Jugar con fuego

Por alguna extraña razón, el decreto anterior, que era igual o peor que el nuevo, pasó inadvertido. Quizás porque no se suele asimilar a la Prefectura Naval con las Fuerzas Armadas. Lo cierto es que el misterio continúa: ¿por qué un gobierno de izquierda encomienda a los militares la custodia de una empresa privada, medida que no sólo es inconveniente sino además innecesaria?

La noticia de que el Ejército tomaría a su cargo la custodia perimetral de Botnia la dio a conocer Últimas Noticias el 29 de noviembre. La decisión había sido adoptada seis días antes, el jueves 23, en una reunión en la que participaron el presidente Tabaré Vázquez, los ministros Azucena Berrutti (Defensa), José Díaz (Interior) y Eduardo Bonomi (Trabajo).

Pero fue un mes y medio antes, el 2 de octubre, que el Poder Ejecutivo habilitó por decreto la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia del predio de unas 550 hectáreas de la empresa finlandesa.

Ese primer decreto, que además de la firma del presidente lleva las de la ministra Berrutti y el titular de Economía Danilo Astori -no la de Díaz, que estaba de licencia, ni la del subsecretario del Interior Juan Faroppa, que no fue convocado a la reunión pese a que se le quitaban cometidos a esa cartera-, no tenía sustento en la legislación vigente, porque encomendaba a la Prefectura Naval, dependiente de la Armada, la función policial en todo el predio de Botnia, incluyendo la costa, el río, el perímetro y todo el terreno donde se están construyendo sus instalaciones.

Transcurrieron varias semanas hasta que el Ministerio del Interior tomó conocimiento de ese decreto. Advirtió entonces que se habían asignado a la Prefectura atribuciones que iban más allá de las que le asigna la ley, según la cual sólo puede actuar en el mar territorial, los cursos de agua, los lagos y, en tierra firme, a no más de 150 metros de la costa.

Historia reciente.

El Ministerio del Interior solicitó la opinión del constitucionalista José Aníbal Cagnoni, quien el 11 de noviembre informó que corresponde al Ministerio de Defensa, por medio de la Armada, “la conservación, prevención y, en su caso, restauración de sus valores en cuanto refiera al ámbito fluvial (…) así como la línea de costa hasta 150 metros”, pero que “la zona ajena a esa delimitación de territorio corresponde al Ministerio del Interior”.

Agregó Cagnoni que para “garantizar la integridad territorial de la República y prevenir una eventual amenaza exterior” -como se señala en el resultando VII del mencionado decreto-, “la previsión normativa” autoriza a que “la prevención del orden, seguridad y tranquilidad se confíe (…) al Ministerio del Interior con la cooperación del de Defensa”.

Establece, eso sí, una exigencia: deben “preverse, en el propio decreto, cuáles medidas implicaren en el caso concreto esa cooperación”. Esta condición no se cumplía en el decreto del 2 de octubre.

El nuevo decreto, que derogó el anterior, fue elaborado por el Ministerio del Interior y fue suscrito el lunes 4. En sus disposiciones se asigna el mantenimiento de la paz, la seguridad y el orden público -es decir, el ejercicio de la función policial- a tres reparticiones distintas: el propio Ministerio del Interior “en el espacio físico de la empresa Botnia”, la Armada -y en especial la Prefectura Naval- “en el puerto de Botnia”, y el Ejército “la vigilancia perimetral del padrón número 1569, propiedad de la empresa Botnia (…) excluyendo el acceso al mismo”.

Al informar sobre el decreto, el ministro Díaz hizo especial hincapié en que la participación militar sería en carácter de colaboración con la Policía y que, por consiguiente, las decisiones serían tomadas por las autoridades de Interior. “Quien colabora, colabora”, subrayó.

La intervención de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno y de la seguridad pública está fundada jurídicamente en el decreto 574, dictado el 12 de julio de 1974, en plena dictadura, y convalidado en marzo de 1985, en ocasión de la restauración institucional. En esa norma se “establece la redistribución de las atribuciones y competencias asignadas por la legislación vigente a los distintos ministerios”.

En los veinte incisos del artículo 2 se asignan las atribuciones al Ministerio del Interior. Los tres primeros incisos enumeran las siguientes competencias: “La política nacional del orden público y de la protección de los derechos humanos”; “la conservación y la restauración del orden, la seguridad y la tranquilidad en lo interior y lo que se relacione con ello en materias atribuidas a otros ministerios”; y “los servicios generales de policía del orden, la seguridad y la tranquilidad en lo interior y además los servicios de policía del fuego y del tránsito”.

Más adelante, en el artículo 5, referido al Ministerio de Defensa, se señala que le corresponde, entre otras misiones, “la seguridad en lo exterior y la cooperación y restauración del orden, seguridad y tranquilidad en lo interior”, así como “los servicios de policía aérea, marítima, fluvial y lacustre”.

El nuevo decreto, que hasta el cierre de esta edición no se había puesto en aplicación, tampoco tiene en cuenta la exigencia planteada por el profesor Cagnoni en su informe: la de que, en caso de asignarse con carácter extraordinario tareas de seguridad a las Fuerzas Armadas, se prevean, en el propio decreto, en qué consistirán esas medidas de cooperación con el Ministerio del Interior.

Quizás esta laguna -y la posición que el FA invariablemente mantuvo, cuando no era gobierno, respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de mantenimiento de la seguridad y el orden público interno- sean la causa de que el ministro Díaz y el subsecretario Faroppa hayan mostrado, en sus apariciones públicas, la solvencia profesional que los caracteriza y la disciplina que obliga a los miembros del gabinete, pero no una entusiasta convicción con la causa que estaban defendiendo, y dejaran sin responder varias preguntas realmente elementales.

Por ejemplo, Díaz, en la conferencia de prensa del lunes 4, dijo que estaba sujeto a la coordinación entre las autoridades policiales y las del Ejército, entre otras cosas, el comportamiento que deberán seguir los militares ubicados en las casetas “para impedir el ingreso o egreso (al predio) de cualquier persona”; qué tipo de armas usará la custodia perimetral y si se emplearán balas de goma, ya que el objetivo es la disuasión, o de plomo; cuántos efectivos militares participarán y quién se hará cargo del desplazamiento de los mismos y de su alimentación.

Por su parte Faroppa, entrevistado el martes 5 en la radio El Espectador, reconoció que el fa ha señalado reiteradamente en sus definiciones programáticas que las Fuerzas Armadas no deberían cumplir tareas que tengan que ver con el orden interno. Ni Díaz ni Faroppa dieron respuestas contundentes cuando se les preguntó por qué la custodia perimetral de Botnia no se confiaba, por ejemplo, a organismos especializados de la policía, como el Cuerpo de Coraceros.

Dijo el subsecretario: “Se entendió que por el tipo de actividad que debe realizarse en un predio rural extremadamente extenso, donde no hay relación con persona alguna, un campo con monte criollo con una vegetación muy tupida, no parecía conveniente usar los recursos que la policía tiene”.

Si, como llegó a afirmar el ministro, en el caso de que una persona pretenda ingresar al predio de Botnia “en principio (los efectivos militares) van a tener que dar aviso a la policía”, no se comprende por qué no se optó por colocar cámaras de televisión a lo largo del alambrado perimetral y destinar una persona -ya sea un funcionario policial, un guardia privado de seguridad o cualquier civil- a mirar los correspondientes monitores, cómodamente sentado en una oficina de la propia empresa, junto a un teléfono desde el cual, llegado el caso, avisar a la policía.

Desde el comienzo de la construcción hasta ahora, toda la vigilancia en Botnia se ha cubierto, según información oficial, con 44 funcionarios policiales de Río Negro, quienes han cumplido sus tareas en tres turnos. Su actuación ha contado con la conformidad expresa de la empresa y también de la filial local del sindicato de la construcción.

Más allá del contexto en el cual se dictó, no hay duda de que el decreto de 1974 forma parte de la legalidad vigente. Su contenido, en cambio, contradice la otra Biblia que el presidente Vázquez suele invocar: el programa del FA. En los “Grandes Lineamientos para el Gobierno del FA”, aprobados en el Congreso de 2003, se reserva para la policía al rol de mantener de la seguridad interna y el orden público, y sólo prevé la intervención de las Fuerzas Armadas en ese ámbito con autorización del Parlamento.

Los porqués

Mucho se ha especulado acerca de los motivos que llevaron al Ejecutivo a tomar una medida tan drástica, y en principio impensable para un gobierno de izquierda. Se mencionaron algunas versiones, como la posibilidad de una manifestación de ambientalistas de Gualeguaychú que atravesara el puente o la famosa “abuela bomba” de la que llegó a hablar nada menos que el Washington Post. Hubo también referencias a algunos antecedentes, como el “desembarco” de Greenpeace en el muelle de Botnia -una operación exclusivamente publicitaria-, el robo de plantines en el vivero de la empresa en Paysandú y un extraño operativo contra un funcionario policial de la guardia que una noche llegó a ser desarmado e insultado por dos o tres personas que, según una versión, hablaban con acento porteño y, según otra, usaban expresiones del lugar.

El presidente Vázquez habría dicho, en la última reunión del Consejo de Ministros, que seguramente iba a ser criticado por adoptar una medida de esta naturaleza, pero que no se perdonaría si llegara a pasar algo sin haber tomado ninguna previsión para disuadir acciones directas contra la empresa o alguna operación tendiente a ridiculizar al gobierno.

Más allá de su legalidad y de su contradicción con las definiciones de la izquierda, la custodia perimetral militar marcó un claro cambio de estrategia con relación a la actitud uruguaya en el conflicto con Argentina. Hasta ahora, el gobierno se había preocupado por mantener la imagen de víctima de un vecino que, haciendo ostentación de su fuerza, lo agredía y hacía todo lo posible por impedirle ejercer su soberanía.

Contaba con el respaldo de tres pronunciamientos internacionales en distintas áreas: la Corte de La Haya, que en julio no hizo lugar a la pretensión argentina de interrumpir las obras de Botnia; el Banco Mundial, que en noviembre aprobó el préstamo y la garantía solicitados por la empresa finlandesa, tras descartar el invocado daño ambiental que generaría su puesta en funcionamiento; y hasta el tribunal del Mercosur, que finalmente reconoció la obligación del gobierno argentino de impedir los bloqueos de los puentes internacionales.

¿Por qué el gobierno uruguayo consideró que había llegado el momento de hacer una demostración de fuerza ante los argentinos o, aun suponiendo que ése no haya sido el objetivo, sabiendo que se interpretaría de ese modo? ¿Qué argumentos de peso pueden haber llevado a un gobierno de izquierda a encomendar a las Fuerzas Armadas, por primera vez en la historia del país, a vigilar una empresa privada? La primera hipótesis es que exista información reservada -y seria, no como la de “la abuela bomba”, por ejemplo- que haya exigido recurrir al Ejército para rechazar un eventual atentado contra las instalaciones de Botnia. Las autoridades han negado que haya información alguna en ese sentido.

¿Se trata de una consecuencia más del recelo y la disputa de competencias entre la policía y las Fuerzas Armadas, y en especial entre sus respectivos servicios de inteligencia? Seguramente ese enfrentamiento ha tenido alguna incidencia, pero es difícil imaginar que haya sido decisivo. ¿Es un globo sonda previo a la aceptación, prevista en el proyecto de ley de defensa actualmente en discusión, de la asignación a las Fuerzas Armadas de tareas de respaldo en materia de seguridad? El subsecretario de Defensa Nacional, José Bayardi, admitió en estos días que ese proyecto prevé consagrar en una ley esa actividad de cooperación con la policía hoy contenida en el decreto de 1974.

¿Acaso el gobierno uruguayo habrá recurrido al viejo truco de poner sobre la mesa de discusión un elemento nuevo al solo efecto de tener algo que conceder a la hora de transar, o para tensar la cuerda y acelerar así los trámites de la mediación en curso? El periodista Joaquín Morales Solá -esa suerte de defensor oficioso de la causa uruguaya en Argentina- parece inclinarse por esta última interpretación: “Sólo la estrategia de forzar el dramatismo de las cosas, para apurar la gestión española, puede explicar que Tabaré Vázquez haya echado mano de entrada a los militares, aunque sólo se trate, como se trata, de doce militares.

Si fue así, hay que reconocer que el mandatario uruguayo consiguió su propósito, porque el enviado real apuró su viaje al sur. Lo cierto es que al mismo tiempo lo puso a Kirchner en un brete: el presidente argentino no tiene ningún margen para usar a los militares en este conflicto”, escribió el domingo 3 en La Nación.

En Uruguay, en tanto, la participación militar en la custodia perimetral de Botnia no dio lugar a objeciones públicas por parte de dirigentes de primera línea del FA, donde si bien hubo algunos respaldos, sobre todo de dirigentes medios, predominó un discreto silencio. Los principales líderes de la oposición, con excepción de Luis Alberto Lacalle, apoyaron la decisión.

El ex presidente blanco, ya desde el jueves 30, sostuvo que la medida no tenía sustento legal y que, además, se trataba de un “error político” en la estrategia que se venía aplicando en el conflicto con Argentina.
Y en eso llegó el facilitador

La gestión

La semana de Juan Antonio Yáñez Barnuevo, designado por el rey Juan Carlos de Borbón para el diálogo entre Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, transcurrió a bordo de aviones que subían y bajaban en Carrasco y Aeroparque. Durante dos jornadas mantuvo reuniones en Montevideo, y a lo largo de otras dos las tuvo en Buenos Aires.

Por el lado uruguayo se reunió sobre todo con José Luis Cancela, el número tres de la cancillería, con el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, y con el propio presidente Tabaré Vázquez, a quien no había conocido en su viaje anterior. De lo conversado en estas idas y vueltas no hubo, como era previsible, noticia alguna.

Tampoco está claro qué podría ceder cada uno de los gobiernos. Apenas se conocieron “sensaciones térmicas” de algunos de sus interlocutores. Alberto Fernández, secretario del gabinete de Kirchner, fue quien mostró el mayor optimismo, pero eso suele ser parte del juego: en estos casos a nadie le conviene dar la impresión de que le está yendo mal. Las audiencias en la Corte de La Haya pedidas por Uruguay en reclamo del levantamiento de los cortes de ruta, previstas para el lunes 18 y martes 19, se han convertido en una especie de plazo para esta gestión: Argentina aspiraba, según algunas versiones, a que el gobierno de Vázquez, como parte de la flexibilización de su actitud, pidiera la cancelación de su demanda ante la Corte.

ENCE

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En medio de este panorama de indefiniciones en torno a la facilitación española, se anunció la visita inminente a Uruguay de Juan Luis Arregui, el presidente de ENCE, de quien no hubo más noticias desde que anunció en septiembre que su empresa no construiría la planta en Fray Bentos y que buscaría otro lugar en territorio uruguayo para instalarla. Si bien se postergó por unos días la fecha prevista para su retorno, trascendió la noticia de que la planta de celulosa se construiría en el departamento de Colonia, donde la empresa española habría comprado tierras no adecuadas para la forestación por valor de cuatro millones de dólares.

Si bien alguna versión sostenía ayer, jueves, que sería en las inmediaciones de Nuelva Helvecia, otras aseguraban que se ubicaría más al norte y sobre el río Uruguay, concretamente en las proximidades de Nueva Palmira.

Metalúrgicos en estado de alerta

Dos motivos de preocupación tiene la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (untmra) con respecto a las condiciones laborales en Botnia. Consultado por BRECHA, el dirigente Marcelo Abdala dijo que, por un lado, hay actualmente negociaciones con la empresa y las subcontratistas porque no se ha firmado un convenio específico para el montaje industrial y, en consecuencia, se está pagando a los trabajadores metalúrgicos en base a las categorías establecidas para los de la construcción.

El otro motivo de alerta del sindicato metalúrgico es el incumplimiento, por parte de Botnia, del acuerdo interinstitucional firmado por la empresa, el sindicato y varios ministerios, la UTU y otras reparticiones públicas el 17 de octubre de 2005. Por medio de ese convenio se acordó capacitar a trabajadores del sector a fin de que llegaran a los niveles requeridos para desempeñar determinado tipo de tareas de alta especialización.

Sin embargo, la empresa no cumplió su compromiso y actualmente hay, sólo en Montevideo, unos 400 metalúrgicos que esperan ser capacitados. En cambio se han traído trabajadores del exterior -hoy son alrededor de 600, pero se estima que llegarán a un millar-, que reciben salarios que no son excelentes y que tienen malas condiciones en materia de seguridad laboral.

Según dijo Abdala, la decisión de traer mano de obra extranjera en lugar de capacitar a trabajadores uruguayos, e incluso la de contratar fuera del país a muchos trabajadores sin especializaciones, como peones y pintores, fue tomada por Botnia en Finlandia.

El dirigente metalúrgico señaló que hasta ahora las autoridades uruguayas no han exigido a la empresa el cumplimiento del convenio ni tampoco han reclamado que haya contrapartidas en materia laboral por las condiciones extremadamente favorables en que se permitió su instalación en el país.

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