En un lapso de pocos días, el diario La Nación, la viuda del primer militar argentino muerto en la Guerra de Malvinas, la psicoanalista Silvia Bleichmar y el escritor Martín Caparrós, criticaron que se repare moralmente y se resarza económicamente a quienes en la década de los setentas debieron irse del país para ponerse a salvo del Terrorismo de Estado, tal como dispone un proyecto de ley ya aprobado por el Senado.
La nota editorial de La Nación no sorprendió: en defensa de la “Teoría de los dos demonios”, de movida equiparó a las víctimas del Terrorismo de Estado con los muertos por organizaciones de irregulares. Como explicitó enfáticamente en su último párrafo en el que acusó a los legisladores de usar “una manera unilateral de evaluar nuestro pasado trágico, al no tomar en cuenta a quienes sufrieron persecuciones y vejaciones por parte de grupos guerrilleros…”.
La Nación finge demencia. Finge no saber que el Estado sólo debe reparar los males que el propio Estado causó, pues para los causados por particulares existen los tribunales ordinarios.
En rigor, la frase de marras termina así: “… de grupos guerrilleros y de bandas paraestatales que actuaron con anterioridad al golpe militar de 1976”… lo que pone en evidencia que el editorialista no sabe de qué escribe, pues las víctimas de los fusilamientos clandestinos del 9 de junio de 1956 y de la Triple A ya están siendo indemnizadas en virtud de una ley anterior, y en la actualidad se estudia hacer lo propio con los deudos de los más de trescientos civiles muertos que causó el bombardeo de la Plaza de Mayo por la aviación naval, ataque cainita del que se cumplirán 50 años el próximo 16 de junio.
Era de esperar que La Nación, después de haber patrocinado el exterminio, se amparara en la Teoría de los dos demonios. También era de esperar que la viuda del capitán de fragata Pedro Giachino, una procesista de paladar negro, manifestara su “indignación” con el gobierno y contra toda evidencia proclamara que sus funcionarios pingüinos «se han olvidado» de quienes lucharon en las Malvinas. En cambio sorprendió un poco -pero no mucho- que se pusiera a alentar a los supuestos ex combatientes que días atrás provocaron desmanes en Plaza de Mayo en apoyo de mafiosa exigencia de una pensión vitalicia para ¡más de 25.000 hombres!… cuando según un censo que hicieron las Fuerzas Armadas en 1992 quienes estuvieron en el vasto “teatro de operaciones” apenas pasaban de 14.000.
Tampoco sorprendió demasiado que la viuda del guerrero, aprovechando que tenía una batería de cámaras y micrófonos a su disposición, se pusiera a criticar que se «les otorgan beneficios y subsidios a otras personas”… según acotó el editorialista de La Nación, en inequívoca “referencia a los exiliados” aunque si se la escucha y/o lee de nuevo, ese “a otras personas” no resulta tan acotado (por el contrario parece englobar cuando menos a todas las víctimas del Terrorismo de Estado).
La acomodada psicoanalista Silvia Bleichmar, referente de parte de la izquierda psicoanalítica, fijo posición -es un decir- en una nota de opinión publicada en Clarín. Bajo el título “Soñar un país para compensar el pasado” y el subtítulo “Reparar exilios -internos o externos- debería provenir de la posibilidad de construir un proyecto de Nación diferente”.
Bleichmar destacó la falta de reconocimiento al llamado “exilio interior (o interno)” y se centró en la imposible equivalencia entre dinero y sufrimiento, omitiendo el hecho de que el objeto a reparar no es -ni podrían ser- sufrimientos subjetivos por definición, sino restricciones mensurables y equivalentes como la de no poder transitar libremente el territorio nacional.
“Quiero mirar a mis amigos a los ojos, y sentir que no soy carne, una vez más (?), de sospecha de privilegio entre las víctimas. No porque enjuicie a quienes, si eventualmente aceptan, sienten que sus vidas han sido irremediablemente destruidas y tienen derecho a un resarcimiento de algún tipo. No es mi caso, no he sufrido más que otros que se fueron ni que aquellos que se quedaron resistiendo el exilio interior (…) “Cada uno de ellos está tan huérfano, tan despojado de Patria como lo estuvimos muchos en el exilio (…) No significa esto que me niegue, de modo soberbio, a una compensación. Ella sólo puede provenir del sentimiento profundo de que no todo fue en vano, y que un proyecto de Nación diferente, sin exilios ni excluidos, puede aún ser soñado”, escribe Bleichmar.
A diferencia de la columna de la psicoanalista, sorprendió el virulento ataque de Caparrós (ver más abajo), quien marchó al exilio antes de que se produjera el cruento golpe de marzo de 1976, cuando todavía no había cumplido veinte años.
Caparrós, el último ganador del Premio Planeta local, dedicó el grueso de su columna semanal en el semanario Veintitrés a desmarcarse de sus antiguos compañeros de destierro dispuestos a aceptar una reparación. Lo hizo con insólita dureza. Bajo el título “El duro caviar del exilio”, Caparrós les espetó, socarrón: “Muchachos, yo también estuve afuera y jamás me atrevería”.
En concordancia con el nombre con que bautizó la columna (“Microbios”, quizá considerándola una atalaya desde dónde poner la lupa sobre las miserias humanas), Caparrós dijo sentir vergüenza ajena por que el Estado se proponga reparar a quienes tuvieron que irse del país para salvar sus vidas. Pero no se conformó con eso: a diferencia de Bleichmar sin medias tintas condenó de antemano a quienes acepten la reparación, e incluso pidió su escrache y escarnio público.
Al igual que el editorialista de La Nación, Caparrós infló cifras sin tomarse el trabajo de verificarlas ni puntualizar que los resarcimientos económicos se pagarán mayoritariamente con bonos del Estado, pero su comportamiento fue mucho más extremo. Porque a pesar de su fobia por los antiguos partisanos, La Nación recordó a sus lectores que:
– a) ya anteriormente se establecieron reparaciones económicas para “los familiares de los desaparecidos durante la dictadura militar” así como “para los niños que nacieron en cautiverio durante la privación de la libertad de sus madres” (curiosamente, olvidó a los presos a disposición de los dictadores, que fueron los primeros en ser indemnizados);
– b) que la ley en proceso de aprobación equipara a “quienes dejaron el país en los años de plomo con los beneficiarios de la ley 24.043, de 1992, que reconoció el derecho de un resarcimiento económico a quienes se radicaron en el exterior después de haber estado detenidos a disposición del gobierno de facto” (en román paladino o cristiano básico: que otros exiliados, muchos de ellos funcionarios de los gobiernos peronistas de 1973-1976, hace mucho que fueron reparados) e incluso;
– c) que la ley en trámite procura normalizar situaciones análogas luego de que se produjera “un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en octubre de 2004 hizo lugar a un reclamo presentado por Susana Yofre de Vaca Narvaja, madre del ex dirigente montonero Fernando Vaca Narvaja”.
Un día después del golpe militar la señora Yofre de Vaca Narvaja pidió asilo en la Embajada de México con sus familiares, al igual que lo hicieron el ex presidente Héctor Pedro Cámpora y el ex secretario general del Movimiento Nacional Justicialista, Juan Manuel Abal Medina. Tenía motivos de sobra: para entonces su marido y un hijo de ambos habían sido asesinados por el Comando Libertadores de América, versión cordobesa de la Triple A, integrada por militares y policías.
La Corte Suprema determinó que a Yofre de Narvaja le corresponde idéntico resarcimiento que el que percibieron otros que fueron o bien secuestrados o bien detenidos sin causa por el Poder Ejecutivo, y que al ser liberados debieron marchar al exilio, puntualizando que lo que se repara es la pérdida de la libertad ambulatoria por el territorio nacional. Ello vuelve de pura lógica que pueden pedir igual trato quienes se encuentren en situaciones análogas: es decir los que se hayan asilado o puedan demostrar fehacientemente que se vieron obligados a salir del país para evitar males mayores.
Nada de todo esto informó Caparrós a sus lectores. Se lo escamoteó para ponerse a censurar que el texto del proyecto de ley provenga de un diputado justicialista por Salta, a divagar acerca de que quienes pudieron irse del país tuvieron mucha suerte (una obviedad: es mil veces preferible ser desterrado que quedar paralizado, aterrado, ser enterrado o ni siquiera eso) y a evocar el duro caviar de su exilio gardeliano sin considerar noi por un instante que la inmensa mayoría de los exiliados, sudacas sin papeles constreñidos al desempeño de oficios marginales, no tuvo, ni de lejos, su buena estrella – poder estudiar Historia en la parisina Universidad de la Sorbona sin pasar estrecheces– para no hablar de cuan difícil y amargo resultó el regreso para la mayoría de los que regresaron vencidos sin tener, como en el tango, casita de los viejos donde vivir ni viejo criado que los recibiera.
Una historiadora argentina que estudió el exilio argentino precisamente en Francia, Marina Franco, señala que «si bien hay muchísimas situaciones y razones de exilio distintas, en muchos casos los exiliados son sobrevivientes de situaciones de extremo riesgo. El haber sobrevivido es una situación difícil de procesar, tanto para la sociedad como para los propios exiliados. Mucha gente vivió el exilio con culpa por haber salvado la vida y también por haberse ido de la Argentina. También hay que considerar los efectos del discurso oficial durante la dictadura según el cual los exiliados eran subversivos que estaban pasando unas ‘vacaciones doradas en el exterior’. Ese argumento contribuyó enormemente a descalificar a los exiliados, que cuando volvieron se encontraron con diversas representaciones negativas y estigmatizantes del exilio, que en algunos casos perduran».[1]
¡Y tanto qué perduran!
Repito y reitero que la reparación se concede a causa de la prohibición de ambular y desplazarse por el territorio nacional, tanto en el hipotético caso de que comieran cigalas y percebes como si debieron conformarse con arroz. Aun así, antes de ponerse a generalizar el caviar, Caparrós podría haber tenido en cuenta, si no el infortunio de muchos compatriotas, sí, cuando menos, el de otros escritores exiliados (como Stefan Zweig, Antonio Di Benedetto y Julio Huasi, sin ir más lejos: el austríaco se suicidó en Petrópolis, Brasil, a principios de los años ’40, y los argentinos no superaron el desexilio: Huasi se suicidó y Di Benedetto murió en la indigencia). Pero parece no habérsele ocurrido porque si su mayor inconveniente con la ida parece ser haber trabajado unos meses de mozo en un restorán londinense, al regreso tuvo la merecida suerte de obtener un éxito casi instantáneo con el programa radial Sueños de una noche de Belgrano, que condujo con Jorge Dorio.
Sin molestarse en refutar los fundamentos del proyecto de ley, sin dudar ni hesitar, Caparrós definió el eje del debate: “… para hacerla simple: ¿por qué el Estado tendría que pagar indemnización a los que nos fuimos del país y no a los que se quedaron sin trabajo?”.
Y es así como metió la pata hasta el cuadril, porque el Estado hace mucho que paga indemnizaciones a quienes pueden demostrar que perdieron su trabajo a causa del Terrorismo de Estado.
Por cierto, ya las pagaba en 1974, antes de que se abatiera la noche más negra de nuestra historia. Lo recuerdo muy bien porque integré, como colimba, una comisión del Ejército destinada a reintegrarle grados y haberes perdidos a los oficiales y suboficiales cesanteados por la Revolución Libertadora.
Caparrós parece no ver algo que a mi me resulta evidente: que el Estado es, no la representación misma del Enemigo abatir, sino un cuerpo en permanente metamorfosis, un campo de batalla de intereses económicos a veces antagónicos. No considera que muy probablemente la única manera de ahorrar la sangre del pueblo trabajador sea transformarlo de modo de ponerlo al servicio de las mayorías, convertirlo su instrumento. Que o se lo transforma, o se lo destruye, o nos destruye.
¿Propone Caparrós destruirlo ahora? No, pero tampoco cambiarlo: su censura a quienes acepten su reparación rezuma dosis similares de acracia y aristocracia, una mezcla estéril para modificar la realidad: “estuvimos exiliados porque habíamos decidido pelear, para cambiar nuestro país, contra el gobierno de nuestro país, contra su Estado. Nos ganaron y tuvimos que escaparnos (…) ¿Por qué vamos a pedirle ahora a ese Estado que no pudimos transformar que nos pague los gastos de nuestra derrota?”, dice, como si se hubiera echado al monte y escribiera un parte de guerra encapuchado desde “algún lugar de América”.
¿De verdad no pudimos transformar al Estado? No cabe duda de que el que tenemos dista años luz de ser una maravilla, pero ¿acaso la lucha de tantos, sintetizada en los organismos de Derechos Humanos (hoy casi no hay sindicato ni asociación vecinal que no tenga su secretaria ad hoc) no consiguió modificar la sociedad y también al Estado? ¿No logró, acaso, que el 24 de marzo sea el símbolo del “Nunca más” al terrorismo de Estado? ¿No es acaso un cambio notable que quien encabeza el Estado haya presidido hace un año el acto central de ese día en la ESMA?
Podemos discutir acerca de si estos son pasos grandes o pequeños, pero no parece posible negar su existencia.
Pero Caparrós no está para matices. Nos regaña. Subraya y enfatiza que acogerse a la reparación “no me parece menos mal, confuso, preocupante. No; me parece una agachada de aquellas”, como si para recibir la reparación hubiese que atravesar las horcas caudinas y abjurar de algo.
Antes que Caparrós, también se había pronunciado de la reparación otra periodista que sufrió el exilio, Susana Viau, una colega consecuente al igual que Hebe de Bonafini siempre opinó que quienes aceptaron recibir los restos de sus deudos y cobrar indemnizaciones por sus padres o hijos desaparecidos, se han prostituído.
No es el caso de Caparrós, que a diferencia de David Viñas (que la rechazó en homenaje a sus hijos desaparecidos por considerarla imperialista) aceptó la beca Guggenheim. Y que tampoco se distanció de la editorial Planeta y/o de su editor cuando tuvo la certeza de que el tema de su novela premiada, Valfierno, que su editor le había sugerido, le había sido anteriormente propuesto a éste por un tercero.
Es casi seguro que habrá quien considere una agachada lo primero, y es seguro que hay unos cuantos (entre ellos, muchos envidiosos) que pueden considerar tal cosa a lo segundo.
Puedo entender la soberbia de Caparrós porque yo también cometí ese pecado en perjuicio de otros exiliados. Fue en 1982, cuando estaba envanecido porque el hecho trivial de que escribía notas editoriales en el Diario de Barcelona (fundado en 1792 y el más antiguo del continente europeo). Por entonces, en plena campaña electoral que llevaría a la presidencia al socialista Felipe González después de cuatro décadas de dictadura franquista, el comando del PSOE tenía contratado a muchos equipos de exiliados argentinos, mucho más duchos que los españoles en la gimnasia de pegar carteles. Les pagaba un jornal para nada despreciable, sobre todo si hacían horas extras haciendo de claque en itines donde debían corear “Felipe, amigo/ el pueblo está contigo” y otras consignas similares, disimulando su acento rioplatense. Escribí entonces una larga nota en la que con sorna y tonito cachador destaqué que aquellos antiguos militantes que aceptaban dinero por defender ideas por las que antes habían ofrendado sus vidas sin esperar retribución alguna, se habían convertido en mercenarios. Muchos de ellos -que, sin papeles, necesitaban trabajar en lo que fuera- me odiaron. Hoy considero que con razón.
Puedo entender la soberbia de Caparrós, pero no puedo aceptarla un cuarto de siglo después, cuando orilla el medio siglo. Aunque soy algunos años mayor, ambos fuimos militantes del Movimiento de Acción Secundario (MAS, precursor de la UES) y un año después que él, también marché al exilio (Barcelona). De ambas experiencias, así como de “la gloriosa Jotapé” y del periodismo, tenemos amigos y conocidos comunes que viven tanto de éste como del otro lado del océano, y cuyas vidas fueron interrumpidas por la persecución y el exilio. Muchos esperan reencauzarlas a partir del reconocimiento expreso del Estado de que, al perseguirlos y obligarlos a escapar al extranjero, tronchó sus carreras y oficios, torciendo sus vidas de manera irreparable. Reconocimiento que (al menos mientras no se ponga en tela de juicio el sistema capitalista) es natural que tenga una traducción económica.
Así, por ejemplo, el Estado de Israel se construyó en enorme medida con las reparaciones de guerra que pagó la República Federal Alemana, que se hizo cargo de los desmanes del Tercer Reich.
Volviendo a la Argentina y al carozo del asunto en debate: no entiendo la lógica de que críticos radicales de un Estado que consideran inmutable, se nieguen a recibir de él un dinero que nada les impide donar a la causa o institución antisistémica que les plazca. Desde su lógica, es imposible que puedan utilizar ese dinero peor de lo que lo hace el Estado. Por lo que en buena lógica emplearlo en beneficio de la emancipación de los trabajadores y de otras buenas causas debería resultarles una obligación ética irrenunciable.
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[1] Por donde aprieta el olvido, entrevista de Gabriela Lotersztain publicada en el suplemento Las 12 del diario Página/12 el pasado 5 de abril.
