La batalla del río Uruguay. Peor, pero un poco distinto

Por Guillermo Waksman, gentileza Semanario Brecha, especial para Causa Popular.- El enfrentamiento binacional por las plantas de celulosa de Río Negro tuvo esta semana un nuevo tropiezo y cada día que pasa parece más difícil encontrar una salida. Con todo, algo parece haber cambiado en estos días: ya no hay un eje Uruguay-Botnia contra Argentina, sino que Botnia se cortó sola y las posiciones de los dos gobiernos estarían un poco más cerca.

El conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de las plantas de celulosa tiene como actores protagónicos a los dos gobiernos, y en los papeles secundarios, de un lado las empresas Botnia y Ence y del otro las asambleas de ambientalistas. Pero, como ocurre en la literatura y en el cine, hay veces en que los actores secundarios se vuelven protagonistas.

Es lo que sucedió esta semana: la trasnacional Botnia pisó fuerte e impidió un acuerdo entre los dos gobiernos que ya estaba prácticamente pronto para ser firmado, y la única reacción fuerte del lado argentino provino de los asambleístas de Gualeguaychú.

Pero esa inversión de roles no fue el cambio principal de esta semana en relación con el conflicto binacional, cuya entidad y alcances admitió el gobierno uruguayo por primera vez en la conferencia de prensa brindada el martes 4 por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. La mayor novedad fue que por primera vez el gobierno de Tabaré Vázquez aparece claramente desmarcado de la posición de Botnia, aunque más no sea en esta coyuntura.

Al mismo tiempo, el gobierno argentino -que en cuanto al fondo del asunto comparte la posición de los ambientalistas-reiteró, esta vez con más énfasis que nunca, su discrepancia con la metodología que emplean los vecinos de Entre Ríos y les pidió reiteradamente, en público y en privado, que no recurrieran a los cortes de ruta, por lo menos durante algunos días, para poder llegar a un acuerdo con el gobierno de Vázquez. Kirchner se expuso de ese modo a lo que tanto temía y finalmente ocurrió: hacer exhortaciones que no fueran atendidas.

La semana había empezado con mal pronóstico: Argentina seguía sosteniendo que su presidente no se reuniría con Vázquez mientras Botnia no detuviese las obras. La empresa decía que no lo haría mientras el gobierno uruguayo no aclarase quién pagaría los salarios perdidos.

A su vez, los ambientalistas de Gualeguaychú insistían en que si los dos presidentes no se reunían, el miércoles 5 a más tardar volverían a bloquear el puente Fray Bentos-Puerto Unzué. A pesar de este silogismo sui géneris, de imposible conclusión, el canciller Reinaldo Gargano aseguraba que los dos presidentes se reunirían el miércoles, día más, día menos.

El lunes 3 de noche parecía que los hechos le darían la razón. Pero el martes 4 a mediodía se conoció la marcha atrás de Botnia: las obras se detendrían, sí, pero sólo durante diez días, Semana de Turismo incluida. En esas condiciones, los dos gobiernos, que a lo largo de innumerables reuniones y conversaciones telefónicas entre Alberto y Gonzalo Fernández habían llegado a un acuerdo, debían suspender por segunda vez la cumbre presidencial de Anchorena.

Punto de inflexión

Al anunciar la nueva postergación, un abatido Gonzalo Fernández brindó algunos detalles del acuerdo, que sólo se habría frustrado, según señaló, por la intransigencia de Botnia.

Esos datos revelarían un acercamiento entre ambos gobiernos, sobre todo por una actitud flexible de parte del de Kirchner. El primero de esos puntos es que, según dijo Fernández, Argentina acepta “que las plantas se construyen y que se hacen en el lugar donde están proyectadas”.

El segundo dato es la distancia que marcó con la posición de Botnia, a la que no sólo responsabilizó del nuevo fracaso de la cumbre de Anchorena; dijo también: “No les vamos a pedir más nada, salvo quizás, que recapaciten y que entiendan que cuando existen conflictos internacionales o binacionales de este tenor, amén del interés puramente comercial, hay que mirar y pensar también un poquito en otros aspectos, porque si bien la empresa Botnia, como dice en su comunicado, aporta una inversión de mil millones de dólares a Uruguay, a raíz de los bloqueos ilegítimos Uruguay ya perdió casi 300 millones de dólares”.

Añadió que “la Presidencia de la República lamenta hondamente que la empresa no haya captado en sus verdaderas dimensiones y alcance la entidad del conflicto binacional que en este momento enfrentamos, y que no haya sido más generosa en el otorgamiento de un plazo”, un reproche no exento de ingenuidad, en el sentido de que la generosidad y las trasnacionales son, como es notorio, tan incompatibles como las peras y el olmo.

La tercera novedad que reveló Fernández se refiere al limitado alcance que tendría el estudio de impacto ambiental: “Este estudio que se pretendía hacer por parte de la República Argentina, era un estudio del posible impacto ambiental acumulativo.

¿Por qué? Porque las dos plantas están muy próximas una de otra, pero eso estaba aceptado como irreversible por la República Argentina. Y Uruguay no va a pedir la relocalización”. Agregó que ese estudio no sería vinculante para los gobiernos, por más que Argentina había partido en la negociación exigiendo que lo fuera, que la comisión estaría integrada por tres técnicos de cada país y que se expediría en un plazo muy breve, a lo sumo de 45 días, pero quizás de 30 o menos.

Fernández sugería de ese modo que los dos gobiernos habrían estado dispuestos a aceptar una contrapropuesta de Botnia de reducir el plazo de interrupción de las obras, pero no al extremo de los diez días que planteó.

El secretario de la Presidencia hizo, con todo, una advertencia al gobierno argentino: cuando se le preguntó cómo actuaría Uruguay en caso de que, como era previsible, se repitieran los bloqueos de los puentes, respondió que primero se pediría al gobierno de Kirchner que restableciera el tránsito y que, si no se obtenían resultados, se recurriría a tribunales internacionales, invocando la disposición del Tratado de Asunción que garantiza la libre circulación de bienes, personas y mercaderías por todos los países de la región.

Fernández dejó constancia, incidentalmente, de un detalle nada menor que hasta ahora el gobierno de Vázquez había preferido omitir: las autorizaciones para construir las plantas de ence y de Botnia fueron otorgadas por el presidente Jorge Batlle. “Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir las obligaciones asumidas antes”, como si de ese modo deslindara toda responsabilidad por el proyecto forestal y celulósico.

Botnia cambia, todo cambia

La posición de Botnia de no detener las obras durante más de diez días modifica, sin explicación alguna, su decisión anterior, contenida en un comunicado del domingo 26 de marzo. En ese texto decía que “haciéndose eco de la exhortación hecha por los presidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner, suspenderá durante un período máximo de noventa (90) días los trabajos de instalación de la planta de celulosa”.

Unos días después trascendió la versión de que Botnia detendría las obras en principio por diez días, pero que después de la cumbre vería durante cuánto tiempo mantendría la interrupción de los trabajos. El martes 4 finalmente anunció que “con el objetivo de contribuir a generar un espacio de diálogo entre los gobiernos de Uruguay y Argentina, el directorio de Oy Metsa Botnia Ab ha decidido que la compañía suspenderá los trabajos de obra civil de su planta de celulosa en Fray Bentos por un período de diez días comenzando a partir del 7 de abril”. Y agregó, por si alguna duda quedaba, que “los trabajos de construcción se retomarán el 18 de abril de 2006”.

Según trascendió, la decisión definitiva fue adoptada en Helsinki por el directorio de la empresa, después de que su presidente viajara a Montevideo y se entrevistara con Vázquez. Las autoridades de Botnia en Uruguay, en cambio, estaban inclinadas a suspender las obras durante un plazo que, si bien no llegaba a los noventa días, era más razonable y hubiera sido aceptado por los gobiernos.
Después de la nueva cancelación de la cumbre de Anchorena BRECHA pidió una entrevista con el principal ejecutivo de Botnia en Uruguay, el ingeniero Carlos Faroppa, pero la respuesta que recibió es que en estos días no concede entrevistas a ningún medio.

La única versión de Botnia que se ha conocido fue la recogida por la agencia de noticias efe de una fuente no identificada de la empresa. El comentario fue que con la suspensión por diez días “la intención era mostrar nuestra disposición a colaborar para encontrar una solución al conflicto, creando una atmósfera propicia ante la reunión de los presidentes”. La misma fuente dijo también que “lamentamos mucho” la postergación de ese encuentro y añadió que Botnia sigue dispuesta a negociar para encontrar una solución definitiva al conflicto. “Siempre hemos estado y seguiremos estando abiertos al diálogo”, concluyó.

¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Botnia a aceptar un plazo nueve veces menor al que se le solicitaba? Según sostuvo Fernández, la última decisión de la empresa no se debió a los costos que significaría el pago de los salarios perdidos sino a que “entiende que las repercusiones en el mundo financiero internacional y en la bolsa pueden ser desfavorables”.

Es cierto que los créditos que la trasnacional está gestionando ante la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, y ante algunos bancos privados -como el holandés ing- podrían demorarse si las obras se paralizaran, a la espera de su reiniciación.

Pero también puede haber otros motivos: no dar una señal de debilidad que pueda ser un antecedente en caso de futuras controversias con las autoridades, por ejemplo.
Por otra parte, desde el punto de vista de Botnia, para hacer un estudio de impacto ambiental acumulativo “que permitiera a Argentina despejar sus dudas” -Gonzalo Fernández dixit-, y destinado sólo a mejorar detalles de procedimiento en la operación de la planta para que su producción fuera más limpia de lo previsto, no es necesario parar las obras a esta altura de la construcción.

Aunque otro gallo cantaría si el estudio de impacto ambiental pudiera arrojar otro tipo de resultado: concretamente, que la contaminación se ubicase por encima de los parámetros aceptados y que sus efectos no pudiesen ser siquiera mitigados, tal como sostienen los ambientalistas argentinos y uruguayos.

Según Fernández, esa posibilidad está descartada por los estudios nacionales e internacionales ya realizados. El secretario de la Presidencia dijo también que el gobierno argentino aceptó igualmente que el resultado del estudio no obligue a ambos gobiernos, es decir que la decisión política podría modificar el dictamen técnico.

De ser así, la controversia entre los dos gobiernos -presionado uno por las reivindicaciones de los ambientalistas y el otro por las empresariales- volvería a plantearse cualquiera sea el resultado del estudio. Fuentes de BRECHA en el gobierno argentino, que pidieron reserva de su identidad, dijeron que su país siempre sostuvo que se atendría a los resultados del estudio técnico, que éste debía ser lo más riguroso posible, que sus resultados serían vinculantes para ambos estados y que en modo alguno se aceptaba de antemano que las plantas se construyan y que se levanten en el lugar previsto. “Cualquier otra actitud sería prejuzgar acerca de las conclusiones del estudio”, resumió la fuente.

El otro señor Fernández

Las reacciones en Argentina reflejaron la nueva situación de coincidencia entre los gobiernos y cuestionamiento a la empresa Botnia. Por un lado, el jefe de gabinete, Alberto Fernández, también responsabilizó a Botnia por la nueva postergación de la cumbre y subrayó su brusco e inexplicado cambio de actitud.

Sugirió además que las empresas temen que el informe técnico arroje un resultado negativo: “si efectivamente es como sostienen, que el impacto ambiental no va a tener la magnitud que se dice del lado argentino, entonces no entiendo por qué no facilitan la realización pronta de ese estudio”, dijo a Radio Mitre.

El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, se mostró llamativamente prudente y pidió a los ambientalistas de su provincia que no cortaran los puentes, porque esa medida por un lado distraía la atención de la opinión pública de la discusión principal, que es la ambiental, y por otro, perjudicaba la posición argentina ante un eventual reclamo en un tribunal internacional. Pero además cuestionó la representatividad de las asambleas, en las que participaba a lo sumo el 2 o el 3 por ciento de la población de Gualeguaychú, y planteó la idea de instrumentar un plebiscito.

El propio Busti, el canciller Jorge Taiana y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, se reunieron el mismo martes 4 con dirigentes de los ambientalistas entrerrianos para dar cuenta de la nueva postergación de la cumbre de Anchorena y pedirles que no cortaran los puentes, ya que en definitiva había un acuerdo entre los gobiernos.

Se les solicitó que por lo menos esperaran hasta el lunes 10, para hacer una nueva evaluación conjunta de la situación.

Al mediodía siguiente los vecinos de Gualeguaychú -prácticamente por unanimidad, según se anunció- hicieron caso omiso del planteo de las autoridades y bloquearon la ruta de acceso al puente General San Martín. La intervención de la abogada Romina Picolotti, recientemente premiada por su trabajo en defensa del ambiente, resumió el espíritu que predominó en la breve reunión al sostener que “se ha demostrado claramente la mala fe de las empresas, la buena fe del Estado argentino y que Tabaré Vázquez está atado de pies y manos y que no tiene muchas opciones si Botnia no cede”.

Hubo oradores que plantearon la necesidad de tener muy claro que sus diferencias no son con el pueblo uruguayo sino con sus autoridades.

En cambio, los vecinos de Colón, por mayoría, decidieron no cortar el puente que une su ciudad con la de Paysandú, aunque la votación dividida y la no muy numerosa participación en la asamblea permiten prever que la resolución podría ser reconsiderada dentro de pocos días. Los vecinos de Concordia no convocaron por ahora a una asamblea, de modo que los anuncios de que en esta ocasión se cortarían los tres puentes no se han concretado, al menos hasta ahora.

La Semana de la Cerveza en principio no corre riesgo. Pero aunque Argentina y Uruguay han declarado su disposición al diálogo y los Fernández siguen en contacto permanente, la definición del conflicto no parece cercana. nFacturas al contado

La frustración del arreglo que parecía inminente fue un festín para los tres partidos de oposición, con excepción de unos pocos dirigentes. Los líderes del Partido Nacional, el Partido Colorado y esta vez también el Partido Independiente no sólo responsabilizaron de la situación al gobierno del Frente Amplio sino que asumieron abiertamente la defensa de Botnia.

Según el ex presidente Jorge Batlle la empresa Botnia “no es responsable de nada: vino a Uruguay, se afilió a las leyes vigentes en el país en materia de inversiones y su presencia fue conocida por Vázquez, que inclusive trató con ella antes del 1 de marzo”.

Agregó que había aprobado la construcción de la planta tras recibir un informe “de unos consultores noruegos que le demostraron que no había daños ambientales”, y sostuvo que este conflicto “fuera de la ley, no se resolverá jamás”. En ese sentido se mostró partidario de que el litigio se dirima ante la Corte de La Haya.

Dijo también que había sentido “vergüenza de que el gobierno de nuestro país haya tratado de echarle la culpa de la situación a una empresa que viene a Uruguay a invertir” (Concierto fm, miércoles 5).

El ex vicepresidente Luis Hierro López no fue menos duro: “pocas veces hemos sido tan maltratados por un gobierno, como lo está haciendo Kirchner” y “nunca fuimos tan mal defendidos como en esta ocasión”.

A su vez, el presidente del Directorio blanco, Jorge Larrañaga, dijo que había quedado claro que el acuerdo entre ambos presidentes en Chile había sido sobre la base de condicionales. Sostuvo además que no era correcto “atacar” a Botnia, “una empresa que invertirá mil millones de dólares en el país y que dará trabajo a miles de personas”.

A su entender los dos gobiernos son miopes y han sido incapaces de encontrar una solución razonable.
El ex canciller Sergio Abreu dijo que el principal problema era que, de hecho, se había estado negociando públicamente y que había faltado discreción y profesionalidad. Señaló asimismo que la posición del país en la región es tan débil que “hoy parecería que para hacer una inversión en Uruguay hay que pedirles permiso a Argentina o a Brasil”. (El Espectador, miércoles 5.)

Por su parte Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, dijo a la agencia France Press que le había sorprendido que el gobierno hubiera trasladado la responsabilidad a Botnia, porque “todo esto ha sido el resultado de una agresión del gobierno argentino”.

Sostuvo que no tenía sentido pedir a la empresa que suspendiera las obras porque, habida cuenta de que la planta recién comenzará a producir celulosa en octubre del año próximo, no había inconveniente alguno en constituir una comisión técnica para hacer el estudio de impacto ambiental.

Sugirió que la interrupción de los trabajos podía ser “una especie de trofeo que el gobierno argentino quiera exhibir”, y agregó que “con pena” debía decir que “Fernández parecía un vocero del gobierno argentino”.

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