Informe: Para los campesinos paraguayos la única ley posible es la ilegalidad de los terratenientes

Belarmino Balbuena es el máximo dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y explica a Causa Popular cómo la estructura del poder político paraguayo está ligado a un modelo latifundista y se mantiene regido por la ley del mas poderoso: “la estructura estatal está compuesta por terratenientes que se enriquecen ilícitamente. La única manera de enriquecerse en Paraguay es al margen de las leyes, y el control territorial es un requisito para ello. Quienes tienen tierras pueden exportar carnes, tener flotas clandestinas de aviones, traficar marihuana, armas, cigarrillos, maderas y otros tipos de tráfico”. El resultado: el 80 por ciento de las tierras cultivables están en manos del 1 por ciento de la población. En 5.800.000 habitantes, hay 35 mil niños desnutridos, 150 mil niños al borde de la desnutrición, 4,5 millones de personas sin seguro médico, 2,3 millones de personas pobres y 40 mil familias no tienen viviendas.

“Las autoridades actúan en base a presiones y resolviendo algunos de los conflictos más notorios. Cada vez más grandes contingentes de poblaciones campesinas migran a las ciudades sin ninguna perspectiva de bienestar debido a la saturación del mercado laboral. Sobre esta base, cientos de miles de paraguayos y paraguayas se ven obligados a abandonar su tierra. Algunos logran ir a Europa, en particular a España o al país vecino, Argentina”, afirma Balbuena.

Los reclamos campesinos también hablan del avance incontenible de la producción de soja transgénica, que ha provocado la destrucción de bosques, la contaminación ambiental y la expulsión compulsiva de pequeños productores de sus lotes. Se estima que la soja avanza 250.000 hectáreas por año en Paraguay, causando la expulsión de 900 mil familias campesinas que se asientan en los cinturones de pobreza de diferentes ciudades. Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja, con más de 2 millones de hectáreas – 64% de la superficie agrícola – dedicadas a este monocultivo, superficie que continúa en expansión cada año agrícola.

Se tiene registro de muertes y de casos de hidrocefalia en recién nacidos derivados del uso masivo de agrotóxicos.

“En la localidad de Pirapey km. 35, departamento de Itapúa, afectada seriamente por la fumigación de los sojales con pesticidas, falleció en el 2003 el niño Silvino Talavera de 11 años de edad por intoxicación, cuyo cuerpo fue bañado por la fumigación que hacían Herman Schlender y Lauro Laustenlager en sus propiedades, al pasar por frente a sus tierras. La familia del niño fallecido también fue fumigada por Laustenlager y padecieron graves intoxicaciones pero sin perder la vida”, acusa Balbuena. El caso de Talavera ha sido el primero en ser llevado a la justicia, lográndose tras una larga batalla judicial la condena de Schlender y Laustenlager a dos años de prisión sin pena sustitutiva.

La dirigencia campesina cuestiona también el rol del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de mantener una estructura rígida y obsoleta, sin capacidad para responder a los desafíos que exige la agricultura hoy. Sigue empeñado en mantener el modelo de desarrollo agroexportador y su viejo sistema de asistencia técnica apoyando básicamente el monocultivo de algodón con escasa diversificación. La falta de planes para el pequeño productor, la agricultura familiar, la diversificación de rubros agrícolas, la atención a las especificidades de las mujeres productoras en coordinación con otras instituciones estatales, el acceso de las mujeres al recurso productivo de la tierra, el respeto a las leyes ambientales, el combate al contrabando de productos agrícolas, entre otros, siguen siendo materias pendientes, acusa los campesinos organizados.

– Causa Popular: ¿Conquistada la tierra cómo queda la propiedad de la finca?

Balbuena: “Hay una conquista importante de tierras sobre distintas forma de la tenencia y se dan discusiones muy importante entre los compañeros “sin tierra” sobre el modelo de asentamiento y la tenencia de la tierra. En mayor parte se está implementando la titulación de forma asociativa y el trabajo semi colectivo, una parte individual y otra parte colectiva. Nuestras discusiones además se enmarcan sobre el modelo de agricultura empresarial-agro exportador, una agricultura sin campesino con agrotóxicos y semilla transgénica, que también es un problema dentro de nuestro país, porque justamente expulsa forzosamente a la comunidad campesina e indígena. Muchas conquistas que se han recuperado por medio de las luchas quedaron nuevamente en manos de empresarios sojeros, que no son sujetos a la reforma agraria.”

Para el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) los siguientes datos son elocuentes debido a la demora de la inversión social

– 80 por ciento de las tierras cultivables están en manos del 1 por ciento de la población.

– 35 mil niños desnutridos

– 150 mil niños al borde de la desnutrición.

– 4.500.000 personas sin seguro médico.

– 2.300.000 personas pobres.

– 40.000 familias no tienen viviendas.

– 200 madres mueren al año de parto.

– 400 mujeres sufren de hemorragias.

– 350.000 personas sin tierra.

– El 25% de los campesinos paraguayos vive en la indigencia.

– 8 y 30% de analfabetismo total y funcional respectivamente, en una población total de 5.800.000 habitantes.

Además de una gran ofensiva demandando el derecho a la tierra, a la soberanía y al desarrollo rural como puntos principales. Los reclamos campesinos también hablan del avance incontenible de la producción de soja transgénica, cuyas consecuencias han provocado la destrucción de bosques, la contaminación ambiental y la expulsión compulsiva de pequeños productores de sus lotes.

Antecedentes: los desencadenantes de la pelea por la tierra en Paraguay

Esta modalidad de apropiación y uso de la tierra se observó durante el largo período colonial (1524-1811) y su posterior paso a la independencia (1811-1870). La conquista del territorio paraguayo por los españoles supuso la desarticulación de una sociedad cuya estructura social era relativamente igualitaria, basada en el uso comunal de las tierras y en la economía de reciprocidad. Aún cuando los conquistadores pregonaban alianzas con los nativos, a través del cuñadazgo fundamentalmente (casamiento de españoles con las mujeres nativas), la estructura igualitaria no se mantuvo. Por el sistema de las encomiendas, las tierras y los indios pasaron a formar parte del patrimonio de los conquistadores, quienes incumpliendo las Leyes de Indias y las ordenanzas de los gobernadores sometieron a los nativos a rigurosos trabajos, acelerando su exterminio.

Esta modalidad de organización social, de apropiación y uso de la tierra cambió radicalmente durante el gobierno del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia. Este desconoció las concesiones y los derechos sobre las tierras otorgados por la corona a sus súbditos, confiscándolas, e hizo lo mismo con las tierras de sus enemigos declarados y potenciales, fueran éstos criollos o extranjeros. De esta manera, el Estado pasó a ser poseedor de la casi la totalidad de las tierras del país, del 100% en el Chaco y del 98,4% en la Región Oriental: “De las 16.590 leguas cuadradas en que era estimada entonces la superficie del territorio nacional, solamente 261 leguas cuadradas eran del dominio privado de sus habitantes” (Carlos Pastore, 1972: 178).

Los gobiernos de los López -Carlos Antonio y su hijo Francisco Solano, en el período 1943-1970- siguieron la misma política de Francia con pequeñas variantes hasta que la guerra -de exterminio financiada por el imperialismo inglés- contra Brasil, Argentina y Uruguay, iniciada en 1865, destruyera totalmente el sistema social, político y económico imperante hasta entonces.

Durante los regímenes de Francia y los López, la modalidad de usufructo de las tierras era el arrendamiento. Los campesinos pagaban al Estado un canon anual por la utilización de las tierras, y las llamadas Estancias la Patria, propiedad del Estado, proveían de ganado a los poblados más pobres. Es en este período que la agricultura parcelario-comunitaria llegó a consolidarse.

Concluida la guerra en 1870 comienza el proceso de reorganización del país con los sucesivos gobiernos controlados por los nuevos colonizadores, que eran fundamentalmente el Brasil y en menor medida la Argentina. El hecho más relevante de este período fue la promulgación de sucesivos decretos-leyes a través de los cuales se ordenaba la venta de las tierras públicas, fundamentados en razones fiscales e ideológicas: fiscales, la necesidad de financiar el presupuesto de gastos de la nación, e ideológicas, la supuesta incapacidad del Estado para administrar los bienes de la sociedad (García, 1982).

El decreto-ley más importante por su impacto en la población campesina fue el de julio de 1885, promulgado por el entonces presidente de la República, General Bernardino Caballero (fundador del Partido Colorado). En él, el presidente ordenaba la enajenación de la totalidad de las tierras, propiedad del Estado. Con esta decisión, varios pueblos y grupos de familias perdieron sus campos y bosques comunales debido a la imposibilidad de adquirirlos por los altos costos. Incluso poblaciones enteras de campesinos quedaron encerradas dentro de las grandes propiedades y obligadas a trabajar para el propietario, con amenazas de ser expulsadas en caso de resistir a dicha determinación. Los poblados campesinos más afectados fueron los de origen yanacona (se denominaba yanacona al indio que estaba al servicio personal del español o encomendero), el sector de la población más atrasado cultural y económicamente, cuyas tierras fueron adquiridas masivamente por la clase burguesa gobernante, y los poblados de origen mitayo (se denominaba mitayo al indio a quien le tocaba trabajar en la mita, un sistema de trabajo por turno en actividades públicas), que quedaron fuera de las tierras privadas y serían los centros de reclutamiento de la mano de obra para la explotación de la yerba mate y de los bosques.

Pocos cambios y mucha desigualdad a comienzos del siglo 20

Recién hacia 1918 el Estado comenzó tímidamente a establecer programas de colonización y reparto de tierra en forma de lotes agrícolas. Pero a partir de 1936 el Estado se interesó por el reparto de tierra con el gobierno del Coronel Rafael Franco, lo que posteriormente continuó durante las décadas de los años ‘50 y ‘60 con las colonizaciones impulsadas por el Instituto de Reforma Agraria (IRA) y posteriormente por el Instituto de Bienestar Rural (IBR). Sin embargo, muchos de los destinatarios de estas colonizaciones nunca pudieron consolidar sus derechos sobre las tierras que trabajaban, lo que condujo a su vez a la ampliación de los latifundios a costa de las posesiones de los pequeños productores agrícolas.

Desde 1970 en adelante, la estructura agraria caracterizada por la coexistencia del latifundio y minifundio comenzó a sufrir importantes modificaciones con la inserción de grandes empresas agroindustriales como la Agriex, Agropeco, Fiduciaria Transatlántica Alemana, entre otras, con las que comenzó efectivamente la modernización de la agricultura en el Paraguay. Otro estudio indica que los indicios de modernización empezaron en la década del sesenta con el Plan Trigo implementado en el departamento de Misiones (Fogel, 1982). Estas grandes empresas se instalaron en la denominada cuenca del Paraná en los departamentos del Amambay, Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, apropiándose de las tierras más fértiles. Concomitantemente, se produjo el ingreso masivo de los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas brasileños en las fronteras norte y este (el gobierno del dictador Alfredo Stroessner anunciaba en espacio pagado en los diarios brasileños la oferta de tierras en el Paraguay).

La presencia de las empresas agroindustriales y de los colonos brasileños produjo la transformación de la cuenca del Paraná. Su influencia se extendió igualmente a otros departamentos, como el de Caaguazú, en la medida en que comenzó a tener mayor vigencia la propiedad como forma institucional de acceso a la tierra y porque las tierras “sin dueño”, que anteriormente servían para descongestionar las regiones más pobladas, dejaron de existir. La modernización produjo además otros efectos colaterales negativos, como la valorización inusual de la tierra, el reparto de excedentes fiscales a los grupos ligados al aparato estatal y la corrupción en las instituciones públicas responsables de la administración de los recursos del Estado.

El 3 de febrero se cumplieron 18 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y los problemas en relación a la tenencia de la tierra siguen siendo los mismos. Ninguno de los gobiernos post dictadura ha podido establecer una estrategia de reforma agraria ni desarrollo rural, que pudieran resolver, en parte por lo menos, la grave crisis económica y social que se ha generado a raíz de la excesiva concentración de la tierra en poder de pocas manos.

La trampa de la soja

La soja transgénica comenzó a cultivarse en el ciclo agrícola 1999-2000 (Tomás Palau) Se trata de la segunda oleada de agricultura intensiva; la primera se había registrado en los 70, con el ingreso de agricultores brasileños que expandieron la frontera de la soja tradicional desde los estados del sur de Brasil. En esta ocasión, sin disponibilidad de tierras fiscales, la frontera de la soja se expande sobre tierras campesinas, sobre campos ganaderos reconvertidos y sobre lo que resta de monte. La progresión de cultivos es asombrosa. En 1995 se cultivaban 800 mil hectáreas de soja; en 2003 se llegó a casi 2 millones. En el mismo período la producción pasó de 2,3 millones de toneladas a 4,5 millones. Pero en la misma década la extensión de los cultivos de algodón -de los que viven los pequeños y medianos campesinos- cayó un 20%, mientras el volumen de producción se redujo a la mitad.

La explosión sojera tuvo dos efectos: los ambientales, que se agravaron por la desaparición de los últimos bolsones de bosques en la región Oriental y por el uso indiscriminado de herbicidas y pesticidas; y los sociales, que resultan dramáticos en un país que venía sufriendo un acelerado proceso de empobrecimiento y que ahora debe asistir a una expulsión masiva de familias campesinas de sus tierras. El país sufrió así, según Palau, una triple pérdida de soberanía: depende de las exportaciones de un solo producto (soja) cuyas semillas serán proveídas por una sola empresa (Monsanto); pierde soberanía territorial, ya que grandes extensiones son adquiridas por extranjeros, en particular brasileños, los llamados “brasiguayos”; y también una pérdida de soberanía alimentaria, porque el monocultivo sustituye la diversidad de cultivos de subsistencia de las familias campesinas. Uno de los mayores cultivadores de soja en la actualidad en el Paraguay, es el brasileño Tranquilo Favero, que posee cerca de 50 mil hectáreas en 13 de los 17 departamentos del país.

Fotos:

– F1: Luis Aguayo, Secretario General de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). En el local del gremio enclavado en el barrio Terminal de Asunción.

– F2: La agricultura empresarial ha avanzado en los últimos años. El monocultivo de la soja ya supera 2 millones de hectáreas.

– F3: Belarmino Balbuena, máximo dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP).

COMPARTÍ ESTE ARTÍCULO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Recibí nuestras novedades

Puede darse de baja en cualquier momento. Al registrarse, acepta nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.

Últimos artículos

A 98 años de la masacre de Napalpí, conversamos con Federico Carniel, fiscal a cargo de impulsar la investigación sobre los funestos hechos que acontecieron en aquella localidad.
La práctica de la lectura nos abre nuevos caminos y viejas preguntas qué vuelven a ser reformuladas para siempre encontrar nuevas conclusiones.
En tiempos de crecimiento chino y de incertidumbre por el futuro, aquí va un intento por psicoanalizar al país más poderoso del siglo XX, el cual hoy se aferra a la preservación de un pasado tan idealizado como irrecuperable.