Informe: El caso del Sub Comisario Jorge Gutiérrez continúa impune. Por qué piden la reapertura de la causa

A 13 años de la muerte del Sub- comisario Jorge Omar Gutiérrez, asesinado por investigar los ilícitos de la aduana paralela, familiares y amigos le exigieron a la jueza Marcela Garmendia “que actúe en una causa que hace más de 9 años en sus manos. Por otra parte, no olvidaremos jamás la actitud cobarde que tuvieron los jueces de la Sala 1º de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, María Rosentock, Pedro Soria y Eduardo Hortel, garantes de la impunidad reinante por haber dictado la absolución al asesino de la Policía Federal, Daniel Alejandro “Chiquito” Santillán, así como del resto de los autores materiales e intelectuales”.

Jorge Gutiérrez, casado y padre de tres hijos, fue asesinado de un disparo en la nuca el 29 de agosto de 1994, cuando viajaba en un tren de la ex línea Roca en dirección hacia su casa de Quilmes. Al momento del crimen, Gutiérrez, quien se desempeñaba en la comisaría 2da. de Avellaneda, investigaba la presunta existencia de un cargamento de droga ingresado al país de contrabando a través de la llamada «Aduana Paralela» en un depósito fiscal de Avellaneda.

Cuando encontraron el cadáver, Gutiérrez tenía puesto su uniforme reglamentario, su pistola reglamentaria, la chapa identificatoria, un portafolio, un anillo y una cadena de oro. Poco después del homicidio, el 23 de setiembre de 1994, fue detenido el policía de la Federal Alejandro Daniel «Chiquito» Santillán, señalado por testigos que viajaban en el convoy, como el presunto autor del disparo que provocó la muerte de Gutiérrez. Al policía lo acompañaba otro efectivo, apodado «Colorado», quien nunca fue buscado por los investigadores.

En 1996, Santillán fue condenado a reclusión perpetua por el juez de la Plata Guillermo Atencio, pero tras permanecer dos años detenido recuperó la libertad, ya que la Cámara Federal de esa ciudad lo absolvió por «dudas insalvables» sobre su culpabilidad. El hermano del policía asesinado, el diputado nacional Francisco Gutiérrez y la viuda de la víctima recurrieron a la CIDH con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el 20 de febrero de 2003, el organismo consideró «admisible» el estudio del caso.

En su reclamo, los familiares de Gutiérrez denunciaron «obstrucción de justicia» en la investigación realizada por la Policía Federal, a la que responsabilizaron de no colaborar en la causa, que fue calificada como «incompleta y deficiente». Además, consideraron que «el Estado no cumplió sus obligaciones de investigar el asesinato y procesar y castigar a los responsables, en observancia de las normas del debido proceso».

Viaje al interior de la impunidad

En marzo de 2005, el diputado Gutiérrez presentó en la Cámara de Diputados, un proyecto para la creación de una comisión investigadora “sobre aquellos hechos ilícitos y/o delitos de amplia repercusión pública, como los casos conocidos mediáticamente como “aduana paralela”, “mafia del oro”, “tráfico de armas”, “cartel de Ezeiza”, y la posible comisión en el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico con/y los delitos conexos cometidos para garantizar la impunidad de estos hechos, en los cuales hayan participado recurrentemente una o más personas, físicas o jurídicas; agencias de seguridad del Estado y/o empresas de seguridad privada.”

En ese proyecto, “el barba” Gutiérrez formuló una serie de fundamentos que sirven para comprender la historia poco conocida de la Aduana paralela, las triangulaciones que se llevaron a cabo y la trama que aun no se investiga, y que es la que está detrás del asesinato de su hermano:

– “La opinión pública siente un profundo sentimiento de desolación y soledad. La sensación de impunidad hace creer a los habitantes de nuestra patria que existe una justicia para pobres y otra justicia para poderosos. Terminar con la impunidad es una materia pendiente, una lucha que debemos afrontar en forma inmediata.

La opinión pública conoce a través de todas las formas de comunicación actual (Internet, TV, radios, diarios y revistas) la implicancia de las mismas personas y/o empresas que participaron en diferentes hechos ilícitos graves y que tales actividades ilícitas permanecen impunes. También es notoria y pública la comisión de otros delitos conexos para lograr esa garantía de impunidad; en algunos casos hasta se cometieron homicidios.

Esta impunidad está de manifiesto también en la clara demostración de la participación de bandas mixtas integradas por integrantes de las fuerzas de seguridad en conjunto con delincuentes comunes. Pero, abarcando concretamente aquellos graves hechos de trascendencia pública, encontramos cómo las operaciones de la “mafia del oro” en la Argentina significaron un fraude al Estado por 150 millones de dólares y atentados al fiscal Pablo Lanusse y su familia. Para lograr esta maniobra se utilizó la Aduana.”

“En tanto, para la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, el transporte de 35.962 kilos de fusiles y municiones desde depósitos fiscales hasta el vuelo SPL de Fine Airline con destino final Ecuador, recordemos la venta de armas a Croacia ocurrida en el año 1991; el destino oficial era Panamá (un país que no tiene fuerzas armadas), pero el destino real fue Croacia (violando el embargo que las Naciones Unidas había impuesto sobre los países de la antigua Yugoslavia por la guerra que en ese momento se desataba en los Balcanes).”

“Allí fueron exportadas 6.425 toneladas de armas y municiones. El cargamento incluía más de 100 millones de cartuchos de armas livianas, 30 mil pistolas de 9 mm, 33 mil pistolas ametralladoras, 200 misiles antitanque y 36 cañones de 105 y 155 mm, y otras municiones. Fueron entregadas en siete envíos. Y para la venta de armas a Ecuador, efectuada en el año 1995, se utilizó como destino oficial Venezuela, pero el destino real fue Ecuador (a pesar de que en guerra con Perú por la cordillera del Cóndor, la Argentina era garante de la paz entre ambos países). Se exportaron 5.000 fusiles FAL y 75 toneladas de municiones. La venta ilegal de armas fue realizada por Fabricaciones Militares, un organismo que estaba a cargo de Luis Sarlenga. El intermediario fue Diego Palleros, dueño de la empresa fantasma uruguaya Debrol.”

“El presunto traficante de armas habría cobrado por su participación un 25 % de comisión. Croacia, a través de cuentas del Fondo de Agricultura del Zageback Banka Do Zagreb, depositó casi 6 millones de dólares en la cuenta de Debrol, y Palleros sólo giró 4.500.000 dólares a Fabricaciones Militares, es decir se quedó con una diferencia de un millón y medio de dólares. Además, también cobró una comisión de 600 mil dólares al Estado argentino.”

“Para hacer la operación, Palleros obtuvo un certificado falso que consignaba que el destino final de las armas era Panamá, país que no tiene fuerzas armadas que requieran las armas que se enviaron. La operación se concretó gracias a los decretos secretos 1.697 y 2.283, que en realidad autorizaban la venta de “material bélico” a Panamá. Al tratarse de un decreto reservado por ser “material bélico”, la Aduana no podía registrar ni controlar los contenedores. Sólo los pesó y constató el número.

Ese mismo año, la Argentina le vendió a Croacia centenares de toneladas de pólvora, material que teóricamente debió haber sido incinerado en la Fábrica Militar de Villa María, Córdoba. Se la sacó del país con el mismo destino falso: Panamá. De esto ni siquiera hubo registro en Fabricaciones Militares. Palleros habría cobrado 2,5 millones de dólares.”

“En 1995, la Argentina volvió a vender armas. Esta vez, a Ecuador. Por aquel entonces este país estaba en guerra con Perú, un aliado histórico de la Argentina que en ese momento era, además, garante de paz entre los dos países por ser miembro del Grupo del Tratado de Río de Janeiro. Su obligación era velar por la paz entre ambos.

En esta nueva oportunidad, la operación se hizo a través del decreto secreto 103/95. El documento autorizaba la venta de todo el stock de Fabricaciones Militares, sin un cliente predeterminado. Para eso, Palleros consiguió un certificado falso cuyo destino final era ahora Venezuela.”

“Fue así como Fabricaciones Militares le vendió fusiles a la empresa fantasma uruguaya Hayton Trade, también de Palleros -que habría cobrado una comisión del 13 %-, quien, a su vez, se los vendió a otra intermediaria ecuatoriana llamada Prodefensa, perteneciente a un traficante francés, que las trianguló al ejército ecuatoriano. Los embarques se hicieron en aviones de la firma Fine Air, en lugar de barcos como los que se utilizaron para el transporte a Croacia. Tiempo después, los ecuatorianos se quejarían por el mal estado de las armas.”

“Aduana paralela”

Según la Unión Industrial Argentina (UIA), a través de las distintas asociaciones ilícitas que integraban la “aduana paralela”, la Argentina perdió más de 20 mil millones de dólares en los últimos cuatro años. Según los datos aportados por la Secretaría de la Función Pública, dependiente de la Presidencia de la Nación, el país fue estafado en 150 mil millones de dólares en la última década.

También existieron delitos conexos para garantizar la impunidad de esta maniobra, como el homicidio de Jorge Omar Gutiérrez. El crimen del subcomisario bonaerense Jorge Gutiérrez lleva ocho años de impunidad. Detrás de la bala que lo asesinó hay negocios sombríos, privatizaciones apuradas y asesinos a sueldo. Las diferentes administraciones nunca investigaron el hecho. Esto marca una tendencia: no importa quién es el muerto, la clave está en el asesino.

El subcomisario Jorge Gutiérrez subió, en la estación Avellaneda, al segundo vagón del convoy 4.101. Se sentó en el tercer asiento del sector derecho para fumadores. Eran las 0.36 del lunes 29 de agosto de 1994. Siete minutos después, antes de llegar al viaducto de Sarandí, estaba muerto.

Sus dos asesinos hicieron el trabajo en unos pocos segundos. Uno era morocho, alto y corpulento. Tenía una cara de nene que no parecía destinada a ese cuerpo desmesurado. Llevaba puesta una campera oscura de cuero. Podría ser negra o marrón.

El otro tenía una estatura mediana. Era más bien delgado. Quienes lo conocen añaden en su figura un bigote, el pelo entrecano y una seña particular: el picado de viruela o los pocitos en la cara. La noche del crimen vestía una campera y un pantalón de jean.

Subieron al tren en la estación Constitución. Por medio de un handy informaron cada uno de los pasos que daban en la operación. No estaban solos.

Los asesinos vieron a Gutiérrez en la misma posición que lo encontraría el guarda del tren -Juan Rojas- cuarenta y cinco minutos después, pero muerto. Vestía el uniforme policial. Tenía la cabeza recostada contra la ventanilla. Una campera de nylon azul hacía de almohada. En el piso, entre las piernas, estaba el maletín con una agenda y los papeles de trabajo. La Browning’s HiPower reglamentaria quedó debajo de su pierna derecha.

Gutiérrez nunca llegó a comprobar que su precaución estuvo justificada, pero fue inútil.

Lo vieron medio dormido y caminaron hacia él. El grandote con cara de nene pasó a su lado, lo miró de reojo y se acomodó en el asiento de atrás. Gutiérrez le regaló la espalda. El otro, el picado de viruela, lo encaró de frente. Se conocían. Cruzaron un par de palabras.

El tren ingresó al viaducto de Sarandí y el grandote con cara de nene hizo un movimiento rápido, profesional. Extrajo la pistola de la cintura y colocó el caño a la altura de la nuca de Gutiérrez. El disparo se oyó -dirá una testigo- como el golpe seco de una madera que se quiebra.

Tras el disparo, Alejandra Chumbita se puso de pie y sólo atinó a correr. Vio todo. Y no fue la única. Los asesinos corrieron tras ella. El tren se detuvo en Sarandí, ella bajó hacia el andén pero no llegó muy lejos. El picado de viruela la agarró de un brazo mientras que el otro, el grandote con cara de nene, le puso la identificación de policía en la cara y le dijo:

“-No digas nada de lo que viste. Ese tipo era un borracho.”

Cuando el tren llegó a la estación Ezpeleta, veinte minutos después, un hombre aterrado saltó al andén y corrió hasta perderse en la oscuridad. Era el segundo testigo. David Silva, “El Conejo”, se juró que a nadie diría los que sus ojos vieron esa noche. Creyó que su pellejo estaba a salvo: los asesinos no repararon en su figura flaca escondida entre los asientos del vagón.

“El Conejo” sobrevivía en los trenes con la venta ambulante de lapiceras, alfajores, destornilladores o lo que pintara. Conocía como la propia cada una de las caras habituales del trayecto Constitución-La Plata. La de los pasajeros y las de la seguridad ferroviaria.

A Gutiérrez lo vio subir en Avellaneda. Sabía que era de la bonaerense. El recuerdo de los asesinos era más fresco: cada viernes, sin excepción, les pagaba los diez pesos de peaje que le cobraban los federales de la seguridad ferroviaria a cada ambulante.

Dos semanas después del crimen, sentado frente al juez de la causa, Guillermo Atencio, “El Conejo” quebró su propio juramento: relató con detalles cómo fue asesinado Gutiérrez. Y entregó algo más: los apodos que identificaban a sus asesinos en el submundo ferroviario. Al grandote con cara de nene le dicen “Chiquito”. Al picado de viruela se lo conoce como “El Colorado”.

El juez no tuvo que esperar mucho tiempo para dar con la identidad de quien efectuó el disparo mortal. Apenas tres semanas después del crimen, en la foja 245 de la causa 10.888, el cabo César Polito de la Seguridad Ferroviaria Federal confirmó los testimonios de los testigos del crimen: “Preguntado sobre si conoce a alguna persona de las características mencionadas -morocho, alto, corpulento, apodado ‘Chiquito’- en la Brigada de Investigaciones Ferroviarias, dice que sí, y que su apellido es Santillán”.

Pero eso no fue todo. El cabo Polito también confirmó la existencia de un “Colorado” junto a “Chiquito”. “Preguntado si en la División Roca trabaja junto a Santillán una persona de pelo castaño, de baja estatura y con la cara poceada, responde que el compañero de tareas de Santillán se corresponde con la descripción física dada, no obstante no puede aportar su nombre”.

Daniel Santillán fue juzgado y absuelto por “duda insalvable”. En la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata, en noviembre de 1996, juró su inocencia. Los jueces le creyeron.

El comisario Andrés Pellacchi, en ese entonces jefe de los federales, puso la cara, el cuerpo y la estructura institucional para sacar a “Chiquito” de la cárcel. Santillán fue asistido por un equipo de abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal. La coartada perfecta se la dieron su mujer, Alejandra Martínez, y su suegra, Claudia Acuña:

“-La noche del crimen ‘Chiquito’ estaba en casa y comió pescado con tomate”, dijeron.

Santillán, antes de bajar del estrado, le manifestó a los jueces su deseo interior:

– «Quiero saber quién es ese famoso «Colorado».”

“Chiquito” mintió. El sabe quién es el “Colorado”.

Claudia Acuña, suegra de Santillán, reconoció que mintió ante la Justicia. Lo dijo cuando declaró ante los diputados de la Comisión Investigadora de la Aduana, en marzo de 1997. El día y la hora en que se cometió el crimen, Santillán no estuvo en su casa tal como había declarado la mujer durante el juicio.

– «Declaré que estuvo a las once y veinte en casa porque el padre y sus hermanos me amenazaban. Ese día «Chiquito» vino a las dos de la mañana”.

La confesión de la mujer iba a confirmar, una vez más, el apodo aportado por uno de los testigos presenciales del crimen:

– «‘Chiquito’ regresó con un muchacho que vivía por Cadorna. Le decían ‘El Colorado’.”

Ese mismo testimonio fue ratificado por Adolfo Salvador, hijo de Claudia Acuña, yerno de Santillán, y con quien compartía la vivienda, incluso, la noche del crimen:

– «‘El Colorado’ es un conocido de ‘Chiquito’. Es un muchacho con pocitos en la cara.”

Las señas particulares y los apodos están ratificados por cinco testigos, entre los que se encuentran compañeros de trabajo -el cabo Polito-, familiares -la suegra Acuña y el yerno Salvador- y los dos testigos presenciales del crimen -Silva y Chumbita-. La coincidencia de sus testimonios es perfecta: se trata de testigos que no se conocen entre sí.

Los testigos del crimen aportaron rasgos centrales de los asesinos. Alejandra Chumbita y David Silva, en agosto de 1994, eran desconocidos entre sí. Chumbita vive en José León Suárez y Silva en Ezpeleta.

Su testimonio llegó a la causa 10.888 por vías separadas.

Pero declararon sin contradicciones. Ellos dijeron que los asesinos fueron dos, uno grandote y el otro picado de viruela. Al menos uno, le mostró la identificación a Chumbita, y era policía. “El Conejo”, por su condición de vendedor ambulante de los trenes, aportó más información. Dio sus apodos, “Chiquito” y “Colorado”, y añadió que ambos pertenecían a la policía ferroviaria.

El juez a cargo de la instrucción descubrió que el cabo de la policía ferroviaria Daniel Santillán, que prestaba servicios en el ramal Constitución-La Plata, grandote, tenía el apodo de “Chiquito”.

Pero la investigación oficial terminó allí. “Chiquito” aseguró que entre sus amigos no había ninguno de apodo “Colorado” y la Justicia le creyó.

Su suegra, Claudia Acuña, reveló, sin embargo, que en la noche del crimen “Chiquito” regresó a su casa a las dos de la mañana, con un muchacho que vivía por Cadorna y le decían “Colorado”.

La misma precisión tuvo el testimonio de Adolfo Salvador, yerno de “Chiquito”. Y agregó la seña particular: “El Colorado” tiene pocitos en la cara.

En Villa Corina vive Daniel Santillán, a quien los vecinos conocen por su apodo de “Chiquito”. Como dijo Acuña, el barrio queda a diez cuadras de Cadorna. Y allí vivió Francisco Mostajo, conocido en el barrio por su apodo de “Colorado” y por su pertenencia a la policía ferroviaria.

Nilda del Valle Maldonado, viuda de Gutiérrez, declaró en la causa 10.888 nueve días después del asesinato de su esposo. Relató ante el juez Atencio el estado de ánimo del subcomisario durante sus últimos días de vida: nada extraño notó en su comportamiento. Pero había un tema, aseguró la mujer, que lo perseguía como una obsesión: el personal de seguridad de un depósito fiscal lindante con la Comisaría 2ª de Avellaneda, donde prestaba servicios.

Al morir, Gutiérrez tenía 42 años y tres hijos. Vivía en unos modestos monobloques de Quilmes oeste y concurría a su trabajo en tren o en colectivo. Llamativo para un oficial de una fuerza donde hasta los cabos y agentes no ocultan un estándar de vida que no se corresponde con sus salarios.

Nada en su pasado indica que se enriqueció con trabajos por izquierda. Eso explica, tal vez, el desinterés de la fuerza que integró para esclarecer el crimen. Gutiérrez no perteneció a “la logia de los dedos en la lata”.

Pedro Klodzyck, ex jefe bonaerense, fue el primero que intentó plantar un móvil para desviar la investigación. En su versión, Gutiérrez había sido asesinado por un disparo efectuado desde el exterior del tren. La propia pericia médica del SEIT dio por tierra con la hipótesis del jefe maldito: “El proyectil describió una trayectoria de izquierda a derecha, de atrás adelante y levemente de arriba hacia abajo. Por lo cual se infiere que el victimario se encontraba por detrás y a la izquierda de la víctima, a una distancia de disparo menor a los 50 centímetros”.

La descripción pericial del disparo aportó dos certezas iniciales: 1) Klodzyck operó para el encubrimiento del crimen, y 2) el relato de los dos testigos presenciales concuerda sin contradicciones con la trayectoria de la bala tras la pericia.

La instrucción judicial nunca investigó la obsesión de Gutiérrez en sus últimos días de vida. De hacerlo se hubiera topado con un excelente móvil para cometer un asesinato.

Lindante con la Comisaría 2ª de Avellaneda, en Bosch 302, funciona la empresa Depósitos Fiscales S.A. -DEFISA-, encargada del almacenaje temporal de containers y mercadería importada diversa, incluidos automóviles.

La seguridad del predio la brinda personal de la Policía Federal, retirados y en actividad. A cargo de la selección de ese personal, al momento del crimen, se encontraba el comisario de la Policía Federal Carlos Gallone, “El Duque”, ex integrante durante la dictadura militar del grupo de tareas GT2 y beneficiado por la ley de punto final.

Actualmente Gallone se encuentra detenido por la causa judicial que investiga la llamada “Masacre de Fátima”.

Las preocupaciones de Gutiérrez sobre el personal de seguridad del depósito fiscal, reveladas por su esposa, son coincidentes con un manuscrito que dejó el subcomisario y que los asesinos buscaron -y no hallaron- en el maletín que lo acompañó en su último viaje. “Se encuentra al lado de la víctima -señala el acta de hallazgo- un portafolios negro abierto, papeles varios sueltos y una agenda”. De esa agenda los asesinos sólo dejaron las tapas. Las hojas interiores fueron arrancadas.

Los asesinos buscaban un manuscrito -en poder de esta investigación-, de donde se desprende que Gutiérrez tenía una pista sobre tráfico de drogas encubierta en el ingreso de automóviles importados. El manuscrito tiene un orden y una lógica que sólo Gutiérrez conocía, pero con unos pocos párrafos se comprueba su obsesión: “procedimiento drogas”, “si se encuentra droga qué hay que hacer, buscar dos testigos, si hay vehículos con drogas comunicar al juez”, “incomunicación – los policías sólo 6 horas”.

La obsesión de Gutiérrez, que se desprende del manuscrito, convertida en un sujeto y predicado simple puede leerse así: “Sé de unos policías que trafican droga en automóviles”. Desde la ventana del primer piso de la Comisaría 2ª, Gutiérrez veía los cientos de automóviles importados que se almacenaban en DEFISA y custodiaban los federales.

Y por lo menos en una oportunidad concurrió al depósito con personal de la comisaría y recorrió el lugar. Este hecho fue confirmado por los tres suboficiales que lo acompañaron en el operativo. Ninguno de los elementos aportados en esta investigación resultaron de interés para el juez de la causa, Guillermo Atencio, ni para su sucesora, Marcela Garmendia, actual titular del Juzgado de Transición Nº 2, de La Plata.

Atencio antes, y Garmendia ahora, saben qué intereses hay detrás de la bala nueve milímetros que destrozó el cráneo de un subcomisario que volvía a su casa a la medianoche, solo, y en un vagón mugriento de un tren suburbano.

El presidente de Depósitos Fiscales S.A. en 1994, cuando fue asesinado Gutiérrez, era Julio Ernesto Gutiérrez Conte, con estudios terciarios -incompletos- de veterinaria. Hoy es gerente general de Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria de una treintena de estaciones aéreas, entre ellas la de Ezeiza.

En febrero pasado, Eduardo Eurnekián, presidente de AA 2000, nombró al ex jefe de la Policía Federal, Andrés Pelacchi, como director de seguridad del aeropuerto de Ezeiza.

Pelacchi, el más vehemente defensor de “Chiquito” Santillán, se desempeñó entre marzo de 1977 y diciembre de 1983 en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), donde funcionó el GT2, integrado entre otros por Carlos Gallone, a cargo de la seguridad en DEFISA. Ambos camaradas eran, en esos años, oficiales principales.

Sus vidas, extrañamente, son paralelas que se tocan. Pelacchi y Gallone tienen un pasado de muertes y desapariciones durante la dictadura militar.

Lucía Cullen y Ernesto Fosatti integran las listas de desaparecidos por obra de Gallone. Jorge Sanz, delegado del gremio judicial, murió en octubre de 1977 por obra de las balas de Pellachi. El camino de ambos federales los lleva, con el regreso de la democracia, a la Superintendencia de Seguridad Ferroviaria. En esa dependencia prestó servicios en esos años la última figura que le da sentido a esta saga: Emilio Santillán, suboficial federal y padre de “Chiquito”.

Como mencionara, el presidente de AA2000, Sr. Julio Ernesto Gutiérrez Conte, fue el presidente de la empresa DEFISA, y vicepresidente de la firma Express S.R.L. cuando esta empresa participó de la triangulación de armas a Croacia y Ecuador, así como también, realizó los despachos de Casa Piana en la conocida “mafia del oro”.

Este Congreso no debe quedar al margen del contralor en defensa de la paz social sobre la empresa TAS, encargada de la seguridad del aeropuerto, de la ex PAN (Policía Aeronáutica Nacional), la Fuerza Aérea, y las demás agencias del gobierno que participan en la prevención y represión del narcotráfico, así como debemos establecer la responsabilidad del Estado ante la tercerización de los controles en la protección de la seguridad nacional y el narcotráfico.

El caso conocido como “cartel de Ezeiza” se suma a una larga lista de actos criminales que nunca fueron debidamente investigados, desde el homicidio del Brigadier Rodolfo Etchegoyen, hasta los asesinatos del subcomisario Jorge Gutiérrez y del comisario Jorge Piazza, aún impunes.

Estos hechos reclaman la necesidad de recuperar para el Estado los esenciales controles de seguridad que perdiera a partir de su desguase durante los años de política neoliberal, que dejó ese control en manos de empresas privadas inescrupulosas centradas exclusivamente en el lucro y el delito. Casos como éste ponen de manifiesto la urgencia nacional por recuperar su rol central en cuestiones de seguridad.

No puede el Estado hoy desentenderse de áreas estratégicas, sean estas comunicaciones, energía, o como en este caso el sistema de transporte aéreo que el Ejecutivo debe recuperar haciendo caer las concesiones previstas ante la constatación directa de la participación -como en este caso- en actos de narcotráfico, al igual que los depósitos de mercadería en tránsito por medio de contenedores, estas eran las principales áreas donde se montaba la estructura de Alfredo Yabrán y hoy son conducidas por Eurnekian y Gutiérrez Conte.

Señor presidente: podríamos extendernos muchísimo más en éste y otros de estos delitos donde existen varios elementos comunes; uno de ellos es la impunidad, y es esa impunidad la que queremos erradicar; por ello solicitamos a los señores diputados que acompañen con su firma el presente proyecto.

* Fuentes consultadas:

TV: “Telenoche investiga”.
Diarios:
-“Clarín”,
– “La Nación”.
Libros:
– La mafia del oro, Marcelo Zbtogwiazda;
– Maten a Gutiérrez, Daniel Otero.
Causa 5-10.888/2, Juzgado de Transición Nº 2, La Plata.

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