Fuerte abstención en el referéndum secesionista de Santa Cruz.

El ilegal referéndum por la autonomía de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia tuvo un alto índice de abstención, ya que cuatro de cada diez cruceños no votaron en la consulta y asumieron esa actitud en rechazo a un estatuto que no fue consensuado con los sectores populares. Al menos en 15 regiones, la votación se realizó entre denuncias, abstención y violencia. En San Julián y Cuatro Cañadas nadie votó y grupos de vecinos indignados quemaron urnas de consulta.

En clara rebeldía al gobierno nacional boliviano y a dos resoluciones de la OEA, que lo declaró ilegal, el referéndum fue convocado por las autoridades del rico departamento de Santa Cruz en busca de un régimen que le otorgue independencia política y económica del resto del país.

Para el presidente Evo Morales «el estatuto autonómico ha fracasado rotundamente. Esta consulta ilegal y anticonstitucional no ha tenido el éxito que esperaban algunas familias o grupos de poder del departamento de Santa Cruz».

En un mismo tono, el presidente de la Confederación de Colonizadores de Bolivia, Fidel Surco, denunció que «ha habido un fraude desde la misma Corte Departamental Electoral que ha enviado papeletas marcadas por el SI».

Según datos recogidos en los recintos electorales por reporteros de la Agencia Boliviana de Información, y de los resultados ofrecidos por canales privados de televisión, la abstención en la consulta sobre el estatuto autonómico cruceña oscila entre el 40 y 45 por ciento. Los índices de abstención de algunas provincias de Santa Cruz dan los siguientes resultados: Camiri 42 por ciento, Puerto Suárez 31 por ciento, Montero 62 por ciento, Portachuelo 19 por ciento, San Ignacio de Velasco 17,8 por ciento, Charagua 40 por ciento y Saipina 60 por ciento.

Con esos índices se proyecta un 45 por ciento de abstención sin tomar en cuenta aún los datos de poblaciones como Yapacaní, San Germán, Cuatro Cañadas, San Julián, San Pedro y otras que son bastiones del MAS (partido oficialista) y los movimientos sociales. En San Julián y Cuatro Cañadas la abstención fue del 100 por ciento, según informó el presidente del Comité Cívico Félix Martínez.

Choques e incidentes

Bandos rivales en el referéndum se trenzaron en duros enfrentamientos con palos y piedras en el departamento de Santa Cruz, pero las autoridades electorales aseguraron que el 91% de las mesas funcionaron normalmente. Un muerto y una treintena de personas heridas, en su mayoría en Montero, ciudad vecina a Santa Cruz, enturbian esa declaración. El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, confirmó la muerte de una persona, Benjamín Ticona, en Santa Cruz, y aseguró que “El resultado que lleva a la división del propio pueblo cruceño, más allá de otros datos que puedan difundirse, es el de un fracaso”.

También se registraron multitudinarias marchas en La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí a favor de la unidad del país, mientras en Sucre la marcha fue de apoyo a la secesión. En La Paz, diferentes organizaciones marcharon por las calles y se concentraron en la céntrica plaza San Francisco. Allí dirigentes gremiales, fabriles, mineros, campesinos y trabajadores de distintos sectores ratificaron la unidad de la nación boliviana. Los manifestantes expresaron su rechazo al estatuto autonómico, redactado por un grupo reducido de cívicos y autoridades cruceñas, que actuaron al margen de la ley.

Los «jóvenes unionistas» se movilizaron en ambulancias, como en el primer día de la dictadura de Luis García Meza. Vecinos denunciaron que algún contingente policial tomó partido por los grupos de choque cruceños y tiró gases lacrimógenos a la multitud contraria a la ilegal consulta.

Vecinos del distrito Plan Tres Mil de la ciudad boliviana de Santa Cruz denunciaron haber descubierto varias urnas llenadas de forma fraudulenta con boletas marcadas con el SI al estatuto de autonomía promovido por las autoridades del departamento de Santa Cruz, contrarios al presidente Evo Morales. Los cruceños opuestos al ilegal referéndum explicaron que cuando quemaban al menos veinte urnas descubrieron que las mismas estaban llenas de papeletas ya marcadas, por lo que decidieron ponerlo en conocimiento de los medios de comunicación como prueba de fraude.

Jaime Choque, presidente del Comité Popular del distrito, mostró boletas marcadas con el SI e identificó a Mario Parada, titular de la Corte Departamental de Santa Cruz, como el responsable al denunciar que «no vamos a permitir que se consuma el fraude en Santa Cruz a favor de las logias». Este es el sentimiento de miles de habitantes de ese populoso barrio que mayoritariamente salieron a las calles para defender la democracia y la integridad del país. A esa denuncia documentada se sumaron otras desde diferentes provincias del departamento sobre la violencia desatada por grupos de choque partidarios de los secesionistas.

Sin embargo, esa acción fue calificada de normal por el prefecto Rubén Costas, quien señaló que “en este tipo de elecciones siempre hay actos irregulares», una aseveración desmentida por la transparencia de los últimos comicios nacionales bolivianos.

En el barrio Plan Tres Mil dos de las cuatro escuelas consideradas más grandes fueron intervenidas por vecinos para evitar que se instalen las mesas de sufragio. En el colegio «Claudina Tevenet» se produjeron los primeros choques entre quienes defendían las autonomías y una multitud que rechaza los planes para dividir al país. El saldo: 12 heridos.

Los incidentes en ese barrio y en otras zonas rurales del territorio se contradice con las declaraciones de José Carlos Soruco, miembro de la Unión Juvenil Cruceñista, quien señaló que la presencia de estos grupos es apenas para «custodiar las urnas y celebrar una fiesta en democracia».

En Plan Tres Mil, la policía tuvo que intervenir para evitar que lincharan a jóvenes de esa agrupación, quienes penetraron en la comunidad para amedrentar a sus vecinos, que denunciaban violaciones en el sondeo.

Cientos de jóvenes de la Unión Juvenil Cruceñista al grito de «collas y milicos, váyanse de Santa Cruz, que si no se van ahora, nunca más verán la luz» arremetieron con piedras, bates y gases lacrimógenos contra humildes mujeres. Estas, que estaban concentradas en inmediaciones de la Terminal de Buses, protestaban contra el cuestionado estatuto autonómico que impulsan Branco Marinkovic y Rubén Costas cuando se vieron sorprendidas por los grupos de choque que portaban banderas verde y blanco (símbolo de Santa Cruz). Esta agresión fue realizada en presencia de periodistas, fotógrafos y camarógrafos de distintos medios televisivos, tanto nacionales como internacionales. Los más exaltados, se acercaron a una de las mujeres caída que quedó rezagada, casi ciega por los gases y procedieron a patearla al grito de «colla puta, india, volvé a La Paz».

Bloqueo por el No

Pobladores, transportistas y colonizadores realizaron un bloqueo del camino que une Yapacaní – Santa Cruz – Cochabamba, desde la noche del sábado, como muestra de rechazo al estatuto autonómico y para evitar el ingreso de urnas.

Allí, los secesionistas intentaron instalar las mesas de sufragio, pero fueron repelidos por los pobladores que quemaron varias urnas de votación. La violencia también estuvo presente por la acción de los grupos de choque del comité cívico cruceño.

En Montero, ubicada a 50 kilómetros al norte de Santa Cruz, varias escuelas en zonas periféricas y algunas suburbanas amanecieron custodiadas por padres de familia para impedir que se instalen las mesas de votación.

El nerviosismo se acrecentó en Villa Cochabamba cuando la alcaldesa, Melfy Cuéllar, acompañada de dirigentes cívicos y unionistas pretendieron obligar a los vecinos a abrir las puertas de la Unidad Educativa, «Daniel Rivero».

En San Julián los colonizadores bloquearon carreteras, decomisaron y quemaron urnas como respuesta al rechazo del estatuto autonómico. «Los medios de comunicación están viendo el rechazo de la gente a este referéndum. Esta resistencia es una victoria del pueblo», graficó el presidente del Comité Cívico de San Julián, Freddy Martínez.

A esta campaña de rechazo se sumaron las poblaciones de Cuatro Cañadas y Los Troncos que decomisaron las ánforas para quemarlas. No se produjeron enfrentamientos en estas regiones porque la resistencia al estatuto fue mayoritaria y el reducido grupo de funcionarios de la Prefectura no se atrevió a imponer la fuerza.

En el municipio de San Pedro, a 160 kilómetros de Santa Cruz, también se quemaron urnas, además se denunció fraude con papeletas marcadas con el «SI». El alcalde, Juan Cala, informó que los pobladores han resistido el proceso autonómico por ser elitista y racista. La comunidad se reunió desde muy temprano para organizarse en contra del estatuto cruceño. Cala denunció que si en el escrutiniio se registran votos válidos de San Pedro, será un fraude consumado, ya que no se instalaron urnas para sufragar.

Este ardid de la oligarquía cruceña es una advertencia al presidente Evo Morales. Estos sectores no están dispuestos a entregar sus privilegios y están dispuestos a todo para conservarlos. Y hasta son capaces de mostrarse como víctimas democráticas cuando históricamente apoyaron a las dictaduras bolivianas, que marginaron a la mayoría indígena de las decisiones soberanas de la Nación.

La opinión de Pedro Brieger en Santa Cruz va por Evo.

COMPARTÍ ESTE ARTÍCULO

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Recibí nuestras novedades

Puede darse de baja en cualquier momento. Al registrarse, acepta nuestros Términos de servicio y Política de privacidad.

Últimos artículos

Megaoperativos que parecen «razzias», declaraciones estigmatizantes del jefe de la Policía de Tucumán. En la semana en que se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, el Jardín de la República ¿ataca o defiende a sus ciudadanos? Por Carlos Alberto Díaz
Se trata de Adrián Rodríguez quien protagonizó en 2017, con el gobernador actual, escandalosas escuchas telefónicas. Fue reincorporado este año y le asignarán el rango de director general de Policía, con pago de intereses de los últimos siete años. Por Gustavo Castro
Luego de la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública, le tocó el turno al Hospital Laura Bonaparte. La respuesta de la comunidad hospitalaria fue inmediata. De declarar su “cierre” el gobierno moderó a: “reestructuración”. Por Mariano Pacheco.