¿Inclusión social o represión?

De la Redacción de ZOOM. El desplazamiento de la subsecretaria de Niñez provincial, por sus críticas a la propuesta del Gobernador Scioli de bajar la edad de imputabilidad, y una contundente marcha en oposición a esta iniciativa caldearon un debate que encierra distintas cosmovisiones de sociedad.

A partir del debate instalado por Scioli con relación a la imputabilidad de los niños, el sistema político de la provincia de Buenos Aires parece darse cuenta de que la discusión no es solo para los medios.

El jefe del bloque de diputados provinciales de la UCR y el primo de Mauricio Macri salieron a opinar sobre el desplazamiento de la Licenciada Marta Arriola de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia. El primero salió en apoyo de la ex funcionaria provincial y el segundo dijo que lo que declaró Arriola en los medios, en relación a la falta de presupuesto del área y la situación de los establecimientos penales, no es ninguna novedad.

Salvo el Gobernador, el arco político prefiere la prudencia, y hasta la indiferencia, ya que no hay tema tan sensible como la niñez. Si bien no es prioridad en la política publica provincial, las familias y las barriadas repletas de purretes correteando por ahí saben que los niños son decisivos para el futuro del país. La imagen de un niño tras las rejas no es un estímulo grato a los ojos de un ser humano digno. Más bien es una frustración para quienes creemos que los semejantes son justamente eso, y no un enemigo circunstancial.

Presupuesto escaso

El Ministerio de Desarrollo Social provincial destina cerca de 190 millones de pesos a las políticas ejecutadas por la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia. En los reportajes dados por la ex subsecretaria, Marta Arriola, explica claramente la insuficiencia de estos recursos para abordar un problema tan serio. Según medios gráficos, este presupuesto alcanzaría para atender las necesidades de un cuarto del total de la población necesitada de asistencia pública. Si estimamos en un millón los niños y las niñas vulnerables, o con derechos amenazados o vulnerados, de la provincia mas poblada del país, el gobernador destina dinero para atender a solo 250.000. Los últimos anuncios hablan de un incremento de alrededor de 120 millones de pesos. Si los datos son ciertos, la provincia de Buenos Aires tiene una deuda fenomenal con la niñez, sobre todo si esos recursos, como pareciera ser, serán destinados solo a arreglar edificios. Otro negocio en puerta.

Más allá de eso, la realidad es que nuestra provincia cuenta con urgentes necesidades de atención a los niños y las niñas y que centrar el problema de la inseguridad en ellos es más bien de ignorantes. El comisario Salcedo, jefe de la otrora mejor policia del mundo, exagera el número de delitos cometidos por niños con la unica finalidad de lamer las medias de Scioli y su superior Stornelli y como una estrategia de presión sobre defensores, fiscales y jueces de garantías.

Podríamos suponer que una mente perversa agitaría el tema de la inseguridad y pondría a los niños en primera plana con el objetivo de conseguir más recursos para el sistema penal juvenil. Pero no; los que agitan el tema demandan más presupuesto para reprimir. Esta congruencia encuentra su síntesis suprema en las declaraciones del gobernador y su círculo áulico: Pérez, Stornelli y Casal. Que no son los tres chiflados, ni están atacados por un delirio extraño. Representan lo que son, no actúan.

Algunos podrían pensar que es una impostura para generar ganancia electoral por derecha, pero tampoco es impostura. Es una clara señal de cuáles son las cabezas que trazan las políticas de seguridad del gobierno en la provincia.

A tono con el gobernador, Alberto Pérez, Jefe de Gabinete de la provincia, manifestó que la renuncia de Marta Arriola ratifica que el gobierno insistirá con la idea de bajar la edad de punibilidad, poniendo bajo la faz punitiva del sistema penal a los menores de 16 años. El ministro de Justicia, Ricardo Casal, mientras, reclama al Congreso que discuta si los adolescentes de entre 14 y 16 años tienen o no responsabilidad penal para ciertos delitos, los graves, por ejemplo los que salen en los medios masivos. Lo interesante del planteo del Dr. Casal es que ratifica que el impulso de Scioli para bajar la edad de imputabilidad está directamente asociado al manejo turbio y desvergonzado que han hecho los medios y la derecha de los delitos cometidos por niños y adolescentes, porque es difícil de entender desde qué lógica el ministro propone penalizar delitos graves y no los otros, a los que considera no tan graves. En realidad, la propuesta se sintetiza en: estigmatizar a los adolescentes pobres, transferir recursos desde las áreas sociales a la seguridad represiva, abrir un par de calles en un par de villas, construir más institutos para encerrar niños y poner unas cuantas lamparitas.

El pasado que vuelve

El pasado martes, el secretario general de la CTA provincia, Hugo Cachorro Godoy, convocó en conferencia de prensa a una marcha desde la República de los Niños a la Casa de Gobierno provincial. Rescató la figura de Eva Perón y la necesidad de que los únicos privilegiados sean los niños. La CTA es una organización sindical en el seno de la cual todavía quedan cuadros políticos que no reducen su militancia gremial a pedir unos pesos más de aumento, sino que tienen una cosmovisión de la realidad y un proyecto de país a construir. Desde hace dos años, la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires plantea la necesidad de discutir la situación de la niñez en la provincia. Hasta tal punto llegó el debate que en el congreso provincial del año 2007, el propio secretario general pidió la renuncia de la Dra. Tabolaro, entonces (como ahora nuevamente) al frente de la subsecretaría de minoridad provincial.

Las razones por las cuales la ATE pidió la renuncia de la ahora flamante Subsecretaria son: persecución a los delegados gremiales de los distintos sectores de área, malversación de fondos, muertes reiteradas de niños en las instituciones a su cargo, mantener trabajadores precarizados cobrando 150 pesos por mes, abandono de las instituciones y falta de iniciativa en la gestión a favor de la reforma de las políticas de niñez en la provincia.

Si bien estas situaciones no han cambiado, las declaraciones de parte del equipo saliente alentaban una mirada del Estado más comprometida con los niños y los laburantes. En el diario Página 12 del martes 11 de noviembre el recientemente renunciante Licenciado Alejandro Blanco, director de Instituciones Penales a cargo de las instituciones de régimen cerrado de la provincia y los centros de recepción, opinço sobre la fuga del niño presuntamente partícipe del homicidio del ingeniero Barrenechea. Dijo que la fuga es producto de la precariedad del sistema y que las condiciones edilicias y la situación del personal (refiriéndose a su escasez) no son las adecuadas. Destacó asimismo que el personal a cargo de las guardias está dedicado a un rol educativo más que a la seguridad y que no porta armas. Sobre la carencia de personal, Blanco planteó que es un problema de arrastre de la gestión anterior y que además de ser un hecho evidente para todos, la designación de personal pasa por una serie de instancias, pero que en definitiva decide el gobernador.

El inefable ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo ordenó que se inicie una investigación sumaria interna para determinar las responsabilidades que correspondan frente a lo ocurrido. Otra vez prevalecen los mecanismos de la burocracia por sobre las estrategias y decisiones para fortalecer el sistema penal juvenil en la provincia. Sabido es que la responsabilidad caerá sobre algún trabajador, y no sobre los verdaderos responsables del hecho.

La vieja nueva funcionaria

Durante los cinco años de la gestión de la Dra. Tabolaro (ocupó el cargo de subsecretaria de Niñez y Adolescencia entre 2002 y 2007, durante la gestión de Felipe Solá) el área penal estuvo signada por una serie de desatinos que la transformaron en pasto fértil para los oportunistas y las personas de dudoso curriculum. De una política inicial basada en la construcción de modelos institucionales para población reducida, en edificios funcionales y con personal capacitado, a poco de transcurrir el tiempo y en razón de la muerte de tres adolescentes en una comisaría de Quilmes, la coyuntura le ganó a la imaginación y se abrieron de apuro instituciones masivas, para más de 100 adolescentes, una de ellas en un penal de adultos.

A esto se debe sumar la situación de institutos flamantes, con no más de dos o tres años de inaugurados, en donde los cimientos se hunden y la mierda flota cual cachalote por los pasillos donde deberían circular los adolescentes y el personal.

A esto debemos sumar una concepción del tratamiento penal grato a las doctrinas del enemigo interno. Evitando capacitar personal, revisar proyectos y dictar normas, se pregonó el principio de la seguridad y se definió a los golpes y escaramuzas con los adolescentes en los pabellones como gajes del oficio, sin poder ver que esas situaciones de violencia sucedían porque las autoridades no generaban estrategias para evitarlas. Bajo estos supuestos, cualquier trabajador ingresante debería dejar en la puerta sus intenciones de reducir los índices de violencia y disponerse a luchar, cuando fuese necesario, cuerpo a cuerpo con los niños.

La ausencia de normas de funcionamiento fue una constante, que sigue hasta hoy, y cada instituto se rigió por lo mejor que pudo construir su equipo directivo, sin directivas, sin lineamientos y sin presencia de las autoridades.

Uno de los signos más alarmantes de la gestión del área penal de la Dra. Tabolaro fue la muerte por motivos diversos de niños y adolescentes bajo diferentes programas. Esta inercia que intentaba explicarse a través de la teoría del “son cosas que pasan” se volvió inercial, al sucederse suicidios separados por breves intervalos de tiempo y en instituciones de similares características. Si bien es cierto que algunos decesos pueden ser atribuidos a causas naturales, el suicidio adolescente no constituye un hecho de explicación causal, sino todo un síntoma social. Si jóvenes alojados en instituciones de socialización o tratamiento se cuelgan debemos, o deberíamos, habernos alertado sobre qué mecanismos o formas de funcionamiento institucional provocaban esos sucesos. Todos estos hechos fueron origen de acusaciones al personal y a los directivos de los institutos, pero jamás alentaron alguna intervención de parte del equipo de la Dra. Tabolaro o algún cambio en su política para el sector penal.

La situación actual da para pensar. Las razones del cambio de gestión no son producto de una interna política ni un enfrentamiento entre funcionarios al interior del ministerio. Es por el fondo de la política dirigida a niños y adolescentes acusados de cometer hechos tipificados por la ley penal como delito.

Pero como el mundo no está construido sobre casualidades permanentes, podemos inferir que el nuevo equipo de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia está a tono con las propuestas motorizadas por el Ministro de Seguridad Carlos Stornelli. En estos días, un Juez de Menores anuló las actuaciones judiciales sobre un adolescente acusado de haber participado en un homicidio, ya que su declaración habría sido obtenida ante un fiscal de mayores y su confesión, luego de haber sufrido apremios ilegales (golpes y trompadas por parte de policías) Estos métodos de prevención del delito tienen como fin el amedrentamiento, y la necesidad de mostrar eficacia en las políticas de seguridad y números redondos en las estadísticas, para justificar más presupuesto en razón del buen desempeño.

Recién asumida, al cierre de esta edición, Tabolaro responde místicamente en un reportaje al diario Clarín:

—Si usted estuvo en este puesto hasta diciembre del año pasado y el panorama del sector es agobiante, ¿por qué debería esperarse ahora una solución a los problemas?— pregunta el periodista.

—Porque habrá una mejora en la respuesta estatal—, concluye la funcionaria.

La marcha de repudio

Ayer, miércoles 12, una multitudinaria marcha de más de 15.000 manifestantes acompañó en la Plaza San Martín frente a la Gobernación la oposición al proyecto de bajar la edad de imputabilidad. Convocada por la CTA, participaron Libres del Sur, el Foro por la Niñez, la Asociación de Trabajadores del Estado, Juntas Internas de Delegados, la Fundación Padre Cajade, Marcha Grande, Abuelas de Plaza de Mayo, concejales platenses, entre muchos otros.

Desde las 15 y hasta casi las 18 horas, un grupo de delegados ingresó a la Gobernación para entrevistarse con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el director de Cultura y Educación, Mario Oporto y el jefe de gabinete Alberto Pérez. Los representantes de las organizaciones dijeron al salir del encuentro que necesitan «hablar directamente con Scioli» y que durante las conversaciones los ministros intentaron aclarar que la iniciativa «no era tal cual había trascendido, sino que había especificidades que debían conocer» .

El secretario general de ATE, Hugo Godoy, señaló que “nosotros no marchamos porque hayamos escuchado mal” y demandó al gobierno provincial “hacer una campaña donde el gobernador deje en claro que esa no es su idea”. Estas declaraciones fueron vertidas al término de la reunión en la que además de Pérez, Arroyo y Oporto, participaron el ministro de Justicia, Ricardo Casal, la secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier y Cristina Tabolaro. Sugestivamente, el titular de la cartera de Seguridad, Carlos Stornelli, no estuvo.

“Les dijimos a los ministros que era necesario que hicieran una campaña donde verdaderamente los niños sean los privilegiados y el centro de atención de mayor equidad y justicia; la aplicación plena de los derechos integrales y el otorgamiento de un subsidio universal para las familias con hijos de 0 a 18 años, además de repudiar la discusión en torno a la baja de imputabilidad”, aseguró Godoy.

En un breve contacto con los periodistas que aguardaban la salida de la reunión, el sindicalista cuestionó en durísimos términos “la actitud de (Daniel) Salcedo y del ministro (Carlos) Stornelli, de detener a un menor al voleo para auto-incriminarlo a través de torturas, como denuncia un Juez de San Isidro en relación al pibe Brian”, el menor acusado de participar del homicidio del ingeniero Barrenechea. “Es una denuncia gravísima”, finalizó, solicitando la renuncia del ministro de Seguridad, del Jefe de Policía y del comisario de la dependencia involucrada.

Aun no está dicha la última palabra. El gabinete de Scioli insiste con su propuesta pero hay muchos sectores que se oponen. Por una vez, debemos felicitar a los medios que, si bien no todos seriamente, han tomado el tema de la niñez para sembrar un debate imprescindible para el futuro de nuestro país.

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