Aún después de 300 años la monarquía borbónica que ocupa España sigue sin aprender de sus errores y crímenes. A principios del siglo XVIII Felipe V anuló las libertades de Cataluña; al comienzo del XIX Fernando VII quiso quitar las suyas a los americanos y nos empujó a la independencia. En sucesivas etapas durante ese siglo se abolieron los derechos históricos de Navarra y del País Vasco, se reprimió la primera independencia de Cuba y la Primera República. Terminó la centuria con la pérdida de Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas a manos de los Estados Unidos. En 1931 Alfonso XIII debió marchar al exilio después de la proclamación de la Segunda República, que acabó en la guerra civil de 1936-39 y en casi cuarenta años de dictadura franquista que aterrizó sin memoria, verdad ni justicia en el reinado de Juan Carlos I y la Constitución de 1978. Luego de 36 años de corrupción y peculado fue remplazado en 2014 por su hijo Felipe VI, quien ahora se topa con la vuelta del problema que le creó su recontra tatarabuelo y reacciona igual que aquél. Cuando algún pueblo de España reclama sus derechos, la corona acude a la violencia.
En protesta por la represión contra la población civil durante el referéndum este martes 3 Cataluña vive una doble convocatoria a la huelga general y un “paro de país” organizado por la nueva entidad Taula per la Democràcia (Mesa por la Democracia, en catalán). Con la huelga y el paro cívico los sindicatos, algunas patronales y entidades sociales quieren demostrar el rechazo de la sociedad catalana a la violación de sus derechos fundamentales. La Taula per la Democràcia surgió como reacción a los registros y las detenciones practicados por la Guardia Civil y la Policía Nacional en la Generalitat, entidades y empresas. La organización está formada por unas 40 entidades que incluyen a las cuatro centrales sindicales, las patronales, las asociaciones de vecinos, Òmnium (Fundación para la Promoción de la Lengua y la Cultura Catalana, con sedes en toda la región) y la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC).
“Tanto Mariano Rajoy como los líderes independentistas Carles Puigdemont y Oriol Junqueras quieren ir al choque, porque éste les asegura legitimidad interna. El Rey Felipe VI, en tanto, guarda silencio”
Una viñeta del diario belga Le Soir ilustraba el lunes por la mañana la situación de la mayoría de la población catalana: caída en el suelo se ve a una persona con la cabeza sangrante, mientras se aleja una escuadra de la policía con sus cascos y garrotes. En un globito el caído reflexiona “antes yo no estaba seguro sobre la independencia” y en el otro se responde “¡ahora sí!”. Hasta el choque del domingo muchos catalanes no eran independentistas; la brutalidad policial los ha convencido de que con Madrid no hay entendimiento.
Ciertamente, los nacionalistas catalanes han jugado a la provocación. La decisión de la ANC del 6 de septiembre pasado para convocar al referéndum violó la Constitución y las leyes. Fue una apuesta al todo o nada que podría haber caído en el vacío, pero fue recogida por los ciudadanos y triunfó. Por su parte, desde que Mariano Rajoy formó su segundo gobierno en octubre de 2016, ha roto el diálogo con los soberanistas catalanes. Ambas partes están asediadas por escándalos de corrupción que abarcan las últimas décadas y necesitan extremar sus posiciones, para recuperar apoyos. Por otra parte, ni el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ni Unidos Podemos están en condiciones de mediar efectivamente.
Saliendo de su mutismo, el lunes 2 la Comisión Europea (CE) convocó a las partes a retomar el diálogo, pero afirmó que no piensa mediar. En tanto, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU abrió una investigación sobre los hechos de violencia y en el Parlamento Europeo se ha pedido un debate sobre la intervención policial.
La ley de convocatoria al referéndum prevé que, si la mayoría de los votantes se expresa por la separación, la Asamblea Nacional la proclame hasta 48 horas más tarde. Sin embargo, por el paro cívico la decisión se ha postergado 24 horas que deben servir para negociar. En caso de declaración unilateral de la independencia el Estado Español puede aplicar el art. 151 de la Constitución e intervenir la autonomía de la comunidad. Si hay resistencia, puede ocupar militarmente la región.
“Ciertamente, los nacionalistas catalanes han jugado a la provocación. La decisión de convocar al referéndum violó la Constitución y las leyes. Fue una apuesta al todo o nada que podría haber caído en el vacío, pero fue recogida por los ciudadanos y triunfó”
Tanto Mariano Rajoy como los líderes independentistas Carles Puigdemont y Oriol Junqueras (respectivamente, presidente y vicepresidente del Govern) quieren ir al choque, porque éste les asegura legitimidad interna. El Rey Felipe VI, en tanto, guarda silencio. No habló el domingo después de los graves hechos de violencia y se especula que está esperando la declaración unilateral de independencia (DUI) para manifestarse. Pero, si espera hasta ese momento, su único mensaje puede ser enviar las tropas. En ese caso los catalanes resistirán pacíficamente, porque, entre tanto, están cohesionados como pueblo y luchan por su derecho democrático a decidir sobre su destino. El gobierno central probablemente disuelva las instituciones autonómicas y encarcele a los dirigentes soberanistas, pero, sin el acatamiento de la sociedad, la región será ingobernable. Es previsible que Madrid insista en las provocaciones violentas. En suma, Cataluña no se someterá y, siendo la principal economía de la península, hundirá a España en el caos. En el corto o largo plazo el gobierno de Madrid deberá aceptar la partida de la región y la UE iniciar las negociaciones para su incorporación. En el entretiempo se habrá impuesto en España un régimen autoritario y, probablemente, Euzkadi habrá seguido el ejemplo catalán.
¿Hay otras alternativas? Dialogar, volver a votar en Cataluña e iniciar un proceso de reforma democrática de la Constitución de 1978 que convierta a España en una federación de nacionalidades. Pero esta alternativa requiere abolir la monarquía. Ni la corona, ni el gobierno conservador, ni los militares, ni el gran capital financiero especulativo acompañarán este proceso. Prefieren hundir a España antes que democratizarla.
