Por Causa Popular.- Entre los destinos fijados para la gira de la secretaria de Estado norteamericana por América Latina, Colombia se perfilaba como el más relajado. Álvaro Uribe, el presidente colombiano, fue desde la primera hora de su gobierno el principal aliado de Estados Unidos en la región. La guerra sin cuartel contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), declarada por Uribe luego de su elección, le abrió el apoyo financiero, político y militar norteamericano incondicional. Pero la visita de Rice estuvo teñida por una feroz ofensiva de las FARC en el sudoeste del país, que junto al desplazamiento de cuatro importantes comandantes del ejército colombiano que se oponen a la política contrainsurgente de los Estados Unidos, dejan entrever las dificultades en las que se encuentra el Plan Colombia – cuya finalización está fijada para septiembre de este año- para estabilizar un territorio colombiano desangrado por una implacable guerra civil.
La visita de Condolezza Rice a Colombia comenzó el miércoles, luego de abandonar el vecino Brasil. Minutos después de pisar suelo colombiano, la secretaria de Estado norteamericana, aseguró que su país respalda las políticas implementadas por el presidente, Alvaro Uribe, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo -la forma en la que Estados Unidos suele referirse a las FARC -, al tiempo que anunció una donación de 600 millones de dólares en 2005.
Luego realizó un esfuerzo para pintar un cuadro optimista de la situación del país. “Aplaudo los esfuerzos del presidente para seguir adelante con sus negociaciones con los paramilitares y su deseo de iniciar las negociaciones con el ELN. Aproximadamente 5.000 paramilitares se han desmovilizado, lo que es un logro impresionante de su política, y estamos al tanto de que el Congreso y el Ejecutivo están debatiendo una ley para seguir con las futuras desmovilizaciones», expuso la funcionaria estadounidense.
Pero la visita de Rice coincidió con un momento en el que las relaciones entre Venezuela y Colombia se tensaron debido a las declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Uribe, quien horas antes de la visita de la funcionaria, advirtió que “es un hecho innegable que el equipamiento venezolano profundiza el desbalance militar en la región andina”, en referencia a las anunciadas compras a Rusia y España, abiertamente rechazadas por Estados Unidos.
La movida recibió una pronta respuesta del presidente Hugo Chávez que hizo un enérgico pronunciamiento en el que acusó a su vecino de “ser un peón del imperio que quiere divertir a la reina», refiriéndose tácitamente a Rice, y aclaró que Venezuela “no tiene que explicar a nadie la compra de armas, así como Estados Unidos no explica la construcción de bombas atómicas”.
Ante el disgusto y en la voz de la ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, Colombia quiso resolver el nuevo impasse al aclarar que “Venezuela es un país que compra armas para su legítima defensa” y que Bogotá sólo quiere que haya un “control sobre el uso” de tales adquisiciones.
Las relaciones entre Colombia y Venezuela vivieron su momento más crítico en enero pasado, a raíz de la captura ilegal en Caracas de Rodrigo Granda, el llamado canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y su posterior traslado al país.
Fractura en el ejército colombiano
Pero los problemas tras la llegada de Rice no se redujeron a una nueva crisis diplomática con el vecino país de Venezuela. EEUU aguardaba un nuevo encontronazo entre Colombia y Venezuela y esta vez fue desatado por el ministro de Defensa colombiano para generar un contexto propicio a la visita de la “dama imperial”. El problema que más preocupa tanto en Colombia como en Estados Unidos es la inocultable fractura del ejército colombiano, en el marco de una implacable ofensiva de las FARC en el sur del país.
El retiro de cuatro generales del Ejército de Colombia dejó al descubierto una división en las fuerzas militares y desató una serie de cuestionamientos en torno a la estrategia del presidente Álvaro Uribe para manejar la guerra, fuertemente golpeada por las FARC este año. La resistencia a los cambios de estructura en las Fuerzas Militares, con la creación de comandos conjuntos que según el gobierno las hará más eficaces en el conflicto, motivó la salida de los cuatro generales que seguían directamente en la línea de mando al comandante del Ejército.
Álvaro Uribe, relevó el pasado miércoles a cuatro generales de la cúpula del Ejército, destapando una pugna en sus cuadros militares. En una sorpresiva decisión, los generales Roberto Pizarro, segundo comandante y jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército; Fabio García, jefe de operaciones; Hernán Cadavid, jefe de Desarrollo; y Jairo Pineda, inspector general de la institución, fueron llamados “a calificar servicios”.
Poco después, el Gobierno designó al general Alonso Ortiz, actual comandante de la V División, en lugar de Pizarro; a Carlos Lemus Pedraza como inspector general, a Guilermo Zapata en la jefatura de operaciones; mientras que no nombró sustituto de Cadavid.
Los cambios no solo ocurren en el marco de la visita de Rice sino también en momentos en que la estrategia de seguridad de Uribe, quien llegó al poder en agosto de 2002 con la promesa de acabar con la guerrilla, es cuestionada tras una serie de reveses militares que desde febrero suma unos 80 efectivos de la Fuerza Pública muertos.
Las montañas del suroeste de Colombia son escenario hace dos semanas de una ofensiva de las marxistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más poderosa y antigua guerrilla de América de Latina. El nuevo avance ha dejado al menos 33 muertos.
El remezón en la cúpula militar dejó al descubierto una pugna en la jerarquía castrense de tal dimensión que, apenas hecho el anuncio, los cuatro generales arremetieron, ante la prensa, contra el comandante de las Fuerzas Militares, general Carlos Ospina, y el ministro de Defensa, Jorge Uribe. Los generales se opusieron a la decisión de Ospina y Uribe de crear comandos conjuntos en varias regiones del país, por considerar que esa estructura no es adecuada para el conflicto armado colombiano y no hay equipo material ni humano para implementarla.
«Es una copia burda de los comandos conjuntos de Estados Unidos», aseveró el general Pizarro.
Los cuatro generales dijeron además que, con estos cambios, Ospina pretende convertir al jefe del Ejército, general Reinaldo Castellanos, quien no se ha pronunciado, en un mero responsable administrativo. «Los generales somos muy serios, respetuosos de la Constitución, pero no
unos borregos. Cómo se va a ganar esta guerra si el comandante del Ejército debe pedirle permiso al comandante general para tomar decisiones», afirmó Pizarro.
Para los generales relevados el modelo de los comandos conjuntos, que reúne bajo un solo jefe militar los recursos humanos y materiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, proviene de los escritorios de Washington pero no de quienes han enfrentado una guerra de casi 40 años como la de Colombia, sostienen los generales relevados.
El relevado inspector general del Ejército fue más duro y calificó al ministro Uribe, un empresario de seguros, como «un aparecido» que «llegó de la noche a la mañana» a dirigir la estrategia. El «problema radica en que no se ha mantenido la doctrina, la organización está totalmente resquebrajada en las fuerzas militares», afirmó Pineda. También García, hasta ahora jefe de operaciones del Ejército, reconoció que hay «una grave división en la institución. Es lamentable que esto suceda en estos momentos, cuando el Ejército está poniendo muertos».
Para los analistas, la decisión de Uribe muestra grietas en su política de seguridad. Vicente Torrijos, de la Universidad del Rosario, aseguró que «está relacionada con los últimos golpes asestados a las Fuerzas Militares. Esto es grave.
La salida de cuatro generales es una pérdida sustancial para el Ejército, pero lo que está en juego es una reforma de magnitud histórica. El que Colombia sea un país en guerra no es razón para evitar cambios, aunque generen traumatismos», opinó Juan Carlos Villamizar, ex consultor del Gobierno en temas de seguridad a una conocida agencia internacional de noticias.
Como telón de fondo de los conflictos desatados en la conducción de las Fuerzas Armadas colombianas, esta el ataque de las FARC a una emblemática comunidad indígena, la negativa del ELN a seguir dialogando y la amenaza paramilitar de «volver a la guerra» y romper las negociaciones. Todos hechos que pusieron a prueba la última semana la política de “Seguridad Democrática”, programa bandera del presidente colombiano, Alvaro Uribe.
Hasta ahora la disminución de los homicidios y secuestros, que el gobierno atribuye a esta política, habían mantenido a Uribe con una popularidad superior al 70% en las encuestas, y sobre ella cabalgan las aspiraciones de sus seguidores de verlo ganar un segundo mandato en las elecciones de 2006.
Pero la guerrilla parece decidida a atravesarse en el camino. La toma el 14 de abril por las FARC de la población indígena de Toribío, declarada como comunidad en resistencia civil y en donde los combates continuaban este viernes, representan el más importante pulso entre esa guerrilla y Uribe.
El ex asesor del ministerio de Defensa Alfredo Rangel, de la Fundación para la Seguridad y Democracia, advirtió que “tan preocupante como el implacable cerco de las FARC es la desarticulada, débil y tardía respuesta de las Fuerzas Militares” en Toribío, cuyo control no ha logrado ser recuperado más de una semana después. “La respuesta militar ha sido lenta e insuficiente porque la disponibilidad de tropa de las unidades cercanas es muy precaria, a pesar de que desde tiempo atrás hemos advertido que las FARC se vienen fortaleciendo aceleradamente en (los departamentos sureños de) Cauca, Nariño y Putumayo. Las FARC están prácticamente intactas y se fortalecen (…). Estamos empeñando grandes esfuerzos e ingentes recursos con el riesgo de quedar empantanados”, añadió Rangel.
La política gubernamental “se quedó obsoleta frente a la nueva realidad del país” coincidió en señalar el senador independiente Antonio Navarro, otrora líder de la desmovilizada guerrilla del M-19 y quien aspira a disputar la presidencia a Uribe. «Derrotar a la guerrilla requiere duplicar tanto el presupuesto como el pie de fuerza militar y como eso es imposible, la política requiere un timonazo. La paz romana, la que quiere hacer Uribe y que sólo acepta hacerse sobre la derrota del adversario, está empezando a fracasar», comentó.
En el marco del seminario “Política de Seguridad Democrática: con o sin Uribe”, organizado por la universidad de Los Andes en Bogotá, Navarro dijo a la prensa extranjera que parte del fracaso es la dependencia de Uribe de Washington. “Es lamentable que todas y cada una de las acciones del Ejército colombiano tengan que ser diseñadas desde un escritorio del Comando Sur” de Estados Unidos, indicó.
Pero los reveses de Uribe no sólo provienen de las FARC. La segunda de las guerrillas colombianas, el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN, 4.000 combatientes) dejó en punto muerto inicipientes diálogos con el gobierno, al rechazar el lunes la mediación que venía haciendo México.
A esos hechos se suma la amenaza de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de suspender la negociación que adelantan con Uribe para desmovilizar 20.000 combatientes antes de finalizar este año. Las AUC amenazan con regresar a la guerra si un proyecto de ley que tramita en el Congreso para darles beneficios judiciales, no colma sus expectativas.
Plan Colombia llega a su fin, no el apoyo de Estados Unidos
Estados Unidos reiteró el pasado miércoles, a través de su Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, su apoyo al gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, y dijo que aunque el Plan Colombia de lucha contra las drogas y el terrorismo está próximo a expirar, ese respaldo continuará. “El Plan Colombia llega a su fin pero nuestro compromiso con Colombia no termina. Me refiero al Plan Colombia formal, de cinco años, que culmina pero nuestro apoyo no”, dijo Rice a la prensa al término de un encuentro de cerca de dos horas con Uribe.
Para Rice, Colombia “va en camino hacia una mayor seguridad, hacia la solución al problema del narcotráfico, que es un camino largo y difícil pero en el que los colombianos han tenido éxito”. Frente a cuestionamientos sobre los resultados de la lucha contra las drogas, Rice aseguró que “no es el momento de abandonar una estrategia que está disminuyendo los cultivos (ilícitos) aquí y que también está restaurando la seguridad democrática en Colombia”
“Lo más importante aquí es tener un país que anteriormente no controlaba gran parte de su territorio y ahora el gobierno ha decidido reestablecer ese control. Ahora el gobierno tiene presencia donde antes la policía no podía ir”, señaló la funcionaria estadounidense. “Ahora, existe el desarrollo de un sistema penal para resolver el tema del narcotráfico, este gobierno ha extraditado el mayor número de narcotraficantes… esta es una política que está funcionando. Ahora, se requiere mucho tiempo para la solución de este problema, pero no se puede parar a medio camino algo que está funcionando”, añadió.
Estados Unidos aporta desde hace cinco años una ayuda que suma unos 3.300 millones de dólares con destino al Plan Colombia de lucha antidrogas y contra los grupos armados ilegales. Esa cooperación, que convierte al país andino en el quinto receptor de asistencia norteamericana, está representada en aeronaves y asesoría para el combate antidrogas, en una estrategia que combina la fumigación con herbicidas de los narcocultivos, la interdicción de aeronaves y embarcaciones de los traficantes y la erradicación voluntaria de las siembras.
En el marco del Plan Colombia, unos 800 uniformados y 600 contratistas civiles estadounidenses participan en labores logísticas y de entrenamiento de tropas. Washington ha entrenado y equipado tres batallones antinarcóticos del Ejército colombiano, de unos 1.000 efectivos cada uno, y una brigada que protege el oleoducto Caño Limón-Coveñas de los ataques dinamiteros de las guerrillas izquierdistas.
El Plan fue diseñado durante el gobierno de Bill Clinton para la guerra antidrogas, y ampliado en el de George W. Bush al combate contra los rebeldes de izquierda y los paramilitares, considerados por Estados Unidos como terroristas que se financian del narcotráfico, el secuestro y la extorsión. Dentro de la estrategia contra la guerrilla y los paramilitares, las autoridades colombianas pueden utilizar los helicópteros, aviones y demás equipo militar, al tiempo que reciben información de inteligencia de sus pares norteamericanas.
El Plan Colombia, que fue concebido durante el anterior gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), es rechazado por las guerrillas, que consideran que es la punta de lanza de la intervención militar de Estados Unidos en la región. Cuestionado igualmente en países vecinos como Brasil, Venezuela y Ecuador, el programa, que expiraba en septiembre de 2005 pero fue ampliado a cuatro años, tiene un costo total de 7.500 millones de dólares.
Además del componente militar, el plan incluye proyectos de desarrollo social, para mitigar la crisis económica, de desarrollo alternativo y atención a las víctimas de la violencia, así como para promover los derechos humanos y la eficiencia en la justicia.
Equilibrio diplomático
Al norte Estados Unidos, al lado Venezuela: Colombia juega al equilibrio diplomático para conservar la ayuda financiera de la potencia mundial sin irritar las relaciones comerciales que lo unen a su “incómodo” vecino. Analistas y legisladores colombianos coinciden en que este equilibrio está enmarcado por presiones de uno de sus mayores aliados económicos y desde una posición “crítica”, Colombia evita quedar absolutamente relegada de la dinámica política latinoamericana y por ende de eventuales oportunidades, trasladándose hacia el centro y ocultando los problemas de fondo.
“Estamos entre la espada y la pared, necesitamos a Venezuela, necesitamos a Sudamérica, pero también necesitamos a Estados Unidos, por lo tanto ese país presiona al gobierno con instrumentos concretos para que provoquemos rupturas con nuestros vecinos y así Colombia siga aislándose de su hermana Latinoamérica”, sostuvo uno de los congresistas a una agencia internacional. Y agregó: “Estos problemas que se presentaron con Venezuela actúan como una cortina de humo que dice que en Colombia algo está pasando, toda vez que por un lado se cuestiona una carrera armamentista y por otro hay una importante fractura al interior de los militares en Colombia”, añadió.
Los intereses de Estados Unidos sobre la región amazónica son demasiado evidentes ante el tambaleo de su estrategia frente a la crisis colombiana, un asunto que preocupa demasiado a Washington desde que Chavez preside el gobierno venezolano.
Con muchos aliados menos de los que tuvo durante todos los 90, Estados Unidos enfrenta un panorama totalmente diferente al que se esperaba. Una razón más para seguir de cerca sus movimientos.
