Fuego, sangre y petróleo

En memoria de Ken Saro-Wiwa

Nigeria es el séptimo mayor exportador de petróleo del mundo, pero el 70 por ciento de la población vive inmersa en la pobreza. Especialmente complicada es la situación en la región del Delta del Níger, en la que se concentra la producción petrolera del país. La inestabilidad del Delta ha sido considerada uno de los factores que han propiciado el gran incremento del precio del petróleo en los últimos años.

El petróleo proporciona al Estado el 80 por ciento de sus ingresos y supone el 90 por ciento de las exportaciones. Casi todos los pozos petroleros se encuentran en el Delta del Níger, donde extraen oro negro seis grandes multinacionales petroleras (Shell, Chevron, Elf, Movil, Texaco y AGIP). Pero, paradójicamente, la región del Delta del Níger está empobrecida y poco desarrollada.
Las ganancias han ido a parar a una serie de gobiernos corruptos (en palabras del director general de la Shell en Nigeria: «Para una empresa comercial que se propone realizar inversiones, es necesario un ambiente de estabilidad. Las dictaduras ofrecen eso») y a las grandes compañías petroleras. Al pueblo le han dejado las fugas de gases altamente tóxicos, los vertidos de petróleo que han contaminado tierras y ríos, la polución; en definitiva, un ecosistema totalmente deteriorado.

Según un informe de Human Rights Watch, la quema de gases provenientes de la producción del petróleo emite 35 millones de toneladas de dióxido de carbono y 12 millones de toneladas de metano al día; es por eso la zona del mundo que más contribuye al calentamiento global. Sólo de 1976 a 1996 se han producido 4.835 vertidos de petróleo en la región del Delta del Níger.

La compañía anglo-holandesa Royal Shell produce más de la mitad del petróleo de NIgeria; según el Worldwatch Institute, «apoyándose en la complicidad del Gobierno, la Shell nunca ha llevado a cabo ninguna evaluación ambiental antes de excavar nuevos pozos o instalar oleoductos».
De haberlo hecho, se la habría encargado a la misma consultora que informó al Banco Mundial que las plantas elaboradoras y blanqueadoras de pasta celulosa que contaminan en cualquier parte del mundo, no contaminan en Uruguay.

En 1993, la Shell se vio forzada a abandonar la producción de petróleo en Ogoniland como resultado de una campaña de presión dirigida por el MOSOP (Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni), que acusó a la compañía de poner en peligro el ecosistema de la zona y de provocar daños irreparables a las comunidades que viven del campo y de los ríos.

«Lo que la Shell y la Chevron han hecho al pueblo ogoni, a sus tierras y a sus ríos, a sus arroyos y a su atmósfera podría llamarse genocidio. El alma del pueblo ogoni está muriendo y yo soy su testigo», dijo Ken Saro-Wiwa, ahorcado junto con otros ocho activistas del MOSOP, que acusó entonces a la petrolera anglo holandesa de connivencia con el asesinato. Se calcula que unas 2.000 personas fueron asesinadas por estar implicadas en protestas contra esta petrolera a principios de los 90.

“Inadvertidamente”

En los últimos años se ha producido un aumento de los conflictos entre diferentes grupos étnicos de la región del Delta del Níger, que algunos consideran haber sido azuzados por las propias compañías.

En mayo de 2004 los trabajadores inician una huelga en las plataformas petrolíferas; denuncian el despido de algunos compañeros y la subida de precios de los combustibles en un 50 por ciento, después de que Obasanjo decidiera poner fin a las subvenciones para los derivados del petróleo.

El gobierno de Nigeria envía fuerzas del ejército para garantizar la seguridad en la zona. La huelga se ve ensangrentada con feroces represalias del ejército hacia los trabajadores y los manifestantes, con un balance de muertos desconocido.

Es entonces cuando la Shell reconoce que «inadvertidamente», aumentó la corrupción, el conflicto y la pobreza con sus actividades de extracción de petróleo en Nigeria.

En septiembre del mismo año, los enfrentamientos entre el ejército y la -mal llamada- guerrilla nigeriana son tales que fuerzan a la Shell a suspender sus operaciones en varios pozos. La situación es muy tensa; Shell evacua a 235 trabajadores. Unos 500 civiles podrían haber muerto en los enfrentamientos, según AI.

En octubre continúa la huelga general en Nigeria contra el incremento del precio del combustible y por el reclamo de mejores salarios por la inseguridad que viven. Esta guerra no declarada ha provocado 53.787 muertos, dieciocho veces más que en los atentados de las Torres Gemelas.

Ha sido necesario que el precio de combustible fuera aumentado en los países occidentales, para que Nigeria saliera en las noticias, que poco y nada dicen de que esas subidas son producidas por las grandes corporaciones del petróleo, que lejos de ver bajar sus beneficios, cargan a los ciudadanos con los posibles gastos generados por una huelga en NIgeria.

Esta subida es provocada por los grandes del petróleo -dice en Autogestión María E. De Oyack- que no renuncian a seguir ganando más y más dólares, que no renuncian a explotar hasta el exterminio a los pueblos dueños y señores del crudo nigeriano. Echan la culpa a una huelga en un país africano, en definitiva, a unos ciudadanos que no toleran que sigan robándoles sus vidas, sus tierras y su futuro.

Maldición negra

“Se está incubando una fiebre de oro negro. Esta fiebre no alegra a los africanos de a pie, que son conscientes de la maldición que se avecina: corrupción, conflictos y desastres ecológicos y la certidumbre de que los petrodólares exacerban la pobreza en lugar de curarla”
Sanou Mbaye, economista senegalés.

La región del delta del Níger, rica en petróleo, ubicada en el sudeste de Nigeria, ha sido afectada por un aumento de los conflictos y la violencia a lo largo de las últimas dos décadas. El petróleo fue descubierto en Oloibiri, en lo que hoy es el estado de Bayelsa, en 1956. Durante casi dos tercios de los 45 años que han transcurrido desde que Nigeria se independizó del dominio colonial, el poder lo han detentado gobiernos militares, caracterizados por la mala administración y la corrupción, la malversación de las rentas petroleras y la represión de activistas y comunidades que luchaban por un medio ambiente más limpio, por el fin de los abusos y por una distribución más justa de los recursos.

Por norma general siempre se vio a las empresas petroleras como cómplices de estos abusos e incluso como factores de intensificación de los conflictos.

En 1993 Nigeria se hundió en una crisis política y de derechos humanos, cuando el gobierno del general Sani Abacha puso fin a una «transición al gobierno civil» de siete años de duración. En los años siguientes se encarceló al triunfador de las elecciones de 1993, Moshood Abiola, y a cientos de políticos, defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas. Los opositores políticos fueron objeto de torturas, homicidios, muerte en prisión y «desapariciones». Tras la muerte súbita del general Abacha en 1999, se restauró el gobierno civil y nacieron esperanzas de algunas mejoras.

En lugar de con mejoras, la restauración de las libertades políticas ha venido acompañada de un recrudecimiento de la violencia entre comunidades en varias regiones del país, provocada a menudo por la competencia por los escasos recursos. Miles de personas murieron en el delta del Níger durante los homicidios en masa que tuvieron lugar cuando estalló el conflicto sobre el control del petróleo en los últimos años de la década de los noventa y nuevamente en 2003 y 2004, conflicto que en gran medida involucró a las etnias ijaw e itsekiri. El personal y las instalaciones de las empresas petroleras internacionales se han vuelto blanco de la toma de rehenes, el sabotaje y el robo de petróleo en gran escala.

Las empresas petroleras, que a menudo son percibidas como las únicas instituciones que funcionan en zonas aisladas, son conocidas por formular promesas a las comunidades y jamás cumplirlas.

Desde la muerte a manos de la policía de los manifestantes que protestaban contra las empresas petroleras en Umuechem en 1990 y la ejecución de activistas de la comunidad de etnia ogoni en 1995, hasta los homicidios y destrucción de viviendas que ocurrieron en el delta del Níger en 2005, el gobierno ha respondido con frecuencia a las demandas que las comunidades hacen a las empresas petroleras, con el uso excesivo de la fuerza. Un número cada vez mayor de activistas que trabajan en el delta del Níger responsabiliza a las empresas petroleras de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad nigerianas, tanto las relacionadas con las operaciones petroleras como las cometidas para proteger los intereses de las empresas.

Injusticia, petróleo y violencia

«La explotación del petróleo ha convertido a la región ogoni en una tierra devastada: los campos, arroyos y riachuelos están continuamente contaminados; se ha envenenado la atmósfera, que se encuentra cargada de vapores de hidrocarburo, metano, monóxido y dióxido de carbono y de hollín que emite el gas que se ha estado quemando 24 horas al día durante 33 años en lugares muy próximos a las viviendas humanas.

La lluvia ácida, los derrames y las explosiones de petróleo han destruido el territorio ogoni. Los oleoductos de alta presión que atraviesan las granjas y poblados en todas direcciones constituyen un peligro de entidad.»

Palabras del escritor y activista de derechos humanos Ken Saro-Wiwa, pronunciadas ante la Organización de Naciones y Pueblos No Representados, Ginebra, 1992

La ejecución de Ken Saro-Wiwa y otros ocho activistas ogonis -Baribor Bera, Saturday Doobee, Nordu Eawo, Daniel Gbokoo, Barinem Kiobel, John Kpuinen, Paul Levura y Felix Nuate- el 10 de noviembre de 1995 provocó una oleada de repudio en todo el mundo. El procesamiento por motivos políticos y el juicio injusto a que se los sometió -por el homicidio de cuatro jefes tradicionales- ante un tribunal especial nombrado por el gobierno militar se convirtieron en un ejemplo del avasallamiento de los derechos humanos a manos de las autoridades.

En 1993, la Shell Petroleum Development Corporation (Shell Nigeria) había retirado personal de sus instalaciones de la región ogoni a causa de las protestas locales contra los efectos perjudiciales de sus operaciones. Las ejecuciones, que se llevaron a cabo a pesar de los pedidos de clemencia de jefes de Estado, organismos intergubernamentales y grupos de defensa de los derechos humanos de todo el mundo, le valieron a Nigeria sanciones internacionales, suspensión de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth) y una cantidad sin precedentes de investigaciones y denuncias. La empresa Shell también debió hacer frente a la censura generalizada por sus intervenciones ambiguas y tardías.

Más de una década después la explotación del petróleo en el delta del Níger sigue causando marginación, injusticia y violencia. No se ha llevado ante la justicia a los responsables de violaciones de derechos humanos durante los gobiernos militares, a pesar de que desde 1999 el gobierno está en manos de civiles. Las fuerzas de seguridad aún cometen homicidios y arrasan comunidades con impunidad. El daño que el medio ambiente provoca en la salud y las fuentes de trabajo, que impulsó la campaña del pueblo ogoni para reclamar derechos económicos y sociales, sigue constituyendo la realidad cotidiana de muchos habitantes de la región del delta.

Los pueblos marginados del delta siguen adelante enérgicamente con la campaña en defensa de sus derechos. Sin embargo, sus posibilidades de reclamar sus derechos económicos y sociales se ven constantemente obstaculizadas por amenazas a sus libertades civiles y políticas. Se ha hostigado, detenido y con frecuencia golpeado a defensores de derechos humanos y periodistas, entre ellos miembros de equipos de televisión extranjeros, por investigar derrames de petróleo o abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Los habitantes de comunidades sospechosas de estorbar la producción petrolera o de cobijar “criminales” corren peligro de sufrir castigos colectivos a manos de las fuerzas de seguridad.

El gobierno federal ha rechazado los pedidos de que se lleven a cabo investigaciones independientes e imparciales de los abusos cometidos por estas fuerzas, que actúan bajo el control directo del gobierno. Un destacamento especial conjunto de la policía y las fuerzas armadas, que protege al personal e instalaciones de las empresas productoras de petróleo, fue creado en 2004 para reinstaurar el orden en la región, pero, del mismo modo que su predecesor bajo el gobierno militar, no ha rendido cuentas por el uso excesivo de la fuerza y medios letales.

Las protestas reprimidas por medio de la fuerza tienen su origen en el fracaso del gobierno a la hora de respetar, proteger y realizar los derechos económicos y sociales de la población. No existe resarcimiento efectivo por los daños que el uso excesivo de la fuerza, la proximidad de oleoductos, los derrames de petróleo y las llamas de gas producen en viviendas, granjas y cursos de agua. Muy pocos habitantes de la región poseen medios económicos que les permitan buscar indemnización por medio de juicios dilatados, prohibitivos y de resultado incierto contra empresas petroleras poderosas, a través de un poder judicial que la mayor parte de la población considera corrupto.

A pesar de las enormes ganancias inesperadas que ha tenido el gobierno de Nigeria al aumentar el precio del crudo a más del doble en los últimos años, los habitantes del delta del Níger siguen siendo una de las comunidades petroleras con mayores carencias del mundo: el 70 por ciento vive con menos de un dólar estadounidense por día, la medida económica normal de la pobreza absoluta.

En virtud de la Constitución de 1999, las administraciones estatales de los estados productores de petróleo debían recibir un porcentaje más elevado de las rentas petroleras nacionales -un aumento del 1,5 al 13 por ciento- con el propósito de favorecer el desarrollo. Sin embargo, al responder a una querella presentada por el gobierno federal, el Tribunal Supremo decidió, en 2002, que la disposición constitucional sólo es aplicable a los ingresos correspondientes al petróleo extraído en tierra.

Esto redujo radicalmente, en algunos casos, los pagos a los estados. Además, el gobierno federal adeuda desde hace mucho tiempo numerosos pagos a los estados y a la Comisión de Desarrollo del Delta del Níger, creada por el gobierno en 2002. Se esperaba que algunas empresas petroleras contribuyeran a financiar la Comisión, pero las empresas han retenido el total de sus contribuciones. La corrupción y la mala administración contribuyen a que los pueblos del delta del Níger reciban cada vez menos beneficios de los recursos de la región que habitan.

Daños y perjuicios

Varias ONG representando a las comunidades del Delta del río Níger han pedido una indemnización de 200 millones de dólares (unos 166 millones de euros) a la petrolera Shell por considerar que está vertiendo residuos de sus perforaciones de tipo químico y basura tóxica en la región de Egbemo-Agalabiri, en el Estado nigeriano de Bayelsa, según el boletín ‘Ethical Corporation’, especializado en responsabilidad social corporativa.

Según los denunciantes, los residuos están «claramente relacionados» con los trabajos de extracción de petróleo de Shell y vienen observándose desde hace años, aunque sus efectos se han ido manifestando gradualmente en las comunidades que habitan en el interior de la zona, que se está convirtiendo en un «desierto».

Según el presidente del Grupo de Comunidades para el Desarrollo del Delta del Níger, Donyefa Ogoye, la totalidad de la tierra de la zona «está siendo devastada» por la contaminación industrial. «Una plácida región industrial de prósperos agricultores y pescadores se está convirtiendo en una tierra repleta de un hedor continuo a ácido sulfúrico», añadió Ogoye, recordando que los arroyos y el agua en general están siendo «envenenados» por los vertidos «indiscriminados» de tipo químico que se están produciendo.

En su opinión, esta contaminación «sólo tiene un significado» y es que los habitantes de la zona están viendo cómo se contaminan sus reservas de agua potable o ni siquiera tienen acceso a ella. Los residuos químicos «han cambiado a las comunidades de la zona» y está acabando con la vida de muchas personas del área, cuando la belleza de la zona siempre se ha caracterizado por el «aire fresco» y la verde vegetación. «Ahora todo eso está muerto», añade Ogoye.

Este grupo también señaló que la degradación ambiental, así como lo que está ocurriendo en Egbemo-Agalabiri, «lleva mucho tiempo siendo responsabilidad de los incesantes ataques que está sufriendo el Delta del Niger. Así, Shell y sus empresas aliadas en la explotación y la producción de los hidrocarburos «deben ser juzgadas por los impactos de su actividad antes de que el crudo y el gas extraído se agoten».

Amigos de la Tierra

En opinión de la ONG ‘Amigos de la Tierra’ la extracción del petróleo en esta zona «afecta al crecimiento y el desarrollo de los recursos de los bosques de mangle, tales como los caracoles, las ostras y los cangrejos. «Cuando el río está contaminado todos ellos se mueren», señala una de sus habitantes, Ikuroma Samipe, mujer pescadora y madre de cinco hijos.

Así, consideran que las «infames» explotaciones de Shell en el Delta del Níger, rico desde siempre en petróleo, han tenido consecuencias «drásticas» para los pueblos de la región. «Los viejos y herrumbrados oleoductos que cruzan la nación explotan y se rompen, derramando petróleo y contaminando el agua, el suelo y la vegetación», dicen. «La muerte y las enfermedades son el resultado, mientras que el sustento de los campesinos y los pescadores se destruye sin medidas compensatorias adecuadas».

Según señalan, en las últimas décadas han ocurrido miles de derrames de petróleo, sin que la compañía se hiciera cargo de limpiarlos. La explosión de un oleoducto de Shell en el Delta del Níger en 1998 mató a más de 400 personas. Un derrame de petróleo en junio del 2001, en Ogdobo, destruyó la única fuente de agua potable que abastecía a más de 15.000 personas.

En NIgeria, denuncian las ONG, el clima político opresivo, la relación de Shell con el gobierno y la protección militar financiada por la industria petrolera han provocado consecuencias mortales para los habitantes de la región. «Pero Shell y otras compañías petroleras continúan explotando despiadadamente a la tierra y su gente», señala Amigos de la Tierra. La empresa incluso ha financiado «de forma directa» a las tropas para reprimir violentamente la resistencia contra los proyectos petroleros.

En 1999, Shell se desvinculó abruptamente del controvertido oleoducto Chad-Camerún, posiblemente debido a la presión pública. «Ha llegado el momento de que Shell considere seriamente la justicia ambiental en su relación con la gente del Delta del Níger», señala el representante de ‘Amigos de la Tierra’, Nnimmo Bassey. «Hasta ahora, todo lo que ha ofrecido esta petrolera son relaciones públicas».

Movimiento por los bosques tropicales (WRM)

Por su parte, según recoge el ‘Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales’ (WRM), en octubre de 1999 el propio Ministerio de Medio Ambiente de Nigeria responsabilizó a las transnacionales petroleras de la situación del Delta del Níger, y les dio un «ultimátum» para que en seis semanas descontaminaran el entorno de las comunidades, afectado por los derrames de petróleo.

A pesar de eso, «las cosas no parecen haber cambiado mucho», dice la ONG.

Según WRM, en 1998 y durante seis meses, un oleoducto perteneciente a Shell, ubicado en la cuenca del río Num, reventó y derramó petróleo crudo en los bosques de manglares de Oyara, poniendo en peligro a la pequeña comunidad rural Otuegwe, compuesta predominantemente por población indígena dedicada a la agricultura y la pesca.
Debido a las copiosas lluvias que cayeron en ese periodo, el derrame de petróleo se esparció por los arroyos y fincas de los Otuegwe. Para afrontar las acusaciones que señalaban a la compañía, la Shell optó por culpar a las víctimas y atribuyó el derrame a un «acto de sabotaje». Así, se negó a asumir la responsabilidad de reparar el derrame del oleoducto.

El gigante petrolero es el mayor productor de crudo en el país, y el diez por ciento de sus extracciones proviene de Nigeria, el décimo productor de petróleo del mundo. La importancia del crudo nigeriano en el mercado mundial se hizo manifiesta cuando los conflictos en el Delta ocasionaron un alza del precio, hasta alcanzar un nuevo récord. Los rebeldes acusan al grupo anglo-holandés de complicidad con el gobierno nigeriano, en razón de su alianza con la empresa SPDC, la cual produce la mitad del crudo en el país africano, y cuyo principal accionista es el gobierno de Nigeria.

La acusación de genocidio contra el pueblo de Ijaw, guarda relación con los miles de civiles que fueron masacrados el año pasado en enfrentamientos entre las milicias. La población de un pueblo de pescadores cerca de Port Harcourt -el centro de la industria petrolera- fue masacrada en su totalidad por una milicia enemiga. Varios de estos grupos armados obtuvieron armas de políticos que se servían de ellos para intimidar la población durante las elecciones.

Shell es responsable del conflicto social en el Delta del Níger -asegura Nicolien den Boer, columnista de Radio Nederland- porque no ha hecho nada para reducir la pobreza en la zona.

La pobreza y la desigual distribución de la riqueza generada por el petróleo son tierra fértil para el conflicto social. La extracción de crudo en el Delta del Níger comenzó en 1958. Sin embargo, hasta el día de hoy, en algunos pueblos no hay una estación de servicio.

A comienzos de este año, la organización británica Christian Aid criticó duramente a Shell porque la situación de la población del Delta sólo se ha deteriorado tras la llegada del conglomerado petrolero. Además, ha incumplido la promesa de construir suficientes escuelas y policlínicas -señala Den Boer.

Por su parte, Shell asegura invertir millones de dólares por año en el desarrollo de la región, pero los habitantes alegan que no se benefician en nada de las supuestas inversiones. Según estadísticas, siete de cada diez nigerianos subsisten con un dólar al día, y, en la zona del Delta, el porcentaje de quienes viven por debajo del margen de pobreza es aún mayor.

Gobiernos, empresas y derechos humanos

«El daño que se le está haciendo al medio ambiente debe ser reparado por las empresas petroleras que hacen prospección de petróleo en el lugar[…][L]a deshumanización de los habitantes de las zonas debe cesar y se les debe resarcir por los males del pasado.»

Ken Saro-Wiwa, en un discurso en Lagos, octubre de 1991

Aparte de una fuerte presencia militar con objeto de mantener el orden y proteger las instalaciones petroleras, el gobierno es casi inexistente en el delta del Níger. Como las autoridades no proporcionan servicios, infraestructura o empleo, los habitantes de las comunidades del delta del Níger, que a menudo se encuentran aisladas, recurren a la entidad cuyo poder es el más conspicuo de la zona: la empresa petrolera.

Todas las corporaciones petroleras trasnacionales operan empresas conjuntas con el gobierno nigeriano, y las comunidades y dirigentes locales las ven como parte del gobierno y como sus cómplices en la obtención de beneficios derivados de los recursos de la región, y consideran que, en consecuencia, tienen obligaciones con respecto a la población que normalmente son competencia de los gobiernos.

En virtud del derecho internacional, el gobierno tiene la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de la población. Los gobiernos deben, además, asegurar que las corporaciones petroleras trasnacionales operen dentro del marco de las normas internacionales de derechos humanos relativas al comercio. Las empresas son responsables por el respeto de los derechos humanos dentro de su esfera de influencia y en su zona de operaciones y tienen, además, la obligación de acatar las leyes y no vulnerar los derechos humanos.

Presionadas para que demostrasen su responsabilidad social, en los últimos años las empresas han firmado acuerdos con las comunidades, llamados Memorandos de Entendimiento, prometiendo en muchas ocasiones construir escuelas y clínicas para la atención de la salud y proporcionar otros servicios sociales. En algunos casos se cumplió lo prometido y estos servicios fueron instalados en lugares que carecían de ellos. En otros casos, los servicios no llegaron a funcionar o eran innecesarios.

Estos acuerdos han dividido con frecuencia a las comunidades y han aumentado los niveles de violencia. En muchos casos las empresas han actuado en forma arbitraria o sin transparencia, o simplemente no han cumplido sus promesas. La violencia ha estallado cuando la gente empobrecida ha debido competir por la tierra o por obtener el control de las autoridades locales que tienen acceso a las regalías, empleos, contratos y asistencia para el desarrollo de las empresas petroleras. El robo de petróleo en gran escala ha llevado a la proliferación de armas cortas en el delta del Níger y a su empleo cada vez más frecuente en actividades delictivas, entre ellas ataques a comunidades o facciones rivales.

Tras la ejecución de los «nueve de Ogoni», muchas empresas prominentes comenzaron a abordar la cuestión de los derechos humanos dentro de sus propias operaciones y esferas de influencia, por medio de códigos de conducta voluntarios. Una consecuencia de las ejecuciones ha sido que las empresas han reconocido la necesidad de tener políticas de derechos humanos y de mirar más allá de las vallas que las separan de las comunidades que las rodean. Las empresas han respondido a este desafío adoptando normas voluntarias de derechos humanos y de seguridad.

Para Amnistía Internacional, algunas empresas petroleras que operan en el delta del Níger, incluidas Shell y Chevron, han adoptado los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos para empresas del sector extractivo. Estos principios guían a las empresas en el mantenimiento de la seguridad de sus operaciones dentro de un marco que asegura el respeto de los derechos humanos. Son aplicables en cualquier lugar en el que opere la empresa, pero no existe un mecanismo de vigilancia, lo que dificulta la evaluación de la adhesión de las empresas a los principios.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, integrada por 30 países industrializados, ha elaborado un documento llamado Líneas Directrices para Empresas Multinacionales. Aunque estas directrices no son vinculantes, las empresas deben respetarlas dondequiera que operen. Las directrices sólo incluyen un número limitado de disposiciones generales de derechos humanos, y no ofrecen mayor orientación sobre la resolución de cuestiones de este tipo.

Directrices de esta clase han resultado valiosas para despertar la “sensibilidad” de las empresas acerca de cuestiones fundamentales. Sin embargo, hasta el momento estas directrices no han logrado disipar la desconfianza pública, ni asegurar la rendición de cuentas por cuestiones de derechos humanos en las actividades empresariales, ni resolver una cuestión de la mayor importancia: la reducción significativa del impacto negativo que tienen las actividades de algunas empresas en los derechos humanos.

El gobierno de Nigeria ha fracasado con frecuencia a la hora de observar su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Ha proporcionado seguridad a la industria petrolera por su importancia para la economía, pero no ha protegido a las comunidades. La reglamentación de la actividad de las empresas petroleras en su territorio y la protección de la población resultan claramente inadecuadas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos insta a todos los órganos de la sociedad, incluidas las empresas, a que respeten los derechos humanos. Existe una tendencia clara, apoyada por Amnistía Internacional, hacia la extensión de las obligaciones internacionales más allá de los Estados, a las empresas y a otros agentes no estatales. Un marco internacional de derechos humanos puede actuar como catalizador y punto de referencia de una reforma jurídica nacional. Conjuntamente con otros grupos de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional promueve las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, que proporcionan la base más adecuada para el desarrollo de normas globales que rijan las obligaciones de las empresas en lo relativo a los derechos humanos. Las Normas son aplicables a todas las empresas y constituyen la compilación más exhaustiva de principios y reglas para empresas con relación a los derechos humanos.

Ellas establecen el equilibrio justo entre las obligaciones de los gobiernos y las responsabilidades de las empresas en esta esfera.

A fin de que las normas de derechos humanos para empresas tengan una significación verdadera, deben existir mecanismos y procedimientos transparentes para evaluar el cumplimiento empresarial. Un ejemplo claro es el fracaso en la aplicación de los Principios Voluntarios. La aplicación de las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico puede ser vigilada por los gobiernos en los países en los que las empresas tienen su sede, pero las Directrices poseen debilidades inherentes, que incluyen la carencia de poderes de investigación.

Sin embargo, tienen un mecanismo que las comunidades y otras partes interesadas pueden utilizar para presentar quejas -que cada miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico está obligado a evaluar- ante los Puntos Nacionales de Contacto.
La incorporación de las disposiciones pertinentes de los Principios Voluntarios a las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico puede constituir un primer paso para la vigilancia de su aplicación, pero cabe una pregunta: ¿la incorporación de las Normas de la ONU ayudará a las empresas a comprender cuáles son sus responsabilidades en materia de derechos humanos?

La “complicidad empresarial”

Las empresas deben acatar las leyes, no causar daños y guiarse por sus responsabilidades en materia de derechos humanos en cualquier actividad que desarrollen. En un documento informativo de noviembre de 2004, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos señaló que una empresa es cómplice de abusos contra los derechos humanos si autoriza, tolera o finge desconocer los abusos que comete una entidad asociada a ella, o si, a sabiendas, le presta una asistencia concreta o un estímulo sin los cuales el abuso no puede alcanzar la misma dimensión.

Aunque una empresa no tenga vinculación directa con una violación de derechos humanos, un tribunal podría decidir que es cómplice en ella si existe la posibilidad de que haya contribuido a la violación o se haya visto beneficiada por ella. Los principios que se emplean para determinar la complicidad incluyen:

– la proximidad de la empresa a la violación y su conocimiento de ella
– el beneficio obtenido por la empresa a causa de la violación
– la naturaleza de la relación de la empresa con el autor de la violación
– la duración de la violación y del conocimiento que la empresa tiene de ella
– la intención de la empresa con respecto a la violación

Tanto en el caso de Ugborodo como en el de Odioma, las violaciones de derechos humanos de febrero de 2005 fueron cometidas por las fuerzas de seguridad, pero las empresas petroleras obtuvieron beneficios de la presunta «estabilidad» que se produciría; en el caso de Odioma, por medio del desalojo efectivo de la comunidad. Las empresas se encontraban en el lugar donde ocurrieron los abusos o próximas al mismo. Han operado en Nigeria, particularmente la Shell, durante más de 40 años y están familiarizadas con los antecedentes de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos.

Las empresas tienen una relación de larga data con estas fuerzas, que son las que les brindan protección.

En tales circunstancias, resultan indudablemente cómplices de los abusos, cuando no sus auténticos instigadores.

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