La devaluación de los triunfos electorales

En una decisión inédita en la historia boliviana, el presidente Evo Morales declaró persona no grata al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, por conspirar contra la democracia y promover la división de Bolivia, e instruyó inmediatamente al canciller David Choquehuanca que notifique al diplomático para que abandone el país.

«Sin miedo a nadie, sin miedo al imperio”, afirmó Evo, “no queremos gente separatista ni divisionista ni que conspire contra la unidad del país, no queremos personas que atenten contra la democracia». La decisión se produce horas después de los violentos ataques que grupos de choque de la oposición secesionista perpetraron en edificios públicos.

Como si fuera apenas un detalle perdido en la historia remota, hace exactamente un mes el presidente boliviano fue ratificado en su cargo por el 67% de sus compatriotas, porcentaje compuesto por altos índices de apoyo en departamentos hostiles, como la virulenta Santa Cruz de la Sierra donde obtuvo cerca de un 40%.

Evo recordó que el actual embajador norteamericano, antes de ser acreditado, se desempeñó como jefe de la misión estadounidense en Pristina, Kosovo, donde consolidó el descuartizamiento de lo que fue Yugoslavia. Aun antes de su arribo a Bolivia en 2006, se decía que el diplomático designado por Bush para el país andino tomaría partido en el proceso separatista que comenzaba a gestarse en pos de horadar al régimen boliviano. Nuestro columnista Juan Salinas ya analizaba esta cuestión para ZOOM en abril pasado.

Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz y líder de la derecha privilegiada boliviana, esgrime una acusación como argumento de la violencia. «Esto es producto de la insensibilidad del gobierno, que se niega a devolvernos los recursos del IDH «, aseveró. El IDH es un impuesto petrolero que Morales recortó a las regiones para pagar la llamada «renta dignidad» a los ancianos. Redistribución de la riqueza, que le dicen. Al margen de lo explícito, los opositores secesionistas persiguen un objetivo tácito: detener la convocatoria a la constituyente impulsada por Evo que, todo indica, derivaría en otro triunfo en las urnas del líder del MAS.

Me ahorro el paralelo entre la acción coercitiva y extorsiva de los sectores privilegiados de Bolivia para retener una renta extraordinaria en desmedro de su redistribución social con el fenomenal apriete corporativo de la patronal agropecuaria en Argentina, porque nuestros lectores seguro ya lo hicieron antes que yo. Sí me parece que vale la pena reflexionar acerca de la devaluación de los triunfos electorales como sostén de la vida democrática en nuestros países sudamericanos.

Como se dijo antes, la abrumadora victoria del SI a Evo de hace 30 días no fue suficiente para atenuar las ínfulas de los secesionistas en Bolivia. En nuestro país, a tres meses de ganar asumir la primera magistratura tras ganar las elecciones con más del 45% de los votos, el gobierno de Cristina se topó con la brutal protesta desabastecedora de los empresarios del agro que terminó, por así decirlo, cuatro meses después con un saldo inesperado y sorprendente: entronizando a un opositor en la vicepresidencia de la Nación.

Por no hablar de que a solo 48 horas de haber asumido, la presidenta se comiera el valijazo de Antonini Wilson. El punto no es si fue una operación armada para lijar al nuevo gobierno o si efectivamente la guita era para la campaña, porque ambas hipótesis no son excluyentes. Sucede que en un mundo que ha naturalizado la expresión “ataque preventivo”, impuesta a sangre y fuego por las invasiones norteamericanas y copiada con esmero de mejor alumno por Colombia en Ecuador, los golpes de mano parecen no detenerse. No digamos ya en la elegancia de los buenos modales y lo políticamente correcto, sino y sobre todo, en el respeto a la voluntad popular.

Como lo señala Norberto Galasso en esta edición, del mismo modo que lo había hecho meses atrás Eduardo Basualdo, la debilidad de los sectores populares es, a pesar de lo inclemente del contexto, el mayor de los problemas en la construcción de un país y una región más justa, más integrada y con mayor grado de independencia.

Ante las nuevas y salvajes modalidades que asumen los sectores más concentrados de nuestras sociedades para defender sus privilegios, que no reparan ni en la legalidad ni tampoco en la legitimidad emanada del voto popular, se impone volcar los mayores esfuerzos para dar a luz herramientas políticas innovadoras. Que sirvan para ganar elecciones, pero que también sirvan para defender en el día a día el derecho del pueblo de decidir su propio destino en pie de igualdad.

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