Por Causa Popular.- El pedido de extradición del ex frentista Galvarino Sergio Apablaza Guerra, quien se encuentra detenido en Buenos Aires desde el 29 de noviembre, llegó a la embajada de Chile en la Argentina, el jueves 13 de enero en curso. La justicia de su país lo acusa de ser «autor intelectual» en la muerte del senador ultraconservador Jaime Guzmán y de haber participado en el secuestro del empresario periodístico Cristián Edwards, hijo del dueño del diario El Mercurio, hechos ocurridos en 1991 y sólo recién en el 2004 aparece involucrado. Fue el juez Hugo Dolmestch quien dictó el procesamiento de Apablaza por ambas causas. De tal forma, se entra en una semana clave en el proceso de extradición. Causa Popular ha informado sobre este hecho sin mayor repercusión hasta el momento en la prensa argentina, pero que devela una maniobra política que rememora las traumáticas acciones de la operación Cóndor de la década de los 70′.
En Chile, el 2005 es un año de elecciones presidenciales y las campañas tendrán como uno de sus ejes el tema de la impunidad, los DD.HH y las torturas.
En este contexto, el gobierno chileno y la derecha neopinochetista están concertados para lograr la extradición de Galbarino Apablaza. Al parecer se llegó a un acuerdo para dar respiro al neopinochetismo, hoy claramente cuestionados por los juicios a Pinochet y fundamentalmente por el testimonio de torturas de más de 28.000 chilenos.
Ante ello, se pretendería reeditar la tristemente celebre teoría de los dos demonios para imponer un acuerdo que ponga fin a la seguidilla de querellas presentadas contra Pinochet, las FF.AA y de Orden y contra los civiles comprometidos en el genocidio.
El Gobierno chileno anunció esta semana que contrató para su representación ante la justicia trasandina al penalista argentino Gustavo Gene.
Asimismo, el Ministerio del Interior chileno enviará la próxima semana al jefe de la División Jurídica, Jorge Claissac, para que, junto a Gene coordine las acciones para obtener la comparecencia de Apablaza ante la justicia chilena.
El subsecretario del Ministerio del Interior chileno, Jorge Correa Sutil, a pesar de los hechos, se apresuró en declarar que el penalista no actuará en torno a la petición de expulsión que se tramita en Argentina en contra del frentista, y señaló: «El Gobierno de Chile no es ni puede ser parte, ya son decisiones enteramente autónomas y soberanas del Gobierno argentino«.
Por su parte, los senadores de derecha Andrés Chadwick de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Alberto Espina de Renovación Nacional (RN) y el abogado de la familia Guzmán, Luís Hermosilla, viajarían a la Argentina en los próximos días para conocer en terreno los alcances de la situación judicial de Apablaza y explorar la factibilidad de que sea extraditado a Chile.
Es de destacar que la UDI aparece muy comprometida con los genocidas y negociados de la época de la dictadura. Más aún, últimamente está seriamente ligada a sonados casos de pedofilia, cuya defensa está también en manos del abogado Luís Hermosilla.
Quién era Jaime Guzmán
En el diario la Nación.cl del 5 de Diciembre del 2004, se publicó un reportaje titulado Chile. Los Imperdonables: Diez civiles claves del régimen que torturó al menos a 28 mil chilenos Que Causa Popular reproduce en Biblioteca. (Ver Notas relacionadas)
El desaparecido senador, Jaime Guzmán, por lo cual supuestamente se le adjudica “autoría intelectual” a Galvarino Apablaza, fue uno de los primeros civiles en ponerse a disposición de los militares después del Golpe de Estado en Chile en 1973.
No ejerció cargo de autoridad en el gobierno, pero operó en las sombras; al principio, como principal asesor y consejero de la Junta Militar y de Pinochet -a quien incluso le escribía sus discursos- y, tiempo después, como miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y luego de la Comisión de Estudios de Leyes Orgánicas Constitucionales, que dieron sustento jurídico al régimen. Es el principal gestor de la espúrea Constitución de 1980, aprobada en un plesbicito sin espacio para la oposición y que, hasta el día de hoy rige los destinos de Chile.
Sólo días después del Golpe de Estado, en una de sus primeras minutas a la Junta, Guzmán marcaba la pauta de la brutalidad con que actuaron los servicios de seguridad: “El éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto. El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta… Transformar la dictadura en dicta-blanda sería un error de consecuencias imprevisibles”.
El fundador del gremialismo y miembro de Patria y Libertad (comandos paramilitares de derecha entre 1970 y 1972 que realizaron atentados y asesinatos durante el Gobierno de Salvador Allende), tenía en mente desde los inicios del régimen pinochetista la creación del movimiento que en 1983 se convirtió en la UDI, un partido a la medida del régimen.
De hecho él mismo lo definió como “un nuevo movimiento cívico-militar que respalde a la Junta y dé prolongación fecunda y duradera a su gestión”, cuando propuso su creación, en otro memorando a la Junta fechado en octubre de 1973. Tiempo después, en 1978, los gremialistas se declararon abiertamente pinochetistas.
Así, el gremialismo -y UDI después- se levantó como el principal grupo de poder de la dictadura. La historia se encarga de confirmarlo.
Los nueve senadores de la UDI en ejercicio fueron funcionarios de Pinochet y la mayoría de sus diputados fueron alcaldes designados o directivos de la Secretaría Nacional de la Juventud.
Todos los presidentes que la UDI ha tenido fueron también funcionarios del régimen militar: Julio Dittborn fue director de Pro Chile, director de la Refinería de Con-Con y subdirector de Odeplan, Jovino Novoa fue subsecretario de Gobierno y Pablo Longueira fue asesor del ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Los próximos pasos del proceso de extradición
Una vez formalizada la solicitud del Estado chileno en la Cancillería Argentina, pasará a tribunales para iniciar el juicio de extradición a cargo del juez Federal Claudio Bonadio.
La defensa de “Salvador”, el doctor Rodolfo Yanzon, argentino y Carlos Margotta, chileno, además de connotados juristas chilenos y argentinos, están a la espera de tener acceso al expediente de 126 fojas, para planificar la defensa.
Esta comprobado que las causas por la cual se pide su extradición, están policial y judicialmente resueltas y que en ellas, Apablaza no le cupo participación.
Por otra parte, Apablaza tiene una causa por falsificación de documentos. Se conoció esta semana que el Juez Claudio Bonadio envió un exhorto a su par chilena para que entregue los antecedentes sobre los bienes que posee en Chile, «Héctor Mondaca», identidad que usaba Galvarino Apablaza al momento de su detención en Buenos Aires y que motiva el proceso que se sustancia por el DNI modificado, con el cual contrajo matrimonio e inscribió a los hijos que tiene con su esposa, la periodista chilena Paula Chahín Anania.
El verdadero Héctor Mondaca es un empresario chileno del rubro del transporte que, según la Jefatura de Inteligencia Policial chilena (Jipol) desconocía el uso de su nombre por parte de Apablaza.
La carta rogatoria llegó a la Corte Suprema chilena el pasado lunes y tras el paso administrativo por la secretaría del máximo tribunal, pasó a manos de la fiscal Mónica Maldonado, quien deberá resolver si acepta la petición de información desde la Argentina.
De acuerdo a los antecedentes recabados por medios chilenos, también se solicita una copia de sus huellas dactilares, e información familiar del ex líder frentista.
El otro frente: El reconocimiento de su condición de perseguido y el otorgamiento de refugio
Galvarino Apablaza, actualmente es peticionante de refugio al Estado argentino.
La instancia que debe resolver su Status de Refugiado es el CEPARE (Comité de Elegibilidad para Refugiados) que integran miembros del Ministerio del Interior, Cancillería y Naciones Unidas.
Aún en la eventualidad de que esta instancia le niegue el refugio, es posible apelar la decisión a otras instancias del Poder Ejecutivo.
La solicitud presentada el 30 de noviembre, ha sido ampliada con documentación y entrevistas con los integrantes de CEPARE, tanto de los abogados, como del propio Apablaza.
Todas estas gestiones comprueban la prolongada persecución política de que es objeto durante 30 años luego de pasar por centros de tortura y ser expulsado de Chile en 1975. Persecución que continúa hasta el día de hoy, como queda claramente evidenciada en todos los medios de prensa chilenos.
Tiene tres hijos nacidos en la Argentina. Durante años protegió su identidad y trato de resolver su situación legal. Cuestión imposible, ya que su caso es el mismo de centenares de luchadores contra Pinochet, que hasta el día de hoy tienen juicios pendientes desde la dictadura y que se ven obligados a vivir clandestinos, dentro o fuera de Chile.
Galvarino Apablaza, ha recibido innumerables demostraciones de solidaridad de organizaciones de DD.HH y sociales, parlamentarios, intelectuales, tanto en Argentina como internacionalmente, además de un vasto pronunciamiento en Chile.
Se está gestando un amplísimo movimiento de solidaridad que va en aumento, ante la evidente maniobra política de reeditar la teoría de los dos demonios, como estratagema para imponer la impunidad a los genocidas.
Todo parece indicar que el caso Galvarino Apablaza, será un indicador más para el gobierno de Kirchner sobre su postura frente a los DD.HH y la impunidad de los genocidas en el continente.
