La calle está más heavy que un instituto

La Corte revocó la libertad de 60 menores de 16 años, instó al Gobierno y al Congreso a ajustar la ley a la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y encendió la polémica. El Tribunal sigue marcando la agenda pública. Los medios y Scioli criminalizan la pobreza.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia revocando por unanimidad de sus siete miembros la decisión de la Cámara Nacional de Casación que ordenaba la libertad de 60 chicos menores de 16 años, acusados de diferentes delitos penales, e instando al Gobierno y al Congreso a adecuar la ley sobre menores a la Convención Internacional sobre Derechos del Niño encendió una fuerte polémica entre los sectores preocupados y ocupados por la situación social, en especial de niños y adolescentes.

Controversial en lo específico, esta decisión no puede ser analizada fuera del contexto actual de hipersensibilización de la opinión pública por la problemática de la inseguridad y, mucho menos, sin tener en cuenta la espesura política de esta Corte, sus cinco años de trayectoria de 2003 a esta parte y la coyuntura de la Buenos Aires del gobernador Daniel Scioli.

Para empezar, la decisión

El máximo tribunal de la Nación revocó el fallo que permitía la libertad de los menores argumentando que Casación se arrogó facultades propias de los otros dos poderes del Estado, imponiendo «una suerte de régimen general sustitutivo» de la ley penal de la Minoridad (la 22.278 de 1980, en realidad un decreto de la dictadura militar), que considera que los menores de 14 a 16 años son inimputables en la Argentina. Sucede que, al mismo tiempo, en su artículo primero, esta norma habilita a los jueces a internarlos para su protección «moral y material», lo que lleva a que en los Institutos de Menores convivan jóvenes infractores a la ley con chicos carenciados o en situación de conflicto familiar. Para peor, todos pueden estar allí durante un tiempo indeterminado por decisión de un juez y, en el caso de los sospechados de haber cometido delitos, sin que antes se los haya juzgado.

Los detractores de la sentencia de la Corte, afirman que se está declarando una virtual constitucionalidad de este decreto dictatorial y legitimando la privación de libertad sin debido proceso, con la excusa de la protección de los menores.

En declaraciones periodísticas, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, ponderó como mucho más eficaz una sentencia que exhorta a los poderes del Estado a tomar iniciativas concretas antes que declarar la inconstitucionalidad de la ley. El fallo sostiene que «se requiere de la suficiente e indispensable concreción de medidas de política pública previas» a una liberación de los menores, y que estas deberían implementarse «en un plazo razonable». El fallo postula que no se trata de “desaprobar las leyes que limitan los derechos, libertades y garantías de los niños” sino de que los “poderes públicos” establezcan “al unísono, otras políticas, planes, programas generales y específicos en materia de educación, salud, deporte, adicciones, estrategias, instalaciones debidamente calificadas con personal adecuado, recursos y normas de coordinación”.Además, recuerda que el Comité de los Derechos del Niño, en octubre de 2002, ya había expresado «su preocupación» respecto de que la ley vigente en el país «no traza una distinción clara entre niños que necesitan protección y cuidado y niños en conflicto con la ley penal».

Intentando un análisis

Un camino para desbrozar esta medida puede ser discriminar entre la decisión puntual que afecta a los 60 pibes del San Martín y el resto del fallo, donde la Corte aprieta al Poder Ejecutivo y al Congreso para que se pongan las pilas desde una mirada totalizadora. Una síntesis posible tal vez sea la expresada en el blog Saber derecho a través del post titulado “Bien pensado, inconsistentemente resuelto”. Como se apunta allí y se sospecha extendidamente, una Corte que, como la actual, interviene decidida y abiertamente con sus fallos en la esfera de lo político, difícilmente no considere la repercusión mediática de sus decisiones. ¿Quiso evitar la Corte las tapas de los diarios que la sindicaran propiciando la liberación masiva de menores en una coyuntura de alta susceptibilidad de la opinión pública con la inseguridad? Es posible, pero hay que recordar que el 18 de marzo pasado, la Corte ya había suspendido esta medida dictada en diciembre de 2007 por la Cámara de Casación (que ahora revoca). Y en aquella fecha, no era menester quedar bien con la gente ya que la inseguridad no existía: acababa de iniciarse la escalada de la patronal agroexportadora y TN estaba en cadena al borde de las rutas acompañando la rebelión de las camperas de carpincho.

El argumento central de quienes juzgan incongruente el fallo supremo apunta a las condiciones infrahumanas y violatorias a que los pibes están sometidos en los institutos. Las declaraciones de la jueza Carmen Argibay («No digo que los institutos estén bien ni que la ley de menores actual sea la más maravillosa del mundo») confirmando esta situación y, más aun, las de otro magistrado, Raúl Zaffaroni, subiendo la apuesta (“Le pedimos al Congreso que cambie la legislación porque nuestro régimen penal de menores es inconstitucional”) resultan, a primera vista, contradictorias con el fallo y bastante alineadas con sus críticos. Sin embargo, cuando Argibay señala a los medios que “si se libera hoy a esos chicos, que están marcados, se los convierte en blancos móviles de la represión policial”, no se trata de una observación puntual. La evalución implícita en el fallo y en las declaraciones parece ser, en buen criollo, “sí, los institutos son una mierda, pero la verdad es que el clima que hay afuera nos parece aun peor. Dejen de discutir la baja en la edad de imputablidad y háganse cargo de los pibes y de la crisis social”. A riesgo de ser corrida por izquierda por sostener la tutela de los menores, la Corte parece elegir enviar un mensaje global que va más allá de la apelación específica. Cuando la calle es tierra de nadie, estos pibes están condenados por un sistema político que no los defiende y les tira encima a la policía, mientras una parte de la sociedad los señala por portación de cara y los quiere sacar de sus vidas a como dé lugar.

Un poco de historia, un poco de política

La renovación de la composición de la Corte Suprema de Justicia en 2003 y el mecanismo fijado para tales efectos debe constituir, casi con seguridad, el único de los logros de la era K unánimemente reconocidos por la sociedad.

El desplazamiento de la banda de forajidos con diploma que garantizó la mayoría automática menemista por este conjunto de jueces de encomiables trayectoria e idoneidad estableció las bases para la recuperación del Poder Judicial. Tan trascendente fue aquella movida que elevó las expectativas sobre el naciente kirchnerismo a un extremo que, pasados ya cinco años, le ha costado mucho empardar.

Pero si aquel fue un mérito que nadie podrá robarle a Néstor Kirchner, los siete miembros de este Tribunal se transformaron por propia iniciativa en la primera Corte de la historia del país que trata de empujar la agenda pública, que marca pautas, que sacude a los otros poderes políticos para que se muevan y se hagan cargo de los quilombos. Todo esto, a gusto de quien escribe, con un espíritu garantista y progresista que destella aun más en comparación con la media circundante.

La movilidad de las jubilaciones, la convalidación de los estudios de ADN extraídos de objetos personales para la búsqueda de desaparecidos, la limpieza del Riachuelo, la doble instancia en causas penales, la búsqueda de acuerdos para la despenalización del consumo de drogas, la discusión de un nuevo modelo sindical son algunos de los temas con que esta Corte dio muestras claras de su voluntad de incidir en la vida pública. Visto desde esta perspectiva, si bien resulta atendible la opinión de quienes acusan al tribunal de no querer pagar el costo de declarar la inconstitucionalidad de una ley que provocaría la liberación de los menores cuando la sensación térmica de inseguridad está en alza, la decisión de los supremos más parece orientarse en la misma línea que viene transitando en estos últimos cinco años. Su preocupación parecen ser menos los medios que un poder político que alienta medidas cada vez más duras. Incluyendo no solo la prédica de Scioli sobre la baja en la edad de imputabilidad, sino también la defensa del accionar policial de la presidenta Cristina Fernández, quien acusó a los jueces de conceder demasiadas excarcelaciones no hace tanto tiempo.

Tanto el gobierno nacional como el provincial seguramente temen que la cuestión de la seguridad pueda complicar el resultado de las próximas elecciones en el estratégico distrito bonaerense. Ocurre que la inseguridad no es más que la manifestación de la violencia social, y si esta no retrocede es porque el propio Estado no termina de ir a fondo en eliminar sus causas en la medida en que carece de una política global y sí suma innumerables programas focalizados que no responden a ninguna estrategia general.

El fondo de la cuestión es que no hay una política pública universal para remover las causas de la violencia social cuyo fondo es la inequitativa distribución de la propiedad.

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