En medio de un proceso histórico inédito, el 10 de octubre Bolivia celebró 24 años del retorno al sistema democrático entre rumores de «golpe de Estado» contra el presidente Evo Morales y una alta conflictividad que confirma la profundidad de las necesidades políticas que el electorado depositó en el nuevo gobierno del MAS. Sin embargo, las expectativas son intensas dentro y fuera del altiplano: el presidente venezolano Hugo Chávez advirtió que Venezuela desconocerá a cualquier gobierno que surja como consecuencia de una eventual insurrección contra su colega boliviano.
Las palabras de Chávez parecieron una ofensiva diplomática para dar mayores garantías políticas al desarrollo del gobierno de Evo. El presidente venezolano declaró que en Bolivia está en marcha un plan desestabilizador, apoyado por Estados Unidos, que buscaría impedirle gobernar al presidente Morales para justificar luego su
derrocamiento. Las denuncias confirman que los planes elaborados para golpear al primer gobierno indígena del país, tienen por objetivo obturar un proceso que comenzó con el final de un largo período de dictaduras que profundizaron la pobreza y la dependencia de Bolivia.
Fue el 10 de octubre de 1982 cuando Hernán Siles Zuazo, que había ganado las elecciones de 1979, se hizo cargo del Ejecutivo. Desde esa asunción, fueron 10 los presidentes que pasaron por la Casa de Gobierno, incluyendo la serie de mandatarios que llevaron adelante la transición que terminó con Evo Morales en el poder, después de lograr un inédito 53 por ciento de votos en las urnas.
El aniversario llega en medio de dos problemas para el Ejecutivo: por un lado, la alta conflictividad generada por sectores sindicales; por el otro, los rumores de que se prepara un golpe de Estado. Si bien algunos meses atrás algunos funcionarios hablaron de una «conspiración» contra el gobierno de Morales y hasta atribuyeron a algunos reclamos sectoriales un propósito de perjudicar al presidente, ahora desmintieron las versiones de golpe: «Lo que se ha generado sobre todo fuera de nuestras fronteras
es una ola de rumores porque no creemos que se pueda anunciar el día y la hora, por ejemplo, de un golpe de Estado», evaluó el vocero gubernamental, Alex Contreras, en un intento por aplacar la tensión.
Por su parte, el vicepresidente, Álvaro García Linera, no descartó los riesgos que pueda enfrentar este sistema, tras considerar que «hay gente a la que la democracia con igualdad les resulta perjudicial».
En esa línea avanzó Caracas para oficializar su apoyo al proceso boliviano. «Alertamos, Venezuela no se va a quedar cruzada de brazos si el gobierno de Bolivia y el pueblo de Bolivia son agredidos desde fuera o desde dentro», comentó Chávez en la ceremonia de clausura de un congreso de industriales venezolanos y empresarios de países miembros del Mercosur.
En su discurso denunció que en Bolivia hay «una oligarquía apátrida, sectores muy poderosos, medios de comunicación, la embajada de Estados Unidos (en La Paz) buscando militares golpistas, calentándoles la oreja a los Pinochets en potencia que parecieran que todavía pretendiesen surgir. «Olvídense, Venezuela, lo adelanto, desconocerá totalmente a cualquier gobierno que surja de un movimiento insurreccional… y no sólo lo desconoce, hará todo lo que pueda para que ese gobierno dure lo que duró aquí el Carmonazo», en referencia al fallido golpe de estado en su contra abortado en abril de 2002.
«Desde aquí quiero ratificar el más firme y contundente apoyo al legítimo gobierno del compañero presidente Evo Morales y exigimos respeto al gobierno de Bolivia», añadió.
Las declaraciones de Chávez se producen días después de que el embajador venezolano en La Paz, quien acostumbra acompañar a Morales en sus intervenciones públicas, fuese criticado por partidos de la oposición boliviana por declarar que los ciudadanos venezolanos están listos a morir en un supuesto conflicto para defender al gobierno de Morales.
Ese comentario implicaría, según los adversarios de Morales, el anuncio de una intervención extranjera en un supuesto conflicto interno. El mandatario venezolano repetidamente ha dicho que «huelgas de transporte, amenazas de secesión», entre otros conflictos internos que han sacudido recientemente a Bolivia, son parte de
una conspiración para derrocar a Morales.
Sin embargo, la situación con los mineros aparece quizás como el mayor revés que sufre la gestión, tras el choque entre cooperativistas y asalariados por la explotación de la mina de estaño de Huanuni, la más grande del país. La relación con los mineros, cuya presencia en las movilizaciones obligó en octubre de 2003 a la salida del poder del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, terminó afectada por los enfrentamientos y la posterior destitución del ministro del sector, Walter Villarroel.
Otro foco de conflicto pasa por la Asamblea Constituyente, que todavía no avanzó más allá de definir apenas algunas cuestiones administrativas pero que ya generó el disgusto de los departamentos ricos de Beni, Tarija, Pando y Santa Cruz, y amenazas de no acatar la nueva Carta Magna.
La Agencia Boliviana de Información (ABI), en tanto, celebró el aniversario con un texto en el que advirtió que la democracia «había sido capturada por sectores conservadores de la política boliviana que terminaron instalando un modelo económico y político que continuó excluyendo a los indígenas y campesinos y generando
mayor pobreza.
Hoy, la democracia, como en otras facetas de la historia boliviana reciente, festeja esta fecha enlutada por la muerte de compatriotas en Huanuni, bajo la sombra de la conspiración de sectores políticos conservadores que se oponen al cambio».
