La contienda electoral en Perú, a diferencia de otros procesos electorales en América Latina, estuvo marcada por varios factores. En primer lugar, por la variedad de opciones electorales. 17 postulantes para la presidencia representando a 25 partidos políticos diferentes. En segundo lugar, la presencia por más de dos décadas del fujimorismo, cuya polarización (a favor o en contra) pareciera definir la elección. Ello sumado a la crisis de los partidos políticos como legado del fujimorato y los escándalos de corrupción y las proporciones exorbitantes que alcanza el voto nulo o blanco en Perú.
En tercer lugar, la ausencia de representación del oficialismo tras la decisión del Partido Nacionalista Peruano (PNP), del actual presidente Ollanta Humala, de retirar sus candidatos de la presidencia y vicepresidencia como así también de las listas para el Congreso. Si bien en los sondeos de opinión el candidato de este partido solo alcanzaba el 1,3%, su exclusión del juego electoral constituye un hecho inédito en tanto desde el retorno de la democracia, en 1980, nunca había ocurrido algo similar, esto es, que un partido oficialista quedara fuera del Congreso luego de dejar el poder.
Las exclusiones alteraron abruptamente el mapa político a un mes de la contienda electoral.
En cuarto lugar, el activo rol desempeñado por la Justicia. De forma inédita, un mes antes de la primera vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyó dos fórmulas presidenciales que solicitaban inscripción para las elecciones generales. Como resultado del proceso, las candidaturas de Julio Guzmán (Todos por el Perú) y de César Acuña (Alianza por el Progreso) resultaron anuladas. El criterio no es ecuánime. De haber actuado de manera imparcial la justicia tenía probados motivos para tachar a Kuczynski de las mismas falencias administrativas que en el caso de Julio Guzmán, mientras que Cesar Acuña –quien fue acusado de entrega de dádivas durante su campaña- fue invalidado a diferencia de Keiko Fujimori, sobre quien pesaba material audiovisual en su contra referente a la actividad proselitista prohibida expresamente en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. El Jurado Electoral Especial declaró infundado el pedido de exclusión de la lista Fuerza Popular de Fujimori, a pesar de que esta denuncia fue presentada cinco veces y tras una marcha masiva que exigía la eliminación de la candidata hija del exdictador en la conmemoración del 24 aniversario de su autogolpe.
Las exclusiones alteraron abruptamente el mapa político a un mes de la contienda electoral. El reconocido escritor y premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, sostenía desde principio de año que Pedro Pablo Kuczynski era su candidato. En ese momento las encuestas lo ubicaban en cuarto lugar. Gracias a las tachaduras de los dos candidatos que lo aventajaban, PPK consiguió pasar al balotaje por escasos puntos de diferencia, como una opción de centro derecha con pocos matices respecto a Fujimori.
Las maniobras tendenciosas del Jurado Nacional de Elecciones sumado a la fortaleza de la identidad fujimorista y al debilitamiento de los partidos políticos han terminado por crear en el país andino una mayoría del fujimorismo en el poder legislativo y en el Parlandino. El poder judicial tampoco podría ser considerado, en este marco, un bastión democrático.
El poder ejecutivo será débil y no tiene más opción que pactar con el fujimorismo en el Parlamento
En términos programáticos, las propuestas de ambos candidatos -reflejadas con claridad en los dos últimos debates presidenciales- no muestran diferencias significativas. En el primer debate, PPK no tuvo una estrategia clara y falló en contestar las embestidas de su contrincante, y aunque prefirió polarizar en términos de “amenaza letal a la democracia” en el segundo, tuvo una actitud titubeante. Más aún cuando tras manifestar públicamente que asistiría a la gran marcha que realizó el colectivo “Keiko no va”, finalmente desistió de participar.
Ante la posibilidad del retorno del autoritarismo de los años noventa encarnado en Fujimori, la mayoría del arco político de centro izquierda ha brindado el apoyo en la segunda vuelta a PPK, incluido el colectivo “Keiko no va”, un grupo de autoconvocados que se opone a la candidatura de la hija del dictador Alberto Fujimori. El ganador de la contienda, PPK, resultó electo por un margen mínimo, los resultados ONPE al 91% escrutado arrojan que PPK alcanza un 50,32% de los votos por sobre su rival Keiko Fujimori con 49,68%. El poder ejecutivo será débil y no tiene más opción que pactar con el fujimorismo en el Parlamento; de hecho en las elecciones del 2011 PPK apoyó la candidatura de Keiko frente a Ollanta Humala, quien era tildado por la prensa de “chavista”.
Kuczynski es un pragmático miembro de la elite económica peruana y lobbista de probada trayectoria. Con los resultados de la primera vuelta a su favor, ha reiterado que de llegar al poder -si la mayoría fujimorista en el Congreso así lo aprueba- promulgará la ley que otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria por ancianidad, medida que favorece directamente a Alberto Fujimori. La victoria de PPK, aunque es una victoria frente al autoritarismo, está en sintonía con el giro hacia la derecha en la región, que comenzó en noviembre de 2015 en Argentina con el triunfo de Mauricio Macri.
María Florencia Pagliarone es Magister en Ciencia Política (FLACSO Ecuador), Licenciada en Ciencia Política, Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Investigador CELAG.
Bárbara Ester es Licenciada en Sociología, Universidad de Buenos Aires (UBA) Profesora en Sociología Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigadora CELAG.
