La fiesta del monstruo

Bien: se terminó. Se terminó el juicio y empezaron las repercusiones. El 30 de diciembre de 2004, en Buenos Aires murieron ahogadas, quemadas, pisoteadas, asfixiadas y quebradas 194 personas y más de mil padecerán heridas de por vida. Fue en un galpón reciclado del barrio del Once bautizado Cromañón. Había más de tres mil personas donde sólo entraban mil. Cuando los Callejeros, el grupo top de la noche, salió a escena, la cosa, la música y la algarabía duró poco más de un minuto: un manojo de bengalas impactó en los cortinados y se desencadenó un incendio que como un ventarrón nubló luces, irritó ojos y ahogó la capacidad pulmonar de los saltarines, apretados contra una puerta clausurada con cadenas y cerrojos y una puertita abierta, una puertita por la que no pasaba un tipo de más de dos metros pero por donde entraban bengalas a granel.

La noche de la capital argentina ardía de calor pero la bola de humo elevó la temperatura más de lo que indicaba la fecha. Cromañón convocó diversas pasiones en estos cuatro años y medio: una radiografía de la Argentina contemporánea, donde las bandas (como se refieren a esas formaciones sus fans) no tenían dónde tocar; el lucro clasista que se aprovechó de esa falta -y que la sentencia, veinte años de prisión a Omar Emir Chabán, gerente del antro-, lo convierte en chivo expiatorio y testigo de culpa y cargo; la corrupción política, institucional, sanitaria y policial; y acaso lo más grave, el desprecio por un grupo social, la juventud del conurbano, que escapada de la catástrofe del 2001-2002 y del chantaje político-policial correspondiente, sin Brasil y sin Europa en el horizonte, sin posibilidades de estudio, sin salidas laborales y sin beneficios sociales, sometidos a la vileza clientelista del aparato peronista de la provincia más grande del país, comandado desde hace años por el ex senador Eduardo Duhalde (al que el entonces presidente Kirchner tenía contra las cuerdas), descargaba su furia, sus ganas de abrirse paso, sus exaltaciones y su resentimiento en lugares tan poco seguros como Cromañón, lugares que todavía abundan en una ciudad gobernada ahora por la derecha prolija del empresario Mauricio Macri, hijo político de Duhalde, pero que en esos días era coto de caza de los restos del progresismo local en la figura de Aníbal Ibarra, un ex fiscal que alarmado por las noticias que lo sacaron de su letargo de champán nocturno, improvisó un operativo rescate que llegó tarde al epicentro del desastre, porque los funcionarios a cargo del área disfrutaban de vacaciones por anticipado y porque los policías de la seccional más cercana no sólo estaban arreglados con el principal acusado sino con los inspectores que respondían al jefe de gobierno o a sus superiores, subordinados de Ibarra que descansaban en playas de países vecinos o en la helada Europa. Y seguro que por más.

Ibarra, cuenta alguien que lo conoce bien, no se animó a ir a Cromañón en el momento que había que ir, imitando el gesto del norteamericano Rudolph Giuliani después del atentado a las Torres Gemelas: el argumento era menos el supuesto demagógico que subyace a esos actos de gobierno, que suelen resultar ineludibles, sino el miedo a que lo lincharan junto a sus funcionarios, a los bomberos y a los enfermeros comunales, todos visitantes tardíos (como los policías, que sabían de las bengalas y de otras lindezas), dejando al desnudo una trama de complicidades que las sentencias no cierran sino que abren como se abre en la piel estragada por el fuego el poro hinchado de líquido ígneo, líquido negro como el sol del recuerdo.

Ahora se sabe que más del 40 por ciento de los muertos fueron pibes que estando afuera, frente a la desidia y la parsimonia de los ejércitos de salvación, decidieron volver a entrar a ese agujero para intentar rescatar a sus amigos, familiares y compañeros. Pero el aire se había vuelto más espeso, más venenoso, la desesperación más viscosa y el coraje un anzuelo de la muerte.

Ibarra no renunció pero tuvo que ceder su puesto cuando se le sustanció juicio político. Humillado en sesiones públicas por algunos de sus aliados y el oportunismo contumaz y ramplón que el Pro, el partido de Macri, vio para alzarse con su cabeza. El gobierno quedó definitivamente en manos de Jorge Telerman cuando el alcalde fue destituido, casi un año después, cuando todos los actores, incluidos los músicos de Callejeros y la seguridad del local (que dependía de los muchachos), eran presionados por las marchas de padres y madres de las víctimas, que no cejaron en su puja, de menos a más, desde la línea de funcionarios completa hasta Chabán, o sin dudarlo, desde los rockers, inspectores, policías, Chabán y si apuraban los trámites, el secretario de seguridad y la subordinada, responsable directa de las habilitaciones de los locales abiertos al público: la mordida (o coima) alcanzaba los claros y los oscuros, los pensados y los impensados. Pero Ibarra no renunció: habilitó interpretaciones políticas dejando de lado el costo humano de la tragedia, tan político como el egoísmo pero más escurridizo y cínico. Y están las condenas para probar lo que se afirma: los Callejeros libres; su manager, dieciocho años de prisión; dieciocho también para un subcomisario; un año en suspenso y trabajos comunitarios para el asesor del gerente; dos de prisión domiciliaria para las funcionarias políticas directas. Y veinte para Chabán, ex performer y promotor del under porteño durante los ochentosos ochenta.

El impacto de los Callejeros en la calle produjo un efecto catártico entre sus fanáticos, que se enfrentaron en una batalla campal con los familiares nomás conocida la sentencia y que convertirán a la banda en una versión libertaria de los Sex Pistols: perseguidos y enchastrados por los medios y sus colegas, venderán lo que se propongan; seguirán, ahora más que nunca, imaginándose la voz de la opresión que padece el suburbio arrasado por el paco, la política y la policía; y acaso o seguro hagan la vista gorda cuando empiece el otro negocio, quizá el más siniestro y del que menos se habla: los juicios por los muertos, que padres y abogados de padres reclamarán cuanto antes al estado porteño en dinero contante y sonante. Haya o no haya santuario en el Once.

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