A fines de junio fue conocido por su anuncio más importante y por un secreto: el destino de 80 millones de dólares para financiar en los próximos dos años los planes para “una salida democrática para Cuba” y un segmento secreto que aun no se conoce. Pero el segundo informe de la denominada Comisión de Asistencia para una Cuba Libre, del Departamento de Estado, fue publicado el 26 de junio en su sitio de Internet y va mucho más allá de la abultada cifra prevista para hostigar a la revolución Cubana. Washington se reserva hasta la posibilidad de enviar todo el personal necesario en caso de que un gobierno de transición “así lo solicite”.
Para Estados Unidos, el gobierno cubano es hoy una “fuerza desestabilizadora en la región” y para eso el documento que analizamos a continuación, cuenta con planes de buscar una coalición internacional contra Cuba, la multiplicación de transmisiones de TV opositoras, el “entrenamiento” de periodistas independientes, la elaboración de listas de los funcionarios cubanos que sigan a favor de la revolución, y hasta el monitoreo de la exportación de equipos médicos y el control de todos los bienes cubanos en el exterior.
El informe está dividido en un Resumen Ejecutivo, una Introducción y siete capítulos donde se recogen las recomendaciones para acelerar el pretendido fin del gobierno cubano y asegurar que ocurra una “transición” en lugar de una sucesión política; se establecen las bases para la asistencia a un supuesto gobierno de transición para que responda a las necesidades humanitarias del pueblo cubano en ese proceso y se organice un proceso electoral; medidas para ayudar en la implementación de reformas para establecer una economía de mercado; se establece el papel de la comunidad internacional y la comunidad cubana en el proceso de transición y se recogen las recomendaciones que el gobierno de Estados Unidos debe implementar de inmediato para apoyarla.
El capítulo 1 plantea un grupo de recomendaciones en las áreas de la subversión interna, aislamiento político internacional y bloqueo, y según reza, cuenta con un anexo clasificado que contiene otras recomendaciones.
Se establece que el objetivo fundamental de este diseño sería promover y apoyar un creciente consenso internacional sobre una Cuba “democrática” e impedir la permanencia del actual sistema de gobierno y se afirma que es una ilusión la percepción de que un gobierno sucesor dirigido por Raúl Castro o algún otro líder cubano no electo “democráticamente” garantizaría la estabilidad en Cuba.
Afirma que el gobierno cubano es hoy una fuerza desestabilizadora en la región, una amenaza demostrada para los norteamericanos y los cubanos, que existen actores en la comunidad internacional que buscan acomodarse o apoyar la estrategia de sucesión del gobierno cubano y que los países democráticos del hemisferio occidental deben tener liderazgo en el establecimiento de una llamada Cuba “democrática”.
Con el objetivo de incrementar los esfuerzos para fomentar la desestabilización interna se recomienda crear un denominado Fondo Cuba para un Futuro Democrático, que destinaría 80 millones de dólares en dos años para apoyar a los grupos de oposición interna, incrementar las campañas internacionales contra nuestro país, ampliar los esfuerzos para las trasmisiones contrarrevolucionarias y continuar desarrollando iniciativas de asistencia a la contrarrevolución interna para lograr la “transición democrática”; además se recomienda un financiamiento anual de no menos de 20 millones de dólares para programas democráticos sobre Cuba.
Del denominado Fondo Cuba para un Futuro Democrático se destinarían 31 millones de dólares para promover y apoyar a grupos de la oposición interna en la isla, 10 millones para financiar intercambios educacionales, cursos y becas en universidades de terceros países para estudiantes y jóvenes en interés de la oposición, 24 millones para las campañas informativas destinadas a la audiencia nacional y desarrollar las vías para su difusión, incluyendo Internet; y 15 millones para apoyar los esfuerzos internacionales para fortalecer la oposición interna y los procesos de planificación acerca de la transición.
En el área de las transmisiones, el documento recomienda avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías para expandirlas y proveer equipamiento para que la señal pueda ser recibida en Cuba y diseminada por toda la isla, financiar la transmisión de las señales de “TV Martí” vía satélite por los medios más efectivos posibles, conducir una revisión integral en 90 días sobre las formas para desarrollarlas, financiar ongs para que suministren equipamiento a grupos de la oposición interna a fin de que puedan recibir las señales internacionales y acceder a la llamada prensa independiente, expandir el uso de terceros países para las transmisiones, implementar experiencias adquiridas en otras transmisiones para alcanzar una audiencia más amplia y una programación más efectiva en el caso de Cuba, apoyar el entrenamiento y equipamiento de “periodistas independientes” y desarrollar sus capacidades de divulgación, así como establecer reuniones trimestrales entre las agencias gubernamentales implicadas para coordinar una estrategia de transmisiones y de comunicación para Cuba.
El paper, más parecido a un plan de operaciones que a un grupo de recomendaciones, propone mantener un alto perfil de mensajes y declaraciones públicas de funcionarios de gobierno sobre la transición, para proyectar la idea de un cambio inminente, así como una estrategia diplomática para hacer avanzar el punto de vista de Estados Unidos de que existe una oportunidad de lograr una transición si se actúa de inmediato.
Por otra parte, plantea condicionar la suspensión de la aplicación a terceros países del Título III de la Ley Helms-Burton al criterio de si este colabora o no con la estrategia de sucesión del gobierno cubano, reforzar el Título IV de la misma Ley, particularmente para áreas estratégicas como petróleo, turismo, níquel, tabaco y ron, así como estimular a trabajadores del turismo, la minería y otros sectores a mantener un registro completo de sus salarios.
En el área diplomática propone una estrategia para restar legitimidad al gobierno cubano y buscar apoyo para el diseño de la transición, mediante la coordinación de esfuerzos y objetivos con otros países para apoyar los pretendidos cambios en Cuba, incluyendo la realización de ejercicios de planificación, promover una vinculación entre países europeos y de América Latina para trabajar el tema de Cuba, construir una coalición de países para apoyar la transición ahora y en el momento en que comiencen los cambios en la isla, trabajar con la OEA y los países miembros para establecer como una condición para la reintegración de Cuba al sistema interamericano su apego a la Carta Democrática Interamericana, expandir el apoyo a terceros países que ayudan a la proliferación de grupos opositores en Cuba, estimular a las naciones latinoamericanas y europeas de la llamada Comunidad de Democracias a que inviten a líderes de la oposición interna en Cuba a reunirse con funcionarios y dirigentes de la sociedad civil en sus respetivos países, establecer una distinción entre los gobiernos que apoyan una sucesión y los que apoyan la transición, fortalecer las campañas sobre los supuestos abusos de Cuba en organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo.
Propone establecer una lista de involucrados en abusos a los derechos humanos en Cuba e incluirla en la base de datos del Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado; permitir que se deniegue estatus de inmigrante o visa de no inmigrante a funcionarios del gobierno cubano o del Partido Comunista de Cuba, autorizar la denegación del derecho de ajustarse a un estatus legal permanente a cualquier funcionario cubano si ello fuera en detrimento de los intereses de Estados Unidos, retirar de la base de datos de vigilancia de visas a aquellos funcionarios que han abandonado el gobierno y expresen públicamente su compromiso o adopten pasos concretos para apoyar los cambios democráticos en Cuba y poner a consideración de INTERPOL los nombres de los acusados en el caso de los pilotos de “Hermanos al rescate”
Sobre el tema migratorio, recomienda realizar esfuerzos diplomáticos para notificar el gobierno cubano de sus supuestas violaciones a los acuerdos migratorios y protestar por “sus esfuerzos para interferir y desestabilizar la política migratoria de Estados Unidos”.
En el área de bloqueo, establecer una Fuerza de Tareas para la aplicación de la ley con el propósito de lograr una implementación más efectiva de las sanciones económicas contra Cuba y emitir una directiva a las agencias gubernamentales de cumplimiento de la ley para dar seguimiento a investigaciones criminales, incluyendo procesamiento cuando sea posible y apropiado sobre violaciones de las regulaciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), fundamentalmente sobre fondos utilizados en transacciones de viajes sin licencias a Cuba.
El documento recomienda a la OFAC prohibir el envío de remesas a través de terceros países y requerir que esas operaciones sólo sean realizadas a través de agencias autorizadas, eliminar el empleo de tarjetas de crédito o débito para viajes a Cuba, expandir la lista de funcionarios y agencias cubanas a las que les está prohibido recibir remesas y asegurar que aquellos incluidos en la lista de violadores a los derechos humanos no se beneficien de “la política humanitaria” de Estados Unidos, establecer nuevos criterios y requerimientos para los proveedores de servicios de viajes y de envíos, incluyendo el requerimiento de que éstos tengan una auditoría financiera independiente anual, expandir el empleo de la categoría de Nacionales Especialmente Designados para designar a compañías involucradas en los esfuerzos para promover las ventas o viajes a Cuba sin licencias, así como en los envíos de remesas o en otras transacciones desde Estados Unidos hacia Cuba.
Al Departamento de Comercio se le recomienda revisar las regulaciones para la concesión de licencias de estadía temporal e implementar guías para asegurar que las licencias sean concedidas a embarcaciones marítimas que estén registradas específicamente para el transporte de bienes o participen en el transporte regular de productos a granel o que sea consistente con los intereses de Estados Unidos, revisar las regulaciones e implementar las guías para denegar licencias de exportación para ventas de equipos médicos, cosméticos o discrecionales que serían utilizados en programas médicos para turistas y pacientes extranjeros, desarrollar requerimientos para la certificación y monitoreo de las exportaciones de equipos médicos, monitorear que estos equipos sean utilizados en instituciones con ese fin, y prohibir futuras exportaciones si el gobierno cubano se niega a tales monitoreos, reafirmar la política del gobierno de los Estados Unidos para la concesión de licencias de exportaciones y reforzar las regulaciones para la exportación de bienes humanitarios que no sean productos médicos o agrícolas para asegurar que éstas sean administradas por entidades que apoyan la llamada sociedad civil en Cuba.
Como parte de los esfuerzos para perseguir las transacciones financieras cubanas, se recomienda establecer una Fuerza de Tareas “interagencial” sobre el níquel de Cuba, para fortalecer el proceso de certificación de importaciones de níquel y cobalto consistente con las regulaciones domésticas e internacionales, incrementar los esfuerzos para identificar fuentes de financiamiento y bienes cubanos en el extranjero e iniciar un esfuerzo diplomático para involucrar a otros países y organizaciones en estas operaciones, asignar al Grupo de Identificación de Bienes Cubanos la tarea de encontrar vías adicionales para afectar los activos cubanos en el exterior, incluyendo la identificación de bienes de funcionarios cubanos en el exterior, la búsqueda de información sobre actos de corrupción de funcionarios cubanos y bienes asociados a estos hechos.
Los capítulos 2,3,4,5 y 6 detallan las medidas de carácter estratégico que adoptaría Estados Unidos para apoyar un supuesto gobierno de transición en Cuba y consolidar los presuntos cambios internos. Las recomendaciones en esta área incluyen otorgar asistencia de orden humanitario y social, dar asesoría para la realización de elecciones y otras acciones de naturaleza política, conducir al país hacia una economía de mercado con énfasis en la privatización, involucrar a la comunidad internacional en los esfuerzos de “transición”, y estimular que la comunidad cubana radicada en terceros países se integre al pretendido proceso de reconstrucción de Cuba.
En este contexto el informe menciona el tema de los reclamos de propiedades confiscadas planteando que su solución debe abordarse en un marco de negociación bilateral, sin presentar propuestas concretas al respecto. Indica que las Fuerzas Armadas de Cuba deben adaptar su papel al supuesto “período democrático” y recomienda la asesoría de países ex comunistas y organizaciones internacionales para lograr esos propósitos.
El capítulo 7 y último establece un conjunto de recomendaciones que la administración debe adoptar en lo inmediato para apoyar la pretendida transición. Al respecto sugieren orientar al Coordinador para la Transición que establezca intercambios con miembros de la contrarrevolución para revisar de conjunto los planes de apoyo a la transición con el fin de asegurar que ese sea el respaldo y las prioridades que los “cubanos” necesitan, así como iniciar gestiones diplomáticas con países donantes e instituciones financieras internacionales a fin de preparar las condiciones para un futuro apoyo multimillonario dirigido a consolidar la “transición democrática” en Cuba.
Por otra parte propone establecer un Comité de Coordinación Política (identificado como PCC por sus siglas en inglés) para la Transición en Cuba co-presidido por el Coordinador para la Transición y el Consejo de Seguridad Nacional, con el apoyo del Coordinador para la Reconstrucción y Estabilización del Departamento de Estado.
También se establecerían otros grupos de trabajo en diversas áreas como democracia, seguridad, legalidad, asistencia humanitaria y crecimiento económico.
Este Comité de Coordinación Política para la Transición en Cuba reportaría a la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre sobre la evolución de los planes de transición, incluida la coordinación “interagencial” con funcionarios estatales y locales, haría recomendaciones actualizadas sobre los planes de transición en correspondencia con las circunstancias concretas, y coordinaría los planes de transición “interagencias”, incluida la supervisión de la implementación de las recomendaciones, tanto del primero como del segundo informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre.
Por otro lado, se instruye a la Oficina del Coordinador para la Reconstrucción y Estabilización del Departamento de Estado que prepare y mantenga una lista de los empleados del gobierno norteamericano con experiencia relevante sobre Cuba o en materia de reconstrucción a fin de que presten su asistencia a un gobierno de transición.
También recomienda impartir cursos de entrenamientos sobre Cuba en el Instituto de Servicio Exterior del Departamento de Estado, orientar al Departamento de Comercio que establezca un comité asesor del sector privado integrado por expertos sobre la isla para asegurar que se implementen las mejores opciones en apoyo a un gobierno cubano de transición, iniciar gestiones con organizaciones internacionales interesadas en la preparación de la transición, entre ellas UNICEF, PNUD, UE, OECD, OEA y OPS. Planificar con antelación que las naciones donantes interesadas en la reconstrucción “democrática” de Cuba aseguren una asistencia oportuna durante y después de la “transición”.
El plan propone utilizar al máximo las oportunidades de trabajar con grupos e individuos cubanos de dentro y fuera del país comprometidos con la “transición”, y apoyar los esfuerzos para identificar a cubanos con habilidades que viven en el extranjero y otras personas que dominen el idioma español, interesadas en apoyar el proceso de “transición” en Cuba.
Alentar a esos individuos y grupos para que estén preparados a fin de que apoyen los esfuerzos de asistencia, así como continuar manteniendo reuniones con miembros del Congreso a fin de que los legisladores y sus asistentes estén completamente al tanto de los planes y esfuerzos para acelerar esa “transición”, que más se parece a un plan de invasión y desmantelamiento de la Revolución Cubana que a otra cosa.
Otras recomendaciones en el capítulo final del documento se refieren a las medidas que en lo inmediato Estados Unidos adoptaría para responder a una supuesta situación de emergencia humanitaria y social en Cuba, así como el apoyo que daría para la ejecución de los cambios políticos y económicos durante la pretendida transición. Al respecto el informe identifica al Departamento de Estado y a la USAID como dos de las agencias con mayor peso en este proceso en coordinación con organismos de Naciones Unidas, la OEA, ONG’s e instituciones religiosas.
El informe indica explícitamente que Estados Unidos tendrá listos los planes y el personal para intervenir en Cuba en caso de que un supuesto gobierno de transición “así lo solicite”.
