En su cuadro La perfidia de las imágenes (1928), René Magritte exhibe una pipa con la siguiente frase: “Ceci n’est pas une pipe (‘Esto no es una pipa’)”. Fue su modo de cuestionar la relación entre los símbolos y las cosas basada en la semejanza representativa.
¿Se puede aplicar dicho concepto a la administración de un país? ¡Si, se puede! Y va un ejemplo de reciente data: la forma bestial en que una horda de uniformados irrumpió en la comunidad mapuche de Cushamen justo antes de que Santiago Maldonado fuera secuestrado hizo que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retomara aquella idea casi 90 años después, al señalar: “No hay indicios de que la Gendarmería haya actuado con violencia”, cuando un impactante video emitido por TV exponía precisamente su aterrador accionar.
De igual manera, muchos funcionarios –incluido el propio Presidente– suelen negar hechos y circunstancias de la realidad aún existiendo imágenes y otros soportes documentales no menos elocuentes que prueban lo contrario. Es posible que ellos, pese a sus conductas surrealistas, jamás hayan oído hablar del célebre pintor belga, y que sus increíbles justificaciones fueran sólo fruto de un apego corporativo por el embuste. Pero con una frecuencia que supera el ejercicio razonable de la “posverdad”, tal como se le llama al reemplazo de información genuina por falacias con efectos emotivos. Porque el gran aporte del macrismo a la política fue haber ideado un sistema donde la falsificación de los registros fácticos ya es una razón de Estado. Y que podría denominarse “mitocracia”.
Tanto es así que únicamente durante el lapso comprendido entre el 13 y el 17 de agosto los dos actos más sonados de la agenda gubernamental –junto a la ya mencionada exposición de la señora Bullrich en el Senado– estuvieron teñidas por esa tendencia; a saber: la manipulación del escrutinio de las PASO y la maniobra en el Consejo de la Magistratura para suspender y enjuiciar al camarista federal Eduardo Freiler.
Por su sofisticación en el campo de la dramaturgia y también debido a la presencia en su trama de figuras estelares vinculadas a los tres poderes de la República, este último caso es a todas luces digno de ser reconstruido.
A la hora señalada
La primera escena de esta historia se remonta al mediodía del 10 de diciembre de 2015, cuando el flamante presidente Mauricio Macri leía su discurso ante la Asamblea Legislativa. Entonces, tras un leve carraspeo, de pronto soltó: “En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. A quienes quieran serlo les digo que no serán bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros”. Y una salva de aplausos estalló en el recinto.
Dieciocho meses después, tras desayunar frugalmente en su oficina, el ministro de Justicia, Germán Garavano, decidió cancelar todas sus audiencias y también ordenó que no le pasaran llamadas. Salvo la que alguien haría desde el Consejo de la Magistratura. Su reloj marcaba las 9.00 de la mañana del 17 de agosto de 2017.
En aquel mismo momento el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, recibía en su despacho a los senadores del Frente para la Victoria (FpV) Mario Pais, Ruperto Godoy y Virginia García. El clima era cordial pero tenso. La máxima autoridad judicial de la Nación debía tomarle juramento al primero de ellos por su ingreso al Consejo de la Magistratura en reemplazo del segundo, quien había sido eyectado de allí por no tener título de abogado.
“El gran aporte del macrismo a la política fue haber ideado un sistema donde la falsificación de los registros fácticos ya es una razón de Estado. Y que podría denominarse ‘mitocracia’”
Aquel asunto había tenido un vidrioso libreto previo. Y su “producción ejecutiva” corrió por cuenta del doctor Alejandro Fargosi, un propagandista de la última dictadura que supo representar al PRO ante dicho Consejo, además de haber sido postulado por el Gobierno para la Corte Suprema y ser asesor de Macri, mientras litigaba contra el país en nombre de un fondo buitre ante la CIADI (el órgano de arbitrajes del Banco Mundial) después de la recuperación de Aerolíneas Argentinas. Él fue quien denunció a Godoy por falta de diploma ante el juez en lo contencioso administrativo, Enrique Lavié Pinto, quien no tardó en darle la razón. La Cámara del fuero –también con rapidez– avaló la exclusión del senador y de inmediato ordenó ejecutar la sentencia.
Lo cierto es que al diputado del PRO e integrante del Consejo, Pablo Tonelli, le había asombrado gratamente la celeridad del doctor Lavié Pinto, dado que en su caso personal no podía sentir lo mismo: desde el año pasado el juez desatendía una denuncia contra él por “usurpación” en ese cuerpo de una banca que el FpV tenía asignada hasta 2018. De modo que la Corte Suprema tuvo que tomarle juramento en un acto sorpresa realizado en febrero de 2016 casi a hurtadillas, sin invitados y después de firmar una acordada igualmente subrepticia, que convalidaba la votación de los consejeros macristas sin tratar un planteo de los disidentes.
Ahora, durante la mañana de ese jueves, a Tonelli se lo veía ansioso. El plenario del Consejo estaba convocado para las 10.00. Y el tema del camarista Freiler figuraba en la mitad del orden de aquel día. Tal vez entonces pensara en la manera de apurar esa cuestión.
Mientras tanto en el despacho de Lorenzetti, los senadores advertían una deliberada lentitud del anfitrión. Y la urgencia de Pais por ocupar su flamante sitial en el Consejo para asistir al plenario –y así frenar la decapitación de ese magistrado– se tornaba dramático.
Freiler encabezaba la lista de jueces “malditos” que Macri quiere echar porque no le agradan sus decisiones; éste, en su caso particular, incurrió en los siguientes pecados: haber insistido en la indagatoria de los popes de Clarín y La Nación por el despojo de Papel Prensa, resolver el apartamiento del juez Claudio Bonadío de la causa Hotesur y avalar la desestimación de la denuncia dibujada por el finado fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Cosas imperdonables.
Su juicio político ya había sido votado con anterioridad, pero sin éxito. Porque al oficialismo le fallaba el número para ello dado que tal trámite exige las dos terceras partes de los trece integrantes del Consejo; por lo tanto había que alterar aquella cantidad. Eso fue lo que selló la expulsión de Godoy. Un plan meticulosamente concebido por Garavano y Fargosi, junto al inefable lobista tribunalicio, Daniel Angelici. Y Pais, a punto de ser “bendecido” por la Corte, era el único antídoto del asunto.
En tanto los minutos avanzaban. Y Lorenzetti, que ya había derrochado unos cuantos, salió por un instante de su despacho para volver con expresión compungida; entonces dijo que debía postergar la jura porque hacía falta que todos los jueces de la Corte firmaran la acordada para hacerlo.
Los tres senadores quedaron de una sola pieza. Y justo en aquel instante les avisaban por teléfono que el plenario estaba por comenzar. La atmósfera se podía cortar con el filo de una navaja.
Lorenzetti sonrió con suficiencia para apaciguar los ánimos.
“No se preocupen –fueron sus palabras–; usted, Godoy, vaya nomás, porque puede sumarse al plenario hasta que nosotros acá nos pronunciemos sobre su situación. Eso será después del mediodía”.
«Esta obra teatral oscilante ente Maquiavelo y Luis Landriscina tuvo una módica acogida en la crítica especializada”
A continuación, Godoy y García salieron presurosamente del Palacio de Tribunales para cruzar la plaza Lavalle en una desaforada carrera. Así llegaron a la sede del Consejo, situada en diagonal sobre la calle Libertad. Exactamente a las 10.03, ya extenuados, se dejaron caer en sus bancas. El plenario acababa de comenzar.
La primera sorpresa de Godoy fue que el pedido de suspensión a Freiler había pasado al primer lugar en el orden del día, impulsado por un dictamen de Tonelli que la abogada macrista Adriana Donato, a cargo de la presidencia del Consejo, aceptó con beneplácito. Y Juan Mahiques –en representación del Gobierno– sugirió que se vote sin discusión. Esa propuesta también tuvo una excelente acogida por parte de la doctora Donato. Pero provocó una oleada de protestas en la bancada opositora. Fue cuando Godoy pidió la palabra. Y ahí sobrevino su segunda sorpresa: la presidenta la comunicó que él ya no estaba habilitado para hablar ni –desde luego– para emitir su voto. García, entonces, intentó contar lo sucedido con Lorenzetti y que Pais juraría al mediodía. Fue en vano; en medio de su relato se dio por aprobada la caída en desgracia de Freiler, incluso sin que la totalidad de los consejeros oficialistas tuvieran la deferencia formal de levantar la mano. Acto seguido, envueltos en insultos y abucheos, se retiraron anticipadamente del salón.
A Tonelli luego se lo vio en un pasillo con el celular en una oreja.
En aquel mismo momento, el ministro Garavano atendía la llamada que había aguardado con tanta expectativa. Y tras oír la voz que le hablaba desde el otro lado de la línea, su gesto duro se disolvió en una ancha sonrisa.
Lobby después de la batalla
Esta obra teatral oscilante ente Maquiavelo y Luis Landriscina tuvo una módica acogida en la crítica especializada. La trapisonda que sacó del medio a Freiler fue vitoreada sin pudor por la dirigencia de la alianza Cambiemos. Y también por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (conocido como el Colegio de la calle Montevideo), un antro ultraconservador que suele nutrir de cuadros jurídicos al macrismo. De allí –por caso– proviene el doctor Fargosi. Y su coqueta sede fue en junio el sitio elegido por el Presidente para anticipar con sencillez apabullante su estrategia para sanear al Poder Judicial: “Si los jueces no están a la altura de la Argentina que queremos buscaremos otros que nos representen”.
Ahora, tras hablar por teléfono con Tonelli, el ministro Garavano llamó a la Quinta de Olivos para comunicarle la buena nueva al Presidente. Éste se mostró muy satisfecho.
Y no demoró en darse dique ahí mismo por ello. “Para mí la suspensión del juez Freiler –proclamó– fue un paso enorme en la Argentina hacia el fin de la impunidad”. Fue durante una conferencia de prensa conjunta con el titular del Banco Mundial, Jim Yong Kim, quien –traducción mediante– siguió con extraña curiosidad las palabras del anfitrión.
En cambio, más repercusión tuvieron los dichos del propio Freiler. “La maniobra para suspenderme –repitió en varios medios– demuestra que el presidente Macri quiere disciplinar a los jueces además de poner en evidencia la necesaria participación de Ricardo Lorenzetti”. Y anunció que presentará una denuncia penal.
Las reacciones adversas a la ingeniería desplegada en el Consejo de la Magistratura para neutralizar al camarista federal se extendieron en ámbitos políticos y judiciales como una mancha venenosa. En el edificio de Comodoro Py el asunto causó azoro. Incluso, un colega del damnificado –que prefirió mantener su identidad en reserva– se permitió una ironía: “Ni en la República de Burundi se atreven a tanto”. Hasta la nada kirchnerista Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) acusó a los consejeros de “atentar contra los principios fundamentales del debido proceso”. Otras voces coincidían en resaltar la “ilegalidad del procedimiento” y su carácter de “aviso” para todos los integrantes del Poder Judicial.
Inmune a tales críticas, el diputado Tonelli –ya señalado públicamente como el alfil de la celada– forzó un tono sobrador al decir que “el oficialismo no puede hacerse cargo de que los senadores peronistas no sean previsores”. Una frase innecesaria hasta para sus propios correligionarios.
Con el correr de las horas la lluvia de repudios contrastó con la escasez de respaldos. Por tal razón hubo durante el fin de semana un pedido reservado de apoyo por parte de funcionarios a las asociaciones empresarias cercanas al Gobierno. Eso derivó en un comunicado con título pomposo: “Sin justicia no hay República”. Su letra apaña sin medias tintas la intervención oficial sobre las decisiones judiciales. “Todos los jueces cuya probidad está objetivamente en duda –señala– deben ser juzgados en forma rápida y efectiva”. Semejante declaración está rubricado por la Asociación Cristiana Dirigentes de Empresa (ACDE), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
La ofensiva punitiva del macrismo llegó hasta el Poder Judicial. Y eso, por cierto, no es ninguna “posverdad”.
