Por Corriente de opinión “18 de Mayo”*
Argentina se encuentra, nuevamente, en una situación de elevado endeudamiento que la pone a merced de condicionamientos externos perjudiciales.
No es la primera vez que ocurre. Son ya tres experiencias de endeudamiento desproporcionado que hemos vivido desde la dictadura cívico-militar de 1976. Luego de la dictadura, fue el período del menemismo-Alianza, y recientemente el macrismo, quienes impulsaron la deuda pública externa a niveles que volvían inmanejable la economía argentina.
En cada oportunidad, se tomó deuda a pedido de los prestamistas internacionales, sin haberle dado los fines productivos que la justificarían. Al no crearse la capacidad de producción y exportación necesarias, se terminó en crisis bancarias, cambiarias y productivas.
En las últimas semanas, el gobierno del Frente de Todxs ha logrado un acuerdo positivo con los acreedores privados, logrando la reestructuración de una enorme masa de vencimientos (67.000 millones de dólares) concentrados en los próximos años, reduciendo la deuda, mejorando el costo financiero y alejando la posibilidad de una cesación de pagos.
Resta aún la negociación de 44.100 millones de dólares con el FMI.
Lxs argentinxs conocemos a ese organismo, en cuyo gobierno las principales potencias occidentales tienen un peso decisivo.
El FMI se ha caracterizado, a lo largo de la historia, por intervenir en las naciones con problemas externos, obligándolas a realizar políticas que consolidaban el subdesarrollo, al mismo tiempo que no las ayudaban a resolver concretamente sus problemas de pagos externos.
El papel del FMI siempre consistió en proponer políticas económicas contractivas, que permitieran generar un sobrante importante de dólares en nuestro comercio exterior, para poder pagar los compromisos con acreedores privados o con el mismo FMI. Jamás promovió una transformación de nuestra economía que nos permitiera tener un comercio equilibrado con el mundo, que nos permitiera ponernos a resguardo del casino financiero internacional. Al contrario, apoyó a los gobiernos que tendieron a endeudarnos, mientras no promovían ningún progreso en materia productiva ni exportadora.
No es cierto que nuestro país siempre ha estado endeudado con el FMI.
La dictadura introdujo al FMI en nuestra política interna, al necesitar su ayuda para empezar a pagar los enormes compromisos que se tomaron durante ese nefasto período con bancos norteamericanos, europeos y japoneses. La democracia reiniciada en 1983 no sólo no pudo aliviar esa situación, sino que debió aceptar los condicionamientos constantes de ese organismo sobre nuestras políticas públicas.
El gobierno alfonsinista debió seguir pagando importantes sumas a los bancos privados a pesar de que el país había quedado muy golpeado económicamente por el gobierno militar, y a pesar que las condiciones internacionales eran completamente desfavorables a nuestro país. Parte de la situación de crisis constante de ese período se debió a las insoportables limitaciones que imponía ese organismo.
Por supuesto que el FMI apoyó con toda su fuerza la política antinacional del menemismo, que vendió nuestras empresas públicas o las concesionó al capital extranjero asociado a empresarios locales, abrió la economía indiscriminadamente para inundar nuestro mercado interno de productos extranjeros, y profundizó los problemas que ya venía arrastrando nuestro país. Entre otras políticas destructivas, el FMI apoyó la privatización del sistema jubilatorio, con el consiguiente negocio para un puñado de bancos, debilitando las finanzas del Estado y contribuyendo a la posterior crisis de la convertibilidad. Ya en el gobierno de la Alianza, se llegó a aprobar la insólita Ley de Déficit Cero, que privilegiaba el pago a los acreedores sobre cualquier otro gasto público, con apoyo de dicho organismo.
Es decir, el FMI ha sido un socio permanente de los gobiernos antipopulares y promotor de políticas perjudiciales para el país, y un organismo hostil a los gobiernos que quieren encontrar un camino de independencia y desarrollo nacional.
Recién en el año 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y en coordinación fraternal con el gobierno de Brasil, Argentina procedió a saldar completamente su deuda con el organismo y quedar libre de su tutela sobre nuestros asuntos internos. Eso permitió elaborar con libertad nuevas líneas de política económica, y avanzar en logros que mejoraron con claridad el nivel de vida de nuestro pueblo, incluyendo la reestatización del sistema jubilatorio y de YPF. Incluso se avanzó en resolver viejos litigios externos por deudas tomadas por otros gobiernos, quedando sólo como fuerza hostil a nuestro país los llamados “fondos buitres”, grupos especulativos especializados en querellar a los países y hacer grandes diferencias, gracias a los tribunales de Nueva York.
El macrismo, que fue apoyado por los fondos buitres y también por las grandes potencias para que llegara al gobierno, saldó en exceso la deuda con aquellos, y disfrutó de la apertura de los mercados financieros a su política irresponsable de endeudamiento acelerado. En sólo dos años acumuló tanta deuda que puso al país al borde de la cesación de pagos. En ese contexto, el FMI, mandatado por el gobierno norteamericano según ha atestiguado el futuro presidente del BID Mauricio Claver Carone, le otorgó un préstamo por 57.000 millones al desastroso gobierno de Cambiemos para tratar de que llegara con chances a las elecciones de 2019.
El resultado es conocido: el pueblo se pronunció con contundencia por la salida del gobierno incompetente y por la llegada al gobierno del Frente de Todxs para poner en marcha una política de signo nacional y popular. Una de las primeras medidas adoptadas fue no continuar recibiendo los fondos del FMI, para no agigantar un compromiso que se haría impagable.
Hoy nuestro gobierno enfrenta una negociación con este organismo, en un contexto de extrema dificultad económica, no sólo local, sino internacional. La pandemia ha golpeado con una dureza mayor que la crisis internacional de 2008 a la economía mundial y el propio FMI ha abandonado su tradicional recetario de ajustes y restricciones, para promover la expansión del gasto público y la emisión monetaria.
Los objetivos nacionales en la negociación con el FMI son dos:
- Efectuar la menor cantidad de pagos posibles en los próximos años, de forma tal de poder poner en marcha la economía nacional mediante el indiscutible liderazgo del Estado, promover la producción, el empleo y la transformación de nuestra economía, para generar trabajo calificado, agregar valor e insertarse en una forma más diversificada en los mercados mundiales.
- No aceptar ningún condicionamiento que implique degradar las condiciones de vida de nuestros trabajadores, tanto formales como de la economía popular, nuestros jubilados y nuestros compatriotas que hoy no tienen trabajo. Tampoco aceptar condicionamientos cuyo único objetivo sea entregarles negocios redituables a bancos o empresas nacionales extranjeras, a costa de la soberanía nacional o el debilitamiento de las finanzas públicas.
Nuestro gobierno ha sido capaz, en circunstancias muy difíciles, y en un contexto de fuerte lobby interno a favor de los bonistas externos, de realizar una gestión muy exitosa y salvaguardar los intereses nacionales frente a los acreedores privados.
Se abre ahora un capítulo de negociación muy difícil, dadas las características del FMI y de las potencias que lo dirigen.
Nuestro país está atravesando una situación angustiosa, y millones de compatriotas apenas alcanzan a cubrir sus necesidades mínimas. Otros han visto fuertemente precarizadas sus condiciones de vida. Sabemos también que hay sectores poderosos, que se identifican más con el FMI que con su propio pueblo, y que tratan de perjudicar a nuestro gobierno para debilitar a nuestros negociadores.
El Gobierno Nacional, el Frente de Todxs, y todo el enorme campo nacional y popular tenemos que estar unidos, movilizados y alertas en este momento histórico, para lograr concluir una negociación con el FMI que deje a salvo los intereses vitales de la Nación.
El destino de nuestra Patria no se pondrá en juego por 44.100 millones de dólares.
