Por Causa Popular.- La lógica combinación de ser la población con el mayor consumo de drogas del mundo y, a su vez, el país que más propaganda realiza de la lucha contra el narcotráfico, deja de ser tan ilógica cuando se trata de los Estados Unidos. Uno de los primeros en advertirlo fue Hugo Chávez, cuando el año pasado el Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA) fue expulsado de Venezuela acusado de espionaje. Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú, son sólo algunos de los ejemplos que demuestran que con la excusa de la lucha contra las drogas el imperio norteamericano logró desplegar sus tropas a lo largo y a lo ancho del continente. Un confuso episodio en el que un cargamento de 160 kilogramos de cocaína “controlado” por la DEA, la justicia peruana, en coordinación con la Gendarmería Nacional, desapareció sin dejar rastros, reaviva un debate que pocos se animan a enfrentar: la DEA ¿trafica drogas? Mientras tanto Venezuela, sin la ayuda de esta agencia desbarata una de las bandas de narcotraficantes más buscadas en América Latina.
El 9 de febrero, algunas agencias de noticias del país informaban que bajo un estricto secreto de sumario, la Justicia federal argentina está intentando recuperar un cargamento de 160 kilogramos de cocaína que desapareció misteriosamente en el marco de lo que habría sido una fallida “entrega controlada”.
La droga habría permanecido a bordo de un avión durante una noche entera en el aeropuerto de Salta, con la vigilancia de agentes de la DEA, de una fiscalía peruana y de Gendarmería Nacional, pero nunca llegó al destino planificado.
Fuentes judiciales informaron que el primer miércoles de febrero, el juez federal subrogante porteño Octavio Aráoz de Lamadrid remitió un fax a su colega salteño Adolfo Aráoz, informándole sobre la llegada de un avión proveniente de Tacna, Perú, con un supuesto cargamento de drogas.
Ese oficio requería una serie de medidas para preservar el seguimiento del cargamento, pues el avión -un Lear Jet- debía aterrizar, recargar combustible y partir de inmediato.
Sin embargo, por la tarde el juez salteño recibió un llamado telefónico advirtiéndole que había un “cambio de planes” y que el avión en cuestión permanecería toda la noche en el aeropuerto local para reemprender el vuelo hacia el aeródromo bonaerense de San Fernando al día siguiente.
El avión llegó a Salta, tal como estaba previsto, su tripulación (compuesta “por seis o siete personas”, según las fuentes, entre los que se encontraban dos pilotos, dos agentes especiales de la DEA, la fiscal antidrogas del ministerio público de Perú y un importante jefe de la policía nacional de ese país) descendió y la aeronave fue precintada por personal de Aduanas, e incluso el equipaje fue pesado, aunque por razones de la investigación no fue revisado.
A la mañana siguiente continuó su viaje, y aterrizó el viernes 3 de febrero, minutos antes de las 14, en el aeropuerto internacional de San Fernando. Una vez allí, el cargamento fue distribuido en dos vehículos vigilados por autoridades locales e internacionales.
En la estación aérea, fueron recibidos por un comandante de la Gendarmería Nacional que había sido designado por la justicia argentina, según consta en la causa que se impulsa en los tribunales federales porteños, para que colaborara con los agentes extranjeros. Dicha ayuda consistía en que no se secuestrara el cargamento de droga hasta que se localizara a los narcotraficantes destinatarios del embarque.
Aparentemente, en algún punto del trayecto entre el aeropuerto de San Fernando y la ciudad de Buenos Aires se realizó la entrega controlada del cargamento de cocaína. La droga fue transportada a una camioneta Chevrolet Meriva y un automóvil Mercedes- Benz de los supuestos narcotraficantes. Ambos vehículos comenzaron a ser vigilados por los agentes de la Gendarmería Nacional, de la DEA y de la policía y la justicia peruanas.
A partir de aquí lo relatos comienzan a diferir. Según la agencia citada, una fuente muy cercana a la investigación dijo que “el cargamento se perdió, eso es cierto. Pero las circunstancias fueron distintas a las que trascendieron públicamente. No es verdad que los vehículos hayan sido perdidos de vista en la zona de Congreso, como salió publicado”.
El viernes 10, el diario La Nación había publicado que “según las fuentes judiciales, al llegar al centro porteño, cerca de la zona de Congreso, los agentes antidrogas perdieron de vista los vehículos y el cargamento.”
El objetivo de la operación internacional era desbaratar a una organización que se dedica a traficar cocaína entre Perú y Argentina, desde donde una parte de la droga era enviada a Europa y otra se distribuía en el mercado local. No sólo eso no sucedió nunca, sino que además reafirman las sospechas que siempre se tuvo respecto a las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como internacionales, sobre su clara complicidad o participación en el tráfico de estupefacientes, el mayor negocio de este planeta.
Para el gobierno venezolano la DEA no es necesaria para combatir el narcotráfico
Durante los primeros días del mes de agosto del 2005, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, acusó a la DEA de “apoyar el narcotráfico” en ese país y de “hacer inteligencia contra el gobierno”. Estos fueron los argumentos con los que por entonces el gobierno anunciaba “un claro rompimiento” con los acuerdos que hasta entonces mantenía con la agencia.
“El asunto con la DEA, como dijo el vicepresidente José Vicente Rangel, es de soberanía nacional”, afirmó en esa oportunidad el presidente Chávez. En su más clara acusación contra la DEA, la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), desde que asumió el poder en 1999, Chávez precisó que “veníamos haciéndole seguimiento y resulta que la DEA estaba usando como máscara la lucha contra las drogas para, incluso, apoyar al narcotráfico y hacer inteligencia contra el gobierno.”
“La DEA no es absolutamente necesaria para la lucha en contra del tráfico de drogas”, dijo el mandatario por entonces, luego de señalar que “hemos detectado infiltración de inteligencia que amenazó la seguridad nacional y la defensa”.
Chávez reconoció que Venezuela es un punto de tránsito para el traslado de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa, pero destacó que en las labores de intercepción de traficantes que usan territorio venezolano, el ejército ha logrado avances.
A finales de julio de ese año, la fiscalía venezolana había iniciado una investigación sobre las actividades de la DEA en el país, a raíz de una denuncia de dos ciudadanos sobre operaciones ilegales de sus agentes. El 28 de julio el inspector general de la fuerza armada, general de división Melvin López Hidalgo, anunció además que el gobierno venezolano comenzaría a entenderse directamente con los países vecinos para combatir el tráfico de drogas.
Pocos días después de que Venezuela anunciara la ruptura de la colaboración bilateral con la DEA, un general del Alto Mando militar, reafirmó las expresiones del gobierno, y acusó a ese organismo de “traficar” parte de los cargamentos que decomisaba. Una vieja metodología conocida por los argentinos.
Tras el decomiso de drogas por agentes de la DEA, “en el destino final se registraban cantidades diferentes”, declaró a un importante diario venezolano, el Inspector general de la Fuerza Armada Nacional (FAN) de Venezuela, general Melvin López.
“¿Qué pasa con esa diferencia de kilos de droga?”, se preguntó en ese entonces el militar, también secretario general del Consejo de Defensa de la Nación (Codena). “Hay entrega de droga y manejo de dinero, esto es contra la ley y la DEA lo estaba realizando en nuestro país”, remarcó.
Sin la DEA Venezuela detiene narcotraficantes
El pasado 11 de febrero, un tribunal venezolano acordó la detención con fines de extradición del colombiano Carlos Alonso Ojeda, retenido en Caracas bajo cargos de tráfico de drogas, según lo informó la Fiscalía General de Venezuela.
El fiscal 27 con competencia en materia de drogas, Antonio Denis, hizo la solicitud formal de detención contra el colombiano y el tribunal 16 de control decidió iniciar el proceso legal de extradición. Si algo esclarece este episodio, es la absoluta prescindencia de la DEA para combatir el narcotráfico, como claramente quedó expresado con la expulsión de esta agencia de Venezuela.
La Fiscalía General de este país, expresó que Ojeda es considerado uno de los principales cabecillas del tráfico de drogas de América Latina y que tiene siete solicitudes de extradición de parte del Buro Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), la agencia estadounidense de control de drogas (DEA) y la dirección de inteligencia de Colombia (DAS). Ninguno de ellos hasta ahora había podido detectarlo.
Ojeda fue detenido en Caracas por la policía venezolana, instruida por la policía internacional (Interpol) de las órdenes de arresto que pesaban sobre él. El tribunal 16 de control remitió el expediente al Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de que se pronuncie sobre las solicitudes de extradición de parte de Estados Unidos y Colombia. Cuando Ojeda fue detenido el 9 de febrero, tenía en su posesión documentos de identidad venezolanos y colombianos.
La caída de Ojeda golpeó duramente los argumentos que desató con furia el Departamento de Estado norteamericano luego de que el gobierno de Chávez expulsara a la DEA de su territorio.
Tras la salida de los agentes antidroga estadounidenses de Venezuela, la política contra el narcotráfico de Estados Unidos está en duda por la negligencia de su propia agencia especializada, que ya no tiene cómo ocultar que trafica droga por toda América Latina. La desaparición de 160 kilos de cocaína en Salta quizás corra el velo de un tráfico dirigido por la DEA que lleva años funcionando en Argentina.
