La CTA busca una salida

Todavía resulta prematuro medir con certeza las consecuencias de la crisis del campo y la suspensión de la resolución 125, pero es muy probable que sus primeros impactos se sientan en el movimiento obrero organizado y en una parte importante del movimiento social. Tras la reunión de Córdoba, en la que la Central de los Trabajadores Argentinos lanzó su convocatoria “Hacia una constituyente social en la Argentina” para el 24 y 25 de Octubre en Jujuy, la posibilidad de que el gobierno nacional le otorgue la reclamada personería gremial ya no es tan incierta. El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, fue invitado por la Casa Rosada a ocupar una silla en la reunión del Consejo del Salario que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo con la CGT de Hugo Moyano y las cámaras empresarias. De allí salió el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil que trepará a $1.200 desde agosto y a $1.240 a partir de diciembre, según lo acordaron los representantes del Gobierno, sindicales e industriales con la única abstención, justamente, de los delegados de la CTA. El reconocimiento legal, postergado tras casi 18 años de lucha, es resistido por la CGT, pero la creación de una CGT paralela encabezada por el impresentable Luis Barrionuevo, quien quedó afuera de la convocatoria, podría quizás cambiar el panorama.

Aquellos que a fines de 1991 crearon el Congreso de los Trabajadores Argentinos en Burzaco ya no son los mismos. Algunos ya no están, otros están más grandes y también ha pasado mucha agua debajo del puente. El enorme esfuerzo por articular al sector más combativo del sindicalismo por fuera del pesado corsé vandorista de la Confederación General del Trabajo y de las 62 Organizaciones, está por cumplir 18 años. El mismo tiempo que lleva la central alternativa sin reconocimiento gremial. Sin embargo, en casi dos décadas, muchas cosas han cambiado, pero nada parece indicar que la dinámica creada a principios de los noventa vaya a terminar, sino que camina hacia un punto de inflexión.

Del Congreso de los Trabajadores al FRENAPO

Han pasado 18 años desde que estatales nacionales y docentes se transformaron en su principal sustento y, gracias a su firmeza, en uno de los pilares más dinámicos de la pelea contra el menemismo. Así pasaron marchas federales, carpas frente al congreso, miles de movilizaciones por todo el país y hasta el debate por crear una versión argentina del Partido de los Trabajadores que llevó a José Inacio Lula Da Silva a la presidencia del Brasil, tras 20 años de paciente construcción y acumulación inédita. Pero los caminos fueron distintos. Un año antes de que Lula fuera electo presidente del Brasil el 27 de octubre de 2002, la mayor inversión política de la pujante CTA se hizo trizas el 20 de diciembre de 2001, tras la caída del gobierno de Fernando De la Rúa, el presidente radical cuya Alianza entre el la UCR y el FREPASO le permitieron terminar con una década de menemismo en octubre de 1999.

Diez años de pelea política y sindical contra el peor ajuste del estado en la historia argentina, unió a la central con las demás fuerzas políticas que habían detectado a su enemigo principal en Carlos Menem. El Frente por un País Solidario (FREPASO), encabezado por Carlos “Chacho” Alvarez, había recibido un fuerte aporte de cuadros sindicales a su desarrollo, y la Carpa Blanca en Defensa de la Educación Pública fue una de las principales banderas de este frente y una de las herramientas que más erosionaron los últimos años del menemismo. Pero la victoria lograda duró muy poco. Las expectativas por revertir las dramáticas consecuencias del menemismo se esfumaron en los primeros meses y a fines de 2000 ya nadie podía creer la inconmensurable torpeza e incapacidad del presidente electo. Se estaba gestando una de las peores crisis políticas e institucionales de la historia y pocos lo advirtieron, salvo los incipientes movimientos de trabajadores desocupados y la heterogénea militancia social y sindical que se concentraba en la central.

Así fue que surgió el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO), una propuesta plebiscitada que buscaba establecer un Seguro de Empleo y Formación de 380 pesos y una Asignación Universal de 60 pesos por cada menor a cargo, para todos los jefes de hogar desocupados y de 150 pesos para cada persona mayor de 65 años sin jubilación. La convocatoria fue, sin lugar a dudas, una de las señales de consenso más grandes que haya propuesto una central obrera y se constituyó junto a los programas de La Falda (1957), Huerta Grande (1962), al documento del 1º de Mayo de 1968 de la CGT de los Argentinos y los 26 puntos de la CGT de Ubaldini, en una de las iniciativas más ambiciosas del campo popular que registró la virtud marcar una definición clave frente al peor dilema de la época: ajuste o democracia. Entre el 14 y el 17 de diciembre de 2001 votaron más de 3 millones de argentinos a favor de la propuesta nacional impulsada por la CTA, pero su impacto se diluyó 3 días después, cuando una rebelión popular provocó la renuncia del presidente De la Rúa el 20 de diciembre de 2001 y la sucesión de 5 presidentes en un verano.

Capacidad para interpelar gobiernos, incapacidad para construir los propios

A modo de autocrítica, cinco años después, los hombres de la central, concluyeron que fueron capaces “de convocar a la consulta popular frente a la inacción del poder político. De acertar en una propuesta con la que se identificó la mayoría de la población. De consignar de dónde saldrían los recursos para sostener el shock redistributivo. De construir un entramado organizativo que extendió territorialmente la iniciativa hasta llevarla al último rincón de la geografía nacional. De promover una masiva movilización federal y multisectorial. Esa fortaleza alcanzó para plantar una alternativa al discurso hegemónico, pero fue impotente para conducir y encausar la bronca popular.”

Nunca mejor dicho. Eso fue precisamente lo que pasó. Mientras que miles de jóvenes salieron espontáneamente a las calles de Buenos Aires para desafiar la autoridad resquebrajada de un sistema en crisis, los militantes de la CTA no estuvieron ausentes, pero su dirección y estructura palideció en el silencio. Los 3 millones de votos por un programa posible no fueron sostenidos en la calle luego de los sucesos de diciembre de 2001, y eso provocó serias consecuencias dentro y fuera de la combativa central. Especialmente afuera, donde las dramáticas consecuencias de la crisis económica habían dejado más trabajadores desocupados que asalariados organizados y con poder de veto para zanjar las circunstancias de la crisis. Cuando esos desocupados encabezaron la ofensiva por condiciones dignas, la CTA, malherida por la dinámica de la crisis no tuvo chances de acompañar el reclamo, salvo por una de sus ramas menos apreciadas dentro de su galaxia asalariada: la Federación de Tierra y Vivienda, encabezada por un maestro que recién se estaba haciendo conocer. Se llamaba Luis D’Elía y en aquellos años marchaba junto a Víctor Alderete de la Corriente Clasista y Combativa. Corría el 2002 y la evolución de la feroz crisis fue protagonizada por la masiva movilización de movimientos de trabajadores desocupados que definieron la suerte del gobierno provisorio de Duhalde. Tras los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el 26 de junio de 2002, cuando efectivos de la Policía bonaerense desataron una feroz represión ordenada y planificada por el entonces presidente, el panorama político cambió apenas el gobierno resolvió el llamado anticipado a elecciones.

Eso que quieres, no te lo daré

Ahí volvió a tallar la CTA. Por aquel entonces, Néstor Kirchner era el gobernador de la patagónica provincia de Santa Cruz y encabezaba uno de los poquísimos sectores progresistas del oscurecido aparato pejotista, que en esos años había hecho gala de su impresionante capacidad para perseguir, golpear y asesinar opositores en el conurbano bonaerense. Kirchner se referenciaba en el alicaído espacio progresista y antes de las elecciones llegó a mostrarse en público con el por entonces secretario general de la CTA, Víctor de Gennaro. El hombre K ganó por el 22 por ciento de los votos, y desde el 25 de mayo de 2003, se fue alejando cada vez más de la combativa central.

Han pasado 5 años desde aquél entonces y casi 8 desde que el Frenapo juntó 3 millones de votos para que semejante consenso se le diluyera entre las manos al calor de la crisis. Desde que Néstor Kirchner asumió, la única certeza que tuvieron los hombres de la CTA fue que la personería gremial estaba lejos, salvo ahora que la correlación de fuerzas cambió y el Gobierno Nacional necesita nuevos y poderosos aliados.

Caracterizada por una creatividad pocas veces vista para llevar adelante sus reclamos desde el sindicalismo, la CTA parece haber aprendido de las duras lecciones que ha vivido en casi dos décadas. En 2006, en pleno apogeo del kirchnerismo, la central concluyó que “resolver la ecuación que expresa la debilidad de las fuerzas populares frente a un enemigo minoritario pero sumamente poderoso, es un argumento clave para reactivar, profundizar y desarrollar el andamiaje del nuevo movimiento político y social.”

Eso será la Constituyente Social. “Distribución de la Riqueza, Soberanía y Democracia son cuestiones que trabajan en la base de cualquiera de nuestros derechos sociales y humanos. –dice su convocatoria- Cuando no están resueltos, todo lo que hacemos se vuelve un parche superficial, y le dejamos el campo libre al hambre y al autoritarismo que el capitalismo impone disfrazado de gobernabilidad institucionalizada. Pero ¿qué características debe tener el desarrollo político que efectivamente garantice que estos temas se resuelvan a favor de los sectores populares, en la sociedad y en el Estado?”

¿Otro Frente contra la Pobreza?

Para responder esa pregunta, la central esta distribuyendo 100 preguntas al campo popular que recorrerán los espacios de discusión política más amplios del país y que, posiblemente, desemboquen en la constitución de un nuevo movimiento político que arrastre a un sector importante de la izquierda argentina. Si las cosas salen bien, la dotará de un programa amplio y consensuado para llevar adelante, por fuera de la esfera gubernamental, la discusión más importante y menos abordada: la redistribución de la riqueza en Argentina.

Hay razones para hacerlo. Según el documento sobre “la Constituyente”, en lo que va de los “cinco años de crecimiento, de cada 100 pesos que se generaron en los últimos años por el proceso de crecimiento económico, el 30% más rico se quedó con $ 62,50. Los $ 37,50 restantes serán repartidos entre el 70 % restante de la población”.

La apuesta es por una democracia real que se constituya con consultas populares, presupuestos participativos y paritarias sociales. Un proyecto cuya capacidad creadora se podría disparar si su cuerpo sindical recibiera la personería gremial que le corresponde y que le ha sido negada por 18 años. Mucho más que una bocanada de aire fresco para el golpeado sistema sindical argentino y nada menos que una nueva oportunidad para que el movimiento obrero salga de una de las encrucijadas más importantes de la historia reciente. Pero lo principal, más allá de las ambiciones históricas, es saber si la CTA aprobará el examen que en 2001 no pudo superar. Los muchachos que la fundaron en 1991 ya no son los mismos. No es ninguna novedad. Pero resta saber si aprendieron la lección.

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