Raúl Iturriaga Neumann, fue el jefe del Departamento Exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA). Como tal es el responsable de todas las operaciones, incluyendo los asesinatos de los opositores a Pinochet en el exterior. La condena de cinco años que hoy se niega a cumplir es por su autoría en el secuestro y desaparición de Dagoberto San Martín Vergara, una de las víctimas de la DINA de la Brigada de exterminio Purén. Puede estar de paso en Argentina, cuenta con los recursos de la cofradía de los represores.
Raúl Iturriaga Neumann no se fugó solo porque le dieron cinco años y un día como condena a firme por el secuestro del estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de Chile, ex alumno del Liceo de Aplicación y miembro del MIR Dagoberto San Martín (21 años al momento de su detención). El ex general de la república es en realidad un criminal empedernido que está desafiando a todas las instituciones democráticas chilenas.
El ex comando y suboficial de elite de DINA, Carlos Labarca Sanhueza, es quien aporta antecedentes procesales para contradecir a quien fue su jefe en el Departamento Exterior. Dado que Iturriaga niega esa jefatura y toda vinculación con el doble asesinato de los Prats-Cuthbert, Labarca afirma que “el jefe del Departamento Exterior era Iturriaga Neumann”. Otros ex agentes también lo identifican como el Jefe.
Jefe del asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en Buenos Aires
Ante la jueza argentina María Servini y el juez Alejandro Solís, el “Tío Kenny” (Townley) dijo en Estados Unidos que “fue Eduardo Iturriaga Neumann” quien en Buenos Aires le mostró el departamento donde vivía Prats en calle Malabía 3359 en el barrio de Palermo. De paso, también le indicó el auto que manejaba para que instalara la bomba que preparó en el Hotel Victory donde alojó junto a su mujer Mariana Callejas.
Poco antes del 30 de septiembre de 1974, fecha del atentado, “Diego Castro Castañeda” -chapa que usó para ingresar a Buenos Aires y preparar el crimen según informe del Departamento de Control de Fronteras de la Policía de Investigaciones- entregó en Buenos Aires 6 mil dólares al agente chileno Mario Igualt Pérez.
Este era primo del coronel Raúl Igualt Ramírez, condenado junto al general Roberto Viaux como autores del asesinato del jefe del Ejército René Schneider en octubre de 1970.
El pago, de acuerdo a Townley y otros testimonios, fue para que Igualt contactara a Iturriaga con líderes de la ultraderecha argentina para que mataran a Prats. Pero “los argentinos no fueron capaces” sostuvo Townley, recayendo entonces la misión en el departamento que dirigía Iturriaga
Jefe de la “Operación Colombo”
Un año después del asesinato del general Prats y su esposa, el “Giggio” Iturriaga volvió a Buenos Aires disfrazado de “Eduardo Rodríguez Pérez” con pasaporte diplomático. Viajó como “comerciante”. Sus salidas y regresos quedaron registrados en el referido Departamento de Control de Fronteras. Claro que ahora su misión era distinta: organizar la Operación Colombo
El agente DINA Enrique Arancibia Clavel, único condenado en Argentina por el crimen de los Prats-Cuthbert, recuerda que en 1975 cuando Iturriaga Neumann lo contactó en la capital argentina. “Me dijo que había que hacer aparecer en Argentina a un subversivo chileno llamado Silbermann, porque esto se había bautizado como Operación Colombo”, confesó Arancibia a la jueza Servini en el proceso en Buenos Aires.
Se trataba del ingeniero comunista David Silbermann. En abril de 1975, efectivamente apareció en un sótano de Buenos Aires el cuerpo destruido de una persona cuya identidad se dijo que pertenecía a David Silbermann Gurovich, con un cartel que decía “Dado de baja por el MIR”. Se comprobó que no era su cuerpo. Pero sí era parte de la Operación Colombo. Fue el montaje de la dictadura para hacer creer que 119 prisioneros a quienes se les daba por desaparecidos por sus familiares, en realidad habían salido de Chile en forma clandestina y se mataban entre ellos en Argentina por rencillas políticas, o morían enfrentados con fuerzas militares y policiales en ese país
El siniestro “Proyecto Andrea”
El desarrollo del gas Sarín, descubierto por científicos nazis durante la segunda guerra mundial, para convertirlo en un veneno no rastreable y así usarlo en la eliminación de opositores políticos, como también en arma de eliminación masiva en caso de guerra, pues en ese entonces apremiaba la situación con Perú o una posible triple confrontación incluyendo a Bolivia y Argentina. El plan de utilización del gas Sarín fue conocido como «Proyecto Andrea» y participaron otros tres expertos de los que sólo se conoce su nombre clave: Gaviota, Canario y Dag. Uno de ellos podría ser el bioquímico Francisco José Oyarzún Sjoberg.
El Sarín fue probado por lo menos en dos ocasiones: en el caso del asesinato del conservador de Bienes Raíces, Renato León Zenteno, y luego en el de Manuel Leyton, un agente de seguridad que había desobedecido órdenes. Se consideró también su posible utilización para asesinar a Orlando Letelier, para lo cual se introdujo en Estados Unidos un frasco de perfume Chanel Nº5 cargado con este gas.
Fue en 1975 que los pasos de Raúl Iturriaga Neumann como agente DINA lo llevaron por la senda del gas Sarín, por allá por Vía Naranja 4925 en Lo Curro. El “Giggio” no quiso estar ausente del “Proyecto Andrea”. Si bien no participó en la elaboración del gas mortal producido por Townley y el bioquímico Francisco Oyarzún Sjoberg en la casa de Lo Curro, según Townley fue quien compró la propiedad para instalar el laboratorio. “La casa se compró a Angel Vidaurre por una sociedad en formación, firmado por Diego Castro Castañeda, alias que tenía el comandante Iturriaga Neumann”, relató el gringo en “Mi historia de actuación en la DINA”, testimonio hecho por Townley en las horas previas a su expulsión de Chile el 8 de abril de 1978.
La Brigada Puren
Fueron sus propios subordinados quienes lo echaron al agua en sus declaraciones procesales. Oficiales y suboficiales de la DINA que cumplieron roles fundamentales en cada operativo.
La Brigada Purén fue netamente operativa y tiene a su haber el secuestro y desaparición de decenas de prisioneros, principalmente desde el cuartel clandestino de calle Irán 3937 en la comuna de Macul. Se conoció como “Venda Sexy” por las depravaciones sexuales cometidas por “Don Elías” y su gente contra mujeres y hombres allí detenidos. “Don Elías” fue la chapa que Iturriaga usó en Purén.
Marcelo Moren Brito, Gerardo Urrich, Marcia Merino (mirista colaboradora), Germán Barriga Muñoz, Manuel Carevic Cubillos, Manuel Mosqueira Jarpa, José Mora Diocares, Hugo Hernández Valle, Hernán Valenzuela Salas, Francisca Cerda Galleguillos, y Clodomira Reyes Díaz, están entre los ex agentes que desmienten al “Chico” Iturriaga como también lo conocían sus compañeros. Algunos de ellos con abundante detalle de las acciones delictivas de la brigada que dirigió “Don Elías”.
La condena de cinco años que hoy se niega a cumplir es precisamente por su autoría en el secuestro y desaparición de Dagoberto San Martín Vergara, una de las víctimas de la Brigada Purén.
Después de escuchar esos testimonios y evaluar otros antecedentes, el juez Alejandro Solís escribió al formalizar la acusación contra Iturriaga “En consecuencia, debe estimarse legalmente acreditada la participación de Raúl Eduardo Iturriaga Neumann como autor”.
La cínica impunidad por bandera
Después que le dio su palabra de soldado al Juez Alejandro Solís que se entregaría este lunes, se fugo (hoy se supo que preparo su fuga desde hace 3 meses) y envió un video con su postura, el cual fue ampliamente difundido y avalado por los generales y oficiales en retiro, llámese cofradía del genocidio.
«Abiertamente me rebelo ante esta arbitraria, sesgada, inconstitucional y antijurídica condena, ¡No la acepto!», así, con énfasis para que no queden dudas, el general (r) Raúl Eduardo Iturriaga Neumann desconoció la condena de 5 años y un día que le impuso la Sala Penal de la Corte Suprema como autor del secuestro del militante del MIR Luis San Martín Vergara, desaparecido desde 1974 luego de ser detenido por agentes de la DINA.
El ministro de fuero Alejandro Solís dictó ayer una orden de aprehensión contra el general (r), debido a que éste no se presentó en el penal Cordillera, donde debía comenzar a cumplir la primera condena en su contra.
«Se me ha condenado por el delito de secuestro, delito no acreditado en el proceso. Pedí concretamente al Ministro Alejandro Solís, que sentenció en primera instancia, que investigara el secuestro, no lo hizo», declara el general (r) en un extenso comunicado hecho público esta tarde.
«Si el ministro me procesó por secuestro, él debió demostrar que el mirista Luis Dagoberto San Martin Vergara está vivo y secuestrado por mí. El tiene el peso de la prueba, no era yo el que debía demostrar mi inocencia. El debía demostrar el delito que me imputa, no lo hizo», argumenta Iturriaga Neumann, cuyo paradero actual es desconocido.
En el comunicado, al que el general (r) pide dar la más amplia difusión, sostiene también una defensa de otros militares retirados que han sido procesados y están siendo investigados por casos relacionados con los derechos humanos.
«Fui sometido a un indebido proceso, al igual que aproximadamente 500 integrantes de las FF.AA. y de Orden, de los cuales ya hay varios condenado por la misma razón, ante la mirada complaciente del gobierno e instituciones que no funcionan para defender los derechos que tenemos y que justamente reclamamos».
«Muchos jueces y ministros del Poder Judicial chileno han trasgredido abierta y vergonzosamente la Constitución y las leyes de mi patria», añade.
El comunicado difundido tiene al comienzo una imagen de la bandera chilena conteniendo el escudo nacional con la frase «Por la razón o la fuerza».
Al revisar sus declaraciones y al analizar su prontuario, se aprecia que la pretendida inocencia del rebelde comando expresada en el comunicado que hizo circular el martes desde su escondite, queda por el suelo. Esto porque además de la orden de captura del Juez Solis, existen tres órdenes de captura internacional en su contra. Una, por la condena que le impuso la justicia italiana por el atentado contra el ex vicepresidente de la República Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno. La segunda proviene de Argentina, donde la jueza María Servini de Cubría lo procesó y acusó del crimen del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. La última es de España, donde el juez Baltasar Garzón lo requiere por los asesinatos de los sacerdotes Joan Alsina y Antonio Llidó, y el diplomático Carmelo Soria.
La pregunta lógica que surge es el como, un fratricida de esta calaña, permaneció impune por más de 30 años, o que durante estos 17 años de gobiernos concertacionistas recién ahora, por la histórica demanda de los familiares de las victimas se comience, tibiamente, a perseguir a estos cobardes genocidas.
