“La Perla” fue el mayor de unos 60 centros clandestinos de detención, torturas y exterminio que funcionaron en el área del III Cuerpo de Ejército y uno de los más grandes del país durante la última dictadura. Por ese lugar, ubicado a unos 12 kilómetros al oeste de la ciudad de Córdoba y a la vera de la ruta que conduce a Villa Carlos Paz, pasaron más de 2.200 detenidos-desaparecidos, con muy pocos sobrevivientes. El jefe de torturadores fue el mayor dado de baja del Ejército Ernesto Guillermo Barreiro, alias Nabo, Rubio o Gringo. Su rebeldía ante la citación de la Justicia disparó el alzamiento militar de Semana Santa en 1987 y ahora está prófugo ante la posibilidad de ser detenido. Kirchner lo señaló como “ese cobarde que se niega a presentarse a la justicia”.
En el esquema operativo del terrorismo de estado, los represores identificaban a este centro clandestino como O.P.3, La Perla o también «la universidad», para distinguirla del Campo de la Ribera o «la escuelita», también en Córdoba.
El III Cuerpo de Ejército, conducido por el represor Luciano Benjamín Menéndez, controlaba en esa época Córdoba y otras nueve provincias del centro-noroeste del país y unos 60 centros clandestinos de detención, de los cuales el mayor fue este centro clandestino, donde el último 24 de marzo, a 31 años del golpe militar de 1976, el presidente Néstor Kirchner lo convirtió oficialmente en un “Espacio para la Memoria” a instancias de una propuesta formulada por los sobrevivientes. Por la cantidad de prisioneros que alojó, La Perla es el tercer centro clandestino de detención, después del instalado en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el de Campo de Mayo.
Se trata de un predio del ejército situado en la provincia de Córdoba, a solo 15 kilómetros de la capital provincial homónima y a 800 de Buenos Aires.
«Aquello era el horror», contó a la agencia IPS la sobreviviente Ana Mohamed. «El rumor de la muerte te recorría el cuerpo, te caminaba por la cabeza. ¿Qué podía uno esperar que le ocurriera si lo ingresaban allí, con los ojos vendados, y lo torturaban sin piedad?»
En 1976, con apenas 19 años, Mohamed integraba el Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte en Córdoba. Fue secuestrada junto a dos de sus compañeros y llevada a La Perla. «Uno de los secuestrados conmigo murió por la tortura», comentó esta mujer, detenida en distintos centros de Córdoba y Buenos Aires hasta 1982.
El testimonio de Mohamed sirvió para conocer la verdad. Pero desde su primera declaración en 1984 no se logró aún la condena de ninguno de sus secuestradores y torturadores.
De las 36 hectáreas de La Perla –hoy un cuartel de paracaidistas–, la prisión ilegal ocupaba dos, demarcadas por cuatro garitas de vigilancia. Esas edificaciones serán las destinadas a un Espacio para la Memoria, similar al que se prepara en la ESMA y en otras más entre las 500 cárceles clandestinas de la dictadura.
«Éste era un reclamo histórico de los organismos de Córdoba, y el gobierno nacional se comprometió a cumplirlo», dijo Marcelo Yornet, hijo del sindicalista desaparecido Roberto Yornet, secuestrado en Córdoba en 1976 y cautivo en La Perla hasta su supuesto fusilamiento.
«No tenemos todavía un proyecto para este espacio, pero queremos que se cumpla con este primer paso y que el predio deje de ser del Ejército», comentó Agustín, hijo de Tomás Ditoffino, otro sindicalista también secuestrado en 1976, detenido en La Perla y supuestamente fusilado en un campo aledaño.
Yornet y Ditoffino pertenecen a la organización Hijos, de Córdoba, y aún no tienen datos ciertos sobre el destino de sus padres.
A diferencia de los recluidos en la ESMA, situada cerca del Río de la Plata, los detenidos en Córdoba no eran arrojados al mar desde aviones. Aquí, los «trasladados» –un eufemismo que para los detenidos significaba la ejecución extrajudicial– eran llevados en camiones, fusilados y enterrados en fosas comunes.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, organización dedicada a la determinar el destino de desaparecidos, identificó a 14 cuerpos en el Cementerio de San Vicente, en Córdoba.
Pero los familiares saben que podría haber muchos cuerpos más allí y en otros campos cercanos a La Perla.
En el informe «Nunca más», elaborado en 1984 por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, el gendarme Carlos Beltrán, custodio en La Perla, declaró que en la sala de torturas había un cartel que rezaba «Sala de terapia intensiva. No se admiten enfermos».
Por su parte, el suboficial Alberto Vega informó ante la misma comisión que los «trasladados» eran llevados a pocos kilómetros de La Perla, obligados a ponerse de rodillas, amordazados, con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda, frente a grandes fosas. Los fusilaban, les echaban cal y tapaban el pozo, dijo.
Beltrán, Vega y testigos civiles aseguran haber visto reiteradas veces allí a una figura emblemática de la represión en Córdoba, el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército, cuya jurisdicción controlaba una decena de provincias del noroeste argentino.
Menéndez, reclamado por la justicia de España e Italia, fue procesado en 1988 en Argentina por 47 homicidios, 76 casos de tormento y cuatro de sustracción de menores. Pero en 1990, el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) lo indultó como a otros represores.
No obstante, fue detenido por otras denuncias en su contra tras el indulto y hoy está detenido. La fiscalía federal de Córdoba lo investiga por 413 crímenes y reclama que se anule por inconstitucional el perdón que lo benefició.
Pero el pedido está demorado en la Cámara Federal de Apelaciones.
«El Estado está obligado a perseguir penalmente los delitos de lesa humanidad», declaró la fiscal de Córdoba, Graciela López, que reclama desde 2003 la derogación del indulto. «Pero aún si no hay anulación del perdón, Menéndez está acusado por nuevos delitos», agregó.
Una vez más, Mohamed acompañó a funcionarios judiciales y a representantes del gobierno nacional a reconocer La Perla, antes de la visita del presidente Kirchner. Esta vez, 31 años después de su secuestro, espera que la justicia por fin sancione a los responsables de tanto horror.
Perfil de un miserable
El ex – mayor del Ejército Ernesto Guillermo Barreiro es uno de los principales responsables de la dictadura en Córdoba y pertenece al sector más reaccionario y conservador del Ejército que, según distintas fuentes, goza de su protección hasta la actualidad.
Como ya se dijo más arriba, fue jefe de torturadores de «La Perla» y según el sitio www.desaparecidos.org: “Participó en asesinatos y secuestros y en la farsa ante la Cruz Roja Internacional; en aquella oportunidad le comentó a los detenidos que «aquí (los prisioneros) están vivos, pero para el resto del mundo están muertos» .
“De ideología nazi, se identificaba con la derecha peronista. Antisemita, odiaba a los judíos y tenía hacia los trabajadores un desprecio de clase. Junto a Von Diedrich y otros conformó la «Logia Integralista», que sumaba a cientos de Oficiales fascistas de todo el país y que era liderada por el coronel Mohamed Alí Seineldín.”
“Barreiro fue arrestado en abril de 1987 durante el proceso n. 31-M-87 de la Cámara Federal de Córdoba por los hechos vinculados al centro clandestino de detención «La Perla». Rechazó de presentarse ante el Tribunal y los militares del cuartel donde se encontraba en arresto lo apoyaron. En breve otros cuarteles fueron ocupados por militares que, fuera de la jerarquía militar, pedían una solución política de los juicios abiertos ante la magistratura ordinaria. El Presidente Alfonsín se presentó en uno de estos cuarteles dando fin a la rebelión. Pocas semanas más tarde, siguiendo una propuesta presidencial, fue aprobada la «Ley de Obediencia Debida» que ponía fin a los juicios contra los militares de grado inferior al de General de Brigada. Fue denunciado en los juicios italiano y español.”
“Barreiro fundó el MODIN (Movimiento por la Dignidad Nacional) y luego se acercó al menemismo, trabajando en la FELAC, la fundación que dirige Alberto Kohan. Fue asesor de la familia Trusso, propietaria del quebrado Banco Comercial de La Plata (B.C.P.), además mantiene excelentes relaciones con Amalia Lacroze de Fortabat. Nació en Bs As. Tiene cuatro hijos y está casado con Ana Maggi.”
Vivía en Bahía Blanca, impune por la ley de Obediencia Debida, pero luego de su anulación y ante la posibilidad de una nueva detención se mantiene prófugo. Barreiro es uno de los representantes activos de un sector de las fuerzas armadas que buscarán presionar para detener los posibles procesamientos que podrían caer sobre sus narices, siempre y cuando los casos que están parados en la Cámara Federal de Apelaciones salgan del marasmo. Por ahora, la prueba de fuego, sigue en la justicia.
