ImPROvisando

De la Redacción de ZOOM. El Gobierno porteño dispuso el despido de 500 trabajadores mayores de 60 años. Pocas horas después, las reacciones de la oposición, de la opinión pública y de los trabajadores ante lo descabellado de la medida lo obligaron a una desmentida insólita cuyos entretelones revelan la ineficiencia e impericia de la administración macrista.

Desabastecimiento hospitalario, aumento de fondos para la educación privada, sospechosos ensayos privatizadores en la administración de la educación pública, becas otorgadas por fundaciones privadas, reemplazo de carnes por soja en los comedores escolares, la participación preferencial del sector privado en el desarrollo y financiamiento de infraestructura económica y social son algunos de los logros de la gestión PRO a poco de cumplir un año en la ciudad de Buenos Aires. La última iniciativa apuntó contra 20 mil empleados bajo la modalidad de contratos de empleo público, mientras contratan a otros miles con sueldos de Bélgica.

Gobernar desde la tapa de Clarín

Una nota del ejecutivo porteño comenzó a circular por diferentes reparticiones el pasado 29 de septiembre, ordenando rescindir a partir del 1º de noviembre los contratos de trabajadores mayores de 60 años (mujeres) y de 65 años (hombres), todos contratados bajo la modalidad del régimen establecido por el Decreto Nº 948/2005. Estas acciones amenazaban la fuente de trabajo de alrededor de 500 contratados en edad de jubilarse que no tienen el mínimo de años requeridos para ello.

Muchos afectados se enteraron a través de los medios de comunicación. Luego, ante la reacción gremial y de algunos legisladores y trabajadores que presentaron amparos judiciales, el Gobierno porteño desmintió la medida. Para los afectados, la incertidumbre continúa. El que se quema con leche…

Uno de los secretos de la gestión neoliberal en el gobierno de la Ciudad consiste en operar sobre la prensa lanzando versiones contradictorias sobre decisiones políticas antipopulares o controvertidas, que luego se toman, postergan o desechan según la reacción que provoquen. Anunciaron la reapertura del tramo de la calle Bartolomé Mitre cerrada frente a República Cromañón y un plebiscito sobre la erradicación de villas miseria. También que se estudiaría la admisión de extranjeros en los hospitales públicos y el cierre de los neuropsiquiátricos, entre otros. Nada de eso sucedió por el momento. Todo se reduce a maniobrar, la archiconocida práctica mafiosa de los “operadores” que aportó la libre empresa a la política. Este recurso, como método, se parece demasiado a la improvisación.

Balas que pican cerca

La trama de este inexplicable anuncio y posterior desmentida sobre los 500 jubilables incluye algunos ribetes patéticos que ponen al desnudo la torpeza y falta de escrúpulos de los supuestos gestores eficientes del macrismo. Como ocurrió en el verano con la cesantía de los contratados (muchos de los cuales fueron reincorporados tras la presión de los trabajadores), nuevamente el criterio de la medida de racionalización priorizaba números sobre personas. Es decir, se elige un lugar por donde cortar (en este caso, la edad jubilable) y listo. Los problemas comienzan cuando esas absurdas decisiones se contraponen con la realidad.

En los pasillos de Bolívar 1 cuentan que entre las afectadas se encontraba una de las secretarias que integra el staff de la Privada del propio Jefe de Gobierno. Como ocurre a menudo, los funcionarios reparan en las consecuencias de sus acciones solo cuando les afectan en carne propia. Un ministro del gabinete (que integra el pelotón de candidateables para 2009) se desayunó con la noticia de que otro de los 500 involucrados en la cesantía masiva era su chofer. El hombre, que al comando del volante ya vio pasar varios ministros y secretarios, estaba desesperado. Como muchos, se quedaba sin trabajo y sin chances de jubilarse. El ministro reaccionó mostrando la hilacha: —Hay que hacer una excepción, si este tipo trabaja bárbaro—. Dicen que algunas voces sensatas le hicieron ver que seguramente no sería el único caso que merecería ser exceptuado visto lo indiscriminado de la decisión en ciernes.

Recular es PRO

Horas después de trascendida la inminente medida, ante la reacción de la oposición y los movimientos gremiales, el macrismo debió dar marcha atrás y desmentir todo. Admitieron off the record que se trataba de un imperdonable error subalterno, y que en realidad el niño Macri sólo quería saber cuántos eran los que estaban en condiciones de jubilarse y no tenía malas intenciones. En pocas palabras, le echaron la culpa a la pobre empleada administrativa a la cual se le había encomendado confeccionar el listado. La mujer estaba que trinaba: primero, porque había anticipado que la medida era una locura. Luego, por ser el chivo expiatorio. Igualmente, nadie creyó la explicación oficial. De hecho, antes de recular definitivamente, fuentes del oficialismo habían tratado de capear las primeras reacciones justificando que «no son miles, sino 500 los contratos que se rescindirán».

En medio del desaguisado, llamó la atención que la cara pública de la retractación haya sido Diego Santilli, jefe del bloque de legisladores macristas. ¿Acaso nadie del Ejecutivo se animó a poner el rostro y dar explicaciones? No lo sabemos. El ejercicio de la repregunta no está de moda en el periodismo local. En especial, si se trata de voceros del oficialismo porteño.

Nada por aquí, mucho por allá

El convenio firmado en julio entre SUTECBA, el sindicato que nuclea mayor número de municipales, y el gobierno de la Ciudad establecía que los contratados bajo la modalidad del Decreto Nº 948/2005 y normas concordantes pasarían a un Régimen Transitorio Especial que sería reglamentado en un mes. Pasó el tiempo sin que la reglamentación apareciera. La promesa ahora tiene nueva fecha: enero 2009. ¿Será acaso prenda de negociación con el sindicato con vistas a los comicios legislativos? De hecho, la desregulación de la obra social, anunciada en el fragor del conflicto de los despidos del verano pasado y pautada para mediados de este año, se pospuso por seis meses. ¿Tocará finalmente Macri la caja del gremio que lideran Genta y Datarmini? Si lo hace, es muy probable que los sindicalistas lo vivan como un desaire: muchos de ellos jugaron (algunos más silenciosamente que otros) a favor del PRO en las elecciones de 2007.

Mientras, el legislador porteño Juan Cabandié (Frente para la Victoria) denunció que Macri continúa firmando nuevos contratos por altísimas cifras. Siempre con el mismo argumento falaz que se enseñoreaba en los ‘90: los nuevos “ejecutivos” estatales (casi todos provistos por las fundaciones que entonces integraban Michetti, Marcos Peña, Estenssoro y otros) debían cobrar salarios equivalentes a los de la actividad privada para jerarquizar las filas públicas. En realidad, luego de saquear todo a su alrededor y derogar cuantas reglamentaciones olieran a regulación estatal, renunciaban y volvían a la actividad privada: misión cumplida.

No es casual entonces que la Agencia de Control Comunal haya confirmado la habilitación automática de actividades mediante el sistema de declaración jurada, un método ingeniado durante la dictadura (Cacciattore) y que los gobiernos posteriores confirmaron y cuya única novedad es que ahora se realiza en la vidriosa transparencia de Internet. Sin esa “novedad”, quizás no hubiera ocurrido el incendio de República Cromañón.

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