El periodista Marcelo Zlotogwiazda criticó a Hugo Moyano por exagerar cuando calificó a las AFJP como la estafa más grande de los 90, y lo hizo exagerando él mismo: “No es cierto que la supervivencia del sistema de capitalización privada sea antagónico con las promesas electorales”.
La plataforma de Néstor Kirchner es muy vaga en el capítulo “Previsión Social”: “se promoverá la participación activa de los actores…, se ordenará el sistema vigente de las AFJP y la libertad de opción con el régimen de reparto”, etc.
La cuestión es que el sistema de AFJP sí es incompatible con el nuevo país que parece estar resurgiendo de la crisis más fenomenal de su historia.
En la Argentina, el sistema de jubilaciones presenta dos problemas superpuestos: uno, de alcance mundial, está relacionado con la precarización generalizada del empleo, la baja de salarios y la desocupación, que forman parte del modelo global de producción.
Como adicional, muchas sociedades envejecen por la tendencia a tener menos hijos, que luego significará una menor cantidad de jóvenes incorporados al mercado laboral. Y hay cada vez menos personal capacitado por la crisis de un sistema educativo diseñado según la visión del Banco Mundial.
Estos factores conforman un cóctel explosivo, porque aumenta el número de personas que han llegado al límite de su edad productiva sin jubilación, o cuando ésta existe, en tanto los sistemas se desfinancian, proporciona montos insuficientes hasta para cubrir las necesidades alimenticias.
Ese futuro negro para los retirados está muy cerca, por ejemplo, en el Japón, que no hace mucho implementó un mecanismo para promover la “exportación” de ancianos.
No es casual, entonces, que el Fondo Monetario Internacional presione para atrasar en todo el mundo la edad de jubilación.
Este panorama se complementó, como no podía ser de otra manera, con el experimento del sistema de capitalización presentado como una panacea en 1994 que, al decir del titular de la Consultora Equis en un informe reciente, pasó de ser un marketinero “vigoroso mercado de capitales en formación», a una timba que agoniza.
Sistemas similares se probaron como novedades en Chile y Bolivia.
Chile siempre está en la boca de la derecha local como un modelo magistral. Anotemos: los experimentos de los laboratorios neoliberales, anteriores a las reaganomics, se aplicaron allí con la impunidad total que podía aportarles Pinochet, y sus consecuencias, más allá de las denominadas cifras macroeconómicas, han sido una pobreza y exclusión extendidas.
En Bolivia, las AFJP invirtieron parte de los ahorros de los trabajadores en las petroleras privadas extranjeras, aportándoles mensualmente fondos frescos de propiedad del pueblo boliviano, y que -nadie lo dude- figurarán en los balances como inversiones en divisas que el país deberá pagar como deuda externa.
Más por menos
Lo que ya había sido una medida perversa (la destrucción del sistema público de previsión social), con el argumento de que el Estado le había metido mano en las Cajas de Jubilaciones y que los ancianos cobraban cada vez menos, se resolvió más perversamente todavía cuando Cavallo, con la convertibilidad a minutos de estallar, hizo lo mismo, recurriendo a las AFJP para financiar el uno a uno con el dinero de los aportantes que habían creído en las bondades del «vigoroso mercado de capitales en formación».
El Estado, que transfirió fondos a las AFJP y generó así un agujero fiscal al tesoro público, salió a pedirle plata prestada a las propias AFJP.
Además, impuso cambios que redujeron los beneficios esperados por los pocos trabajadores incluidos en el sistema. Pero esa plata era de los trabajadores, los mismos a los que había bajado los salarios para reducir un déficit que cubría con la misma plata de esos trabajadores afiliados a las AFJP.
Es que el sistema se financia genuinamente de una sola manera: con los aportes de los trabajadores actuales. Pero como esos aportes se los llevaban las AFJP, el Estado tenía un quebranto derivado de tener que pagar jubilaciones careciendo de ingresos.
Y qué hicieron con esos aportes es otro cantar: según el economista Eric Calcagno, refiriéndose al período julio de 2000-julio 2001, “si un aportante hubiera puesto su dinero en plazo fijo, sobre 100 pesos de aporte ahora tendría 120 pesos y en el régimen de capitalización tiene sólo 85 pesos. Entre julio de 2000 y julio de 2001 hubo una rentabilidad negativa de – 4,6%”.
Los inversores pueden hacer malos negocios: total, la plata es de otros. Avizorando la crisis inminente, los banqueros dueños de las AFJP deben haber pedido a Cavallo el DNU por el que se ordenaba el traspaso de los fondos con el objetivo de quedarse con el Estado, que es lo que suelen hacer los acreedores con una empresa quebrada. El Plan Brady fue uno de sus antecedentes.
Como resultado de ello, esas AFJP pasaron a ser tenedoras de títulos de la deuda pública, en dólares. En diciembre de 1997 el 72% del monto de la deuda estaba en manos de residentes externos, pero en diciembre de 2001 había bajado a 57,5%. Esta reducción se había logrado sacando plata del Banco Nación y las AFJP, que al 31 de julio de 2001 tenían 10.200 millones de dólares en títulos de la deuda externa.
Como se recordará, los agoreros señalaron entonces que el default argentino iba a sumir en una crisis inaudita al sistema financiero mundial. Nada pasó, y la deuda, con ser un problema irresoluble a largo plazo, fue refinanciada exitosamente y los plomeros de Wisconsin pudieron dormir en paz.
Sin embargo, los afiliados al sistema perdieron unos 4.500 millones de pesos. Como el sistema de capitalización se basa en la idea de que es un negocio financiero, y no un ahorro solidario en el que participan todos los habitantes en condiciones de producir, le dirán al afiliado, al momento de llegar a la edad reglamentaria, que el Estado los obligó a tomar deuda y están en rojo, que esa deuda cayó en default, y que al fin y al cabo, con el gran avance de la gerontología, hoy a los 65 años de edad uno es prácticamente un adolescente, y habrá que esperar otros 5 ó 10 años.
Gerentes ricos, “dueños” pobres
La fragilidad generalizada post-2001 hacía desaconsejable tocar el sistema, porque esto hubiera significado mayor quebranto para los ahorristas y creado un clima internacional desfavorable para el canje de deuda (incautación, seguridad jurídica, infartos entre los plomeros de Wisconsin estafados, etc.), pero ya está llegando la hora de discutir su viabilidad.
Por lo pronto, las AFJP son sumamente ineficientes en términos de gestión, aunque las sociedades controlantes y sus directivos se la lleven con pala. De acuerdo a los balances de este año, el sistema privado tuvo una ganancia neta superior a los 140 millones de pesos.
Sin embargo:
– Según el titular del ANSES, un trámite promedio en el Estado dura 80 días, contra 200 de las privadas.
– De los 14000 empleados actuales de las AFJP, sólo 600 están asignados a la gestión directa de beneficios previsionales, contra 5000 de los 7200 del sistema público. El resto se reparte entre secretarias, promotoras y pescadores de negocios financieros.
– La aseguradora del Banco Nación, como entidad estatal, pesificó sus valores contra el resto, que -operando con la misma lógica que las prestadoras privatizadas de servicios públicos, y con un ojo puesto en los juicios que le esperaban al Estado- decidieron mantenerse en dólares.
– Por el momento, y a pesar de tanto marketing, solo podrían jubilar a razón de 339 pesos mensuales, un 30% menos que la canasta de indigencia. Habida cuenta de que la mayor parte de sus afiliados corresponden al sector superior de la pirámide (los que ganan más), la cifra es irrisoria.
– Mientras el Estado garantiza un ingreso mínimo, las AFJP no lo hacen: el monto real con que se jubilarán sus afiliados está sujeto al azar.
– Esas empresas se quedan con un 30% de los ingresos mensuales de los futuros jubilados.
– La prueba de que el trabajador desconfía del sistema privado es que, mientras pudieron, los afiliados se pasaron a la AFJP del Banco Nación, Los expertos consideran que si hoy hubiera pase libre, la mayor parte de las AFJP, ligadas a los bancos, quebraría de inmediato por falta de aportantes. De modo que la gente está presa del sistema, tanto como los usuarios de las empresas oligopólicas de servicios públicos.
– A pesar de las bondades publicitarias del sistema, los aportantes, al final del período, tendrán la prueba de que recibirán menos de lo que aportaron. ¿Cuál es entonces el beneficio de que la actividad esté en manos privadas?
– La tenencia accionaria de las AFJP muestra una fuerte alianza de bancos transnacionales con un puñado de fuertes sindicatos, que también participan en el negocio de las prepagas, como la FATLYF.
En la actualidad, el 37 por ciento de la población en edad de jubilarse no puede hacerlo por carecer de aportes. Dentro de 6 años, el 40% de la población activa no podrá jubilarse por trabajar en negro.
Sobre 15 millones de trabajadores activos, los aportantes al sistema privado son 4,4 millones, más 1 millón en el sistema público y monotributistas. El resto no podrá jubilarse si no cambian radicalmente las condiciones de contratación laboral.
La Corte se despereza
Con ser un poder que hace agua por muchos lados, y como sucedió con la contaminación de la cuenca Riachuelo-Matanza, fue la Corte Suprema la que movió la inercia del Ejecutivo y Legislativo. Los jueces dispusieron el ajuste de un haber jubilatorio congelado desde 1993 y notificaron al Congreso que debe discutirse la actualización y la movilidad dispuestas por una ley que es letra muerta.
Un informe del Ministerio de Economía señala que «los aportes derivados a las AFJP hasta el 2001 fueron cercanos a 26 mil millones de pesos, que se transforman en casi 36 mil millones con los intereses por la mayor deuda que generaron.
Este costo fue creciendo año tras año llegando en el 2001 a representar 2,6 por ciento del PBI y fue sufragado por las provincias (58 por ciento) y la Nación (42 por ciento), ya que la brecha fue cubierta con detracciones de la masa coparticipable. El promedio del déficit de la Nación entre 1995 y 2001, que fue de 1,8 por ciento del PBI, habría sido de uno por ciento si no se hubieran derivado aportes a las AFJP. Más llamativamente, el déficit fiscal del conjunto de las provincias que fue del 1,1 por ciento del PBI, habría sido nulo».
Debe recordarse que hasta 2002, el FMI presionó -y obtuvo del Congreso- un compromiso para acabar con los déficit provinciales, que Cavallo había presentado obstinadamente como una cortina de humo para encubrir la inviabilidad del uno a uno y luego la verdadera naturaleza del megacanje de junio de 2000.
Fue un poco antes de que se derogara la ley de subversión económica, la reforma de la ley de quiebras, el cram down y la ley de bienes culturales que permitió el salvataje del Grupo Clarín, un proceso en que tuvieron papel descollante los hoy senadores súper-oficialistas Capitanich y Pichetto.
Todavía no se sabe cómo se pondrá en práctica lo ordenado por la Corte. Si el Ejecutivo se limita a encararlo como una cuestión financiera en la que la eficiencia interna del sistema determina una política social, las jubilaciones se atarán a los ingresos del sistema.
Hasta ahora el Estado no mostró ser un buen recaudador, y el modelo impositivo no se ha tocado. Los negocios bursátiles no están gravados, pero el trabajo asalariado sí. Si los salarios de los activos y las pensiones de los pasivos y activos tienen relación con una vida digna y no son sólo un costo de la mercadería, las jubilaciones deberán estar vinculadas al ingreso de los que actualmente trabajan.
Quizás todo acabe en un sistema mixto, pero es claro que la primera alternativa tanto representa la continuidad del modelo de los 90, como la segunda su quiebre.
Hoy, los piratas que dirigen ese sistema no pueden disponer como antes de los ahorros del trabajador porque, con todas las críticas que se pueda hacer a este gobierno, ya no son los mercados los que determinan las prioridades de la sociedad