Juez que se anime a investigar y condenar, se busca

El caso de Roberto Piccón, un cadete del Liceo Militar de Córdoba sometido por sus superiores a una sesión de torturas –eufemísticamente llamada “movimientos vivos”–¬ permite entrever una oscura red de complicidades del Poder Judicial con los altos mandos militares, red que 20 años después del episodio que dejó parapléjico al adolescente, sigue protegiendo a sus verdugos.

Roberto Víctor José Piccón era un buen alumno del Liceo Militar General Paz de la ciudad de Córdoba. Quizás soñaba con ser como Manuel Belgrano o José de San Martín, y dedicar generosamente su vida a una organización del Estado argentino creada para luchar por la independencia de su pueblo, enfrentar a los colonialistas y resguardar la Constitución. Pero a la edad de 13 años, lo sorprendió la prepotencia militar propia de una institución que en su derrotero histórico se convirtió en garante de los intereses más concentrados de las elites dominantes.

La tragedia que le ocurrió no fue la última sinrazón en la vida de Roberto. Tras una sesión de torturas que lo dejó inválido motriz y cerebralmente, la oscura trama de complicidades y silencios que anida en el Poder Judicial ensombreció su memoria, privando a sus familiares de Justicia, de condena a sus verdugos.

Ocurrió a comienzos del primer gobierno menemista, cuando el partido militar se sentía vencedor en su pulseada con quienes denunciaban sus prácticas genocidas durante la dictadura. Faltaban años para que llegara a la cartera de Defensa la ministra Nilda Garré, quien libra un combate de trascendencia cultural por cambiar las prácticas y concepciones fascistas, machistas y patriarcales que distinguieron al Ejército argentino.

En la noche del 26 de junio de 1990, los cadetes del primer año terminaban de cenar cuando el principal Gustavo Oscar Nervo Montero les ordenó la realización de “movimientos vivos”. Para entonces el soldado Carrasco no había iniciado su servicio militar obligatorio. Quizá su muerte se hubiera evitado si hubiese habido reacción frente al caso Piccón..

Nervo recibía órdenes de su superior, el teniente de la compañía de Seguridad y Servicios Roberto Sergio Ramos. Aunque sabía de la prohibición expresa por parte del director del Instituto y del jefe del cuerpo de cadetes de hacer ejecutar “movimientos vivos” fuera del horario de instrucción, y muy especialmente, nunca después de un almuerzo o cena. Sin embargo Nervo cumplió a rajatabla las órdenes de Ramos, exigiéndole a los cadetes la realización de los severos ejercicios físicos. Durante la sesión, dos cadetes manifestaron no encontrarse bien y fueron separados, y pese a que en general todos dijeron sentirse mal, los “movimientos vivos” continuaron.

También Piccón hizo saber que se sentía descompuesto, pero no fue escuchado. Mientras se dirigía a reiniciar los movimientos ordenados por el superior, perdió el conocimiento y cayó al suelo. Fueron sus compañeros cadetes quienes lo asistieron. Empezaba así un peregrinaje en el curso del cual funciones vitales de su cuerpo colapsarían para siempre.

La institución militar no dispuso ni siquiera de la ambulancia del Liceo para su traslado a un centro asistencial. Piccón debió ser llevado en un automóvil particular al Hospital Infantil Municipal, siendo derivado a la sala de cuidados intensivos. Al ingresar al nosocomio ya presentaba un cuadro de paro cardiorrespiratorio; no tenía adecuada canalización ni estaba entubado, como exigía la gravedad del caso. La actividad cardiaca y respiratoria era imperceptible. Si bien las maniobras de reanimación lo mantuvieron con vida, no pudieron devolverlo a la normalidad. Médicos y enfermeros lograron extraerle gran cantidad de restos alimenticios en faringe y tráquea, con secreciones sanguinolentas espumosas. Era la comida que no debió haber cenado antes de la brutal sesión de ejercicios físicos. Pero ya era tarde: el niño estaba en coma al momento de ingresar al hospital, su piel presentaba una cianosis generalizada y su sistema nervioso central, una crisis hipertónica. Demasiado fácil para la muerte, que sin embargo no llegó. A casi veinte años de aquella noche fatídica, Piccón no habla ni se alimenta por si mismo, tiene rigidez muscular, y el coma grado 4 que lo puso al borde de la muerte le dejó lesiones neurológicas gravísimas de por vida.

Complicidades

El primer juez que tomó intervención en el caso, fue Roberto Luis Rueda, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba. La causa fue caratulada “Sumario s/investigaciones de las lesiones sufridas por el cadete Roberto Víctor Piccón en el Liceo Militar General Paz”, y recién dictó un auto de procesamiento 15 meses después. Dos años más tarde produjo una sentencia con pena irrisoria: sólo un año y dos meses de prisión en suspenso para el teniente Ramos, por haberlo encontrado autor responsable del delito de lesiones culposas. La exigua pena ni siquiera impidió que Ramos siguiera formando parte del Ejercito Argentino.

No conforme, el juez Rueda no se privó de increpar a los Piccón, residentes en Alta Gracia, por su osadía de pretender justicia. “Cómo se les ocurre sentar en el banquillo de los acusados al Ejército argentino”, se atrevió a decirles en su propia casa, visita intimidatoria que no dejó asentada y que sólo se oficializó cuando los padres del joven la narraron ante el Consejo de la Magistratura.

Rueda primero desconoció el “apriete”, pero luego recordó haber ido a la casa familiar de los Piccón –se justificó– supuestamente para interiorizarse sobre el estado de salud del joven Ricardo.

Idas y vueltas en Tribunales

Tras el bochornoso trámite de la causa penal, la familia de Piccón inició la correspondiente acción civil por daños y perjuicios. El expediente recayó en el juzgado de la doctora Cristina Garzón de Lascano, quien en marzo de 2003 condenó al Ejército Argentino a pagar algo más de un millón de pesos en concepto de daño emergente.

Pero el recurso de apelación interpuesto por el Ejército impidió la liquidación de la sentencia y abrió un camino de infinitas demoras, que abonan la sensación de la privación de justicia que sobrevuela la causa desde el mismo momento de su inicio.

Tras su paso por el fuero penal, donde instruyó la causa Piccón, el juez Rueda ascendió a camarista en lo Civil y recibió la apelación por daños y perjuicios. Un premio para el juez que tiró el centro y podía cabecearlo. Recién dos años después del fallo que ordenaba el pago, Rueda dijo darse cuenta de que había actuado en la acción penal, y se excusó de intervenir, lo que dio lugar a una larguísima “bicicleta” para encontrarle reemplazante.

Un Consejo de amigo

Así, el caso es una sucesión macabra de chicanas, recursos y maniobras dilatorias, que confluyen en negarle el derecho de Justicia a la familia del torturado. Convalidadas por el Consejo de la Magistratura, que avaló implícitamente todas las arbitrariedades procesales al no ordenar que se investigue exhaustivamente con rigor e imparcialidad, las conductas de los jueces que sucesivamente la tuvieron a su cargo.

La intervención del Consejo de la Magistratura ¬–que labró los expedientes 250-07 y 271-07– no se produjo por denuncia de los afectados. Sabiéndose con razón, asistida por el sentido común y la verdad, la familia Piccón priorizó la instrucción de las causas penal y civil. Quienes objetaron a los magistrados intervinientes y en particular a Rueda fueron los miembros de la Cámara Federal de Córdoba, que pidió su intervención.

La investigación del Consejo de la Magistratura desnudó las miserias e internas del estamento judicial. Saltaron encima de la mesa acusaciones falsas, jueces que hacen pasar por locos a funcionarios de menor jerarquía para ubicar allí a otros de mayor confianza, invocaciones a garantías constitucionales previstas para simples ciudadanos a merced de los excesos autoritarios del Estado pero utilizadas en salvaguarda de los privilegios de la casta judicial. Pero ni siquiera así la familia Piccón logró su objetivo de mínima: no ya que se juzgue a los responsables de los “movimientos vivos” que dejaron lisiado física y mentalmente a niño de 13 años, sino que, por lo menos se sancionara al juez que garantizó su impunidad.

A contramarcha del discurso y los hechos que guían el accionar democratizante y liberador del Gobierno nacional, ni los consejeros oficialistas se desmarcaron. Por el contrario, se alinearon con ese poder en las sombras, nunca refrendado por la ciudadanía y al servicio del poder económico. El caso Piccón demostró que si los generales suelen comportarse como empleados de aquél, en esta ocasión los jueces se sometieron a los generales.

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