El veloz aumento del precio internacional de los alimentos y su creciente escasez son dos variables letales que cambiarán el mapa del mundo y que podrían impactar duramente en la Argentina, especialmente sobre su población más pobre. La crisis alimentaria mundial ha comenzado a extenderse en el mundo como una mancha de aceite en el agua. De acuerdo con estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el último año, el precio internacional del maíz aumentó 31 por ciento; el del arroz, 74 por ciento; el de los aceites vegetales, 60 por ciento; el de los lácteos, 83 por ciento; el de la soja, 87 por ciento; y el del trigo, 130 por ciento. Argentina, sumida en una dura polémica por las retenciones a las exportaciones de alimentos y forrajes, no será ajena a semejante crisis global. Si los aumentos del mercado mundial alimenticio se trasladaran plenamente al mercado argentino, el impacto sobre el nivel de vida de los hogares de ingresos bajos o medio bajos sería muy negativo.
Según un estudio de la Consultora SEL acerca de la situación laboral y social de la Argentina, durante el segundo semestre de 2007, aproximadamente el 10% de la población (unos 3,7 millones de personas) pertenecía a hogares donde el ingreso familiar era insuficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación.
Entusiasmados por el precio favorable que consiguen en el extranjero, los empresarios argentinos desearían cobrar por sus productos lo mismo en el país que lo que cobran en el exterior. Una de las barreras a ese desfasaje han sido las retenciones y las intervenciones en el mercado. Su objetivo: contener las alzas de precios de los alimentos, como las restricciones a las exportaciones de carne y de trigo, los precios de referencia, el control de la comercialización, el pago de compensaciones a industrias procesadoras como la láctea y otras medidas. Para los
Por este motivo, en medio de una nueva serie de paros organizados por el agro, vale la pena preguntarse cuáles podrían ser los mejores instrumentos para proteger a los más golpeados por la crisis y mejorar la equidad distributiva.
La peor amenaza
El problema no es menor. Una reunión de ministros de Finanzas de todo el mundo celebrada en Washington alertó que los crecientes precios de los alimentos eran una amenaza mayor a la estabilidad política y social que la actual crisis de los mercados de capital, y eso que muchos ven a esta crisis como la peor que ha sucedido desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió a finales de abril que «el alza persistente de los precios internacionales de los alimentos está castigando con especial dureza a los sectores más pobres de América Latina y el Caribe». Pero para el presidente ecuatoriano Rafael Correa «la enorme diferencia de la pobreza en el mundo en el siglo XXI radica en que no es debida a la escasez, sino a la mala distribución» de los recursos. Basta un buen ejemplo: el ex relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, no deja de remarcar que le llama mucho la atención la disparidad de la incidencia de los gastos en alimentación en los ingresos de las poblaciones de los países ricos y pobres. Una familia europea, por ejemplo residente en Ginebra, destina a los alimentos entre el 19 y el 12 por ciento de sus ingresos. En los países del Sur, la comida se lleva entre el 85 y el 90 por ciento de los haberes de los habitantes pobres.
Seguridad alimentaria ya
El aumento de los alimentos y la crisis alimentaria son un problema que ha llegado para quedarse y por eso es vital prevenir sus consecuencias. Según el paper de SEL “de algún modo hay que extender la protección a los sectores medios, que se verían afectados por un encarecimiento de los alimentos. Estos sectores gastan aproximadamente el 35% de su ingreso en alimentación. Una posibilidad en este sentido, es otorgar una compensación salarial hasta un tope de remuneraciones (que podría relacionarse con la canasta básica de alimentos), variable según el número de cargas, que el empleador podría deducir de las contribuciones a la seguridad social. La Tesorería, a su vez, restituiría esos montos a esta última, con recursos provenientes de las retenciones.”
Para los especialistas “es difícil estimar cuánto se requeriría; pero, a título ilustrativo, una compensación promedio de $100 (que equivale a un aumento de 50% del costo de la canasta básica de alimentos a precios de febrero) para quienes en 2007 ganaban hasta $2.500, que se agregaría a la mejora salarial obtenida este año, tendría un costo anualizado de 5.500 millones de pesos. Sumado a la compensación para los sectores más pobres (también con la hipótesis de 50% de aumento de la canasta básica), el subsidio explícito para el gasto en alimentos equivaldría a alrededor de 1% del PIB a precios corrientes de este año”. Asimismo, aseguran que “quedaría todavía un margen significativo para mejorar un subsidio explícito a los hogares de ingresos bajos y medios (quizás hasta el doble) compatible con una reducción de las retenciones y la supresión de las intervenciones en el mercado de alimentos, incluyendo los subsidios discrecionales a empresas procesadoras. Una política de subsidios a la alimentación bien focalizada socialmente, permitiría cumplir mejor el objetivo redistributivo de las retenciones, y aprovechar más plenamente las excelentes oportunidades de comercio internacional para el sector quizás más competitivo de la economía argentina.”
El escenario, sin embargo, no es esperanzador. La Comisión Económica para América Latina, (CEPAL), sostuvo el 18 de abril que «desde principios de 2006 y especialmente desde 2007, los índices de precios al consumidor de alimentos se han acelerado en la mayoría de las economías de la región, registrando un ritmo anual que oscila entre 6 y 20 por ciento, con un promedio cercano a 15 por ciento», detalló un
Aumentan los alimentos, aumenta la pobreza
Como esta situación afecta principalmente a las familias más pobres, la CEPAL llamó a los gobiernos a tomar medidas urgentes, que dependerán de la realidad del país, pero algunas de las recomendaciones son reducir
Esto quiere decir que, en caso de no aplicarse algún ajuste de inmediato, 15,7 millones de latinoamericanos podrían caer en la indigencia y una cantidad similar pasaría a engrosar la lista de pobres. En el peor escenario, América Latina y el Caribe sumarían 204,5 millones de pobres y 84,2 millones de indigentes.
Sin embargo Grain y Cargill, la mayor compañía en el negocio mundial de granos, incrementó sus ganancias 86 por ciento durante el primer trimestre de 2008. Otra multinacional, Bunge, las aumentó 77 por ciento en el último trimestre de 2007, mientras que ADM, la segunda mayor firma en el comercio internacional de granos, vio crecer sus ganancias 67 por ciento durante el año pasado.
«Si las necesidades básicas de alimentos de un vasto número de los pobres permanecen más allá de ellos, con una amplia gama de consecuencias para su bienestar, probablemente no tendrán alternativa que hacerse oír tomando las calles», sostuvo Ernest Corea, hasta hace poco consejero del Grupo Consultivo sobre Investigación en Agricultura Internacional (CGIAR) del Banco Mundial.
