“Una democracia sin soberanía económica, sin capacidad para legislar libremente y sin poder sobre su deuda, no puede ser una democracia plena.”
Néstor Kirchner
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Desde la última dictadura cívico-militar (1976-1983), Argentina ha sido objeto de una profunda transformación legal y económica que debilitó al Estado, promovió la concentración financiera y subordinó la economía nacional a intereses externos. Este proceso, lejos de revertirse con la recuperación democrática, fue profundizado por sucesivos gobiernos electos, consolidando un entramado normativo que limita estructuralmente la capacidad del país para ejercer una política económica soberana.
El estatuto legal del coloniaje: una herencia de larga data
El concepto de “estatuto legal del coloniaje” fue formulado por Arturo Jauretche, al denunciar el Pacto Roca-Runciman, que selló la subordinación colonial frente a los intereses británicos en el década del 30.
Otro pensador nacional, Raúl Scalabrini Ortiz, fue quien denunció que la dependencia de la Argentina no era solo económica o militar, sino también jurídica e institucional. En sus estudios sobre los ferrocarriles británicos y la entrega de recursos estratégicos, mostró cómo las normas, contratos, concesiones y tratados internacionales podían funcionar como herramientas de dominación más eficaces que una ocupación directa. Ese mismo principio se perpetúa hoy en acuerdos de deuda, convenios con organismos internacionales y tratados que sujetan a la Argentina a tribunales extranjeros.
Deuda externa, FMI y jurisdicción extranjera: los pilares de la dependencia
Uno de los principales mecanismos contemporáneos de subordinación es la deuda externa, que no solo impone restricciones fiscales y de política económica, sino que institucionaliza la tutela externa sobre el país. Cada acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) implica una serie de condicionamientos que afectan decisiones claves del Estado: tipo de cambio, política monetaria, tarifas, gasto público, jubilaciones y legislación laboral.
Además, los contratos de deuda externa suelen estar sometidos a jurisdicción extranjera, como los tribunales de Nueva York o los arbitrajes del CIADI (Banco Mundial). Esto significa que en caso de conflicto, el Estado argentino no puede recurrir a sus propias leyes ni a su poder judicial. Esta situación ha tenido consecuencias concretas y graves, como lo demuestran los litigios con fondos buitre tras el default de 2001, cuando el juez Thomas Griesa en EE.UU ordenó embargos de activos argentinos y obligó pagos a los que litigaron contra el estado nacional.
La democracia argentina ha convivido con esta lógica sin modificarla sustancialmente. La subordinación legal a tribunales y reglas externas no es solo una cuestión técnica: es una cesión de soberanía que limita el autogobierno popular y vulnera la Constitución Nacional.
La dictadura y la arquitectura del neoliberalismo
El golpe de Estado de 1976 instauró un modelo económico orientado a la valorización financiera. La Ley de Entidades Financieras (21.526), aún vigente, eliminó el crédito dirigido y fortaleció el sistema bancario como herramienta de especulación. Junto con la Ley de Inversiones Extranjeras (21.382), crearon un entorno favorable a la fuga de capitales, el endeudamiento, la concentración y la extranjerización. Esta arquitectura fue acompañada por una creciente dependencia financiera del exterior que condicionó el margen de maniobra económico por décadas.
La continuidad democrática y la deuda institucional no saldada
Con la recuperación democrática en 1983, se abrió una oportunidad histórica para desarticular ese modelo. Sin embargo, los gobiernos constitucionales no modificaron las leyes clave del neoliberalismo instaurado por la dictadura. Ni la ley financiera, ni los marcos de privatización, ni la política de endeudamiento fueron transformados. Muy por el contrario, muchos gobiernos convalidaron los acuerdos con el FMI y aceptaron cláusulas de jurisdicción externa en sus contratos de deuda, consolidando la matriz de dependencia legal.
Este silencio institucional representa una deuda profunda de la democracia con su propio pueblo: permitir que una estructura legal, impuesta sin legitimidad popular, siga regulando el presente democrático impide una soberanía efectiva.
El experimento neoliberal de los noventa
Durante los años noventa, bajo el discurso de modernización, se consolidó un régimen de privatizaciones, apertura irrestricta y convertibilidad. La venta de activos públicos, muchas veces con cláusulas de garantía ante tribunales extranjeros, debilitó la autonomía estatal. El Estado se transformó en garante de los intereses del capital antes que de los derechos sociales y su poder normativo fue reemplazado por contratos blindados jurídicamente a favor de los inversores.
El retorno al FMI y la consolidación de la dependencia financiera
El ciclo 2015–2019 marcó un retorno brutal al endeudamiento externo. El préstamo del FMI por más de 56.000 millones de dólares se firmó sin pasar por el Congreso, violando normativas nacionales, pero fue aceptado por los gobiernos subsiguientes. Este endeudamiento volvió a colocar a la Argentina bajo supervisión directa del Fondo, que exige periódicamente reformas estructurales a cambio de desembolsos.
Pero más grave aún: la mayoría de esos bonos están regidos por leyes extranjeras, lo que pone a los acreedores en una posición de fuerza en cualquier conflicto, como se vio en la renegociación de 2020 o en los fallos a favor de fondos especulativos en tribunales norteamericanos.
Milei y la avanzada final sobre el Estado
El gobierno de Javier Milei ha acelerado la demolición del Estado nacional. A través del DNU 70/2023, la llamada “Ley Bases” y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, (RIGI) impulsa una reforma estructural de matriz libertaria que busca privatizar empresas clave, eliminar regulaciones, y promover una nueva ola de endeudamiento atado a compromisos internacionales que escapan al control popular.
Se trata de un intento explícito de institucionalizar el anarco capitalismo como nueva forma de subordinación legal. En este marco, los tratados bilaterales de inversión, la sumisión al CIADI, y la entrega de soberanía jurídica en contratos de deuda o inversión constituyen los nuevos pilares de un coloniaje sin ejército, pero con abogados.
Democracia subordinada o soberanía nacional: la encrucijada
Argentina se encuentra frente a una disyuntiva histórica: o continúa sometida al nuevo estatuto legal del coloniaje, con su deuda externa perpetua, sus tribunales extranjeros y sus acuerdos condicionantes, o emprende un proceso de reconstrucción institucional soberana. Eso implica:
Derogar la Ley de Entidades Financieras y reemplazarla por una norma que ponga al sistema financiero al servicio del trabajo y la producción. Recuperar una banca publica para el desarrollo y fortalecer una banca cooperativa.
Revisar y condicionar la inversión extranjera en función del interés nacional.
Renegociar la deuda bajo jurisdicción argentina, con auditoria social y transparencia.
Denunciar todos los acuerdos que nos someten a la jurisdicción del CIADI y otros tribunales supranacionales que violan la soberanía judicial.
Establecer una doctrina constitucional basada en los conceptos de federalismo, democracia participativa, justicia social y soberanía política y económica.
Una democracia sin soberanía es una promesa incumplida
Argentina necesita una democracia con poder real, no una fachada institucional donde las decisiones están limitadas por tratados firmados a espaldas del pueblo. La gran deuda de la democracia argentina no es sólo financiera, sino estructural: no haber desmontado el aparato legal que garantiza la dependencia.
Una democracia sin soberanía económica, sin capacidad para legislar libremente y sin poder sobre su deuda, no puede ser una democracia plena.
El momento exige una reflexión profunda y un proyecto político que no le tema a la palabra “soberanía”. Porque no hay justicia social sin control de los recursos. No hay independencia económica sin regulación financiera. Y no hay democracia plena si el pueblo no puede decidir su destino sin pedir permiso a los acreedores.
