Informe: Hay plan B para la policía de Macri

La inseguridad ha sido el pilar de la campaña del electo jefe de gobierno porteño, el derechista Mauricio Macri, una especie de Berlusconi argentino que para hacerle frente a las críticas garantistas, estrenó un discurso en esa sintonía y ganó diciendo que “no hay merma del delito sin inversión social”.

Con el 60 por ciento de los votos ganados en segunda vuelta, su fuerza política pretende el control de la Policía Federal y si no la consiguen los operadores del machismo aseguran: «No nos vamos a quedar quietos; algo vamos a hacer». El diseño conservador de la Ciudad que tiene en mente Macri requiere una fuerza propia y la conseguirán cueste lo que cueste.

Cuando lo logren, la fuerza contará con la guía del ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el ex especialista en secuestros que está comprometido con un reducidor de autos que participó del secuestro de Axel Blumberg.

El macrismo ya tiene armado un diseño de transferencia gradual de policías a la órbita de la ciudad de Buenos Aires, en caso de que fracase la negociación con el oficialismo para lograr que el traspaso de la fuerza llegue con sus propios recursos. Compromiso para el Cambio (CPC) admitió que la ciudad «podría crear y hacerse cargo de una parte» de una nueva fuerza de seguridad, que con el tiempo irá «aumentando su número de miembros y de funciones».

Por ahora, la máxima aspiración del interbloque Propuesta Federal es lograr «que la nueva ley (que habilita a la comuna a tener su propia fuerza) diga lo mismo que lo que establece la Constitución Nacional», admitió el jefe de los diputados macristas, Federico Pinedo. Con todo, en el seno macrista es casi nula la expectativa de que esa nueva norma lleve impresa la fórmula mágica «con la respectiva reasignación de recursos», más allá de que frente a las cámaras la dirigencia de PRO sigue diciendo que confía en la promesa presidencial.

Pero no será así nomás, mientras piensan en las ventajas de contar con una fuerza propia, sus políticos estrenan discursos racionales, un atributo muy poco encontrado en las palabras del futuro jefe de Gobierno. Así el diputado Eugenio Burzaco dijo que «para hacernos responsables de toda la seguridad de los ciudadanos necesitamos el traspaso; si no, no vamos a poder hacernos cargo. Sin recursos, no hay traspaso porque hacer eso sería inconstitucional».

Las acotadas posibilidades económicas de una «ciudad deficitaria» -según la definición macrista del distrito que empezará a gobernar el 10 de diciembre- pesan duramente en el «plan B» diseñado por PRO.

En principio, planean arreglarse con los 200 millones de pesos que la comuna invierte actualmente en policías adicionales y en la guardia urbana, una organización que sería reestructurada para liberar parte de sus recursos y destinarlos a la nueva policía.

Es que en capital está vigente un convenio -que data de la época del gobierno de Raúl Alfonsín- que establece funciones contravencionales, enfocadas en el control del tránsito, para un puñado de policías federales.
Además, unos 900 policías -entrenados como recursos de la ciudad- cobran hoy sus sueldos de las arcas porteñas, de acuerdo con otro convenio firmado por el ex jefe comunal Aníbal Ibarra, por el que además ya fueron capacitdos otros 1.200 en la órbita de Dirección de la Policía Comunitaria.

En este contexto, el diputado macrista Cristian Ritondo no descartó la posibilidad de montar una academia para la nueva generación de policías porteños, en la que -como aspiración máxima- se pretende instruir a unos 1.500 agentes por año.

La idea sería convertir a ese grupo en una fuerza de infantería para que actúe en situaciones de mayor riesgo, como protestas o manifestaciones, hechos que los analistas del machismo consideran inevitables.

Mientras el gobierno nacional sostiene que el traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad no será acompañado del presupuesto por 800 millones de pesos para mantener la fuerza, y advierte que, para afrontar su costo, el jefe comunal electo, Mauricio Macri, deberá aumentar los impuestos, desde el Machismo niegan en forma terminante que la transferencia policial implique un incremento del tributo municipal, porque, se insistió, este trámite «tiene que hacerse con los fondos» de la administración central.

«No vamos a aumentar los impuestos porque el traspaso de la policía, como dice la Constitución, tiene que hacerse con los fondos. ¿Quién es (el ministro del Interior) Aníbal Fernández para no cumplir con la Constitución? ¿Están locos?», se preguntó el futuro jefe de Gabinete de MACRI, Horacio Rodríguez Larreta, ex interventor del PAMI y con una causa judicial abierta.

El problema de querer dar palos y que los sueldos los pague otro

Cuando se le preguntó si el traspaso redundaría en un aumento de impuestos para los porteños, el ministro del Interior Aníbal Fernández, el funcionario cuestionado por el calvo que oficia de mano derecha de Macri, nacional contestó: «No tengo dudas». Fernández recordó, en declaraciones a las radios América y La Red, que las 53 comisarías capitalinas representan un costo de unos 800 millones de pesos anuales, además de la estructura judicial para atender los casos.

«Los delitos comunes a los que se refiere Macri no pertenecen a la justicia de la Ciudad, ni a sus jueces, ni a sus fiscales contravencionales. ¿Sabe Macri que tiene que crear una justicia criminal? ¿Tendrá idea de cuántos cargos de jueces, fiscales y defensores tiene que crear para esa justicia criminal?», preguntó.

En el mismo sentido, agregó: «¿sabrá Macri cuánto habrá que aumentarle los impuestos a la Ciudad para que pueda sostener esa justicia?», además de la fuerza policial. A su turno, el jefe de Gabinete afirmó que «no hay ningún motivo para pagarle a la Ciudad Autónoma el servicio de seguridad, cuando eso no ocurre con ninguna otra provincia». Si Macri convoca a una consulta popular sobre el tema, «entonces tiene que hacerla en todo el país», opinó Fernández: «A ver si (las provincias) están de acuerdo con pagarle a los porteños la policía».

«Le explicamos, y el Presidente puntualmente, que no tenía absolutamente ningún problema que la Ciudad tuviera su propio servicio de seguridad, que el único problema era el traspaso de dinero. Las provincias siempre entendieron que no hay ningún motivo para pagar a la Ciudad Autónoma el servicio de seguridad, cuando no ocurre en ninguna otra provincia», dijo. Pero, según la óptica de Rodríguez Larreta, «el traspaso de la policía, como dice la Constitución, tiene que venir de la mano del traspaso de los recursos.

Es clarísimo. No vamos a aumentar los impuestos porque el traspaso de la policía tiene que ser con los fondos». Subrayó que «la Policía Federal destina para la seguridad de la Ciudad entre 700 y 900 millones de pesos (anuales). Nosotros creemos que la Ciudad de Buenos Aires debiera apuntar en el mediano plazo a gastar más todavía para poder fortalecer esa policía».

El retorno al espanto: la guía espiritual del Fino Palacios

Cuentan los allegados a Macri, que durante la campaña, su equipo técnico desarrolló un mapa detallado de los problemas de la Ciudad “y buena parte de ellos no se resuelve sin una fuerza a tus órdenes que pueda tolerar el desgaste prolongado de conflictos barriales que podrían desatarse”.

Quizás por eso, los números puestos en la orientación de la nueva fuerza serán los ex comisarios Carlos Sablich y Jorge (Fino) Palacios, integrantes de su staff de asesores en seguridad y del armado diseñado como propuesta para gobernar la Ciudad.

Los dos hombres trabajan bajo órdenes de Eugenio Burzaco, el mismo que asesora al gobernador de Neuquén, el conservador Jorge Sobish. Sí, el mismo que tuvo que soportar una crisis brutal en su provincia luego de que la policía asesinara al docente Carlos Fuentealba.

Pero la presencia de estos dos hombres azules en el entorno macrista no es un dato menor: Sablich se encuentra preso junto al comisario Vicente Palo, en la alcaldía de la Policía montada y acusado de tortura. Presos que, a su vez, son defendidos por el abogado Ricardo Saint Jean, hijo de quien cumpliera servicios en la dictadura y que, en su momento, nombrara al carnicero Camps al frente de la policía bonaerense.

Por su parte, Jorge (Fino) Palacios es gerente de seguridad de las empresas de Macri, custodio de la bombonera, encargado de la seguridad de Boca y está comprometido con un reducidor de autos que participara del secuestro de Axel Blumberg.

Quizás así se pueda entender mejor por qué Macri está tan empecinado en tener policía propia.

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