La cuestión de petróleo

Por Félix Herrero*, especial para Causa Popular.-

Pocas veces en la historia los hidrocarburos tuvieron tanta influencia en la problemática presente y futura de todos los países. El carbón perdió importancia cuando en 1916 los buques británicos se transformaron para ser impulsados a petróleo. Fue cuando nació la empresa estatal British Petroleum, hoy una de las cinco grandes petroleras privadas del mundo. En 1916 nació la era del petróleo, aunque su extracción había comenzado en EEUU en 1859. Hoy estamos percibiendo sus estertores sin que haya aparecido un sustituto indiscutido.

En el orden mundial no se discute el tema del agotamiento, sino cuándo y cómo sucederá. Se acepta generalmente que ha comenzado la época del petróleo caro, aunque algunos analistas creen que una oferta optimista a corto plazo permitiría la caída en los precios.

En esto se centra la disputa actual entre países con reservas petroleras (la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP), y «consumidores» e importadores sin reservas suficientes (Agencia Internacional de Energía, AIE). Éstos acusan a los primeros de monopolizar la oferta petrogasífera, pero ejercen el monopolio de la demanda. El precio es el factor que preside la lucha por las reservas y la renta.

La disputa por las reservas

Hasta no hace mucho, las naciones disputaban por los precios, como manifestación de la apropiación de la renta petrolera y de los beneficios de las compañías. Hoy, las grandes potencias se adueñan de las reservas extranjeras, lo que les asegura el futuro y les permite comprar tiempo frente a un agotamiento inexorable. Quien tiene petróleo tendrá futuro; quién no, dejará de ser una nación soberana, lo que explica las guerras y conflictos en Irak, Afganistán, Irán, Somalia, Angola, etc.

En este contexto se entiende la aplicación del Consenso de Washington durante los 90, orientado a privatizar las empresas energéticas y a que los países paguen deudas externas discutibles con recursos naturales, especialmente petroleros. La lucha por las reservas se manifiesta en el fenómeno de fusiones y adquisiciones mediante compras accionarias o de activos petroleros, que se está llevando a cabo en Estados Unidos y Europa. También explica la prohibición a la petrolera china CNNOC cuando intentó comprar la estadounidense Unocal, una petrolera con grandes concesiones en el mundo.

Y explicaría los actos de corrupción vinculados a la manipulación de reservas: los ajustes hacia abajo (25%) de las reservas de Shell, hace dos años, y el más reciente de Repsol, también de 25%, en febrero de 2006, por denuncia del gobierno boliviano.

En Sudamérica, algunos países tienen reservas importantes (Venezuela y Bolivia), otros se autoabastecen (Brasil); las reservas de Argentina disminuyen, arrastrando a Chile como importador, y que a su vez está buscando yacimientos. Paraguay y Uruguay son importadores.

La caída de las reservas argentinas es preocupante, porque al transferirse a los privados extranjeros la decisión de invertir, se hizo posible que disminuyera la perforación de pozos de exploración, donde hay riesgo.

Fue por falta de inversiones en exploración de las empresas concesionarias, que prefirieron aumentar su rentabilidad a corto plazo. En un sistema capitalista la inversión de riesgo corresponde al sector privado concesionado, pero la tasa o índice de reposición (en términos de reservas) de Repsol en Argentina es del 17%, es decir que de cada 5 barriles que extrae no llega a reponer uno.
En 2001 había sólo 7 pozos nuevos, y en 2002 no se perforó ninguno de gas.

Los grandes países sin petróleo se aprovisionan a través de sus propias empresas, que capturan concesiones en el extranjero: Mobil Exxon, Chevron, Shell, BP, etc. Por ejemplo en Argentina, donde casi todas las transnacionales las han obtenido aprovechando la política de los 90.
Así no se garantiza competencia.

El petróleo, por definición, es de naturaleza estratégica, y en este sector el mercado competitivo sólo existe en la cabeza de quienes lo invocan. En cuanto a las reservas de Argentina, no puede separarse la propiedad de los recursos naturales de la gestión de la empresa que actúa sobre esos recursos. Para recuperar sus yacimientos de gas y petróleo, Bolivia está refundando la empresa YPFB, vaciada por los gobiernos neoliberales.

El problema de la renta petrolera

Cuando crece el precio del crudo (lo que no tiene necesariamente incidencia sobre los costos de extracción) la renta tiende a crecer. La actual suba del precio favorece a los países dueños de reservas y perjudica a los que carecen de petróleo y sin empresas dueñas de concesiones. Basta ver los altos beneficios de las de EEUU que tienen concesiones fuera de su país; o las enormes ganancias de Repsol, procedente de una España sin petróleo. En general siguen existiendo empresas públicas en los países extractores y exportadores.

En América Latina hubo una larga tradición de empresas estatales, iniciada por YPF en 1923. En Europa, la B.P. y la Shell nacieron como estatales, de propiedad de las respectivas Coronas.

La paradoja argentina es que habiendo llevado el modelo YPF a otros países de la región, hoy no cuenta con una empresa estatal. Energía Argentina SA (Enarsa), lejos de ser una compañía integrada, sigue el modelo de la estatal Sonangol (Angola) que después de recibir la concesión de todo el territorio y mar locales, creó, sin licitación, Uniones Transitorias de Empresas (UTE) con multinacionales extranjeras.

Hay renta petrolera porque es alto el precio de venta del crudo extraído, y son bajos los costos de extracción, aunque las corporaciones intenten ocultarlo. Argentina no tiene información fehaciente sobre ellos. Las compañías buscan aumentarlos para pagar menos impuesto a las ganancias.

Repsol calculó en 6 dólares por barril el costo promedio en todos los países donde opera. Pero la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) calculó el costo de producción en Argentina en 2,6 dólares, en Ecuador 2,5, en México 2,0 y en Venezuela 1,5 dólares.

La UNCTAD (Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) mostró en un estudio que la renta petrolera estatal de Argentina, estimada en 36%, era muy inferior a la de Ecuador y Venezuela. Los Estados pueden participar en la renta petrolera mediante la gestión de empresas públicas, como en Brasil, Venezuela, México, y ahora Bolivia. Y si carecen de ellas, a través de la política fiscal, como en Europa o EEUU, y ahora Bolivia, que subió las regalías al 50% de los ingresos generados por las ventas.

¿Qué pasa en Argentina?

Somos uno de los países con menor carga impositiva sobre la actividad, ya sea en regalías u otros tributos. A pesar de ello, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de Ley de promoción de los hidrocarburos mediante exenciones impositivas. Otra fuente parcial de apropiación de la renta son las retenciones a la exportación. La escala actual llega al 45% en el petróleo, 5% en los combustibles y 20% en el gas natural, aplicada sólo al volumen exportado y no a la producción total. Pero en algunas concesiones (como la marítima de Tierra del Fuego) no se paga ninguna retención por aplicación de una ley de la dictadura.

El costo de extracción debería incidir en el de refinación, pero la política tributaria hace que la relación del precio de las naftas y los costos de producción no sea directa. Luego, no debe sorprender que los combustibles en Venezuela o en los países árabes sean inferiores al de los que carecen de petróleo y deben importarlo.

En países autoabastecidos como Argentina, los precios son similares a otros que lo importan, como EEUU, cuya política tributaria -importando el 60% de su crudo- hace que el petróleo local sea más barato que el importado.

En Argentina los precios son similares a los de EEUU, y ese error castiga la producción local, ya se trate de bienes agropecuarios, industriales o servicios. El crudo llega a las destilerías al precio internacional con el descuento de las retenciones, tomando como referencia el precio internacional del petróleo de densidad media de los Estados Unidos (WTI) y no los costos reales, siguiendo un decreto de Menem (el 1212, del 8 de diciembre de 1989), que nadie tocó.

En un país que creó el modelo de la empresa estatal y estableció la propiedad pública de los recursos naturales, luego adoptado en casi toda América Latina, el peligro es que el gas y el petróleo pueden perderse a manos de empresas que remiten al exterior todas sus utilidades y establecen precios altos para el mercado interno, sin estar sujetas a controles y regulaciones reales.

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* Economista y abogado, vicepresidente del grupo MORENO.

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