Me cansé de pedir ayuda y nunca tuve ayuda de nadie. Los testimonios de los adictos al paco tienen en común los lugares de la exclusión, la sensación constante de insatisfacción, la confirmación del rápido deterioro, pero también la impresión de que no hay nada más allá cuando se quiere dar un paso al costado. Ellos son la cara visible de un fenómeno de consumo que creció rápidamente en los últimos cuatro años en Argentina de la mano de la salida de la Convertibilidad, cuando el mercado de las drogas se reacomodó ante el crecimiento del precio de la cocaína para empezar a ofrecer una droga más barata pero letal.
La razón de este hecho hay que buscarla no sólo en el bajo precio de esta droga -en promedio un peso la dosis- sino en otros factores como las características del producto, que provoca altísima adicción y rápido deterioro, la multiplicación de los laboratorios clandestinos en la Capital Federal y el conurbano bonaerense, y la consolidación de redes de comercialización en villas y barrios marginales, afianzadas en una realidad de pobreza y complicidades institucionales.
El efecto del paco es fuerte, dura segundos y deja una dependencia terrible. Pero el paco no es cocaína, sino que está elaborado a partir de un desecho del proceso de elaboración de ésta. “PACO” es el apócope de “PAsta Base de COcaína”, nombre vulgar por el que se reconoce al residuo de la PBC que se obtiene en el proceso de transformación de ésta en el clorhidrato de cocaín, en el que se utilizan solventes como parafina, bencina, éter, tolueno o kerosene y ácido sulfúrico. Este “residuo”, que constituye el insumo básico del paco, puede contener hasta no más de un 5% de cocaína, y a su vez es nuevamente “cortado” por los vendedores minoristas o “kioscos”.
La explosión de esta droga arranca con la salida de la Convertibilidad. Como explica Sebastián Gastelu en su trabajo La invasión de la droga más letal (publicado en la página de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones del Ministerio de Salud bonaerense), “a partir de ese momento, nuestro país dejó de ser atractivo para los productos fabricados afuera y los insumos importados se volvieron casi una especie en extinción.
El mercado de las drogas se acomodó ágilmente al nuevo escenario y hubo sustancias que prácticamente desaparecieron de los clásicos circuitos de consumo. La cocaína, que evidenció una explosión de ventas durante la década del noventa en todos los sectores sociales, se retrajo exponencialmente en las plazas de bajo poder adquisitivo y se ubicó sólo allí donde todavía hay capacidad de compra.
Esto, que a priori podría parecer una buena noticia, trajo como consecuencia una reconversión del mercado, que suplantó con PBC ese consumo instalado en los barrios pobres que ya no accederían a la opulencia de la cocaína”.
La reproducción
“Las «cocinas» de pasta se han multiplicado no sólo en las provincias del noreste y noroeste del país, sino también en las zonas urbanas de mayor concentración poblacional como la Capital Federal, el conurbano bonaerense, Rosario y Córdoba. Para amplios sectores de la población que han quedado marginados del sistema, el tráfico de drogas corresponde a una simple forma de supervivencia. A pesar de que la cocaína perdió rentabilidad en nuestro país y se volcó nuevamente a la exportación hacia el mercado europeo y norteamericano, Argentina no volvió a ser el «país de tránsito» que fue”, agrega Gastelu.
La PCB tiene un efecto devastador “diez a veinte veces más implacable que la cocaína y está haciendo estragos en los consumidores”, se precisa en ese informe. A diferencia del clorhidrato de cocaína, que se destruye a temperaturas elevadas, el paco se puede fumar, en pipas hechas con un caño de aluminio ahuecado. El efecto -que dura entre 8 y 40 segundos- varía de acuerdo al tipo de precursores incluidos en la preparación, pero es casi automático. Desaparece en pocos minutos pero provoca una compulsión insoportable a seguir fumando.
Lo que caracteriza al paco es su alta toxicidad, su rápida absorción y la corta duración del efecto. La adicción es alta: un solo consumo genera en el organismo una fuerte compulsión a repetir la experiencia. A los tres meses de consumo, el cerebro puede presentar daños neurológicos irreversibles, los cuales continúan agravándose. Según los especialistas, los deterioros se producen en el lóbulo frontal del cerebro, región en donde residen centros neuronales ocupados de funciones motoras, de la memoria, del comportamiento social y del razonamiento lógico.
Atacadas estas funciones neuronales el resultado observable en el adicto es una severa degradación de la personalidad en los aspectos cognitivos, comportamental y psicológico. La adicción lo ata al producto, ya que paulatinamente éste altera la bioquímica del cerebro, en donde termina sustituyendo neurotransmisores producidos naturalmente por el cuerpo, por sus símiles artificiales de mayor metabolización y potencia.
Pero no se muere por una sobredosis de paco. Según los especialistas, el adicto muere debido al deterioro que la droga produce en su organismo, y ese deterioro es mucho más rápido y profundo cuanto peores son las condiciones de vida. Los pobres que fuman paco mueren rápidamente porque viven en condiciones tan precarias que la muerte a consecuencia de esta adicción es uno de sus muchos flancos de vulnerabilidad. Ahí es cuando las políticas públicas no llegan, o llegan tarde.
Industria nacional
En septiembre pasado, un informe elaborado por el ARI señaló que el consumo creciente de esta droga en Argentina es consecuencia de que el país dejó de ser mero territorio de tránsito y consumo, para empezar a producir. “El paco es un residuo del proceso de producción de la cocaína, y esto es consecuencia de que en la Argentina se produce clorhidrato de cocaína, mediante la creciente instalación de laboratorios o “cocinas” en la provincia de Buenos Aires”, se sostiene en el informe Paco, la punta del iceberg.
El trabajo se maneja, entre otros argumentos, con las conclusiones del primer estudio realizado por un equipo de investigadores sobre la pasta base de cocaína (PBC), trabajo de campo encargado por la ONG Internacional Transnational Institute a la Asociación Civil Intercambios. Los especialistas de Intercambios elaboraron un documento “en el que queda claro que el paco no es sólo una consecuencia de la miseria, sino el efecto del cambio del mercado global de drogas debido a que la Argentina es ahora un país productor y exportador, y no hace otra cosa que vender el desecho de esa producción: el paco”, se cita.
Según el ARI, “es cierto que, además que dejó de ser la droga de los pobres y llegó a los estratos sociales medios bajos y medios que al amparo del crecimiento del precio de la cocaína empiezan a consumir paco”. Pero el impacto de los daños que produce esta droga no es el mismo tratándose de uno y otro perfil de consumidor. Los de clase media cuentan con un plus de ventajas: mayor contención, el cuidado físico posterior al consumo, la privacidad, la posibilidad de elegir a quién se le compra por su calidad y, sobre todo, las condiciones de vida que los hacen menos vulnerables.
El documento de Intercambios indica que así como la droga resulta invisible en la clase media, es de una visibilidad extrema en las villas a las que ha “inundado” y donde se presenta como una oportunidad de empleo. “La venta de PBC puede haberse convertido en una posibilidad de supervivencia frente a las condiciones de extrema pobreza en la que se hallan vastos sectores de la población”, afirman las conclusiones. “No obstante, esto no implica la aceptación de dicha actividad en el barrio. Se han verificado diversas confrontaciones con quienes conviven en la misma zona: los compradores mismos o familiares de usuarios de PBC.”
De acuerdo con la tesis del ARI, “la libre disponibilidad de productos químicos es una de las razones por las cuales las cocinas se han mudado de Bolivia y Perú a nuestro país. En estos países no existe una industria petroquímica como en el caso de Argentina, y debido a ello los precursores químicos son escasos, caros y muy controlados. En nuestro país existe una importante industria química, y por lo tanto hay abundancia de productos a precios accesibles y no hay, a su vez, una política efectiva de controles”.
“Por su parte, el residuo del proceso productivo toma relevancia como factor de articulación entre la cocina y algunos habitantes del entorno devenidos en micro traficantes asociados.
En este caso la necesidad de proveerse de recursos para la subsistencia por parte de los habitantes alrededor de la cocina es funcional a la necesidad por parte de los narcotraficantes de tener una red de seguridad fundada en la complicidad de aquellos que creen ser parte del negocio.
Cabe señalar que esta red de complicidad se completa con la omisión por parte de las fuerzas de seguridad y autoridades políticas que de hecho no desconocen el fenómeno”, arriesga el trabajo del ARI. Y agrega que “en marzo del 2005, la DEA señaló en un informe oficial que, si bien la Argentina no es un país productor de droga, en el 2004 «hubo un aumento en la producción de cocaína utilizando Coca Base (Pasta Base de cocaína) importada de Bolivia».
Donde caen los caídos
El problema del paco no se debe a una maldición, como bien estiman estos trabajos, sino a una estructura social que contiene cada vez más pobres. Teniendo en cuenta sólo la provincia de Buenos Aires, las cifras del INDEC permiten inferirlo. En la provincia de Buenos Aires viven aproximadamente 1.900.000 adolescentes entre 14 y 21 años.
El 50% está bajo la línea de pobreza y de ellos, un 38,8% es indigente; uno de cada cinco no estudia ni trabaja y el 2,3% es analfabeto: no sabe leer ni escribir. El 13% de las madres de toda la provincia tiene menos de 19 años. Estas condiciones explican en buena medida que el crecimiento del consumo de esta droga se haya disparado en el territorio provincial, y que los partidos más afectados sean los de Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, La Matanza y Ezeiza, cuyos indicadores de pobreza son altos.
Desde el Centro de Prevención de las Adicciones (CPA) de Berazategui arrojan un dato que alcanza para ilustrar la magnitud del fenómeno. “En el 2001 se atendía en ese lugar un 10% de consumidores de paco. Actualmente, el 80% de las consultas se asocian a esa adicción y no es todo: el paco desplazó a la marihuana como droga de inicio y se consume a edades cada vez más tempranas”, se cita en el informe del ARI.
Por eso, los Centros de Prevención de las Adicciones, que son un eje de la política sanitaria de la provincia de Buenos Aires, no llegan a abarcar todas las consultas. El trabajo del ARI indica que la estructura de los CPA apenas atiende a un 6,7% de los presuntos 450 mil adictos a algún tipo de droga ilegal que existen en la provincia de Buenos Aires: “En este momento, hay en la provincia 250 pacientes internados en instituciones públicas y otros 250 becados e internados en instituciones tercerizadas, apenas el 2% de las consultas que recibe anualmente.
Asimismo son solamente los menores de entre 18 y 21 años acompañados de padre o tutor aquellos de ser susceptibles de atención estatal. Los menores de 18 no gozan de semejante “privilegio”. Este panorama se vuelve mas brutal debido a que en la provincia hay un solo hospital que atiende menores hasta 12 años y otro que atiende hasta los 15 años”.
Si se considera que los nuevos consumidores son chicos de 13 o 14 años que directamente empiezan con paco, el vacío institucional para atender a los menores es un problema clave. Según el testimonio de la especialista Ana De Imperio, del CPA de Berazategui, citado en el trabajo de Gastelu, es el miedo a la muerte lo que lleva a los chicos a pedir ayuda. «Las transformaciones físicas son demasiado elocuentes, sobre todo a nivel respiratorio y esto los coloca frente a una sensación de muerte inminente», dice De Imperio, y agrega que «muchos pibes también tienen miedo de que los maten porque para poder sostener el consumo tienen que salir a robar».
No está muy claro si todos son marginales. Según De Imperio “en algunos casos provienen de familias de clase media, que han visto pauperizadas sus condiciones económicas y, en muchos casos, el jefe de hogar tiene trabajos temporales o es beneficiario de algún plan social”.
Todo parece indicar que para el área de las adicciones, y especialmente ésta en particular, no existe una estructura sanitaria suficiente. El informe elaborado por el ARI alega que en la provincia de Buenos Aires parte de los chicos usuarios de drogas son tomados por el Poder Judicial e internados en instituciones privadas tercerizadas. “Lo más llamativo es que el “consumidor” de edad promedio (16 años) en la provincia de Buenos Aires queda atrapado en un vacío de atención primaria de salud, porque entre los 15 y los 21 años no hay una instancia de salud mental ni de atención a las adicciones por parte del estado provincial, y estos chicos caen en una judicialización de la adicción y de la pobreza, y se los “judicializa” no porque hayan cometido un delito sino porque tienen problemas de salud”, se señala.
La siguiente situación, que se menciona en ese documento, resume el conjunto de preguntas que todavía no han podido contestarse. “Esto ocurrió alguna vez, pero seguramente ocurrió muchas otras veces más, sin que lo sepamos: un chico de 16 años que tiene severos problemas de adicción concurre a un CPA para tratarse.
Pero como estos centros sólo aceptan mayores de 21 años lo derivan a los tribunales de menores de la provincia para que se ocupen de su situación o a la SECRONAR que no da respuesta. Esto ocurre un día viernes, y los centros de tratamiento e instituciones privadas no aceptan derivaciones hasta el día lunes. Así que el chico es enviado durante el fin de semana a un instituto de menores, tiene una salida el sábado, cuando el lunes a la tarde entre a la comunidad terapéutica se encontrará con una situación de encierro totalmente distinta.
¿Qué ocurrirá entonces? El joven no soporta el encierro y se escapa de la comunidad. ¿Qué hacen las autoridades? Llaman a los tribunales de menores de la zona y éstos a su vez se comunican con la policía, ¿que pide una orden de paradero para saber donde está el menor para que vuelva al tratamiento? No, la policía eleva una orden de captura para el chico, como si éste fuera un delincuente que robó o mató, y no una persona enferma que debe ser tratada para que mejore su salud”.
