso los pies en polvorosa.
Desde entonces su existencia fue ajetreada. La Gendarmería le pisaba los talones, y tres veces estuvo a punto de atraparlo. La primera escapó por los techos luego de que su aguantadero fuera rodeado por los uniformados. La segunda, tras ser sorprendido a bordo de una 4×4, se escabulló por caminos de tierra hasta dejar atrás a la jauría policial. Y la tercera, nuevamente rodeado en otro aguantadero, se hizo humo para sorpresa de sus frustrados captores; ellos, al irrumpir en la vivienda, situada en una calle sin salida, no tardaron en darse cuenta de que Verdura se había dado a la fuga a través de un pasadizo secreto que conducía a otra manzana.
Sin embargo, la vida clandestina lo fue dejando sin combustible. Porque su pyme, que no era precisamente el Cártel de Sinaloa, quedó diezmada, y con casi todos sus “soldados” tras las rejas, al igual que su esposa, su amante, su primogénito y su suegro. A lo que se añadía el lucro cesante que tal debacle le produjo. Sus ahorros se extinguían. Y los eventuales escondites comenzaron a escasear. De modo que en febrero de este año, ya exhausto tras 14 meses de huida continua, se entregó en el Juzgado Federal Nº1 de Lomas de Zamora.
Nadie entonces imaginaba el cariz de su declaración indagatoria. Pero lo cierto es que en ese acto le soltó de entrada a Villena:
– ¿Sabe, doctor? Conozco un abogado muy relacionado con “barras” de Independiente. Y que es agente de la AFI…
El juez, persuadido de que el narco pretendía algún beneficio procesal, puso cara de póker. Y solo dijo:
– Prosiga.
– Ese hombre me dijo que la AFI podía darme protección, e incluso una credencial para moverme con libertad…
Ahora Villena lo oía con sumo interés. Verdura completó la frase:
– A cambio de algo, por supuesto.
Seguidamente, su relato se tornó trepidante. Y lo ubicó en el anochecer de un miércoles de julio de 2018, cuando el abogado en cuestión le pidió que llevara “un paquete a un lugar”. El paquete contenía 200 gramos de trotyl, un celular y cables. “No va explotar. Es para dar un susto nomás”, lo apaciguó el tipo, sonriendo desde un escritorio. La escena sucedía en el estudio jurídico Melo, de la calle Paraná al 700. Y él era Facundo Melo, abogado y espía de la AFI. También había otro agente, un gordo canoso y desaliñado. Después, con Melo al volante de un Peugeot 207 blanco, los tres enfilaron hacia el edificio de Callao 1219. Verdura fue el encargado de dejar el “caño” junto al portón. Luego, cuando los técnicos de la Policía Federal lo desactivaron, fue hallado en el paquete el siguiente mensaje: “José Luis Vila ladrón”.
Este era nada menos que el subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa durante la gestión de Oscar Aguad.
El magistrado oyó la narración sin disimular su estupor. Aún así se puso a trabajar de inmediato en el asunto.
Y tras verificar la veracidad de todos los datos aportados por Verdura, dispuso numerosos allanamientos y otras medidas investigativas. De manera que, en tiempo record, tuvo unos 15 espías de la AFI en la mira, encabezados, obviamente, por el abogado Melo.
Lo cierto es que éste, debidamente alertado por el seguimiento policial del que era objeto, supo frenar su detención con un habeas corpus presentado en un Juzgado Nacional. Eso no evitó el registro de su domicilio y el secuestro de sus celulares. Dichos aparatos se convirtió en una caja de Pandora.
Pero él, además, arrastraba otros problemas.
El desertor
Los televidentes conocieron el rostro del doctor Melo durante la noche del 15 de abril en el programa ADN, conducido por Tomás Méndez en la señal C5N.
Habían ya pasado 50 días desde que Verdura lo mandó al frente con la intimidación a Vila. Sin embargo en esta oportunidad él no tocó tal tema sino otro, aunque también relacionado con su doble papel de abogado y espía.
Su gesto de muchacho bueno y afligido resultaba convincente. Entonces admitió haber pertenecido a la AFI desde septiembre de 2016 a junio de 2019, deslizando con muecas que su salida había sido algo traumática.
En resumen, Melo contó que en su ingreso a la central de espías incidió el hecho de defender a Daniel Lagaronne, un alto dignatario de la hinchada de Independiente, preso en la causa por irregularidades en ese club. Tanto es así que la tarea que le encargaron fue “direccionar” su declaración judicial con la idea de añadir al lote de procesados a los camioneros Hugo y Pablo Moyano.
Ya se sabe que el mismísimo Macri estaba muy interesado en que eso sucediera. Y que parte de tal epopeya fue la escandalosa visita del director de Asuntos Jurídicos de la AFI, Sebastián De Stefano, y el de Finanzas, Fernando Di Pasquale, al juez Luis Carzoglio para “apurar” –en vano– una orden de arresto contra ellos. Y que el fiscal Sebastián Scalera no era ajeno al complot.
Al respecto, no era muy cuidadoso con las formas, ya que su obsesión hacia los Moyano hizo que le solicitara a Melo el borrador del testimonio de Lagaronne para –según sus exactas palabras– “darle forma”.
Exagerando indignación ante las cámaras de C5N, Melo dio a entender que esa exigencia “inaceptable” había sido la gota que rebalsó la copa, y que su siguiente paso fue renunciar a la AFI, dando a entender que no se fue de allí en los mejores términos.
Recién entonces llenó el casillero que faltaba al blanquear el nombre del ideólogo de esta y otras tantas trapisondas: Alan Ruíz.
Se trataba del todopoderoso jefe de Operaciones Especiales. Un sujeto clave en el esquema del espionaje macrista; el gran titiritero, cuya singularidad radica en que reportaba directamente a Patricia Bullrich.
Surgido en el riñón del ultraderechista ministro de Seguridad pampeano, Juan Carlos Tierno, ella lo importó en el otoño de 2016. Por un tiempo, aquel tipo de porte intimidatorio y mandíbula de piedra solía posar para las fotos con su jefa en los actos oficiales, como coordinador de Asuntos Legales. Después pasó a ser el responsable del Programa de Búsqueda de Prófugos. Hasta que la buena de Patricia se lo cedió a su gran amiga Majdalani, convirtiéndose así en el hombre fuerte de la AFI.
Ahora encabeza el grupo de 15 espías bajo la lupa del juez Villena. Le atribuyen maniobras tan extravagantes como haberle plantado una empleada doméstica de la AFI al vicejefe porteño, Diego Santilli, puesto que –según el propio Ruíz– “gasta más que un narcotraficante”. También espió a Florencia Macri –la hija menor de don Franco– por orden del hermano. Y se lo sindica como responsable del espionaje a la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y a su hija Florencia.
En términos cuantitativos, únicamente en el marco de este expediente se exhumó de los celulares secuestrados unos 1.500 dossiers con fotos, videos y audios obtenidos por fuera de toda legalidad. El listado de personas espiadas incluye dirigentes políticos (propios y ajenos), empresarios, deportistas, hombres de la Iglesia, periodistas y militantes de toda laya. La Gran Oreja del macrismo quedó a la intemperie.
