La apuesta boliviana

Ferdinand Lassalle, jurista y constitucionalista, decía que la Constitución es un papel en la boca de un cañón. O sea, que sólo una relación de fuerzas propicia puede hacerla aprobar o imponer su acatamiento. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales cuenta con una aprobación abrumadoramente mayoritaria pues los indígenas y los pobres siempre han sido una gran mayoría y ahora apoyan la política de su gobierno indígena y popular frente a Washington y a las petroleras, y sostienen su lucha contra el racismo y el secesionismo de los k’aras cruceños, así como su decisión de convertir a Bolivia en un Estado multiétnico basado en las autonomías regionales.

Sin embargo, la Asamblea Constituyente, en la que el gobierno tiene mayoría, está empantanada y paralizada y no pudo aprobar ni un solo artículo. La definición de autonomía, que la derecha y los gobiernos regionales que ésta controla (Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, Tarija) quieren convertir en una especie de extraterritorialidad frente al resto de Bolivia dirigida por La Paz, su capital, ha sido uno de los principales nudos gordianos. Otro ha nacido del éxito de la maniobra de la derecha de oponer pobres contra pobres e indígenas contra indígenas, poniendo en discusión en la asamblea el problema de la sede del poder ejecutivo (la “capitalidad”), pues Sucre reclama el traslado a ella de dicha sede y de los ministerios para desarrollar su economía.

Ambos nudos son gordianos, en efecto, porque no se pueden desatar, aunque en el problema de la oposición entre Sucre y La Paz sea posible conceder, salomónicamente, la distribución de los ministerios y de los poderes entre ambas ciudades. Si la embajada de Estados Unidos está alentando todos los conflictos para desestabilizar al gobierno del MAS y está detrás de los que en Santa Cruz se arman y organizan grupos de choque y paramilitares contra los indígenas del Oriente boliviano y contra lo que ellos llaman “Bolivia” (es decir, el mero altiplano, de mayoría nativa, opuesto a la “nación camba” de los mestizos y blancos cruceños), es evidente que detrás del poder económico de los separatistas está también el de Washington, el de los terratenientes y sojeros argentinos y brasileños, y el de las empresas petroleras extranjeras que prefieren negociar con sus siervos -o aliados- de la oligarquía el precio del gas y del petróleo.

La localización de estos recursos en las zonas orientales alienta el separatismo de las élites de las mismas que, además, son racistas y odian, temen y desprecian a los que no ven como compatriotas indígenas sino como un lastre. Al agudo conflicto interregional se añade un violento conflicto de clase y el choque entre los intereses de Bolivia y los del capital extranjero. Por eso, aunque el gobierno busque negociar por todas las vías posibles con la derecha y dé cabida en las discusiones incluso a la derecha parlamentaria (que no debería tener vela en este entierro pues la Constituyente es original y soberana), es evidente que el imperialismo y sus aliados locales se preparan para dirimir por la fuerza el brazo de hierro con el gobierno de Evo Morales, por legítimo y popular que éste sea. Uno de los terrenos de lucha es, entonces, el ánimo y la conciencia de los uniformados, sean éstos soldados o policías, para asegurar su fidelidad al orden constitucional y, sobre todo, su apoyo a una política de liberación y antimperialista.

Porque los grupos paramilitares de los cruceños sólo podrían tener éxito respaldados por un sector golpista, secesionista, de los militares, posiblemente contando con los que sean cruceños (como lo era el dictador Hugo Bánzer). Hay que tener el sable para cortar los nudos, el cañón para respaldar la Constitución. Por eso no basta hablar de formar milicias populares armadas: como garantía de la paz y de la democracia habría que armarlas y prepararlas con la ayuda técnica de oficiales políticamente seguros, por más que la derecha grite que eso sería una dictadura. Y, sobre todo, es urgente dejar de utilizar la fuerza armada en enfrentamientos contra manifestaciones de descontento popular (como el de los normalistas de Arandi o movimientos de la pequeña minería) recurriendo en cambio a soluciones políticas para elevar el nivel de comprensión de la base social del gobierno, aminorar los choques corporativos y las tensiones e impaciencias.

Una política que reduzca los privilegios sociales de las minorías y que dé como resultado mejores viviendas y mejores salarios reales podrá permitir contar, en las ciudades mismas, con “el pueblo menudo” y con los trabajadores sindicalizados, influyendo así, al mismo tiempo, incluso sobre los ultraizquierdistas (en el medio estudiantil pero también en el indígena) que quieren todo, de inmediato y servido en bandeja.

La Asamblea Constituyente y el gobierno proponen construir un nuevo país y quieren hacerlo realmente. Pero no basta para ello con esbozar las grandes líneas para la construcción del mismo (descolonización, independencia, democracia social, igualdad racial, etcétera): también es necesaria una discusión nacional y masiva sobre cómo aplicar ese proyecto y acerca de las prioridades (utilización de los recursos del subsuelo para asegurar viviendas, servicios, educación, agua, empleos, una verdadera revolución agraria para elevar el nivel de consumo y el mercado interno, creación de pequeñas industrias agroalimentarias).

Tal discusión y las milicias respaldarían la acción en la Constituyente; por el contrario, las negociaciones en el parlamento o con los poderes fácticos, lejos de conducir a un resultado favorable, desgastan moralmente a los indígenas, los trabajadores y los pobres, y alientan, en cambio, a quienes quieren ganar tiempo para preparar un clásico golpe de Estado, de ésos que siempre han derribado a los gobiernos progresistas en Bolivia, desde los militares nacionalistas del Chaco hasta el que impuso a Bánzer y a los narcos uniformados.

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(*)Guillermo Almeyra es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO
Publicado en La Jornada, 7 octubre 2007

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