Por Causa Popular.- El domingo 6 de marzo el presidente de Bolivia Carlos Mesa anunció su renuncia en una jugada para recuperar el apoyo político perdido. El martes 8 el mandatario fue ratificado por el Congreso, que se negó aceptarle la dimisión. El martes 15 pidió adelantar las elecciones dos años para renovar, incluso, al Congreso al cual califico poco representativo de la realidad actual del país. El jueves le rechazaron su propuesta. Su decisión, ahora, es cumplir su mandato. Los bloqueos que habían semiparalizado Bolivia habían sido levantados el miércoles, aunque las organizaciones sociales y populares alistan nuevas acciones de protesta contra las transnacionales del gas y del agua, cuyos intereses defiende el presidente. Ante la inestabilidad política en Bolivia, la CIA prepara sus garras para profundizar su intervención en el país más pobre de la región a pesar de ser el segundo productor de gas, detrás de Venezuela; el otro enemigo de la Central de Inteligencia norteamericana. Dos semanas que pusieron los ojos del mundo sobre Bolivia y un proceso que sigue con final abierto.
«No voy a rehuir mi responsabilidad de quedarme como Presidente Constitucional de la República y cumplir con el mandato que tengo a partir de la situación presentada el 17 de octubre», cuando sucedió al titular Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003, expulsado del poder por una rebelión popular, dijo en un discurso televisivo el presidente Carlos Mesa.
La decisión presidencial fue adoptada tras que el Congreso, luego de cinco horas y 50 minutos de debate, rechazara su pedido de acortar su mandato y adelantar las elecciones para el 28 de agosto. «No tiene ningún sentido ni ninguna lógica que entregue (la presidencia) a quien sucede constitucionalmente en una situación que no resuelve la crisis básica», dijo ahora Mesa al asegurar que continuará en el cargo hasta agosto del 2007.
Con la amenaza de su renuncia y el adelantamiento de elecciones, Mesa buscaba presionar al Congreso nacional para que apruebe una ley petrolera que no afecte los intereses de las transnacionales y que los sectores sociales levanten los bloqueos, huelgas y manifestaciones.
La ley de Hidrocarburos fue aprobada en su etapa preliminar en la Cámara de Diputados y debe ser revisada por la Cámara de Senadores, donde Mesa confía en que sea flexibilizada a favor de las petroleras. El proyecto de los diputados está muy lejos de la nacionalización y determina un pago real de impuestos y regalías hasta un promedio del 32 a 35%, aunque en términos nominales plantea un 18% de regalías que no puede ser burlado en su pago por las compañías y un 32% de impuestos susceptibles de ser descontados y acreditados a cuenta de otros tributos.
Mesa está de acuerdo con estas proporciones, aunque rechaza que este cobro sea inmediato, y que las petroleras tengan obligatoriamente que migrar sus actuales contratos a la nueva ley y que los pueblos indígenas tengan que dar su aprobación para que las petroleras operen en sus territorios.
Las organizaciones sociales y populares exigen, en cambio, que el pago de tributos alcance, en términos reales, a por lo menos al 50%, lo que no es aceptado ni por el Congreso, dominado por lo sectores neoliberales, ni por Mesa. A pesar de esto último, luego de aprobada la ley preliminar por parte de la Cámara de Diputados, los cocaleros suspendieron el bloqueo de la principal carretera de Bolivia, cortada por más de una semana.
Según el proyecto presentado por el MAS, y apoyado por todas las organizaciones que protagonizan los bloqueos, las empresas deberían pagarle al Estado 750 millones de dólares, 550 millones más que los que abona en la actualidad. La nueva ley aprobada aumenta el pago de las transnacionales explotadoras del gas boliviano a 600 millones, monto con el que se mostraron conformes los sectores populares, mientras que para el primer mandatario de Bolivia resultó inaceptable
El fantasma militar de octubre de 2003
Luego de que el Congreso rechazara el pedido de Mesa, el país entero se mantenía expectante ante lo que parecía la inminente renuncia del presidente del país, la segunda en dos semanas. El sucesor de Gonzalo Sánchez de Lozada, finalmente no renunció, pero la incertidumbre se mantiene luego de que en el mensaje que dirigió a la población a las 23 del jueves no diera precisiones de que forma continuará gobernando.
Minutos después que el Congreso rechazara su pedido de adelantar las elecciones, Mesa se reunió con el alto mando militar y policial, y con los máximos representantes de la Iglesia Católica. Al final de las consultas, el ex vicepresidente de Sánchez de Lozada anunció su continuidad en el cargo.
En su alocución no hizo referencia a los temas conversados con los jerarcas policiales y militares, a pesar que mientras transcurrían las reuniones, los medios bolivianos no descartaron la posibilidad de un golpe de Estado. Si bien al salir del palacio de gobierno los militares expresaron que sólo se habían acercado para darle todo su apoyo al presidente, no se descarta que estas fuerzas hayan acordado con Mesa la forma en que reprimirán los nuevos bloqueos que se produzcan.
En su discurso, en ningún momento el presidente de Bolivia señaló cómo cumplirá los temas centrales de la agenda nacional, pero volvió a nombrarlos: una Ley de Hidrocarburos adecuada, un referéndum sobre autonomías, elección de prefectos y Asamblea Constituyente. Todos esos temas -excepto la elección de prefectos- pasan por la decisión del Congreso, donde los consensos están más lejos que nunca por el enfrentamiento de las últimas dos semanas.
«Y yo quiero darle al país y al mundo la certidumbre, que después de haber agotado todos los mecanismos que creí adecuados para encontrar soluciones sobre la base de mi desprendimiento personal, no voy a rehuir mi responsabilidad de quedarme como Presidente Constitucional de la República», manifestó.
Sin embargo, su decisión de cumplir con el mandato no resolvió los problemas que causaron la crisis. La Ley de Hidrocarburos que él rechazó por considerarla confiscatoria sigue su curso en el Parlamento, lo que pondría a su gobierno en una situación difícil ante las empresas petroleras y la comunidad internacional. La amenaza de los bloqueos continúa para garantizar que el tenor de esa ley no sea cambiado en el Senado.
Dos semanas decisivas
El conflicto social y político recrudeció en Bolivia en las dos últimas semanas, y no sólo por las idas y vueltas de un presidente desconcertado. Hay un actor fundamental en este proceso que suele quedar en segundo plano en el análisis mediático: el pueblo organizado en las calles con métodos similares al utilizado por los piqueteros en nuestro país, cortando la circulación de mercancías mediante el bloqueo de las carreteras.
Una semana después que el Congreso rechazara su renuncia el martes 8, Mesa pidió que se adelantaran las elecciones para agosto próximo. El rechazo de la medida por inconstitucional de parte del Congreso pone al segundo productor de gas de la región -el primero es Venezuela – al borde de una transformación que varios no dudan en llamar revolucionaria con profundas consecuencias sobre el futuro de América Latina.
A pesar del esfuerzo de las agencias internacionales, y los medios argentinos que se hacen eco, por otorgarle un lugar secundario en el análisis, lo cierto es que al día siguiente que se le rechazara la renuncia a Mesa, se produjo un acontecimiento que explica varios de los hechos que luego se sucedieron.
“El Diablo unió a la oligarquía, Diosito y la Pachamama a sus hijos, a los más pobres, para derrotar a la oligarquía y nacionalizar los hidrocarburos”, declararon sindicalistas tras sellar la unidad entre la COB del minero Solares, los cocaleros de Evo Morales, las Juntas Vecinales de El Alto del carpintero Abel Mamani, la Coordinadora de Defensa del Gas del fabril Olivera y los líderes campesinos e indígenas como el «Mallku» Felipe Quispe, Román Loayza, Alejo Véliz, Rufo Calle.
La unión en un solo bloque de todas las organizaciones sociales, sindicales, campesinas e indígenas, a la que hay que sumar el apoyo de universitarios, maestros, desocupados y comerciantes minoristas, para recuperar las riquezas naturales y lograr la liberación nacional dio un vuelco trascendental en la política boliviana.
El Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera Evo Morales, segunda fuerza en el congreso, al que los medios identifican como único líder de la oposición, le retiró el apoyo que pactó con Mesa luego de su asunción y se volcó a las calles junto al pueblo organizado que reclama un pago de regalías del 50% por parte de las empresas multinacionales que explotan el gas boliviano.
En consecuencia, inmediatamente después que Mesa articulara al bloque neoliberal en defensa de las transnacionales del petróleo y del agua, con una alianza entre el gobierno y el Congreso dominado por los partidarios del renunciante ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, los sectores populares controlados por Morales retiraron su apoyo a Mesa y se alinearon en la lucha con el resto de las organizaciones populares opositoras.
«El estado mayor del pueblo se va a reunificar para combatir el modelo económico», dijo el líder cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), que a mediados del pasado año había sido expulsado de la COB por «traidor».
“El Alto y el Chapare son desde ahora el cuartel general de la lucha social», agregó Solares, al dar a conocer públicamente el pacto antineoliberal. Y así sucedió hasta el miércoles pasado cuando los cortes se levantaron luego de que la Cámara de Diputados aprobara una ley que aumentaba de 200 a 600 millones los pagos de las multinacionales que explotan el gas.
Inmediatamente después del acuerdo entre las fuerzas populares, cinco de los nueve departamentos de Bolivia se bloquearon hasta el miércoles agudizándose la lucha social y de clases. Sólo en Chapare habrían 20 bloqueos y en casi todos ellos la demanda además de la recuperación de la propiedad estatal sobre el gas, el pedido se extendía al petróleo, y agregaba el pedido de convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Luego que el miércoles 16 el Congreso aprobara la nueva ley de hidrocarburos, Morales anunció «un cuarto intermedio» en los bloqueos de ruta hasta que la ley sea sancionada también por el Senado, tras reunirse con el titular de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, y el dirigente indigenista Felipe Quispe. El líder del MAS advirtió, al mismo tiempo, que si el Senado «modifica esta norma ya aprobada (en Diputados) con seguridad va a haber mayor resistencia de la población».
La CIA estudia intervenir en Bolivia, Venezuela y Colombia
Inquieto por la crisis política que en Bolivia puso al borde del abismo al presidente Carlos Mesa, Estados Unidos ha comenzado a diseñar una política “de contención” hacia el gobierno del venezolano Hugo Chávez, al que acusa no sólo de financiar a Evo Morales, sino también de sembrar inestabilidad en otros países débiles de la región.
El pasado jueves 17 el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado norteamericano interpeló a Porter Goss, el director de la agencia de espionaje estadounidense CIA, y al vicealmirante Lowell E. Jacoby, director de la DIA (la Agencia de Inteligencia para la Defensa). Tanto legisladores demócratas como republicanos se mostraron preocupados ante la situación en Bolivia, Venezuela y Colombia.
A la pregunta de un senador demócrata por lo que estaba ocurriendo en estos tres lugares, el director de la CIA comentó que en Venezuela, Bolivia y la frontera colombo-venezolana están ocurriendo «muchas cosas» que requieren de políticas acertadas sobre los pasos a seguir, “y debemos estar listos a ayudar a dar esos pasos cuando seamos requeridos», afirmó Goss.
Goss, sin entrar en detalles, contestó que se trata de «áreas emergentes con problemas» y que cuando se entienda la verdadera intención y motivos de lo que estaba ocurriendo en ellas quizás se requiera de «algún tipo de acción». «Claramente estamos hablando de algunas actividades políticas», agregó. «Estamos hablando de algunas actividades ilegales con narcotraficantes, de contrabando de armas y un montón de otras cosas. Estamos hablando de intervención en asuntos soberanos de diferentes países por estados actores», concluyo Goss.
La pregunta del senador sólo fue una de varias que mostraron interés por acontecimientos en Venezuela o que tenían a su presidente, Hugo Chávez, como uno de sus protagonistas.
Entre los temas que más se mencionaron figuraron el petróleo, los acercamientos de Chávez a China -que tiene una gran necesidad de materias primas- y la imagen antiestadounidense que el gobernante trata de difundir con sus acercamientos a Cuba, Irán y otros países rivales de Estados Unidos. El mismo Senador fue el que recordó que Richard Lugar, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha encomendado un estudio sobre las implicaciones de un corte del petróleo a Estados Unidos por Venezuela.
El vicealmirante Lowell E. Jacoby, director de la DIA (la Agencia de Inteligencia para la Defensa), compareciendo junto a Goss en la misma audiencia, dijo que China estaba buscando mejorar sus relaciones diplomáticas y económicas con cualquier país que le ofrezca «acceso a fuentes energéticas» y que se manifieste «descontento o resentido» con las políticas impulsadas por Estados Unidos.
El miércoles el vocero del Departamento de Estado de EEUU, Richar Boucher, había declarado a la prensa: “hemos expresado nuestra preocupación sobre las acciones del Gobierno venezolano que ponen en riesgo las instituciones democráticas y las libertades fundamentales de los venezolanos.
Y también estamos preocupados por las intenciones de Venezuela en la región”. Las declaraciones de Boucher se produjeron, luego de que el diario británico Financial Times informara que el presidente George W. Bush y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, habían ordenado repensar la política hacia las actitudes “subversivas” del Gobierno venezolano.
“Chávez es un problema porque está claramente usando influencias y los recursos petroleros de su país para introducir su conflictivo estilo de política en otros países», dijo al periódico británico Roger Pardo, subsecretario adjunto para Asuntos Hemisféricos del Pentágono. «Hemos llegado al punto límite de la actual política» con el Mandatario venezolano, declaró el funcionario.
Para Pardo, Chávez utiliza una «estrategia de hiena» avivando conflictos en países donde la textura social está debilitada. «En algunos casos es abiertamente subversión», declaró. Obviamente, para los Estados Unidos, el conflicto boliviano sería uno de los que “la hiena” Chávez estaría fogoneando.
