“Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común”, Eduardo Galeano
Con multitudinarias manifestaciones en distintos puntos del país, familias y prestadores de servicios se pronunciaron en contra del veto presidencial a la ley 27793[1] y pidieron a los congresales que reviertan el rechazo. A ello le siguió un Congreso vallado, un fuerte operativo de seguridad y una violenta represión en la tradicional marcha de jubilados, reforzada por quienes secundan al importante sector social que congrega a las personas con discapacidad. Así comenzó la mega sesión especial que se proponía ponerle un freno a la motosierra del presidente Javier Milei.
Cabe destacar que el presidente vetó en su totalidad tres leyes sancionadas por el Senado el 10 de julio último: el aumento para jubilaciones, la restitución de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. En relación a esta última, miles de personas se movilizaron —en Tucumán y en el resto del país— en defensa de los derechos de los discapacitados y de la dignidad de aquellos que necesitan la solidaridad de un Estado presente. Las consignas eran elocuentes: “basta de ajuste”, “no al abandono de las personas con discapacidad”. La respuesta de las fuerzas al mando de Patricia Bullrich: mandar a la Gendarmería a ejercer intimidación y golpes a quienes llegaron a tomar las calles en sillas de ruedas, con muletas o prótesis. En suma: pura y dura violencia institucional.
Es necesario recordar que, en 2007, Argentina suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) y lo ratificó en 2008 a través de la ley 26378.[2] En tanto que la ley 22431[3] forma parte del sistema de protección integral de los discapacitados, por lo que el Estado nacional debe ocupar a personas con discapacidad con idoneidad para el cargo que van a desempeñar. Este marco legal demuestra a las claras que la discapacidad ocupa un lugar de respaldo en nuestra sociedad, pero el presidente Javier Milei llegó al poder bajo el lema “se acabó el curro del Estado” y comenzaron los recortes con la complicidad de gran parte de la dirigencia política. Ello generó un vaciamiento que castiga a la educación, la investigación, la ciencia y la tecnología, a nuestros hospitales públicos, a nuestros jubilados. La discapacidad no es ajena a este brutal ajuste. Por otra parte, existen diversos mecanismos y datos estadísticos que demuestran la importancia de este sector social en nuestro país. Según el Registro Nacional de Personas con Discapacidad (RNPcD), quienes cuentan con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) al mes de julio de 2023, ascendían a 1.594.888, lo que representa un porcentaje —a nivel nacional— del 3,46%; y respecto de la identidad de género, del total de personas certificadas, el 55,8% se auto percibe de género masculino, el 44,2% de género femenino, 75 transexuales, 35 no binaries y 71 de otro género.
La discapacidad en riesgo
La ley propuesta por Daniel Arroyo (Unión por la Patria) y otros legisladores opositores, que establece declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional frente una fuerte avanzada en materia de derechos humanos por parte del gobierno nacional, fue aprobada por unanimidad en el Senado hasta diciembre 2027. La iniciativa había alcanzado su aprobación en diputados por 149 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.
Fernando Galarraga, licenciado en Comunicación, fue el primer ciego al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y, en comunicación con Zoom, destacó que el gobierno utiliza cualquier concepto con una doble vara según su conveniencia, por eso denominan a la ley “asistencialista”. Sin embargo, no hay nada más asistencialista que haber sacado a la ANDIS de la órbita de la Secretaría General o de Jefatura de Gabinete y pasarla al Ministerio de Salud, ya que este accionar implica una mirada absolutamente regresiva en lo que refiere a discapacidad y significa haber vaciado de contenido el trabajo que realizaba este organismo.
La ley busca reparar y poner en marcha políticas públicas que estaban vigentes en la Argentina y que este gobierno está deteriorando, destruyendo, con salvajismo y crueldad. Se están dinamitando todas las acciones, todas las políticas, así como todos los avances que en materia de derechos para las personas con discapacidad se habían conquistado. Muestra de ello son: la regresión en la mirada hacia las personas con discapacidad, a lo que se le agrega el mote de trucho, o la calificación de delincuencia, porque es necesario manchar esta causa para poder ajustar con algún aire de legitimidad.
Además, las auditorías salvajes se están ejecutando sin ningún tipo de ajuste razonable o de mirada desde el modelo social de la discapacidad; entienden a la perspectiva médica desde una concepción asistencialista del Estado: es decir, una mera constatación en fríos certificados médicos, en los que la persona está totalmente incapacitada. Jamás van a pensar en las potencialidades de esa persona, ni en que pueda desarrollar sus talentos, ni les harán lugar a sus sueños, y pisotearán sus derechos. Nunca comprenderán que, al igualar las oportunidades, cualquier persona —con o sin discapacidad— puede desplegar todo su potencial. Menos aún están en capacidad de repensar que el Estado es imprescindible para garantizar los derechos y poder igualar las posibilidades.
El oficialismo necesita el certificado médico que establezca que la persona que va a requerir de una pensión es declarada totalmente incapaz. En ese sentido, la ley viene a reparar al igual que a sostener los mecanismos, los programas, las políticas que aún se pueden consolidar o corregir en lo que implica desajustes. Por otra parte, existe un atraso en el monto que cobran los talleres protegidos (es de $28.000). Muchos de los chicos-jóvenes que trabajan allí no cobraron en el primer semestre, recién desde junio están cobrando, por lo que es necesario mover el nomenclador del sistema de prestaciones básicas para que las instituciones que brindan servicios puedan salir de la situación de asfixia en la que están, e incrementar los sueldos que ya son magros en estos centros asistenciales entendiendo que las personas con discapacidad puedan acceder a esas actividades que impactan de manera directa en su calidad de vida.
Barreras en discapacidad
Hoy el mayor obstáculo o barrera que tienen las personas con discapacidad se vincula a las barreras “culturales” y eso fue tangible durante el debate en el Congreso Nacional donde surgieron miradas sobreprotectoras, paternalistas desde el paradigma médico, las cuales subyacen en muchas de las personas que legislan y votaron a favor, aunque esto no implica desconocer el triunfo que significó lo obtención de esta ley de emergencia. Un ex funcionario resaltó que durante su gestión impulsó muchas acciones para que la sociedad conozca sobre la discapacidad, así como las terminologías, lo que implicaba un cambio de mirada hacia ellas. Sin embargo, falta una enormidad, lo que se evidenció en los discursos de los diputados y senadores nacionales.
Esta ley viene a reparar muchas de las cosas concretas que se están cayendo a pedazos, pero si queremos una inclusión real necesitamos avanzar en la toma de conciencia social y ver de otra manera a las personas con discapacidad, es decir como pares, no como quienes serán siempre sujetos de cuidado o de atención, es decir: improductivas, entre otras cuestiones que aún están muy aferradas al imaginario social.
Y fue votada, además, ampliamente en ambas Cámaras. Hay un importante sector social movilizado y en alerta, con un sentido de resistencia muy concreto. Es preciso, aquí, subrayar que no es fácil organizar a la discapacidad, por su marcada diversidad. En la actualidad, hay mucha gente afectada directamente por la quita de pensiones, lo que incluye demoras en el pago a los prestadores de servicios, a los trabajadores del sistema prestacional; las distintas discapacidades suponen distintas barreras. Considerarlo en esa, su diversidad, hace aún más claro el triunfo de la movilización social en materia de actuación política, puesto que representa la transversalización de una problemática que afecta a un gran sector de nuestra sociedad.
Galarraga destaca que, al gobierno, el veto no le va a salir gratis por su costo desde la consideración social. Insiste en que es preciso entender a las personas con derechos, porque así fue como se las pensó y como se impulsó el marco normativo. El actual gobierno tiene una mirada absolutamente contraria, según la cual el Estado debe retirarse, lo que expresa un desprecio hacia las personas con discapacidad y hacia sus familias. Si este modelo avanza, vamos a asistir a cosas muy tristes en materia de incapacidad y de inclusión.
Enunciamos, por eso, los derechos y servicios esenciales que viene a reparar la ley vetada por el presidente para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos[4] de servicios.
- Regularización de pagos y actualización de aranceles: se propone saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. La iniciativa declara el sistema de interés público nacional.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas: el proyecto busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad, revisando las condiciones de acceso y permanencia en el beneficio.
- Fortalecimiento institucional: se plantea mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y realizar auditorías para identificar y resolver problemas en la gestión de prestaciones.
- Transparencia y rendición de cuentas: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
- Compensaciones económicas: el proyecto incluye una compensación de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
- Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD): se propone que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en articulación con el Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos para la certificación de la discapacidad, considerando las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales de la persona.
- Fortalecimiento de los talleres protegidos y centros de día: se asignan recursos específicos y compensaciones para garantizar su funcionamiento continuo.
- Cumplimiento del cupo laboral: reafirma la obligación del Estado de cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
Hasta el cierre de este artículo no se fijó fecha sobre el tratamiento en el Congreso para el veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero este miércoles 6, asistimos nuevamente a una sesión que nos dejó un registro de ficción: vallas, camiones hidrantes, balas de gomas, víctimas de un operativo aberrante coronaron una nueva página en la historia argentina que dejó como saldo el gas en el aire, personas heridas y un sistema que comenzó a fragmentarse. La oposición logró reunir los votos necesarios para aprobar las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, que ya cuentan con media sanción y pasaron al Senado. También se rechazaron los decretos contra los organismos culturales y el Banco Nacional de Datos Genéticos y fueron votadas las iniciativas a favor de la ciencia y la investigación de la cripto-estafa.
El Imperio del León comienza a resquebrajarse y la oposición se organiza a favor de una sociedad diezmada que clama por representatividad, por instituciones independientes del Poder Ejecutivo con valor para ser desobedientes cada vez que reciban órdenes que humillan su conciencia o violen nuestro sentido común.
[1] Ley 27793 de Emergencia en Discapacidad.
[2] La Ley 26378, sancionada en Argentina en 2008, aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta ley es fundamental porque incorpora los principios de la Convención a la legislación argentina, garantizando la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
[3] También conocida como «Ley de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados», es una ley argentina que establece un marco para la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Fue sancionada en 1981 y desde entonces ha sido modificada para adaptarse a las necesidades cambiantes y a una visión más inclusiva de la discapacidad.
[4] https://chequeado.com/el-explicador/ley-de-emergencia-en-discapacidad-que-propone-el-proyecto-y-que-dice-el-gobierno/
