Final de una crisis y punto de partida

Tras un prolongado estado de crispación, los docentes de las escuelas de Santa Cruz volverán a dictar clases a partir del lunes 28, luego del intenso conflicto que mantuvieron en reclamo mejoras salariales y que provocó la paralización de las actividades escolares durante 41 días. A pesar de la complejidad del problema, la situación llegó a buen puerto gracias a los buenos oficios del ministerio de Educación de la Nación y de un nuevo enfoque para barajar y dar de nuevo, donde conflictos como el que desató la ira popular en Constitución encuentran una línea de definiciones más clara.

El fin el paro se comunicó al cierre de esta edición de Causa Popular, tras la aceptación por unanimidad de la propuesta del gobierno por parte de los maestros santacruceños agrupados en la ADOSAC. El titular del sindicato, Pedro Muñoz, y el secretario adjunto, Eduardo James, quienes se encuentran en Buenos Aires desde la semana pasada, firmarán con el gobierno provincial el acta-acuerdo, ante el Ministerio de Trabajo de la Nación.
La solución

La propuesta oficial que fue aprobada en asamblea consiste en incrementar a 500 pesos el salario básico, que es de 161,10 pesos para un maestro que recién se inicia. De esta manera, un docente inicial, desde mayo, percibirá 1.920 pesos, más 250 en concepto de presentismo, contra los 1.740 que percibían, mientras que el salario de un segundo cargo será de 1350 pesos.

La aceptación fue ratificada por unanimidad en un congreso de los educadores de ADOSAC, quienes confirmaron además la suspensión de las medidas de fuerza para continuar las negociaciones con la administración santacruceña.

El acta estableció además un período que va desde el 1º de junio al 31 de agosto para que las partes reanuden el diálogo en la mesa de negociación y logren destrabar otros puntos de conflicto.

Los maestros, no obstante, resolvieron mantener la carpa montada frente a la sede gubernamental de Santa Cruz al inicio del conflicto y advirtieron que si el gobierno no cumple con lo prometido, retomarán «las medidas de fuerza».

Recuperar las semanas perdidas

Como parte del acuerdo, los docentes santacruceños se comprometieron a «reestructurar las actividades educativas y reprogramar los contenidos pedagógicos» para recuperar los más de 40 días sin clases por la huelga. El conflicto docente golpeó a la provincia del presidente Néstor Kirchner, que derivó en la salida del gobernador Carlos Sancho y en la posterior asunción al cargo de Daniel Peralta.

La crisis iniciada a raíz del conflicto de los docentes se mezcló con las protestas de otros gremios, que complicaron aún más el panorama político y social provincial, como la brutal represión policial contra municipales. A esto se sumó la agresión que sufrió la ministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, cuando un grupo de personas le arrojó huevos y harina al salir de un restaurante de Río Gallegos.

Punto de partida

Sin embargo, a pesar de la compleja situación, el Gobierno logró retomar esta semana las riendas de la agenda informativa luego de que en los últimos días sólo pudo dedicarse a amortiguar los cimbronazos de las novedades del caso Skanska, el conflicto con los docentes en Santa Cruz o la protesta por el mal servicio ferroviario.

Esta semana que terminó Kirchner volvió a tomar el micrófono para sentar su opinión sobre las diferentes cuestiones que acaparan la atención de su administración, incluido los más ríspidos, como el escándalo sobre pago de coimas para la construcción de un gasoducto que salpica a funcionarios nacionales.

No sólo retornó a las tribunas de los actos si no que -en un hecho prácticamente inédito en sus cuatro años de gestión- brindó dos reportajes radiales en sólo una semana.

También tomó algunas medidas de relevancia con las que ganó la tapa de los principales diarios del país, como la intervención del Enargas o el quite de la concesión de las líneas Roca y Belgrano Sur a la compañía Trenes Metropolitano, tras un largo período de protesta social por deficiencias en la prestación.

La Casa Rosada, a pesar de las diferencias internas, está demostrando que no puede eludir reclamos de la población como el pésimo estado de los trenes, mientras los millones de subsidio que deriva a las concesionarias de ferrocarriles no se reflejan en una mejora del servicio.

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